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Modo: Corpus Pro

GUARDA Y CUSTODIA. DEBE DETERMINARSE CONSIDERANDO EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 367/2002. · Registro digital (IUS): 17261
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS OCTAVIO JUÁREZ GONZÁLEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 1207.

AMPARO DIRECTO 367/2002. CARLOS OCTAVIO JUÁREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El estudio de los conceptos de violación arroja el siguiente resultado.

Para ilustrar la decisión que este órgano colegiado habrá de tomar en el presente asunto, conviene realizar las siguientes precisiones:

La familia es un núcleo de personas que como grupo social ha surgido de la naturaleza y deriva primordialmente del hecho biológico de la generación.

En un sentido amplio, es el conjunto de personas que proceden de un progenitor o tronco común; sus fuentes son el matrimonio, la filiación (legítima o natural) y en casos excepcionales la adopción.

Esta relación conyugal, paterno filial y de parentesco colateral de origen consanguíneo o simplemente de naturaleza legal, establece vínculos entre los componentes de ese grupo familiar de diverso orden e intensidad (sentimentales, morales, jurídicos, económicos y de auxilio o ayuda recíproca) que no permanecen ajenos al derecho objetivo sino, por el contrario, éste afianza, reafirma y consolida, atribuyendo a dichos vínculos el carácter de deberes, obligaciones, facultades y derechos.

Las normas jurídicas que se ocupan de regular, creando y organizando tales relaciones, forman el derecho de familia que comprende las disposiciones legales relativas al matrimonio, al concubinato, a la filiación, a los alimentos, al patrimonio de la familia, a la patria potestad, a la emancipación, a la tutela, etcétera.

Por tanto, el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas destinadas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, creando las relaciones conyugales, constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes.

Esas facultades y deberes de carácter asistencial que nacen entre los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos, etcétera), tienen entre ascendientes y descendientes un aspecto de potestades y sujeciones establecidas para la protección de los hijos.

Así pues, el derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de los menores a través del ejercicio de la patria potestad, la que es considerada como una institución protectora de la persona y bienes de los hijos menores de edad, no emancipados, que nace de la filiación. Su ejercicio corresponde en primer término a los progenitores (el padre y la madre del menor) y a falta de éstos, a los demás ascendientes por la línea paterna y por la línea materna, a falta de padres y abuelos paternos.

Pero cuando ambos padres del menor ejercen la patria potestad, pero viven separados sea cual fuere la causa, entonces surge la necesidad de determinar con quién de ellos habrá de vivir el menor, es decir, cuál de los progenitores ejercerá el derecho de custodia sobre ese hijo.

Es pertinente precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige el sistema jurídico de nuestro país desde mil novecientos diecisiete, estableció diversas garantías de orden personal y social en favor de los menores, precisamente en su artículo 4o., en los términos siguientes:

"Artículo 4o. ...

"Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas."

"Artículo 4o. ...

"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

También es pertinente dejar asentado que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año.

La declaración de principios contenida en el preámbulo de este instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana; la dignidad y el valor de la persona humana; la promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"; la toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo y la importancia de las tradiciones.

Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1o. al 41 de la citada convención enuncian los siguientes derechos para la niñez: el derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad; el derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; el derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción; el derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata; el derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar; el derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato; el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud; el derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia; el derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y artísticas; el derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma, entre otros.

Ahora bien, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe destacar lo prescrito en los dispositivos 3o., 7o., 9o., 12, 18, 19, 20 y 27, que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos:

"Artículo 3o.

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

"Artículo 9o.

"1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

"2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

"3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

"4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas."

"Artículo 12.

"1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

"2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional."

"Artículo 19.

"1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

"2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."

"Artículo 20.

"1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

"2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

"3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico."

"Artículo 21.

"Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. ..."

"Artículo 27.

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. ..."

Como efecto inmediato de esta convención aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto del interés superior de la niñez, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas.

De esta manera, las instituciones familiares heredadas desde el derecho romano vuelven a sufrir una transformación acercándose más hacia la niñez y alejándose más de los intereses de los adultos. La patria potestad es un ejemplo muy claro de estas transformaciones. Antiguamente implicaban el derecho de vida o muerte que el pater tenía sobre las personas sujetas a él; visión que, poco a poco, fue cambiando para dirigir su foco de atención hacia la niñez, estableciendo no sólo derechos para quien ejerce la patria potestad, sino también deberes y, como ya vimos, los primeros sólo existen en función de estos últimos para facilitar su cumplimiento. Así, se convierte de un poder, en una función social.

En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad. Con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social.

Ahora, por disposición expresa del artículo 133 constitucional, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender a estas disposiciones.

En efecto, el citado precepto establece:

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

De la transcripción anterior se desprende que constitucionalmente se reconoce en los tratados la fuente única del derecho internacional y, como consecuencia de lo anterior, el Constituyente mexicano reconoce la incorporación de las normas contenidas en los tratados dentro del sistema jurídico y las hace vigentes cuando se cumpla con los requisitos que la misma establece.

De acuerdo con la interpretación gramatical de la primera parte del artículo 133, para considerar que un tratado sea, junto con las leyes emanadas de la Constitución y que sean aprobadas por el Congreso de la Unión, "la Ley Suprema de toda la Unión", es menester que se satisfagan dos requisitos formales y uno de fondo: los primeros se hacen consistir en que el tratado esté o sea celebrado por el presidente de la República y que sea aprobado por el Senado. El requisito de fondo consiste en la adecuación de la convención internacional con el texto de la propia Ley Fundamental.

Por otra parte, es oportuno destacar la supremacía de los tratados frente a la legislación local. Esta posición ha sido soportada por las diversas teorías asumidas por los principales constitucionalistas mexicanos, las que plantean la superioridad de los tratados frente a la legislación local. Esta situación se ve reforzada no sólo por la fuerza normativa que representan los compromisos internacionales, sino sobre todo por el hecho de que es suscrito por el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado y la participación del Senado en el proceso que, como se mencionó, representa la participación de las entidades federativas en el proceso de incorporación de un compromiso internacional al derecho positivo mexicano. Cuando surgen conflictos entre lo prescrito por las normas de derecho interno y del derecho internacional adoptado como vigente, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, debe partirse de la base del nivel jerárquico de la norma en cuestión y sobre todo del mandato que la Constitución establece sobre el particular; un tratado tendrá la jerarquía que expresa o tácitamente la propia Ley Fundamental le dé, que en nuestro ámbito constitucional se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.

Sirve de fundamento a lo anterior la tesis P. LXXVII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, que dice:

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ‘... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...’ parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que ‘Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ‘LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.’; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal."

En las condiciones apuntadas, debe concluirse que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo a un principio básico: el interés superior del niño.

Por ende, para determinar sobre la guarda y custodia de un menor, el juzgador debe atender al resultado que arrojen los medios probatorios ofrecidos por las partes, básicamente para establecer si hay obstáculo que impida otorgar a alguno de los progenitores dicha guarda y que lo lleve a la convicción de que la persona escogida es la adecuada, razonando el por qué la conducta de la persona a que se entregue el cuidado de los menores es la idónea para cumplir con el principio del interés superior, por ser quien mejor prodigará satisfactores para la formación, educación e integración socio-afectiva de los menores.

Así, debe decirse que la madre de la menor tiene, por naturaleza, la presunción fundada de ser la persona idónea para tenerla bajo su cuidado directo pues, por la edad de la pequeña -siete años cumplidos- y su condición de mujer, es evidente que le esperan cambios físicos y psicológicos que su madre podrá explicarle mejor por la confianza obvia derivada de la relación entre ascendiente y descendiente del mismo sexo, lo que indudablemente incidirá en una mejor comprensión y aceptación de esos cambios por parte de la menor y, con ello, ésta tendrá mayores posibilidades de desarrollarse satisfactoriamente en todos sentidos; máxime que, en la especie, no se advierte ningún dato o circunstancia que destruya esa presunción.

No obsta a lo anterior el hecho de que el quejoso alegue que no se tomó en cuenta la documental pública consistente en la averiguación previa número LER/I/2441/2001, donde la ofendida, hoy tercera perjudicada, en su ampliación de declaración de fecha quince de noviembre de dos mil uno, dijo que: "... esta situación de maltrato psicológico y verbal ha alterado sobremanera a la de la voz, teniendo que vivir actualmente en casa de mis padres ubicada en Atizapán de Zaragoza, por lo que solicito ser atendida en el área de psicología en este Municipio."; lo que, según el quejoso, perjudica los intereses de dicha tercera perjudicada, pues reconoció que requiere de atención psicológica y que la propia Juez a quo señaló en el considerando primero de su sentencia que aquélla tiene problemas psicológicos, además de que existe la confesión de la tercera perjudicada, donde al responder la décima posición aceptó que tiene problemas psicológicos, con lo que, afirma el quejoso, se provocan daños a la salud e integridad de la menor.

Ciertamente, a fojas 30 a 35 del expediente de primera instancia obran agregadas copias certificadas del acta de averiguación previa número LER/I/2441/2001, donde Alejandra Moreno Daniel hizo denuncia de hechos en contra de Carlos Octavio Juárez González, y en la ampliación de declaración de fecha quince de noviembre de dos mil uno, aquélla, entre otras cosas, manifestó: "... mi esposo se llevó a mi hija de Atizapán donde estábamos viviendo, ese día, la de la voz dejé a mi hija en el transporte, en la mañana, a las siete y diez de la mañana, y a la tres de la tarde cuando la estaba esperando, mi hija ya no llegó en el transporte, la de la voz se alarmó mucho, acudí rápidamente a la escuela, hablé con el director de la escuela, con las maestras, en fin, la busqué por todos lados, decidí de Atizapán venir a Lerma a buscar a mi hija y efectivamente mi hija ya estaba con su papá, esto fue sin avisar y después me enteré, mediante constancia del director de la escuela ‘Colegio Washington’ que mi esposo al bajar mi hija del colegio, se dice transporte escolar, a las siete cuarenta y cinco, mi esposo se la llevó sin avisar poniendo en alarma a toda la escuela; mi esposo ha manipulado a mi hija diciéndole que si no lo obedece y hace todo lo que él quiere no le va a dar comida, le dice también que la puede meter a la cárcel ... mi esposo le dice a mi hija que si se porta mal o que si no lo obedece la va a meter a la menor a la cárcel, mi esposo, según palabras de mi hija Claudia, la ha llevado de paseo con la amiga de su papá; esta situación de maltrato psicológico y verbal ha alterado de sobremanera a la de la voz, teniendo que vivir actualmente en casa de mis padres ubicada en Atizapán de Zaragoza, por lo que solicito ser atendida en el área de psicología, en este Municipio; por último, deseo manifestar que la de la voz teme no ver más a su hija, toda vez que mi esposo me ha amenazado con que se la va a llevar a Sinaloa y no me va a volver a dejarla ver ...".

Y en la confesional a cargo de la propia tercera perjudicada, a la posición número diez, que dice: "Que usted tiene problemas psicológicos dentro del núcleo familiar", ésta respondió lo siguiente: "Sí, sí los tengo por la manera que he sido tratada con vejaciones y sevicias por el señor Carlos Juárez.".

Sin embargo, de lo anterior no se desprende ningún dato que revele, ni siquiera presuntivamente, que la ayuda psicológica que la madre de la menor dice necesitar pueda afectar su capacidad de cuidado y cariño hacia la menor, sobre todo porque los problemas psicológicos que aquélla dice tener los vincula con los malos tratos de que, afirma, fue objeto por parte de su esposo, y no con respecto a la relación y trato que tiene para con su hija.

Ante ello, atendiendo al interés superior de la niña y prescindiendo de la conveniencia e intereses personales de los padres, debe concluirse que, en la especie, subsiste la presunción de que la madre debe tener la custodia de la menor y, por virtud de ese interés superior, debe decirse que resulta irrelevante determinar si los documentos a que alude el quejoso, consistentes en la constancia y la carta, ambas del director del Colegio Washington, S.C., y el escrito donde se solicitó la baja de la menor del Centro Educativo Cualcán, son documentos públicos o privados, o bien, los alcances de los mismos, pues lo cierto es que con los mismos la hoy tercera perjudicada pretendió acreditar que al darse la separación de los padres de la menor, ésta permaneció inicialmente con la madre y luego el padre la regresó consigo; pero esta situación tampoco pone de relieve que el padre haya tenido la custodia de la menor por un lapso prolongado, y que con motivo de la decisión judicial que se analiza, porque se decretó la custodia de la menor a favor del padre, se afecte emocionalmente a la menor. Sin embargo, ello no es determinante para decidir sobre quién resulta la persona idónea para tener la custodia de la niña, sino que debe atenderse a lo ya expuesto.

Ahora bien, aunque resulta innegable el perjuicio ocasionado a la menor con un cambio de residencia cuando ella está cursando un ciclo escolar; sin embargo, se estima que ese perjuicio resulta menor al que se le ocasionaría si la niña continuara separada de su madre, quien, por los motivos indicados, se considera la idónea para tenerla bajo su guarda y custodia.

Consecuentemente, al ser ineficaces los conceptos de violación y no advertir deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Octavio Juárez González en contra del acto que reclama de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, consistente en la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil dos, dictada en el toca número 209/2002, que se precisó en el resultando segundo de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, integrado por los Magistrados presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Raúl Solís Solís y por el licenciado José Fernando García Quiroz, secretario autorizado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en funciones de Magistrado de Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17261-bd5b6c37/guarda-y-custodia-debe-determinarse-considerando-el-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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