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Modo: Corpus Pro

RENUNCIA DE DERECHOS. NO LA CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DEL PAGO QUE POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN O COMPENSACIÓN HACE EL PATRÓN AL TRABAJADOR QUE RENUNCIÓ DE MANERA VOLUNTARIA A SU EMPLEO, CONFORME AL SALARIO BASE, SIN ATENDER AL INTEGRADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 234/2002. · Registro digital (IUS): 17340
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ CRUZ GARCÍA GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 672.

AMPARO DIRECTO 234/2002. JOSÉ CRUZ GARCÍA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Inicialmente se analizarán los conceptos de violación en los que se alega transgresión a las leyes reguladoras del procedimiento, dado que de resultar fundados, sería jurídicamente estéril el estudio de los restantes capítulos de queja encaminados a combatir aspectos vinculados con el fondo del asunto.

Resulta infundado lo que se alega en torno al rechazo por la Junta responsable de la prueba de inspección ofrecida por el actor.

Tal medio de convicción se propuso en los siguientes términos:

"VIII. Inspección ocular que deberá realizarse por conducto de un actuario comisionado por esta Junta Especial, sobre la hoja de trenes relativa al 21 de febrero de 1998, incluyendo el año de 1999 hasta el día 10 de diciembre de dicho año, relativa a los viajes realizados por el señor José Cruz García González, misma que se encuentra dentro de la oficina de despachadores de trenes ubicada dentro de la estación de trenes (sic) que se encuentra localizada en la confluencia de las avenidas Washington y calzada Independencia Sur en el Sector Juárez de esta ciudad, debiendo apercibir a la demandada de exhibir dicha documental al momento que se le requiera, con los apercibimientos de ley y el cual deberá de asentar en el acta circunstanciada lo siguiente: 1. En relación con los viajes realizados por el señor José Cruz García González los días 24 de febrero de 1998, 28 de febrero de 1998 ... viajes que se encuentran relacionados en el documento que anexo a la ampliación de demanda y que obra agregado en autos, que ratifique el actuario la hora de llamada y de llegada de los trenes, así como el tiempo de recorrido en las hojas de trenes (sic) que se encuentran en la oficina de los despachadores y que ratifique el actuario que la relación de viajes efectuados por el señor José Cruz García González son los mismos viajes que tiene registrados la hoja de trenes." (fojas 112 y 113).

El demandado, a través de su apoderado, objetó la prueba aludida en la siguiente forma: "... me permito objetar la inspección ocular a que se hace referencia precedentemente en el acta de esta audiencia, en razón de que los elementos de prueba deben de estar relacionados con los hechos invocados por las partes y, en el caso particular que nos ocupa, la parte actora, al ampliar su demanda exhibe un documento en 7 fojas útiles que solamente está suscrito por el actor, pero que en el planteamiento ampliatorio no hace mención en forma alguna a que la relación de viajes a que alude en el escrito de referencia, se encuentren registrados en lo que ella llama hoja de trenes, razón por la cual, resulta inadmisible la prueba de inspección porque no está basada en un documento que haya sido emitido por mi representada y, por tanto, tal omisión es suficiente para que se le niegue la práctica de la prueba de inspección que nos ocupa, toda vez que, por una parte, la oferente no expresó en su ampliación de demanda las circunstancias que ahora en el ofrecimiento señala, en cuanto a los tiempos a que hace referencia en la exposición, pero que, por otra parte, la preparación de esta prueba debía derivarse de la afirmación que hasta ahora en esta etapa está haciendo respecto de un registro supuesto que carece de toda validez, puesto que el manejo realmente se hace en cuanto a los viajes con una hoja que no está suscrita por una persona, y lo que la parte oferente denomina hoja de trenes, se trata de un documento que no existe en el consejo administrativo de la empresa y que, por otra parte, ni se trata de un registro obligatorio que la ley de la materia establece para el caso particular, ya que de cualquier manera, bajo un régimen legal, le correspondería al libro obligatorio que establece el Código de Comercio, en donde se asientan las operaciones diarias en cuanto a su realización para los efectos de determinar el concepto de ingreso económico para la empresa, lo cual no ha establecido en el ofrecimiento de la prueba la parte actora y, por tanto, desde este momento se objeta la admisión de la prueba, habida cuenta de que no fue señalado el supuesto registro en el escrito inicial de demanda ni tampoco en la ampliación de la misma, debiendo reiterarse que ese documento en 7 fojas útiles, a las que hace referencia en el acta del 25 de septiembre del presente año, en el que se hizo el señalamiento de la audiencia a verificar el día de hoy, solamente está firmada por el actor y no se trata de un documento oficial que tuviera la posibilidad de establecer la veracidad de lo asentado en el mismo, máxime que, como se expresa en el escrito por virtud del cual se dio contestación a la ampliación de la demanda, la identificación de los viajes no es en función del número de máquina, sino del viaje que está identificado en el propio texto de los recibos de salario suscritos por el actor, por tanto, se objeta la admisión y la posible valoración que se pudiera dar, dada la imprecisión de la misma y de elementos para que se establezca la inspección que pretende la parte actora, ya que mi representada no puede estar obligada a exhibir un documento que formal y administrativamente no se lleva, como lo afirma la parte contraria ..." (fojas 113 y 114).

La Junta proveyó el ofrecimiento de la inspección en estos términos: "... con excepción de la inspección ofertada en forma verbal con el número VIII, en virtud de que no se encuentra ofertada (sic) en sentido afirmativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 827 de la ley laboral, además de que se encuentra en forma de pesquisa, aquélla (sic) prohibida por la ley ..." (foja 115).

Contrario a lo aducido por el quejoso, debe decirse que el rechazo de la inspección que ofreció se encuentra ajustado a derecho, cuenta habida que, por una parte, la instructora sí motivó y fundamentó su decisión, pues como se deduce de la transcripción precedente, razonó que su propuesta no se hizo en sentido afirmativo y que los términos en que se pretende se desahogue, implican la realización de una indagación, lo que está prohibido por el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo; y por otra, que tales consideraciones son acertadas, pues basta imponerse del ofrecimiento de la prueba (fojas 112 y 113) para advertir que el oferente pretende que el personal de la Junta indique los viajes realizados por el accionante con motivo del contrato de trabajo, durante el periodo que ubica del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho al seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la hora de llamada y de llegada de los trenes, así como el tiempo de recorrido y si los mismos son los que se encuentran relacionados en el documento que exhibió en la etapa de demanda y excepciones al momento de ampliar el libelo laboral; de ahí que es indudable que ese ofrecimiento no se hizo en sentido afirmativo sino a manera de pesquisa, pues con su desahogo se pretende que se indague la cantidad de viajes realizados por el operario durante todo el tiempo de la vigencia del contrato de trabajo, con todas las vicisitudes propias de esa prestación de servicios, lo que, como bien lo razonó la responsable, se encuentra prohibido por el numeral 827 del código obrero; por ende, debe concluirse que su decisión, al rechazar la aludida inspección, no resulta violatoria de garantías individuales.

No deja de advertirse que el agraviado también alega que en su ampliación de demanda, desglosó uno por uno los viajes que realizó con motivo de la prestación de sus servicios a la fuente de trabajo; que la demandada en su contestación no controvirtió esos hechos; que por tal motivo existe la presunción de que sí realizó esa actividad laboral y que, no obstante esa circunstancia, la Junta no admitió la prueba de inspección que propuso oportunamente para acreditar sus manifestaciones y la procedencia de sus reclamos; sin embargo, ello resulta irrelevante toda vez que, como más adelante se precisará, el demandado sí suscitó controversia al respecto.

Igualmente resulta infundada la parte de la queja en la que el agraviado se duele de que la responsable no lo citó legalmente para que compareciera a la audiencia de ratificación de contenido y firma del escrito de renuncia que su adversario le atribuye, así como aquella en la que indica que en forma indebida revocó los términos en que admitió la prueba pericial caligráfica, que su adversario ofreció para acreditar que la firma estampada en el escrito de renuncia pertenece al obrero, al condicionar su desahogo a la ratificación previa de ese documento en cuanto a su contenido y firma.

Ciertamente, del escrito de pruebas del demandado se advierte que, entre otras, ofreció el escrito de renuncia que atribuye al demandante, fechado el diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a cuyo efecto solicitó su perfeccionamiento, esto es, que para el caso de objeción en cuanto a su contenido y firma, solicitó se señalara día y hora para su ratificación por parte de su suscriptor, o sea, el operario; proponiendo también, para el caso de que el actor desconociera su firma, la pericial caligráfica (fojas 60 y 61), medio de convicción que fue admitido por la responsable el seis de noviembre de dos mil (foja 115). Es de hacerse notar que en la propia actuación, la Junta también ordenó el desahogo de la pericial caligráfica que la persona moral demandada propuso de manera condicionada para el caso de que el trabajador desconociera, al momento de la diligencia de ratificación, la firma que calza el escrito de renuncia, sin que al efecto haya señalado fecha con este propósito (foja 116).

Igualmente, se deduce del justiciable que en audiencia de cinco de enero de dos mil uno, a la que por cierto incompareció el actor por sí o a través de sus apoderados especiales, la instructora, a petición del demandado y en uso de la facultad que le otorga el numeral 686 de la Ley Federal del Trabajo, ordenó regularizar el procedimiento en el juicio natural, a cuyo efecto determinó que con relación al perfeccionamiento del escrito de renuncia que se atribuye al obrero condicionado a su objeción, como sucedió, se desahogara, en primer término, la diligencia de su ratificación, y para el caso de que su suscriptor desconociera su rúbrica, se procediera al desahogo de la pericial caligráfica aludida, para lo cual fijó las trece horas del treinta de enero de dos mil uno, apercibiéndose al demandante con tener por ratificada su dimisión tanto en lo relativo a su contenido y firma, para el caso de no comparecer a esa audiencia (fojas 131 y 132). Determinación que se hizo del conocimiento del operario a través de su apoderada especial el veintitrés de enero del propio dos mil uno (fojas 132 vuelta y 133).

Llegado el día y hora señalados para la diligencia de perfeccionamiento aludida, ante la incomparecencia del actor, pese al requerimiento que se le formuló, así como a su notificación, se tuvo por ratificado el escrito de renuncia de manera presuntiva (fojas 134 y 135).

Bajo esta perspectiva, deviene incuestionable, contrario a lo alegado, que el quejoso no quedó inaudito en relación con la diligencia de ratificación de contenido y firma del pluricitado escrito de renuncia que le atribuye su adversaria, pues como quedó evidenciado, a través de su apoderada especial se le hizo saber el día y hora señalado al efecto, así como el contenido del apercibimiento que se le formuló para lograr su asistencia.

Por lo demás, tampoco puede reprocharse a la Junta su determinación al regularizar el procedimiento en el justiciable en cuanto a que, finalmente, condicionó el desahogo de la pericial caligráfica del demandado, varias veces indicada, para el caso de que en la diligencia de ratificación de contenido y firma del escrito de renuncia, el trabajador negara su suscripción, pues como quedó destacado precedentemente, en estos términos se hizo la propuesta por el oferente de mérito; de ahí que es incuestionable que con ese hacer sólo subsanó la omisión en que incurrió inicialmente.

Al no existir algún otro concepto de violación en el que se plantee infracción a las normas del procedimiento, procede se entre al estudio de los que se refieren al fondo del asunto.

Lo que se alega en torno a que la responsable no tomó en cuenta, al dilucidar la contienda en lo atinente al reclamo relativo a la devolución del numerario inherente al impuesto sobre la renta que se le retuvo al momento de satisfacerle las prestaciones laborales contenidas en el finiquito elaborado a la conclusión del contrato de trabajo, que el demandado no justificó que ese tributo lo haya enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos exhibió el comprobante que le corresponde, deviene inoperante, ya que la falta de enteramiento de las sumas relativas a la autoridad hacendaria no formó parte de la controversia sometida a la Junta responsable, como se deduce del libelo laboral; por consiguiente, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece que en las sentencias que se pronuncien en los juicios de garantías sólo deben tomarse en cuenta las cuestiones planteadas y demostradas ante la potestad común.

Justifica la consideración que antecede, la jurisprudencia 290, visible en la página 190 del Tomo V del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.".

En otro orden de ideas, resulta infundada la parte de la queja en la que se controvierte el valor que se asignó en el laudo a las documentales del demandado, consistentes en el escrito de renuncia del trabajador, así como el convenio y finiquito anexo conforme a los cuales se pactó la terminación del contrato laboral, suscrito por los contendientes (fojas 110 y 106 a 108 respectivamente).

Para una mejor comprensión de tal aserto, debe tenerse presente que al momento de su ofrecimiento, el demandado también propuso su perfeccionamiento para el caso de objeción, a cuyo efecto solicitó su ratificación de contenido y firma por parte del trabajador y, para el caso de que éste negare su suscripción, se desahogara la pericial caligráfica (fojas 60 y 61).

En actuación de cinco de enero de dos mil uno, la Junta ordenó se procediera al desahogo de la ratificación de contenido y firma de esas documentales por parte del obrero y, al efecto, señaló las trece horas del treinta de enero de dos mil uno; además, lo apercibió con tener por ratificadas esas probanzas en lo relativo a su contenido y firma, para el caso de su incomparecencia a esa diligencia (fojas 130 a 132); determinación que, como se estableció, se hizo al demandante a través de su apoderada especial (fojas 132 vuelta y 133).

Llegado el día y hora señalado para la ratificación de contenido y firma, tanto del escrito de renuncia como del convenio y finiquito de terminación del contrato laboral pluricitados, ante la inasistencia del obrero, pese a la notificación oportuna, se le hicieron efectivos los apercibimientos formulados y se tuvieron por ratificados aquellos documentos en lo relativo a su contenido y firma (foja 134).

Al justipreciarse en el laudo el escrito de renuncia, la Junta razonó:

"... Documental (foja 110) consistente en el escrito de renuncia de fecha 10 de diciembre de 1999, suscrito por el propio actor y dirigido a la empresa demandada, de cuyo contenido se advierte la manifestación expresa del demandante de dar voluntariamente por terminada la relación de trabajo que lo comprometía con Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., otorgándosele absoluto valor probatorio para tales efectos, adquiriendo ambas documentales las características de auténticas y fidedignas, dada la ratificación de contenido y firma que de ellas hiciera el actor, como consta a foja 134 de autos ..." (fojas 158 y 159).

De lo anterior se sigue que, si bien es cierto que el quejoso no ratificó de manera expresa el escrito referido así como el convenio y finiquito relativos, ante su inasistencia a la audiencia correspondiente (fojas 134 y 135), también lo es que esa razón no es suficiente para estimar, como se pretende en forma indebida, que adolezcan de valor demostrativo, toda vez que, por una parte, en todo caso al actor correspondía desvirtuar el contenido y firma que contienen esas documentales, ya que al mismo se le imputa su suscripción; luego, como se recordará, en proveído de cinco de enero de dos mil uno (fojas 130 a la 132) se le apercibió por la instructora para el caso de no comparecer el día y hora señalados al efecto, en tener "como si hubiese ratificado tanto el contenido como la firma de las documentales motivo del perfeccionamiento, lo anterior, desde luego, en su perjuicio"; luego, si el quejoso desatendió ese apercibimiento, como se destacó, ello trae como consecuencia que el mismo se hiciera efectivo y, por ende, debe tenerse por reconocido el contenido y firma tanto del escrito de dimisión como del convenio y finiquito pluricitados, de manera presuntiva, por cierto, sin prueba en contrario, como más adelante se especificará.

Ciertamente, del desahogo de las confesionales ofrecidas por el operario a cargo del demandado y de Guadalupe Manuel Guillermo Zepeda Muro, se advierte que los absolventes contestaron en forma negativa las posiciones que se les articularon (fojas 118, 119 y 136 a la 138); por tanto, es inconcuso que deben tenerse por negados los hechos contenidos en ellas, como se estimó en el laudo impugnado, de acuerdo con la jurisprudencia III.T. J/7, sustentada por este órgano colegiado, entonces único en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que aparece visible en la página 340, Tomo III, febrero de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA CONFESIONAL. INTERPRETACIÓN DE LA RESPUESTA NEGATIVA DE LAS POSICIONES. Como el absolvente de acuerdo con el artículo 790, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, al responder las posiciones que se le formulen tiene únicamente dos alternativas, negar o afirmar, entonces, si opta por lo primero, es inconcuso que se tendrán por negados los hechos cuestionados y a dicha contestación no se le podrá dar otra interpretación.".

No deja de advertirse que el quejoso también alega, sustancialmente, que en la contestación de demanda la fuente de trabajo afirmó que el quejoso se entrevistó con el diverso absolvente Guadalupe Manuel Guillermo Zepeda Muro; que con él trató todo lo relativo a la conclusión y finiquito del vínculo laboral; que éste, en el desahogo de la confesional a su cargo, contestó en forma negativa las posiciones que se le formularon en tal sentido; que por tales razones, es claro que el demandado se contradice, máxime cuando no exhibió algún otro elemento de prueba que justificara que, efectivamente, el ocho de diciembre de dos mil, se entrevistó con Guadalupe Manuel Guillermo Zepeda Muro; que por tales razones es claro que la patronal se contradice y, por ende, es ilegal que se tenga por cierto el hecho de la renuncia; sin embargo, ello resulta irrelevante para desestimar el valor conviccional que se atribuyó por la responsable a la confesional propuesta por el demandante a cargo del pluricitado Zepeda Muro, toda vez que para la ponderación de ésta, deben de tomarse en cuenta los términos en que se contestó a las posiciones calificadas de legales al oferente, para dilucidar si se actualiza el reconocimiento de algún hecho propio invocado en contra de quien absuelva las posiciones y si el mismo le perjudica, atento la naturaleza de la prueba y a lo establecido en el artículo 790, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que el absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; de ahí que, al margen de lo narrado en la contestación en relación con el hecho de la renuncia del trabajador, atento los términos en que se desahogó la prueba, es inconcuso que la jurisdicente estuvo en lo justo al negar eficacia a la confesional a cargo del ya varias veces indicado Guadalupe Manuel Guillermo Zepeda Muro.

En lo atinente a la testimonial a cargo de Gabriel Rodríguez Mejía y Felipe Ventura Ramírez Medina, propuesta por el trabajador, es de destacarse que la misma se declaró desierta ante el incumplimiento del oferente de presentarlos, como se comprometió al momento de su ofrecimiento (fojas 44 a 46 y 130 a 132).

Por cuanto a las documentales consistentes en el comunicado de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve atribuido al obrero; el aviso automático ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; la misiva de trece de enero de dos mil en la que el quejoso se inconforma ante la fuente de trabajo en relación con los términos en que se le cubrieron algunas prestaciones con motivo de la conclusión del trabajo; y a la relación de viajes que dice el demandante realizó durante la vigencia del contrato de trabajo, de acuerdo con su naturaleza, resultan ineficaces para poner de manifiesto la falsedad de contenido y firma del escrito de renuncia, del convenio y finiquito ofrecidos por el demandado y que atribuyen su suscripción al actor; sin que, por otro lado, del justiciable se deduzca la existencia de alguna presunción en aquel sentido.

No se desatiende que el quejoso también alega, en síntesis, que su inasistencia a la diligencia de ratificación de contenido y firma multicitada no le puede parar perjuicio, toda vez que la ley de la materia carece de precepto legal que sancione tal incomparecencia; empero, ello deviene intrascendente para las consideraciones precedentes, como a continuación se pondrá de manifiesto.

Cierto, cabe destacar que el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo establece que las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.

En tanto que los artículos 797, 802 y 811 del código obrero, precisan las reglas que atañen a la prueba documental destacando, entre otras, que tal probanza debe de exhibirse en original cuando constituye un documento privado; que si son objetados en cuanto a contenido y firma se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento; que si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones.

Finalmente, dentro de esta relación debe señalarse que los artículos 685 y 771 del propio ordenamiento legal, establecen los principios de economía, concentración, sencillez y el de impulso procesal, al exigir del órgano jurisdiccional que provea lo necesario para evitar que los juicios queden inactivos, a cuyo efecto están facultados para proveer lo necesario para lograr de manera eficaz su sustanciación.

Evidenciado lo anterior, se estima que si bien es cierta la aseveración del agraviado en el sentido de que no existe disposición expresa en la ley de la materia que sancione su inasistencia a la diligencia de ratificación de contenido y firma del escrito de renuncia que se le atribuye, esto es, que se tenga por acreditado en forma presuntiva el contenido y firma de ese documento, también lo es que de una interpretación armónica de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo referidas en el párrafo que antecede, resulta lógico y jurídico considerar que si la Junta tiene obligación de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso (artículo 685), así como la de impulsarlo hasta su conclusión (artículo 771), entonces, lógico es que al amparo de esas finalidades surjan implícitas diversas facultades que permitan remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal y culminación del proceso laboral, entre las que se debe contar la de conminar a los contendientes de tener por presuntivamente cierto el contenido de una documental cuya suscripción se les atribuye, para el caso de que no asistan a la diligencia de su ratificación, tanto de contenido como de firma y el de hacer efectivo ese apercibimiento; pensar como lo pretende el quejoso, implicaría dejar al arbitrio de las partes la forma y términos en que deben desahogarse las pruebas admitidas oportunamente y, por ende, la integración del juicio laboral, lo que no es jurídicamente acertado.

En las relatadas condiciones, deviene incuestionable que la presunción derivada de la falta de ratificación de contenido y firma del escrito de renuncia que se atribuye al quejoso no se encuentra contradicha y, por ende, es suficiente para poner de manifiesto, en los términos apuntados, la certeza de la dimisión del obrero.

En sustento de los razonamientos precedentes, se cita, por las razones que la informan, la jurisprudencia 168, consultable en la página 112 del Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título y contenido son los siguientes: "DOCUMENTOS, RATIFICACIÓN DE LOS. SÓLO ES NECESARIA CUANDO SE OBJETA SU AUTENTICIDAD. Las pruebas documentales solamente requieren ser ratificadas cuando son objetadas en cuanto a su autenticidad y firma, ya que cuando la objeción es en lo tocante al valor probatorio del documento, no se controvierte ninguno de los aspectos señalados.".

Al margen de lo anterior, cabe evidenciar que en la audiencia de seis de noviembre de dos mil, el actor objetó el escrito de renuncia y el convenio finiquito cuya suscripción se le imputa, en los términos siguientes: "... en relación con las documentales señaladas con los números 4 y 5, las objeto en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende darles la demandada y en cuanto a su autenticidad de contenido ..." (foja 115); sin embargo, pese a la objeción de tales documentales en cuanto a su contenido, el accionante se abstuvo de ofrecer algún medio de convicción idóneo con ese fin, lo que era necesario atento lo establecido en el numeral 811 de la ley de la materia y al criterio que sostuvo la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior formación, en la jurisprudencia 165, visible en la página 110 del mismo tomo que la anterior, que establece: "DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En caso de objeción de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, corresponde a éste acreditar la causa que invoque como fundamento de su objeción, y si no lo hace así, dichos documentos merecen credibilidad plena.".

Por lo demás, debe decirse que el obrero tampoco justificó, por corresponderle la carga de la prueba, que la suscripción tanto del escrito de renuncia como del convenio y finiquito conforme al cual se le pagaron diversas prestaciones de índole laboral, adolecen de vicios de consentimiento, pues las confesionales que aportó, como se vio, no le reportan ningún beneficio, ya que los absolventes contestaron en forma negativa las posiciones que se les articularon; en tanto que en relación con su testimonial, se le declaró perdido el derecho a desahogarla, al omitir la presentación de los testigos como se comprometió al ofrecerla en la etapa procesal respectiva; mientras que las documentales resultan ineficaces para ese fin pues, como también se destacó, de acuerdo con su naturaleza, sólo ponen de manifiesto lo que en ellas se contiene, pues de no ser así, se desnaturalizaría la prueba de documentos.

Tiene aplicación, en la especie, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 170, publicada en la página 113 del mismo tomo que las anteriores, la que enseguida se trasunta: "DOCUMENTOS, RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN LOS. El hecho de reconocer la firma puesta en un documento, entraña el reconocimiento de su contenido, aun cuando se alegue que se firmó por error, dolo o intimidación, pues para que el reconocimiento de la firma no surtiera el efecto indicado, sería necesario que quien firmó probare, en los autos laborales, el error, el dolo o la intimidación que alegue.".

Así pues, es dable concluir que la Junta actuó de manera correcta al tener por demostrada la excepción opuesta por el demandado, esto es, que el accionante de manera voluntaria dio por concluido el vínculo laboral.

Además de lo anterior, debe decirse que aun cuando es cierto que en el finiquito anexo al convenio de terminación del vínculo contractual que suscribieron los contendientes a virtud de la renuncia del trabajador (fojas 106 a 108), aparece que éste recibió, entre otros montos, los relativos: "... al pago de la prima de antigüedad, indemnización 20 días, indemnización 3 meses exenta, indemnización 3 meses gravada ...", también lo es que esa circunstancia no entraña que el demandado, implícitamente, admitiera que rescindió el contrato unilateralmente ya que, como se dejó establecido, fue el actor quien renunció a su empleo.

Aparte de que, en todo caso, la satisfacción de tales prestaciones por la fuente de trabajo con motivo de la terminación de la relación de trabajo, en virtud de la renuncia del obrero, tomando en consideración solamente el salario base y no el integrado, así como el hecho de que por el pago de tales conceptos le haya hecho la correspondiente retención de impuestos, contrario a lo alegado, no constituye una renuncia a los derechos laborales del peticionario, si se considera que, ante su renuncia, la persona moral demandada no se encontraba obligada a indemnizarlo, pues no existe dispositivo legal alguno que la constriña al pago de esas prestaciones; de ahí que deba considerarse que el hecho de que se otorgara al operario cierto numerario por concepto de indemnización, veinte días por año y de prima de antigüedad, sólo constituye un acto generoso de su parte, sin que se encontrase obligad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17340-651e3c4c/renuncia-de-derechos-no-la-constituye-la-aceptacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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