FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.
AMPARO DIRECTO 294/2002. JOSÉ ALEJANDRO JORGE ARENAS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Resultan fundados pero inoperantes unos, inoperantes otros e infundados los restantes conceptos de violación, como se pasa a demostrar.
El quejoso se duele de que la Sala Fiscal no tomó en cuenta para el dictado de la sentencia que se reclama, los alegatos que presentó en el juicio de origen, lo que era su obligación en términos del artículo 235 del Código Fiscal de la Federación.
Este agravio es fundado pero inoperante, pues si bien es cierto que dicha Sala no hizo alusión a tales alegatos, de cuyo análisis se advierte que en ellos se plantean dos razonamientos; uno, consistente en que no se notificó legalmente la resolución expresa y, por tanto, se configuró la negativa ficta y otro, que la resolución mediante la cual la autoridad demandada pretende justificar la negativa ficta violó el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación al no realizar el estudio de la totalidad de los agravios que se le plantearon, además de que dicha Sala está obligada a estudiar aquellos que no se plantearon en el recurso de revocación de conformidad con el diverso 197 de dicha legislación, entre otros, el relativo a que en el citatorio previo al inicio de las facultades de comprobación no se precisó que la espera era para recibir una orden de visita; también lo es que tales argumentos ya los había planteado en la demanda del juicio de nulidad y su ampliación, razón por la cual es claro que si las cuestiones planteadas en dicho escrito de alegatos son una reiteración de lo ya dicho en el punto segundo del escrito de demanda de nulidad y en los diversos primero, tercero y cuarto de su ampliación, de los cuales los relativos a la notificación de la resolución expresa se ocupó la Sala Fiscal con base en el estudio que realizó en la sentencia que se reclama, con excepción de aquellos que controvertían cuestiones de fondo, dado el sobreseimiento en el juicio de nulidad, no existe lesión en la posibilidad defensiva del quejoso.
Conviene citar la jurisprudencia 62/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos seis del Tomo XIV, diciembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE CONTROVIERTE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.-De conformidad con lo establecido en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, las Salas del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación) deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes; y en caso de omisión de dicho análisis que el afectado haga valer en amparo, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento analizar lo conducente; para ello debe tomar en consideración que en el supuesto de que efectivamente exista la omisión reclamada, ésta cause perjuicio a la parte quejosa como lo exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para lo cual no basta que la Sala responsable haya dejado de hacer mención formal de los alegatos en su sentencia, pues si en ellos sólo se reiteran los conceptos de anulación o se insiste en las pruebas ofrecidas y tales temas ya fueron estudiados en el fallo reclamado, el amparo no debe concederse, porque en las condiciones señaladas no se deja a la quejosa en estado de indefensión y a nada práctico conduciría conceder el amparo para el solo efecto de que la autoridad responsable, reponiendo la sentencia, hiciera alusión expresa al escrito de alegatos, sin que con ello pueda variarse el sentido de su resolución original, lo que por otro lado contrariaría el principio de economía procesal y justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional. Por lo contrario, si de dicho análisis se advierte que se formularon alegatos de bien probado o aquellos en los que se controvierten los argumentos de la contestación de la demanda o se objetan o refutan las pruebas ofrecidas por la contraparte, entonces sí deberá concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable, dejando insubsistente su fallo, dicte otro en que se ocupe de ellos, ya que en este caso sí podría variar sustancialmente el sentido de la sentencia."
Por otra parte, el quejoso dice que la Sala del conocimiento, en contravención a lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, no estudió todos y cada uno de los conceptos de anulación que vertió tanto en la demanda de nulidad como en su ampliación, lo cual es inoperante, toda vez que al determinar el sobreseimiento del juicio no sólo no la obligaba a tal estudio, sino que la imposibilitaba para realizarlo, salvo aquellos relativos a la notificación de la resolución negativa expresa, que sí estudió.
Ilustra a lo anterior la jurisprudencia 52/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cuatro del Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.-Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."
Asimismo, el quejoso refiere que la Sala Fiscal violó en su perjuicio los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la notificación de ocho de febrero de dos mil uno, relativa al oficio número 325-SAT-R5-L34-III-17585, de veintiocho de agosto de dos mil, suscrito por el administrador local jurídico de Ingresos de Puebla Sur, mediante la cual resolvió los recursos de revocación R.L.SAT.914/2000, SAT-915/2000, SAT-916/2000 y SAT-917/2000, se encuentra sustentada en formatos preimpresos que no otorgan la certeza de que se hayan realizado los hechos asentados en las mismas.
Dicho argumento también es inoperante, toda vez que la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia que se reclama adujo que: "... No resulta óbice para considerar lo anterior, el hecho de que mencione que tanto la constancia de notificación como el citatorio que precedió la misma de fechas 7 y 8 de febrero de 2000 (sic), están elaborados en machotes, puesto que no existe disposición alguna que impida a la autoridad utilizarlos, aunado que al respecto se utilizaron actas debidamente circunstanciadas de las diligencias de notificación en términos de lo dispuesto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo señala el ocursante en su primer punto del escrito de ampliación de demanda."; lo cual no está controvertido por el quejoso y, por ende, debe continuar rigiendo el sentido del fallo.
Apoya lo anterior la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiséis del tomo 139-144, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.-Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya."
No está por demás, al margen de la inoperancia establecida, hacer saber al quejoso que es criterio de este Tribunal Colegiado, contenido en la tesis publicada en la página mil cuatrocientos cuarenta y nueve del Tomo XIV, agosto de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que el uso de formatos preimpresos para el levantamiento de las actas relativas a las actuaciones de los diligenciarios de las dependencias de las autoridades fiscales no deviene ilegal, pues tanto lo previamente contenido en la impresión, como lo que se asienta de puño y letra en el momento mismo de la diligencia está avalado por el suscriptor, quien se responsabiliza del contenido íntegro del documento, o sea, tanto lo relativo al "machote" como al resto del texto.
La tesis aludida dice:
"VISITA DOMICILIARIA. TANTO LO PREIMPRESO EN EL FORMATO RESPECTIVO COMO LO ASENTADO POR EL INSPECTOR DE SU PUÑO Y LETRA, FORMAN PARTE DEL ACTA RESPECTIVA.-Cuando el visitador asienta datos relativos a hechos u omisiones que acontecieron durante el desarrollo de una visita domiciliaria y lo hace con letra diversa a la que ya obra preimpresa en el acta correspondiente, eso no significa que lo anotado en el momento en que se realiza la inspección prevalezca sobre lo ya estampado en el formato, toda vez que ésta constituye un todo que comprende tanto lo escrito por el visitador en el momento mismo de la diligencia, como lo ya impreso, pues al firmar el suscriptor queda soportado el contenido en su integridad."
Es verdad que esa tesis se refiere a diligencias con motivo de una visita domiciliaria y aquí se trata de actuaciones relativas a una notificación; sin embargo, en ambos casos se trata de reseñar lo actuado por un diligenciario fiscal en donde el contenido íntegro de la actuación es avalado por su fe pública.
Tampoco escapa a este Tribunal Colegiado que el quejoso citó como apoyo a su concepto de violación una jurisprudencia bajo el rubro: "ÓRDENES DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. NO ES LEGAL QUE POSTERIORMENTE A SU EMISIÓN SE LLENE UN ESPACIO DEJADO EN BLANCO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO."; empero, tal criterio se refiere a órdenes de visita respecto de las cuales se pretende evitar que los notificadores, con el llenado de espacios en blanco, alteren dichas órdenes, lo cual es distinto a la diligencia de notificación, pues ahí la actuación en su integridad es por cuenta del diligenciario.
Por lo demás, en cuanto a los restantes conceptos de violación donde el quejoso ataca el contenido de fondo de la notificación que cuestiona, para darle respuesta se estima conveniente transcribir las constancias relativas a dicha diligencia.
El acta de entrega del citatorio de referencia dirigido al quejoso dice:
"En Puebla, Pue., siendo las 16:00 horas del día 7 del mes de febrero de 2001, el C. Jesús Lucero Perea C-196, notificador, verificador y ejecutor adscrito a la Administración Local de Recaudación de Puebla del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 134, fracción I y 138 del Código Fiscal de la Federación vigente, se constituyó legalmente en el domicilio sito en la casa marcada con el número 1937-10 de la avenida (calle) 45 Poniente de la colonia La Noria de la ciudad de Puebla, con el objeto de llevar a cabo la notificación del oficio número 17585 de fecha 28 de agosto de 2000, emitido por el Lic. Jorge Alberto Longoria González, en su carácter de administrador local jurídico de Ingresos de Puebla Sur, requerida que fue la presencia del destinatario o de su representante legal y que éste no se apersonó, la presente diligencia se entiende con el C. Filiberto Valentín Caro, en su carácter de dice ser empleado, quien se identifica mediante no identificó, expedida por ---- por lo que con fundamento en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación vigente, le entrego el presente citatorio para que lo haga del conocimiento al destinatario o a su representante legal, a efecto de que se sirva esperar y/o esté presente el día 8 de febrero de 2001, a las 14:30 horas, con el objeto de llevar a cabo la diligencia encomendada, apercibiéndolo que de no estar presente se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación vigente."
Por su parte, la diligencia de segunda búsqueda y de notificación dice:
"En Puebla, Pue., siendo las 14:30 horas del día 8 del mes de febrero de 2000 (sic), el suscrito C. Jesús Lucero Perea C-196 con el carácter de notificador, verificador y ejecutor, adscrito a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 134, fracción I y 136 del Código Fiscal de la Federación vigente y con el objeto de llevar a cabo la notificación del oficio número 17585, de fecha 28 del mes de agosto de 2000, emitido por el C. Lic. Jorge Alberto Longoria González, en su carácter de administrador local jurídico de Ingresos de Puebla Sur y cerciorándome que el domicilio es del destinatario, me constituí legalmente en la calle 45 Poniente con número exterior 1937 y número interior 10 colonia La Noria, Municipio Puebla, código postal ----, de este lugar y requerida que fue nuevamente la presencia del contribuyente o de su representante legal, haciéndose constar que para efectos del primer párrafo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación vigente sí precedió citatorio para que me esperara en esta fecha y hora (mismo que se dejó en poder de Filiberto Valentín Caro el día 7 de febrero de 2001); y toda vez que no se encuentra presente, a continuación procedo a identificarme plenamente ante quien se entiende la presente con el oficio No. 951 de fecha 1o. del mes de febrero de 2001, con vigencia del 1o. de febrero al 31 de julio de 2001, en el que aparece la fotografía reciente y firma del suscrito, que concuerda fielmente con mis rasgos fisonómicos, expedido a mi nombre por el C. Act. Javier Ricardo Ramírez Villanueva, en su carácter de administrador local de Recaudación de Puebla Sur, procediendo en consecuencia a la práctica de la diligencia de notificación del documento señalado al rubro, entendiéndose dicha diligencia con el C. Filiberto Valentín Caro, en su carácter de dice ser empleado, quien se identifica con no identifica número ---- de fecha --- del mes de --- de --- expedida por --- quien acredita su personalidad con el documento no acreditó, misma persona a quien le hago entrega material del original del documento a notificar, un ejemplar del mandamiento de notificación y de la presente acta, ambos con firma autógrafa levantándose la presente de conformidad con lo establecido en los artículos 135 y 137 del Código Fiscal de la Federación vigente."
Ahora bien, es inoperante el concepto de violación del quejoso en el que aduce que en dichas diligencias no se asentó la forma en que el ejecutor adscrito a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur se cercioró de que efectivamente se encontraba en su domicilio fiscal, y por ello contravino lo dispuesto en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, y abundó en que es insuficiente que se asiente tal circunstancia, sino que es necesario que en dichas actas se asiente la forma en que lo hizo.
En efecto, con independencia de que en las actas relativas al citatorio y diligencia de notificación en comento se asentó o no la manera en cómo el ejecutor se cercioró que era el domicilio del visitado, la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia que se reclama sostuvo, en lo conducente, que: "Por lo que se refiere al dicho del actor en el sentido de que no existió cercioramiento por parte del trabajador adscrito a la autoridad demandada, respecto del domicilio fiscal del contribuyente, esta juzgadora considera que no le asiste la razón, toda vez que del contenido tanto del citatorio como del acta de notificación antes mencionadas, se desprende que el notificador actuante se constituye en el domicilio señalado en los actos a notificar, que es el domicilio fiscal del sujeto pasivo visitado."; argumento que no está controvertido en los conceptos de violación y que debe continuar firme en la sentencia que se reclama, en términos de la ya transcrita tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA."
Por otra parte, es infundado el concepto de violación del quejoso en el que refiere que de conformidad con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación debió asentarse en el citatorio y en la diligencia de notificación en comento, en acta circunstanciada, además de lo ya dicho en relación con el domicilio, que se requirió la presencia del representante legal de la contribuyente, que por no encontrarse se dejó citatorio para que esperara al día hábil siguiente, que con posterioridad se constituyó nuevamente en dicho domicilio y requirió otra vez tal presencia y a falta de esto practicó la notificación con quien se encontraba en el lugar, toda vez que de las transcripciones realizadas con anterioridad se advierte que el notificador sí realizó tales requerimientos y lo asentó en las actas relativas a las diligencias en comento.
En este orden de ideas, ante lo fundado pero inoperante, inoperante e infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal.
Por lo expuesto, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Alejandro Jorge Arenas Díaz, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la resolución de veintiuno de agosto de dos mil dos, pronunciada en el juicio de nulidad número 1400/01-12-01-7.
Notifíquese; regístrese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Víctor Antonio Pescador Cano (presidente), Jaime Raúl Oropeza García y Manuel Rojas Fonseca, bajo la ponencia del primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17733-0c885094/formatos-preimpresos-su-uso-en-tratandose-de-constancias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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