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Modo: Corpus Pro

ALLANAMIENTO A LA DEMANDA LABORAL. OPORTUNIDAD PARA FORMULARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 298/2005. · Registro digital (IUS): 19514
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 1095.

AMPARO DIRECTO 298/2005. JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA Y OTRO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Inconformes ahora con el laudo, segundo en su orden, los quejosos atribuyen al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje violación a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, expresando, en esencia, los conceptos de violación siguientes:

1. La responsable les causa agravio porque si bien condena al patrón al pago de la indemnización constitucional por el despido injustificado al tenerlo por probado, ya que se allanó, o sea, reconoció la existencia de tal despido hecho en forma injustificada, indebida e ilegal, lo condena al pago de los salarios caídos a partir de la fecha del despido hasta la del allanamiento, esto es, el tres de septiembre del año dos mil dos, lo que es indebido e ilegal porque para que surtiera efectos legales el pretendido allanamiento, debió efectuarse en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el diecisiete de octubre del año dos mil dos y no con anterioridad como lo pretende tener por legalmente hecho la responsable; por lo que tomando en consideración lo anterior, como se establece en la tesis jurisprudencial que se cita en el laudo, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. CUANDO EL PATRÓN SE ALLANA A LAS CONSECUENCIAS DEL DESPIDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS MEDIANTE SU PAGO, DEJAN DE CAUSARSE.", para que el allanamiento surta plenos efectos deben de cubrirse los salarios caídos transcurridos desde la fecha del injustificado despido hasta la del allanamiento en la referida audiencia, lo cual no ocurrió en este caso, pues la patronal pretendió hacerlo valer con anterioridad a la celebración de dicha audiencia, por tanto, no surte efectos; así como porque no se cubrió el total de salarios caídos al diecisiete de octubre de dos mil dos, pues por indemnización constitucional le corresponde a cada uno $4,080.00 más $5,122.29 por salarios caídos que son ciento trece días, multiplicados por el salario diario de $45.33 pesos, dan $5,122.29, cantidad ésta que sumada a la de $4,080.00, correspondiente a la indemnización constitucional, da un total de $9,202.29, y si bien la patronal supuestamente consignó $9,202.49, lo hizo por tres meses de salario de indemnización constitucional, $4,080.00; salarios caídos del diecisiete de junio al tres de septiembre de dos mil dos $3,490.81, que es lo que corresponde a dos meses y diecisiete días, así como $1,631.88 por prima de antigüedad; de lo que se desprende que únicamente fueron consignados salarios caídos al tres de septiembre del año dos mil dos, y no al diecisiete de octubre de ese año, como era su obligación, lo que significa que la cantidad exhibida comprende salarios caídos que no corresponden al total de días comprendidos al diecisiete de octubre de dos mil dos, ya que cubre otra prestación, como es la prima de antigüedad; por tanto, la patronal no cumplió el allanamiento en forma legal para tener por cortados los salarios caídos a la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, incumpliendo lo establecido en la tesis jurisprudencial que cita la responsable, pues no es suficiente hacer el allanamiento a la indemnización constitucional y a los salarios caídos, sino que estos últimos deben cubrirse plena y totalmente de la fecha del despido a la de celebración de la audiencia trifásica para que dejen de causarse.

Antes de abordar el estudio del concepto de violación de que se trata, es necesario dejar precisado lo siguiente:

Consta a fojas quince del expediente laboral que el demandado, el día inicialmente señalado para la celebración de la audiencia de ley, manifestó que se allanaba al pago de indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad, expresando lo siguiente:

"En Toluca, Estado de México, siendo las doce horas del día tres de septiembre del año dos mil dos, y estando debidamente integrado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Comparece: Por la parte demandada, su apoderado legal, el Lic. José Manuel Aguilar Merino, quien acredita su personalidad con la copia certificada del testimonio notarial No. 13657, pasado ante la fe notarial de la Notaría Pública No. 36 del Distrito de Tlalnepantla, acompañado de una copia simple fotostática de dicho documento para el efecto de que previo su cotejo con la copia certificada me sea devuelta esta última, con la aclaración de que la copia fotostática ya obra en el expediente en que se actúa. En uso de la palabra y bajo protesta de decir verdad, el apoderado legal de la parte demandada dijo que: Con la personalidad que ostento y solicito se me reconozca, vengo a manifestar a este H. Tribunal que conforme a las instrucciones de mi poderdante me allano a las prestaciones principales reclamadas por los trabajadores actores en este juicio en los incisos a), b) y c) de la demanda y que hizo consistir en indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad, exhibiendo en este acto cheques en favor de los trabajadores Juan José García García, No. 1137, y José Salomón García García, con el No. 1138, a cargo de Bancrecer, por la cantidad de $9,202.49 (nueve mil doscientos dos pesos 49/100 M.N.), para cada uno de los actores; esto es, incluye tres meses de salario por indemnización constitucional por $4,080.00; por salarios caídos del 17 de junio a esta fecha 3 de septiembre del año en curso, la cantidad de $3,490.81, que es lo que corresponde a dos meses y 17 días a la base de $45.33 de cuota diaria, que es la cantidad que percibía cada uno de los trabajadores demandantes; y por último, la suma de $1,631.88 por el pago del importe de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 80 de la ley de la materia, a la base de $45.33 de cuota diaria y por 3 años que prestaron servicios a mi mandante, debiéndoles a (sic) poner a disposición de los actores los cheques de referencia y con la aclaración de que para cuantificar el pago de estas prestaciones se tomó en cuenta la cantidad de $680.00 quincenales para jornada extraordinaria que los propios demandantes refieren en el hecho primero de su demanda y que se acepta para los efectos de la cuantificación. Este allanamiento a las prestaciones antes referidas es, desde luego, para evitar que los salarios caídos sigan corriendo en perjuicio de mi mandante, ya que con el hecho de haber exhibido los cheques quedan cumplidas estas prestaciones y, en consecuencia, dejan se materia de la lisis (sic). Es todo lo que se tiene que manifestar, solicitando se me extienda por duplicado copia certificada del acuerdo que le recaiga a esta comparecencia." (foja 15).

La Junta tuvo por hechas las manifestaciones de que se trata, ordenó guardar los títulos de crédito y dio vista a los actores con el allanamiento a través del acuerdo del tenor siguiente:

"El tribunal acuerda: Por hechas las manifestaciones que hace valer el compareciente para los efectos legales a que haya lugar. Visto lo manifestado por el compareciente, por lo cual se le da vista a la parte actora por un término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos de notificación en el presente acuerdo para que alegue lo que a sus intereses convenga respecto de los cheques exhibidos por el demandado, con el apercibimiento de que para el caso de no hacerlo así se le tendrá por perdido su derecho para alegar lo que a sus intereses convenga; por otro lado, por lo que hace a los títulos de crédito exhibidos guárdense en el secreto de este tribunal para los efectos legales correspondientes; de igual forma expídase copia certificada por duplicado al compareciente para los efectos legales a que haya lugar; en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 723 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. Notifíquese. El presente acuerdo a la parte actora personalmente, surtiéndole efectos de notificación personal por medio del boletín laboral de este tribunal. Impuesto el compareciente del acuerdo que antecede firma al margen para debida constancia legal. Así lo acordó y firmó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Doy fe." (foja 15 vta.).

En respuesta a la vista concedida, a través de su apoderado, los servidores públicos demandantes manifestaron:

"Lic. Ernesto Rosas Vázquez, en mi carácter de apoderado legal de los actores Juan José García García y José Salomón García García, en el juicio al rubro indicado, personalidad que tengo debidamente acreditada en autos, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer: que por medio del presente escrito y estando en tiempo y forma vengo a desahogar la vista que se me dio respecto a lo manifestado por el apoderado de la demandada en su comparecencia de fecha tres de septiembre del año dos mil dos, y al respecto se manifiesta lo siguiente: Que resultan totalmente improcedentes, indebidas e ilegales las manifestaciones y pretensiones que pretende hacer valer dicha demandada en la comparecencia de referencia, en atención a que no es el momento procesal oportuno para hacer valer lo que pretende, ya que los hoy actores, hasta el momento, no han reproducido ni ratificado su escrito inicial de demanda, ni mucho menos han aclarado, adicionado, corregido o modificado dicho escrito de demanda para que legalmente la demandada pudiese allanarse a la misma y por lo tanto no se encuentra planteada la litis en el presente juicio. Asimismo, resulta improcedente tal allanamiento, ya que dicha demandada pretende cuantificar cantidades que resultan indebidas con base en un salario de $45.33 pesos diarios, y el cual resulta ser inferior al salario mínimo profesional que corresponde al puesto o cargo de los hoy actores, como lo es el de profesores, y que lo es la cantidad de $64.95 pesos diarios, por lo que también resultan indebidas las demás cantidades que pretende exhibir dicha demandada por conceptos de salarios caídos y prima de antigüedad, por los motivos anteriormente manifestados y, por ende, es que manifiesto mi inconformidad por las cantidades exhibidas por la hoy demandada, por no corresponder tanto al salario mínimo profesional y por no ser el momento procesal oportuno para ello, reiterando mi inconformidad por cuanto a las cantidades exhibidas por dicha demandada, todo lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar." (foja 16).

Atento a lo anterior, mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dos la autoridad tuvo por hechas las manifestaciones anteriores, por no aceptados los cheques y ordenó la continuación del procedimiento, como sigue:

"Toluca, Estado de México, a veinticinco de septiembre del año dos mil dos. Visto el escrito presentado ante la oficialía de partes de este tribunal, en fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, atento a su contenido, se provee: I. Con el escrito de cuenta, se tiene por presentado al Lic. Ernesto Rosas Vázquez, en su carácter de apoderado legal de la parte actora, por hechas las manifestaciones que hace valer para los efectos legales a que haya lugar. Agréguese a los autos el escrito de referencia para que surta sus efectos legales correspondientes y con el cual manifiesta que no acepta los cheques exhibidos por el demandado, por lo cual, continúese con el procedimiento en su estado, debiendo estarse las partes a lo ordenado en acuerdo de fecha tres de septiembre del año en curso, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes por medio del boletín laboral de este tribunal. Así lo acordó y firmó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Doy fe." (foja 17).

La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, fue celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dos, en cuya ocasión José Manuel Aguilar Merino, en representación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nicolás Romero, contestó la demanda en términos del escrito agregado a fojas 18 a 23, expresando nuevamente que conforme a las instrucciones de su poderdante se allana a las prestaciones principales reclamadas por los trabajadores en los incisos a), b) y c), exhibiendo cheques nominativos a favor de cada uno de ellos por la cantidad de $9,202.49 (nueve mil doscientos dos pesos 49/100 M.N.), en los cuales se contiene el importe de indemnización constitucional, salarios caídos del diecisiete de junio al tres de septiembre de dos mil dos y prima de antigüedad con base en el salario de $45.33 (cuarenta y cinco pesos 33/100 M.N.) diarios, que es la cantidad que percibía cada uno de los trabajadores demandantes, debiendo ponerse a disposición de los mismos.

Juan José García García y José Salomón García García, a través de su apoderado legal, en vía de réplica, solicitaron que no se tomaran en consideración las manifestaciones de su contraparte, ya que si bien en la comparecencia de tres de septiembre de dos mil dos exhibió diversos cheques a favor de los actores, allanándose a la demanda interpuesta en su contra, indebidamente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ordenó que se les notificara por boletín, cuando señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, dicha notificación debería quedar sin efectos; sin embargo, desahogó la vista en términos del escrito de veinticuatro de septiembre e insistieron en que no fue el momento procesal oportuno para allanarse a la demanda, sino que dicho allanamiento debió haberse formulado "en la etapa que nos ocupa", toda vez que la parte actora modificó y aclaró su escrito inicial de demanda y la enjuiciada ya se había allanado, lo que resulta fuera de derecho. (foja 49).

En el laudo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tomó en cuenta el allanamiento de referencia, en los términos que a continuación se cita:

"II. En el presente conflicto y por lo que hace a la acción principal de indemnización constitucional, no es posible fijar controversia alguna, en atención a que el demandado, mediante comparecencia realizada ante este tribunal con fecha tres de septiembre de dos mil dos, así como en la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, al dar contestación a la demanda se allanó a las consecuencias del despido, esto es, al pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad que fueron exigidas por los reclamantes y para tal efecto exhibió los títulos de crédito números 1137 y 1138 a favor de los accionantes, amparando la cantidad de $9,202.49 cada uno de ellos, como es de verse a fojas 15 y de la 18 a la 23 de los autos, sin que los actores hayan estado de acuerdo con el allanamiento formulado por la patronal y, como consecuencia, expresaron su negativa a recibir los títulos de crédito referidos. En consecuencia de lo anterior, este tribunal únicamente resolverá sobre la procedencia o improcedencia de las prestaciones restantes ..."

Y más adelante, en el considerando V, en lo tocante a la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad, condenó a pagarlos en los términos en que fue formulado el allanamiento, sustentando la condena en las consideraciones que a continuación se citan:

"V. Por las razones y consideraciones vertidas con anterioridad, es de concluirse y se concluye que en el presente conflicto y por lo que hace a la acción principal de indemnización constitucional, no se fijó controversia alguna, en atención a que el demandado mediante comparecencia realizada ante este tribunal con fecha tres de septiembre de dos mil dos, así como en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, al dar contestación a la demanda se allanó a las consecuencias del despido, esto es, al pago de la indemnización constitucional, salarios caídos y prima de antigüedad que fueron exigidas por los reclamantes, y para tal efecto exhibió los títulos de crédito números 1137 y 1138 a favor de los accionantes, amparando la cantidad de $9,202.49 cada uno de ellos, como es de verse a fojas 15 y de la 18 a la 23 de los autos, sin que los actores hayan estado de acuerdo con el allanamiento formulado por la patronal y, como consecuencia, expresaron su negativa a recibir los títulos de crédito referidos; en tal virtud, y atento al allanamiento planteado por la patronal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 y 98, fracción VI, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se condena al demandado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nicolás Romero, México, a pagar a los actores, Juan José García García y José Salomón García García, la indemnización constitucional que fue exigida, correspondiendo por tal concepto la cantidad de $4,080.00 para cada uno de ellos. De igual manera es procedente condenar al pago de los salarios caídos, contados a partir de la fecha del despido y únicamente hasta la fecha de allanamiento y consignación de los títulos de crédito respectivos, ya que en ese momento dejaron de vencerse dichos salarios, toda vez que al haberse cubierto la indemnización exigida, que fue el presupuesto que dio origen al derecho de reclamar el pago del concepto accesorio y, por lo tanto, dejó de existir el soporte jurídico del cómputo de salarios causados hasta que se cumplimentara el laudo; lo anterior tiene su apoyo en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘SALARIOS CAÍDOS. CUANDO EL PATRÓN SE ALLANA A LAS CONSECUENCIAS DEL DESPIDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS MEDIANTE SU PAGO, DEJAN DE CAUSARSE. De la interpretación del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo se desprende la naturaleza accesoria del pago de los salarios vencidos al de la indemnización constitucional, de modo que si el patrón se allana a las consecuencias del despido mediante la consignación de la cantidad que comprenda estas prestaciones, cuantificadas con base en el salario que corresponda, sin merma de los derechos laborales del obrero, acorde a lo dispuesto en la ley y hasta el día en que se celebra la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en ese momento procesal dejan de vencerse los salarios, puesto que al haberse cubierto la indemnización exigida, que fue el presupuesto que dio origen al derecho a reclamar el pago del concepto accesorio, adolece de falta de soporte jurídico el cómputo de salarios causados hasta que se cumplimente el laudo, ya que con el asentimiento del empleador de liquidar las prestaciones que deben cubrirse a un trabajador por despido y que motivó la instauración del conflicto, se colma lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Así, de continuar el procedimiento por haberse demandado otras prestaciones autónomas, la Junta declarará en el laudo la condena por la acción de indemnización y de los salarios caídos calculados hasta la fecha del allanamiento y se pronunciará sobre la procedencia de las que se reclamaron independientemente, atendiendo a la litis planteada.’. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 1401, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.13o.T.4 L; en tal virtud, por concepto de salarios caídos corresponde la cantidad de $3,581.07 para cada uno de los actores, lo anterior en atención a que de la fecha del despido a la fecha del allanamiento y consignación, transcurrieron 79 días, y sirve de base para su cuantificación un salario diario de $45.33 ($680.00 quincenales), que es el salario que manifiestan los actores en su demanda y que se tuvo como cierto en autos por no haber sido controvertido por la patronal. Asimismo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y en atención al allanamiento planteado por la patronal, es procedente condenar al pago de la prima de antigüedad que fue exigida, la cual deberá cubrirse por 6 años cumplidos de servicio, ya que en autos se tuvo como cierta la fecha de ingreso referida por los accionantes por no haber sido desvirtuada por el demandado; en tal virtud, por tal concepto corresponde la cantidad de $3,263.76 para cada uno de ellos." (fojas 237 vuelta a 239).

Ahora bien, el concepto de violación en análisis es infundado.

Previamente, también es oportuno dejar precisado que el allanamiento es susceptible de considerarse como una forma procesal autocompositiva para resolver los conflictos, que se caracteriza porque el demandado somete de manera expresa su propio interés al del actor, con el fin de dar solución a la controversia de manera pronta y menos onerosa, esto es, permite la simplificación del procedimiento para alcanzar una solución con la mayor expeditez posible.

También debe decirse que la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el allanamiento como el acto que expresa la voluntad del demandado de someterse o de asentir, sin lucha judicial, al contenido de la pretensión del actor, reconociendo expresa o tácitamente su legitimidad, y debe ser expreso, incondicionado, oportuno y efectivo, dado que con él se da por terminado el pleito, renunciando al derecho de defenderse, y estableció que en mérito del mismo, dejan de surtir efectos las consecuencias accesorias del incumplimiento de la obligación.

Lo anterior, a través de las tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomos LXXXV, Quinta Parte, página 14 y LXII, Quinta Parte, página 17, cuyos rubro y texto informan:

"DEMANDA, ALLANAMIENTO A LA. El allanamiento en nuestro lenguaje jurídico procesal es el acto que expresa la voluntad del demandado de someter o de asentir, sin lucha judicial, al contenido de la pretensión del actor, reconociendo expresa o tácitamente su legitimidad, y debe ser expreso, incondicionado, oportuno y efectivo, dado que con él se da por terminado el pleito, renunciándose al derecho a defenderse.

"Amparo directo 3713/62. Fábrica de Yute Aurora, S.A. 24 de julio de 1964. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Agapito Pozo."

"ALLANAMIENTO, EFECTOS DEL. El allanamiento y la consignación del importe de la obligación principal, constituye propiamente el cumplimiento anticipado de la obligación reclamada en el juicio laboral y por esta misma razón, cesan de surtir efectos, las consecuencias accesorias del incumplimiento de la obligación o del acto ilícito que produjo esa obligación.

"Amparo directo 7255/60. Acacia Molina Ladrón de Guevara. 24 de agosto de 1962. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel Carvajal."

Asimismo, los artículos 226, 227, 229, 232 y 234 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establecen lo siguiente:

"Artículo 226. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la oficialía de partes del tribunal, la que lo turnará al auxiliar que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores."

"Artículo 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmado y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá contener:

"I. Nombre y domicilio del promovente;

"II. Nombre y domicilio del demandado o demandados;

"III. Objeto de la demanda;

"IV. Relación de los hechos;

"V. Documentos probatorios; o

"VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar directamente."

"Artículo 229. El tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. En este acuerdo ordenará que se notifique personalmente a las partes con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia y se entregue al demandado copia cotejada de la demanda, para que la conteste, apercibiéndolo de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia.

"La audiencia señalada deberá efectuarse en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día en que se haya dictado el acuerdo que la fija.

"Durante la tramitación de los conflictos individuales bastará la presencia del presidente del tribunal o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo las que versen sobre personalidad, competencia y admisión de pruebas, casos en los que citará a los integrantes del tribunal para dictar la resolución correspondiente."

"Artículo 232. La audiencia a que se refiere el artículo 229 de esta ley constará de tres etapas:

"I. De conciliación;

"II. De demanda y excepciones, y

"III. De ofrecimiento y admisión de pruebas.

"La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las ausentes podrán intervenir cuando se presenten, siempre que el tribunal no haya emitido el acuerdo correspondiente."

"Artículo 234. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas siguientes:

"I. El actor ratificará o modificará su demanda precisando los puntos petitorios. En este último caso, el demandado podrá solicitar la suspensión de la audiencia, la que deberá continuarse en su estado dentro de los cinco días hábiles siguientes para contestar la demanda con sus modificaciones;

"II. Ratificada la demanda, el demandado procederá a contestarla oralmente o por escrito. En este último caso, estará obligado a entregar al actor copia simple de su contestación; si no lo hace, el tribunal la expedirá a costa del demandado;

"III. En su contestación, el demandado podrá hacer valer sus excepciones y oponer sus defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, expresando los que ignore cuando no sean propios, y podrá agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio o las evasivas harán que se tengan por admitidos aquéllos sobre los que no se suscite controversia y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;

"IV. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia; si no lo hace y el tribunal se declara competente, se tendrá por confesada la demanda;

"V. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;

"VI. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o bien a solicitud del mismo, el tribunal acordará la suspensión de la audiencia y señalará para su continuación una fecha dentro de los cinco días hábiles siguientes; y

"VII. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción."

De lo así dispuesto, entre otras cuestiones, se desprende que el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, a la que se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya; demanda que deberá contener el nombre y domicilio del promovente y de la parte demandada; objeto de la demanda, relación de los hechos, documentos probatorios o la indicación del lugar en que puedan obtenerse, los que el actor no pudiese aportar directamente; asimismo, que en el acuerdo en el que el tribunal señale día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, se ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la fecha de la audiencia y se entregue al demandado copia cotejada de la demanda para que la conteste, apercibiéndolo de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia, la que constará de tres etapas: de conciliación, de demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, especificándose los términos de su desarrollo en el último de los preceptos transcritos; reglamentación que implica subsistencia del conflicto hasta la fecha en que se celebre esa audiencia.

Establecido lo anterior, si el allanamiento a la demanda constituye el sometimiento de la parte demandada a la pretensión de su contraria sin lucha judicial, pues a través de ese acto renuncia a defenderse, con lo cual cesa el conflicto o controversia, la reglamentación establecida en relación con esas etapas que presuponen la existencia y subsistencia del conflicto a través de los artículos citados, en ninguna parte determina el momento en que se debe efectuar el allanamiento en cuestión, ni mucho menos que éste forme parte de la contestación a la demanda; en otras palabras, el allanamiento a la pretensión de la parte actora excluye la posibilidad de contestar la demanda, haciendo valer las excepciones y defensas correspondientes.

Conforme a lo anterior, si la oposición de excepciones y defensas que se efectuara al contestar la demanda en la audiencia de ley, es contraria a la naturaleza jurídica del allanamiento; y, por otra parte, no se advierte que la Ley del Trabajo de los Servidore

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19514-308f1637/allanamiento-a-la-demanda-laboral-oportunidad-para-formularlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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