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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL CUANDO SE ENTIENDE DIRECTAMENTE CON LA DEMANDADA DEJÁNDOLE INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 196/2004. · Registro digital (IUS): 18257
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ EDUARDO CONDE MUÑOZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 1455.

AMPARO EN REVISIÓN 196/2004. JOSÉ EDUARDO CONDE MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son fundados los agravios antes transcritos y, además, este Tribunal Colegiado suple su deficiencia, en términos de lo establecido por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, así como de conformidad con las jurisprudencias números VI.2o.68, VI.2o. J/166 y J/173, sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil ahora resuelve, visibles la primera en la página trescientos cincuenta y tres, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, la segunda en la página mil trescientos treinta y siete, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y la tercera sin publicarse por ser idéntica a la de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página ciento sesenta y ocho que, respectivamente, dicen: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. SUPLENCIA DE LA QUEJA. El Tribunal Colegiado debe suplir la deficiencia de los agravios en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de Ley de Amparo, cuando se trata de la falta de emplazamiento o su práctica es defectuosa, pues esto constituye una grave violación que produce un completo estado de indefensión para el demandado, al imposibilitarse el poder deducir sus derechos en juicio.", "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA. De lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se desprende que es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios ‘en otras materias’ cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se sigue, que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras ‘en otras materias’, se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa." y "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia."

En efecto, en contra de lo considerado por el Juez de Distrito a quo, y como bien lo aduce el recurrente en su escrito de agravios, en el emplazamiento reclamado no se cumplió cabalmente con lo establecido por el artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que establece: "En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica."

En la sentencia que se revisa, el Juez de amparo estimó que el emplazamiento impugnado se ciñó al citado numeral ya que "como se desprende de la diligencia de veintitrés de febrero de dos mil tres, en ella se hizo constar que se le hizo entrega del auto de exequendo corriéndoles traslado con la copia de la demanda y documentos base de la acción y que sí firmaba; por lo que en virtud de que la diligencia de emplazamiento se entendió personalmente con el disconforme, sólo era necesario se hiciera la entrega de la copia autorizada de la resolución que le fue notificada, como lo es el auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y tres, lo que sí se hizo constar en esa diligencia".

Ahora bien, de la diligencia de emplazamiento de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis, que es la que constituye el acto reclamado, como se mencionó en el cuarto párrafo del considerando cuarto de la sentencia recurrida, y no de dos mil tres o de mil novecientos noventa y tres, como equivocadamente se aludió en el párrafo anteriormente citado, se advierte que la diligenciaria responsable textualmente hizo constar en el acta respectiva lo siguiente: "En la heróica ciudad de Puebla de Zaragoza, siendo las diez horas treinta minutos del día veintitrés del mes de febrero del año de mil novecientos noventa y seis, la suscrita licenciada Norma Elena López García, diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de lo Civil de los de esta capital, asociada de la parte actora Juan Alvarado Lamas, por su representación me constituí en el domicilio señalado en autos, sito en la calle Olmos, número trescientos treinta y tres, casa número siete de la colonia El Cerrito de esta ciudad y por corresponder a la calle y número oficial y cerciorándome previa y plenamente de ser éste el domicilio de la parte demandada José Alvarado Conde Muñoz, por así manifestármelo personalmente la parte demandada, le hago saber el motivo de esta diligencia, notificándole mediante instructivo la resolución que antecede de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y seis. De todo lo cual manifiesta quedar debidamente entendido, requerida la parte demandada haga a la parte actora pronto y ejecutivo pago de la cantidad de veintiún mil cuarenta pesos, sesenta y cinco centavos, moneda nacional. Requerida la parte demandada, para que señale bienes suficientes de su propiedad, bastantes a garantizar las especies reclamadas y los accesorios legales en los cuales poder trabar ejecución, advertida que de no hacerlo este derecho le será trasladado a la parte actora a lo que dijo: que sí sabe del adeudo, pero que no señala nada. Trasladado este derecho a la parte actora, dijo: que señala para que se trabe ejecución de embargo sobre: la casa marcada con el número veinticuatro ‘D’ de la Calle Dos en condominio construida sobre el lote doce, manzana cuatro, de San Jerónimo Caleras, de la colonia San Jerónimo Caleras, de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el número 281, a fojas 78, tomo 393, libro 1; tanto su parte raíz como construcción y todo en cuanto a hecho y por derecho le corresponda al demandado. Y que se designa como depositario de dicho bien a misma persona que acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel desempeño, manifestando que señala ... Tanto como para sus notificaciones personales como para la constitución del depósito y todo lo relacionado con su designación. Es de trabarse y se traba formal embargo sobre: El bien inmueble antes señalado. Siendo la traba en la forma señalada por el actor. Y hasta en tanto cuanto basten a cubrir las especies reclamadas y los accesorios legales, y se tiene como depositario de: ... a ... Haciendo constar que no se constituye el depósito ... Acto seguido por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, se procedió a emplazar a la parte demandada en términos de lo previsto por el artículo 1396 del Código de Comercio, para que dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente en el que se actúa, se presente al juzgado de los autos a hacer paga llana de las especies reclamadas o, en su caso, oponerse a la ejecución si tuviere excepciones que hacer valer le hago entrega en tres fojas útiles de la copia de la demanda y documentos base de la acción. Con lo que termina la presente diligencia, y que es firmada por los que en ella intervinieron; haciendo constar que sí firma persona entiendo diligencia. Doy fe. Haciendo constar que el demandado firma en la foja tres vuelta y no al calce por no creerlo necesario. Doy fe."

De lo antes precisado, se deduce que la diligenciaria responsable no cumplió cabalmente con lo establecido por el artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles citado, habida cuenta que en autos no hizo constar que entregó al interesado, esto es, al hoy quejoso José Eduardo Conde Muñoz "copia autorizada de la resolución que se notifica", puesto que como se precisó en la citada acta, la funcionaria que se encargó de la primera notificación si bien dio fe de haberse constituido en el domicilio señalado para oír notificaciones y se cercioró previa y plenamente de ser éste el de la parte demandada en el juicio de origen, por habérselo manifestado personalmente el propio Conde Muñoz, sin embargo asentó haberle notificado "mediante instructivo la resolución que antecede de fecha siete de febrero de mil novecientos noventa y seis", sin dar razón de haber entregado copia autorizada de la misma resolución que notificaba.

Lo anterior es así, tomando en consideración que las formalidades del emplazamiento, exigen de manera común el cumplimiento de formalidades solemnes, entre las cuales se encuentra, desde luego, la prevista en la fracción I del artículo 49 del ordenamiento procesal en comento, que impone la obligación al actuario de que en los casos de que el emplazamiento lo entienda personalmente con el interesado, entregarle una copia autorizada de la resolución que se notifica, que en el caso lo es el auto admisorio de la demanda; entendiendo el término "copia autorizada" como aquella reproducción de la resolución que se da a conocer a la parte interesada, certificada por el secretario del juzgado quien es el encargado de autorizar y expedir copias de las actuaciones judiciales en términos del artículo 73, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C J/219 de este Tribunal Colegiado, consultable en la página mil ciento noventa y cuatro, Tomo XV, enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL, CUANDO SE OMITE ENTREGAR AL DEMANDADO COPIA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Constituyendo el emplazamiento un acto trascendental mediante el que se salvaguarda la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, que enunciada en términos generales consiste en ser oído en juicio, es indispensable que en esa actuación procesal se cumplan en su totalidad las formalidades previstas por la ley; de ahí que la omisión del diligenciario de entregar al demandado ‘copia autorizada’ de la resolución notificada, entendida aquélla como la que certifica el secretario del juzgado respectivo, en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, previsto como requisito en el artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para la citada entidad federativa, ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, dado que en tal hipótesis es evidente que el demandado ignora los términos de la resolución materia del emplazamiento."

Así también, cabe advertir la irregularidad de la diligenciaria responsable hecha constar en la diligencia de emplazamiento contenida en el acta referida de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis, pues dio fe de haber notificado personalmente a la parte demandada "mediante instructivo" la resolución de fecha siete de febrero de ese año, lo cual, en términos del artículo 49, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sólo debe hacerse si la persona citada conforme a la diversa fracción III, esto es, la parte interesada, no espera al diligenciario a pesar de haberle dejado citatorio previo, caso en el cual la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado o con cualquier otra persona, siendo que en la especie la funcionaria que llevó a cabo la primera notificación, hizo constar que entendió la diligencia personalmente con José Eduardo Conde Muñoz y, por ello, no tenía por qué haber dejado instructivo, sino copia autorizada de la resolución que se notifica, de acuerdo con la fracción I del artículo en cita. Al caso tiene aplicación la tesis de este órgano colegiado, publicada con el número VI.2o.C.323 C, en la página novecientos ochenta, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: " Del contenido literal del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se desprende que el instructivo de notificación únicamente debe ser utilizado en el caso de que la parte demandada, previo citatorio, no espere al diligenciario el día siguiente a la hora fijada por el funcionario en el documento de referencia, o bien, no se encuentre en la casa designada para la notificación personal; por lo que en estos casos se le emplazará por conducto de quien se encuentre en el domicilio, ya sea un pariente, doméstico o quien viva en él, dejando el instructivo de notificación con quien se entienda la diligencia, o bien, con el vecino inmediato si en la casa designada no hubiera persona alguna que reciba el instructivo, sin perjuicio de hacer la notificación mediante lista; de lo anterior se puede concluir que este medio constituye el último de los contemplados por el legislador local para emplazar al demandado a juicio en caso de ausencia; en consecuencia, si de la lectura del acta de diligencia respectiva se advierte que la fedataria judicial señaló haber entendido el emplazamiento directamente con la parte demandada, dejando en su poder ‘el instructivo de notificación’, debe estimarse ilegal el emplazamiento, pues este medio sólo puede utilizarse como último recurso en el caso de que la parte interesada no se encuentre en la casa o no espere al actuario, pese a haber sido citada legalmente, pues el llamamiento a juicio es un acto trascendental del que depende la satisfacción de las garantías constitucionales de audiencia y defensa; por ende, la autoridad debe ceñirse estrictamente a lo prescrito en la ley y, en este caso, la fracción I del artículo en comento prevé dejar al interesado copia autorizada de la resolución que se notifica y no el instructivo de notificación."

No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que en la diligencia de emplazamiento cuestionada la diligenciaria responsable hubiera hecho constar que entregó "en tres fojas útiles de la copia de la demanda y documentos base de la acción", a la persona con quien entendió la diligencia, esto es a José Alvarado Conde Muñoz, sin embargo, esta razón de autos no significa que se hubiera cumplido con la exigencia del artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, pues como quiera que sea no consta que se hubiera entregado al interesado copia autorizada de la resolución que se notifica, como expresamente lo establece dicho precepto y fracción.

No es obstáculo para la anterior consideración, el hecho de que la diligenciaria responsable tenga fe pública, toda vez que esa investidura no convalida las anomalías en que incurrió en la práctica del emplazamiento reclamado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia VI.2o.C. J/189, sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos veinte, Tomo XII, septiembre de dos mil, de la época y Semanario antes señalados, que dice: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento cuando, por ejemplo, en la constancia correspondiente, el actuario que la practicó haya asentado que primero se constituyó en un domicilio donde dejó el citatorio y que, el día siguiente, se ‘volvió a constituir’ en otro, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas contradicciones en que incurra; por lo cual se concluye que, precisamente en atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo."

En esas condiciones, ante lo manifiesto de la ilegalidad del emplazamiento reclamado, procede revocar la sentencia recurrida y conceder a José Eduardo Conde Muñoz el amparo y la protección de la justicia solicitada, para el efecto de que el Juez Décimo de lo Civil de esta capital deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 270/96 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por Juan Alvarado Lamas y continuado por Leticia Silvia Carral Vázquez y otros, en contra del citado quejoso, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis, a fin de que esa primera notificación se lleve a cabo con las formalidades de ley; motivo por el cual resulta innecesario el análisis de los restantes agravios aducidos, pues ello a nada práctico conduciría, de conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, visible con el número 575, en la página trescientos ochenta y tres, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la sentencia dictada por el Juez de Distrito a quo, fallándose favorablemente a los intereses del recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en la revisión, pues ello a nada práctico conduciría."

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO. Para los efectos precisados en la última parte del considerando tercero de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Eduardo Conde Muñoz, en contra de los actos que reclama del Juez Décimo de lo Civil de esta capital y diligenciaria adscrita al mismo encargada de los expedientes pares, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y con una copia simple autorizada de la misma que el a quo deberá enviar a la autoridad responsable ordenadora, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18257-f4121de0/emplazamiento-es-ilegal-cuando-se-entiende-directamente-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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