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Modo: Corpus Pro

POSESIONARIOS. COMPETE A LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS SU RECONOCIMIENTO Y EN CASO DE NEGATIVA, EL AFECTADO PUEDE DEMANDAR A DICHO ÓRGANO INTERNO ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO COMPETENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 196/2004. · Registro digital (IUS): 18385
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ DE JESÚS AGUIAR LÓPEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 2198.

AMPARO DIRECTO 196/2004. JOSÉ DE JESÚS AGUIAR LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los transcritos conceptos de violación se estiman inoperantes y, por tanto, ineficaces para conceder el amparo y protección solicitados.

En efecto, la inoperancia de los conceptos de violación esgrimidos por el pretensor de garantías deriva de la estimación de que, en principio, el quejoso actor en el juicio agrario en que se origina el acto reclamado, carece de legitimación en la causa para demandar ante la instancia jurisdiccional emisora del acto las acciones que ejercita, al no tener demostrada la calidad de posesionario reconocida por parte del máximo órgano del ejido, esto es, la asamblea general de ejidatarios del Ejido Heriberto Casas, Municipio de Tepic, Nayarit, afirmación ésta, cuya demostración es objeto del presente estudio y, precisamente derivada de la ausencia de tal legitimación, es que se conviene en que el quejoso no es un sujeto privilegiado para suplirle la queja deficiente en términos de lo preceptuado por el libro segundo de la Ley de Amparo, de ahí la inoperancia de la que se habla.

En efecto, como se advierte de las constancias de autos, se tiene que por escrito presentado el tres de febrero de dos mil tres, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, el aquí quejoso demandó a Isidro Valdez Rodríguez la prescripción adquisitiva de la parcela número 143, con una superficie de 8-04-53.981 hectáreas, que le perteneciera a Pedro Valdez Montes, y que se encuentra ubicada en La Laguna, perteneciente al núcleo agrario Heriberto Casas, de este Municipio de Tepic, Nayarit, respecto de la que adujo tener la titularidad de derechos, amparado bajo el certificado de derechos agrarios número 3678041 (foja 1 tomo I de constancias).

Por auto de cuatro de febrero del propio año, el Tribunal Unitario Agrario, previo a admitir la demanda, requirió al promovente a fin de que aclarara su demanda en el sentido de que precisara los motivos del porqué acudía en reclamo de la titularidad de la referida parcela, cuando la misma le había sido asignada en la Asamblea General de Ejidatarios, relativa a la delimitación, destino, y asignación de tierras ejidales, celebrada el ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el ejido Heriberto Casas, Municipio de Tepic, Nayarit, según se aprecia de la copia del acta de asamblea que acompañó a su ocurso de demanda (foja 46, tomo I de constancias).

Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil tres, el quejoso aclaró su escrito inicial de demanda en el que puso en conocimiento de la autoridad responsable lo siguiente:

"I. Me permito hacer de su conocimiento, que primeramente la parcela número 143 de una superficie de 08-04-53.981 hectáreas, en el momento en que nuestro ejido denominado Heriberto Casas se incorporó al programa ‘Procede’ y en la asamblea de formalidades especiales se asignó a mi favor, el hoy demandado presentó demanda en contra del ejido en comento y del suscrito, impugnando el acta de fecha 8 de agosto de 1999, la cual ya se resolvió este (sic) H. Tribunal Agrario dentro del juicio número 613/99, a favor del hoy demandado Isidro Valdez Rodríguez, argumentando esta H. autoridad que le asiste el derecho por ser sucesor preferente del de cujus Pedro Valdez Montes, ejidatario del mencionado núcleo, y usufructuario de la parcela en comento.

"Ahora bien, el C. Isidro Valdez Rodríguez, al impugnar el acta de formalidades especiales de fecha en cita, también demanda al Registro Agrario Nacional, para que no expida el certificado que ampare la parcela en mención, por ello que nunca se ha expedido a favor de persona alguna, pero cabe hacer hincapié, que en la actualidad el delegado de la citada autoridad registral, al solicitarle un enlistado de ejidatarios de fecha 27 de agosto de 2002, el suscrito ya no se encuentra y aparece el multicitado demandado, tal como lo acredito con copias fotostáticas de la documentación expedida por dicho funcionario.

"Es por tal virtud, que amplío la demanda en contra del C. delegado del Registro Agrario Nacional en esta entidad, para que en caso de que sea procedente la acción de prescripción a mi favor de la parcela multimencionada, se me expida el certificado parcelario donde ampare que el deponente es el legítimo titular de la parcela en comento, de acuerdo a lo narrado y comprobado con las documentales presentadas al inicio de esta demanda, en tal virtud, también se le corra traslado a dicha delegación para que manifieste (sic) a su derecho legal convenga." (foja 49 y 50, tomo I de constancias).

Expresado lo anterior, mediante proveído de uno de abril de dos mil tres, el tribunal responsable admitió a trámite la demanda únicamente por los actos que le fueron demandados a Isidro Valdez Rodríguez, no así por lo que le fue demandado al Registro Agrario Nacional, Delegación Nayarit, por tratarse de una dependencia registral, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, a la que se hizo presente Ana Bertha Rodríguez Valdez, quien dijo ser sobrina del demandado Isidro Valdez Rodríguez, para comunicar el deceso de éste, exhibiendo al efecto el acta de defunción respectiva, motivo por el que se interrumpió el procedimiento hasta en tanto se apersonara el sucesor del fallecido (fojas 101 y 102, tomo I de constancias).

Una vez apersonada María Guadalupe Valdez Rodríguez, causahabiente del extinto demandado Isidro Valdez Rodríguez, se reanudó el procedimiento mediante audiencia de veintisiete de enero de dos mil cuatro, y agotada que fue la fase de conciliación ante la incomparecencia de la aludida cesionaria, se hizo la fijación de la litis en el sentido de determinar la procedencia o improcedencia de la prescripción adquisitiva a favor del actor aquí quejoso; así como la nulidad de los certificados parcelarios números 77758, 77683 y 20412, expedidos a favor de Isidro Valdez Rodríguez y, como consecuencia, la procedencia de la cancelación de dichos certificados y la expedición de otros en favor del accionante del juicio agrario (foja 138 vuelta, tomo I de constancias).

Sustanciado el juicio en cada una de sus partes, el veintiséis de marzo de dos mil cuatro el Tribunal Unitario Agrario, resolvió en definitiva el juicio planteado, en el que se determinó la improcedencia de la prescripción adquisitiva intentada por el quejoso, en contra de María Guadalupe Valdez Rodríguez, causahabiente de Isidro Valdez Rodríguez, en razón a que la parcela controvertida ha estado en continuo litigio desde que estaba vigente la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, lo que llevó a determinar al Magistrado resolutor que la posesión detentada por el accionante no es benéfica para la prescripción, por los diversos y continuos juicios en los que han contendido las partes; por cuanto refirió a la nulidad de actos que contravienen disposiciones agrarias, en específico la nulidad de los certificados parcelarios números 77758, 77683 y 20412, expedidos en favor de Isidro Valdez Rodríguez, esta acción se declaró procedente en razón a que el delegado del Registro Agrario Nacional los expidió con dos años de anticipación, cuando el juicio que los ordenaba, aún se encontraba en trámite (613/99 del índice de la responsable), por lo que arribó a la conclusión de que dicha expedición contravenía disposiciones agrarias; sin embargo, consideró improcedente ordenar la cancelación de su registro en virtud de que su inscripción había quedado cancelada en el Registro Agrario Nacional y, por tanto, esos registros habían quedado sin valor alguno, al haberse expedido nuevos certificados en favor de María Guadalupe Valdez Rodríguez, como sucesora testamentaria ejidal del finado demandado Isidro Valdez Rodríguez y, finalmente, por cuanto hizo a la pretensión del actor en el juicio agrario de que se ordene la expedición de los certificados relativos a las parcelas materia de la litis y el certificado de derechos sobre tierras de uso común esto fue declarado improcedente, merced a que María Guadalupe Valdez Rodríguez, es la actual titular de esas parcelas y de los derechos sobre las tierras de uso común por sucesión testamentaria ejidal y el actor en el juicio con ningún elemento probó que le asistiera derecho sobre esos inmuebles (fojas 150 a 182, tomo I de constancias).

Con lo hasta aquí relacionado, es claro convenir que, de acuerdo a la calidad con que se ostentó el quejoso para demandar la prescripción adquisitiva del predio controvertido, y posteriormente demandar la nulidad de los certificados expedidos en favor de Isidro Valdez Rodríguez y la consecuente expedición en su favor de los citados títulos, no era la necesaria a fin de que en el fallo controvertido se hubiera resuelto favorablemente a sus pretensiones, consideración hecha porque adolece de la legitimación activa en la causa, como condición necesaria para la procedencia de la acción y con ello obtener una sentencia favorable, pues debe decirse que la mencionada legitimación consiste, específicamente, en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, la que una vez que ejercita el derecho que realmente le corresponde, es viable que consiga una resolución apegada a sus pretensiones al estar legitimado para ello; así se ha sostenido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 350, Tomo XI, mayo de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación el juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes."; y al no advertirse probada en autos la legitimación de la que se habla, es claro que el quejoso no podía aspirar a obtener un fallo favorable a sus pretensiones con independencia de las acciones que ejercitara dentro del juicio, pues se considera que previo a acudir a la instancia jurisdiccional a deducir sus acciones, debió en principio, solicitar el reconocimiento como posesionario ante el órgano supremo del ejido, esto es, a la Asamblea General de Ejidatarios del ejido en el que se encuentran los predios materia de la litis, para obtener la legitimación como condición necesaria para la procedencia de sus acciones, como se demuestra a continuación.

Cierto, al expedirse la nueva Ley Agraria operó un cambio de concepción en cuanto a las autoridades internas del ejido, pues éstas se conciben ahora como órganos de representación y ejecución y, por cuanto hace a la solución de conflictos, se abandona la encomienda hecha a las autoridades administrativas, atribuyendo a tribunales especializados la impartición de justicia.

En la parte relativa de la exposición de motivos de la reforma de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, al artículo 27 constitucional, en lo referente, se dijo:

"3. La propuesta de la reforma al artículo 27 constitucional.

"...

"c) Proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal.

"La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del país. Cada una de ellas tiene origen y propósito en los intereses y la interacción entre grupos históricamente conformados. El respeto y protección a su configuración como asentamiento humano es condición para la preservación del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la nación. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambigüedad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra ley suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponden las decisiones sobre su manejo. El Siglo XX ratificó al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos.

"La reforma a la fracción VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinción entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario. Reconoce también, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. También fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor.

"La propiedad ejidal y comunal será protegida por la Constitución. Se propone la protección a la integridad territorial de los pueblos indígenas.

"Igualmente, se protegen y reconocen las áreas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguirá siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactación parcelaria y sin permitir acumulación o la fragmentación excesivas.

"Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayoría calificada del núcleo de población que fije la ley podrá otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularización y definición de su posesión individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibirán el apoyo para su desarrollo. No habrán ventas forzadas por la deuda o por la restricción. La ley prohibirá contratos que de manera manifiesta abusen de la condición de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero éste jamás puede confundirse con la carencia de opciones.

"Nadie quedará obligado a optar por alguna de las nuevas alternativas; dejarían de serlo. Se crearán la condiciones para evitar que la oportunidad se confunda con la adversidad.

"El Estado mexicano no renuncia a la protección de los intereses de los ejidatarios y comuneros.

"La reforma propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente entre las acciones de protección y promoción que sí asume, de aquellas que no debe realizar porque suplantan la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades.

"Debemos reconocer la madurez que ha promovido la reforma agraria y la política educativa, de salud y de bienestar en general, que ha realizado el Estado mexicano durante muchas décadas.

"La reforma reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y también sus responsabilidades.

"A ellos les corresponde resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna.

"La capacidad y dignidad de los campesinos, su importancia y la de sus organizaciones, su decisión requiere apoyo y no paternalismo; constituyen, por eso, puntos de partida para la modernización de la producción rural. El respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía están inscritos en la propuesta, sin merma de la obligación del Estado para ordenar y normar el conjunto con equidad, así como para proteger a los campesinos.

"Debemos combatir la pobreza; estamos luchando por superarla sumándonos a la iniciativa de los campesinos que en sus propios términos realizan ya en la vida cotidiana una reforma campesina de gran profundidad. Debemos acercarnos más a las preocupaciones y a los intereses verdaderos de los productores rurales con respeto y solidaridad y no pretender que aún no llega el tiempo para que decidan sobre sus propios asuntos.

"Demos pleno reconocimiento a nuestra historia y a la lucha de los campesinos, a la diversidad en las formas de tenencia y de aprovechamiento de la tierra. Podremos superar los retos como lo hicimos tantas veces en el pasado."

Por otro lado, también en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Agraria, se dijo sobre el particular lo siguiente:

"El ejido y los ejidatarios.

"Los núcleos de población ejidal y comunal demandan autonomía y libertad. Por ello, la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de la transformación institucional que persigue la iniciativa.

"En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes.

"La asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales.

"El comisariado ejidal será el responsable de la representación legal del núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia verificará su correcto ejercicio administrativo. La existencia de estos órganos no menoscaba la capacidad de la asamblea para designar otros que tengan por finalidad el mejor aprovechamiento y administración de los recursos del ejido.

"...

"El precepto constitucional ordena proteger la tierra de los ejidatarios, lo que debe comenzar por hacer propios y definitivos los derechos ejidales. En la tarea de regularización, el núcleo de población adquiere el papel preponderante. La autoridad actúa como auxiliar técnico y sanciona los actos en esta materia, para darles congruencia y validez oficial. Por su parte, la Procuraduría Agraria vigila y previene abusos, mientras los tribunales agrarios garantizan la legalidad de lo actuado."

La conclusión apuntada en párrafos precedentes, respecto a la improcedencia de cualquier acción ejercitada ante el Tribunal Unitario Agrario, sin que previamente se haya solicitado el reconocimiento como posesionario ante la Asamblea General de Ejidatarios con relación a ese aspecto, se desprende del marco jurídico que regula la figura de dichos posesionarios, la existencia y facultades de los órganos del ejido, los órganos jurisdiccionales en materia agraria y la forma para obtener el reconocimiento de esa calidad como sujeto de derecho agrario, como condición para la procedencia de cualquier acción ejercitada ante la responsable.

Así, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, señala:

"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"...

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

"...

"VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

"...

"La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea."

Los artículos 9o., 21, 22, 23 fracciones II, VII, VIII y XV, 56, 57, 58, 61, 68 y 84 de la Ley Agraria en vigor, se relacionan con la forma de obtener la calidad de posesionario, con los derechos y obligaciones de éstos, en los siguientes términos:

"Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título."

"Artículo 21. Son órganos de los ejidos:

"I. La asamblea;

"II. El comisariado ejidal; y

"III. El consejo de vigilancia."

"Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

"El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo."

"Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

"...

"II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

"...

"VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

"VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

"...

"XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido."

"Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

"...

"II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y

"III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.

"En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional."

"Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

"II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

"III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y

"IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal."

"Artículo 58. La asignación de parcelas por la asamblea, se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente."

"Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

"La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva."

"Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del Municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región.

"La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho registro y los certificados que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes.

"Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse.

"Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores."

"Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

"El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.

"La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan."

En los transcritos artículos 23, fracción VIII y 56, párrafo primero y fracción II, se encuentra claramente señalada, como facultad exclusiva de la asamblea, la regularización de la tenencia de los posesionarios y en el artículo 61, en relación con los diversos numerales 57, fracción I y último párrafo y 58 de la Ley Agraria en vigor, se encuentra implícita la aceptación de posesionarios de tierras ejidales como sujetos de derecho agrario por parte de la asamblea ejidal y explícita la asignación en su favor de tierras de uso común y parceladas, determinadas por la concurrencia del requisito de contar con el reconocimiento de la asamblea ejidal o del tribunal agrario.

Satisfecho este requisito, por disposición de los artículos 56, párrafo primero y fracción II, 57 fracción I, 58, 61, 68, tercer párrafo y 84, primer párrafo, en comentario, los posesionarios gozan de diversos derechos que la propia Ley Agraria les confiere, concernientes al ejido y a la defensa de sus intereses.

Entre otros de los derechos concernientes a la constitución, administración y vida del ejido, el posesionario se encuentra dotado de los siguientes:

1. Que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18385-491e0a04/posesionarios-compete-a-la-asamblea-de-ejidatarios-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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