DENUNCIA O RESTRICCIÓN DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO. DIFERENCIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 294 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO).
AMPARO DIRECTO 774/2001. J. DE JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Resultan infundados los conceptos de violación anteriormente transcritos, por las siguientes razones:
Se reclama la sentencia definitiva dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la que se revocó la resolución pronunciada por el Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, derivada del juicio ejecutivo mercantil promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de J. de Jesús Hernández García y Alicia Álvarez Hernández, que había declarado improcedente la vía elegida y la acción ejercida por no haberse acreditado que la persona que emitió el certificado contable exhibido por la parte actora como fundatorio de la acción, contara con cédula profesional legalmente expedida por autoridad competente, dejando a salvo los derechos de la actora.
En principio, la parte quejosa se duele de que la sentencia reclamada es violatoria del principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional al revocar la sentencia de primera instancia, con el argumento de que el certificado contable exhibido por la actora reúne los requisitos previstos por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, al considerar que el contador que lo suscribió no está obligado a acreditar que cuenta con título legalmente expedido, citando una tesis de jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 26 de febrero de 1997, del rubro: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).". Aduce el inconforme que con tal consideración la responsable desacató la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.", que por ser de fecha posterior a aquélla la misma quedó sin tener aplicación. Asimismo, señala que debe declararse la ineficacia del certificado contable, de acuerdo a lo ordenado por los artículos 17 y 133 constitucionales; 192 de la Ley de Amparo y 9o. de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, conforme al cual todos los Jueces y tribunales están obligados a aplicar las normas que concurran a regular diferentes aspectos de una misma relación jurídica, sin excluir alguna, para que cumplan las finalidades perseguidas por dichas legislaciones.
Lo anterior es infundado, por lo siguiente:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete, aprobó la tesis de jurisprudencia 10/97, del título: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", que aparece publicada en la página 277, Tomo V, marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia mencionada, publicada de la foja 278 a la 290 del tomo indicado, destacan los siguientes razonamientos.
"En efecto, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece lo siguiente:
"‘Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.
"‘El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por no establecerse así en el contrato:
"‘I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y
"‘II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.’
"Ahora bien, como se precisó al inicio de este considerando, es acertado el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en cuanto a que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no exige como requisitos el nombramiento como funcionario de la institución bancaria acreedora ni el acreditamiento del título del contador público, para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado por la institución bancaria al demandado, constituyan títulos ejecutivos, puesto que el texto del mencionado precepto sólo exige para esos efectos los dos documentos mencionados, lo que se corrobora con lo que se asienta en la última parte del párrafo primero, que dice: ‘serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.’.
"Asimismo, el segundo párrafo del mismo precepto establece que los dos títulos mencionados harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios, con lo cual queda plenamente demostrado que el mencionado precepto no exige mayores requisitos para conceder al acreedor el acceso a una vía privilegiada de cobro, como lo es el juicio ejecutivo.
"Debe advertirse que en virtud de que el segundo párrafo de dicho precepto contiene una presunción de legalidad, al establecer que el estado de cuenta certificado por el contador hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los demandados, lo cual se traduce en que quien suscribe dicha certificación es el contador de la institución de crédito autorizado por el banco y que el saldo es el correcto; a su vez, que queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio para demostrar lo contrario y destruir la presunción de legalidad establecida en el propio precepto.
"Por consiguiente, sustancialmente es correcto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en cuanto a que no es necesaria la comprobación de los requisitos relativos al nombramiento del funcionario de la institución bancaria y al título para el legal ejercicio de su profesión de contador público, para que los mencionados documentos adquieran la calidad de títulos ejecutivos, porque ello se traduce en una exigencia de mayores requisitos a los previstos en el precepto mencionado.
"Corolario de lo anterior, es la observación que se hace en relación con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que es opuesto al anterior que se ha declarado prevaleciente, en el sentido de que no precisa los fundamentos jurídicos del por qué deben ser exhibidos tanto el nombramiento del funcionario como la certificación del estado de cuenta del acreedor para que adquieran la calidad de título ejecutivo, tanto el contrato o póliza como la certificación de estado de cuenta y el argumento de que: ‘No cualquier empleado o funcionario bancario pueda extenderla, sino solamente aquel que esté legalmente autorizado para ello, dadas sus aptitudes y confianza que deposite en él la institución, para que confirme el estado de cuenta del acreedor.’, no constituye tal razonamiento jurídico." (el subrayado es de este tribunal).
La ejecutoria parcialmente transcrita pone de manifiesto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dejó establecido que éste no exige como requisitos el nombramiento de una institución bancaria acreedora, ni el acreditamiento del título de contador público para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza, donde conste el crédito otorgado por la institución bancaria al demandado, constituyan títulos ejecutivos; y que queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el juicio para destruir la presunción de legalidad del documento de que se trata.
Luego, la tesis de jurisprudencia que cita el inconforme, número 8/99, publicada en la página 5 del Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, prevé lo siguiente: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.-El artículo 68 de la ley invocada establece que los estados de cuenta certificados por contador autorizado por la institución de crédito acreedora, tienen el carácter de títulos ejecutivos. De esta disposición no puede desprenderse que los profesionistas mencionados queden relevados de la obligación de contar con el título profesional que de conformidad con el numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones, deben poseer para ejercer la profesión de contador, tomando en cuenta que cuando se impugna una norma jurídica que forma parte de un universo de disposiciones, sustantivas o procesales, el análisis debe ser sistemático y armónico, porque al no estar aisladas, sino como parte de un todo, es lógico que exista complementación, exclusión o inclusión entre todas ellas, de tal manera que permitan determinar su alcance e interpretación de forma cabal. En este sentido, debe entenderse que el hecho de que en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se señale en forma específica que los contadores a que se refiere deban reunir los requisitos constitucionales y legales necesarios para ejercer la profesión de contaduría no implica transgresión a lo dispuesto por el artículo 5o. constitucional, pues al haberse establecido en el Ordenamiento Supremo y en la ley reglamentaria respectiva, cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y los requisitos y autoridades facultadas para expedirlos, ya no se hace indispensable que en todos los ordenamientos legales en los cuales se aluda a las profesiones, en la especie la de contador, se reiteren dichas especificaciones.".
De la tesis de jurisprudencia transcrita no se advierte que el más Alto Tribunal del país estableciera como requisito adicional, a los establecidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, acompañar a los estados de cuenta el documento que acredite que el contador autorizado está facultado para ejercer tal profesión, sino que únicamente dispone que los profesionistas mencionados no están relevados de contar con el título profesional correspondiente; de lo que se infiere que, en todo caso, es materia de excepción el señalamiento de que quien suscribe el estado de cuenta bancario no es contador, y queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio para demostrar su aseveración y destruir la presunción de legalidad establecida en el precepto legal invocado.
Lo que implica que la aseveración de que quien suscribió la certificación del estado de cuenta no acredita ser contador, que revierte la carga de la prueba al actor, es muy distinta a esgrimir que el autor del estado de cuenta no demostró ser contador ya que, como quedó establecido, el artículo 68 no establece como requisito para la procedencia de la vía demostrar que el signante del documento aludido cuenta con el título de contador.
Por tanto, además de que no existe oposición entre la jurisprudencia 1a./J. 10/97 invocada en la resolución reclamada y la diversa P./J. 8/99 que cita la parte quejosa, tampoco la segunda interrumpió el criterio contenido en la primera; antes bien, de la ejecutoria que dio origen al último de los criterios, visible de las páginas 6 a la 31, Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se advierte que subsiste el criterio en el sentido de que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que el contrato o póliza en los que se hagan constar los créditos otorgados por las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado, son títulos ejecutivos, sin exigir otro requisito.
Cierto, en la ejecutoria de referencia se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:
"El precepto en comento (68) contempla los siguientes supuestos: 1. Que el contrato o póliza en los que se hagan constar los créditos otorgados por las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado, son títulos ejecutivos; 2. Que el estado de cuenta certificado por contador hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios en los siguientes casos: a) Cuando se pacte que el mutuatario o el acreditado pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos, en cantidades parciales; b) Cuando se autoricen reembolsos previstos al vencimiento de plazo; c) Cuando se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados. ... Así pues, de acuerdo con lo señalado por el legislador en el anterior precepto el certificado de cuenta aludido, hará fe del saldo a cargo del acreditado salvo prueba en contrario y el cual conjuntamente con el contrato de crédito será documento ejecutivo ..."
Así las cosas, para que tenga aplicación la tesis de jurisprudencia 8/99 invocada por la Sala, es menester que la parte demandada oponga como excepción o defensa, que quien expidió el certificado como contador autorizado no cuenta con el título profesional, previsto en el artículo 5o. constitucional y su ley reglamentaria, y que se demuestre la misma.
Conforme a lo anterior, es desacertada la consideración de los inconformes acerca de que es improcedente la vía por contravenirse el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque quien emitió el certificado contable exhibido por la parte actora no acreditó que estuviera facultado para el ejercicio de la profesión de contador público, ya que este numeral no establece como requisito que se demuestre que el contador autorizado por la institución cuente con título expedido legalmente para ejercer dicha profesión, en virtud de que goza de una presunción juris tantum en ese sentido.
El criterio anterior fue sostenido por este tribunal al resolver el amparo directo 2659/99, promovido por Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, que fue resuelto en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, mismo que dio origen a la tesis III.4o.C.4 C, visible a foja 1056 del Tomo XI, febrero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO. QUEDA A CARGO DEL DEMANDADO DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUIEN LO SUSCRIBE.-De la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 59/96, que dio origen a la jurisprudencia 10/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 277, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’, se advierte que el más Alto Tribunal de la nación, estableció que el precepto legal referido, no exige como requisito, para que la certificación del estado de cuenta con el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado por la institución de crédito al demandado constituyan título ejecutivo, el nombramiento como funcionario del banco acreedor, ni el acreditamiento del título de contador público de quien suscribe dicho estado de cuenta, ya que los dos títulos mencionados, harán fe salvo prueba en contrario para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o mutuatarios, y que además esa presunción de legalidad se traduce en que quien suscribe dicha certificación es el contador de la institución de crédito autorizado y que el saldo es el correcto, por lo que queda a cargo del demandado demostrar lo contrario en el juicio y destruir la presunción de legalidad establecida en el segundo párrafo del artículo 68 del ordenamiento legal citado. Por ende, no debe declararse la improcedencia de la vía, si con el certificado contable no se acredita por parte de la actora que el contador que lo expide cuenta con título profesional. Tampoco es óbice a lo anterior, la diversa tesis de jurisprudencia 8/99, consultable en la página 5, Tomo IX, febrero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: ‘INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU LEY REGLAMENTARIA.’, ya que de su contenido no se advierte que estableciera como requisito adicional a los contenidos en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, acompañar a los estados de cuenta el documento que acredite que el contador autorizado está facultado para ejercer tal profesión, sino que únicamente dispone que los profesionistas no están relevados de contar con el título profesional correspondiente; de lo que se infiere que, en todo caso, es materia de excepción el señalamiento de que quien suscribe el estado de cuenta bancario no es contador, y queda a cargo del demandado rendir las pruebas correspondientes en el propio juicio, para demostrar su aseveración y destruir la presunción de legalidad establecida en el precepto legal invocado.".
En otro contexto, los quejosos alegan que la acción es improcedente porque el contrato fundatorio de la acción no es de plazo vencido, al no haberse dado el aviso a que se refiere el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que la Sala al aplicar el artículo 78 del Código de Comercio soslaya lo dispuesto por aquel numeral, contrariando el principio jurídico de que la ley especial prevalece sobre la general, lo que deviene también infundado.
Lo anterior se afirma, en virtud de que este tribunal considera objetiva la consideración que esgrime la Sala, en cuanto a que debe atenderse al contenido de la cláusula vigésima cuarta del contrato fundatorio, pues de acuerdo con el artículo 78 del Código de Comercio la voluntad de las partes deber regir en el caso, concretamente en cuanto a la facultad de la institución bancaria de dar por concluido anticipadamente el plazo ante el incumplimiento de la ahora quejosa sin necesidad de dar aviso, puesto que no se obligó a ello.
En efecto, en el caso resulta inaplicable el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez que este precepto se refiere a un supuesto diverso, referente a la denuncia del contrato.
Los artículos 293 y 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, señalan:
"Artículo 293. Si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado, y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto a que se destina, o de algún otro modo convenido por las partes, se entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo."
"Artículo 294. Aun cuando en el contrato se hayan fijado el importe del crédito y el plazo en que tiene derecho a hacer uso de él el acreditado, pueden las partes convenir en que cualquiera o una sola de ellas estará facultada para restringir el uno o el otro, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato a partir de una fecha determinada o en cualquier tiempo, mediante aviso dado a la otra parte en la forma prevista en el contrato, o a falta de ésta, por ante notario o corredor, y en su defecto, por conducto de la primera autoridad política del lugar de su residencia, siendo aplicables al acto respectivo los párrafos tercero y cuarto del artículo 143.
"Cuando no se estipule término, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificándolo así a la otra como queda dicho respecto del aviso a que se refiere el párrafo anterior.
"Denunciado el contrato o notificada su terminación de acuerdo con lo que antecede, se extinguirá el crédito en la parte de que no hubiere hecho uso el acreditado hasta el momento de esos actos; pero, a no ser que otra cosa se estipule, no quedará liberado el acreditado de pagar los premios, comisiones y gastos correspondientes a las sumas de que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la notificación dichas procedan del acreditante."
Ahora bien, la denuncia del contrato es la facultad que tienen las partes para dar por terminado el contrato de manera unilateral sin responsabilidad y sin necesidad de incumplimiento de la otra parte, la cual puede verificarse, atendiendo al contenido del artículo 294 transcrito, en una fecha determinada o en cualquier tiempo, según se convenga.
Así es, Octavio A. Hernández, señala que denuncia es el derecho que tiene cualquiera de las partes contratantes para dar por terminado el contrato por su sola voluntad, aun cuando la otra parte cumpla con las obligaciones a su cargo. Denuncia, es causa que extingue las obligaciones (citado por Mario Bauche García Diego en su obra Operaciones Bancarias. Segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1974, página 41).
Igualmente para Carlos Felipe Dávalos Mejía, la denuncia del contrato es la facultad que asiste a cualquiera de las partes para darlo por terminado unilateralmente, sin que esto signifique denunciar el incumplimiento de la otra parte, o incurrir en incumplimiento al darlo por terminado (Títulos y Contratos de Crédito, Quiebras. Tomo II, Derecho Bancario y Contratos de Crédito. Segunda edición, Editorial Oxford University Press, México, 1999, página 718).
De esta forma, la denuncia no está supeditada a realización de alguna condición, como el incumplimiento en que incurra la otra parte, o incluso un evento futuro ajeno a su voluntad, como la disminución del valor de la finca dada en garantía, si no que puede hacerse en cualquier tiempo o cuando llegue la fecha acordada, según fuera el caso, pues la ausencia de restricciones es la nota característica de tal denuncia.
Al respecto, resulta aplicable la tesis con clave número TC034010.9CI1, elaborada por este Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo 2019/2000, en sesión de veintisiete de octubre del año dos mil, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"-En el artículo 294, relacionado con la apertura de crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se precisan tres supuestos: a) La facultad de restringir el plazo o el importe del crédito que tiene alguna de las partes o ambas; b) La facultad de denunciar el contrato, que es el derecho que tiene cualquiera de las partes para dar por terminado el contrato en forma unilateral, aun cuando la otra cumpla con las obligaciones a su cargo, lo cual podría hacerse en una fecha determinada o en cualquier tiempo, aun si no se hubiere restringido el plazo o el importe del crédito; c) La facultad de las partes para dar por concluido el contrato en todo tiempo cuando no se estipuló término. Tanto la restricción como la denuncia del contrato precisadas en los incisos a) y b), requieren que esa facultad se estipule expresamente en el contrato respectivo, no así la facultad para dar por concluido el contrato a que se refiere el inciso c), cuando no se estipule término, ya que no requiere de pacto expreso. La potestad referida tiene como característica que se realiza de manera unilateral, sin responsabilidad y sin que requiera de incumplimiento de la otra parte, ni de la realización de un evento futuro ajeno a los contratantes, sino sólo que se llegue a la fecha fijada para denunciar el contrato, o en su caso, que se cumpla el plazo del contrato, o que se haya dispuesto de parte del crédito. En los tres supuestos para ejercer la facultad, es necesario que se dé el aviso correspondiente en la forma pactada en el contrato o por medio de notario, corredor, o por conducto de la primera autoridad política, según lo prevé el precepto legal citado, a fin de que la otra parte tenga conocimiento de la decisión adoptada y esté en posibilidad de adoptar la eventualidad de la restricción o de la terminación del contrato ejercida, ya que al no existir incumplimiento de su parte es evidente que no está en posibilidad de conocer la decisión de quien da por concluido el contrato por los supuestos referidos. En cambio, si se pactan en el contrato diversas causas de vencimiento anticipado, por incumplimiento de una o varias obligaciones a cargo del acreditado, para ejercer esa facultad por parte del acreditante, no es condición necesaria dar el aviso a que se refiere el artículo 294 del ordenamiento legal citado, ya que el acreditado conoce o está en posibilidad de saber el motivo del vencimiento anticipado del contrato, pues su conducta omisa es la causa de ello."
De esta forma, si en el caso se dio por concluido de manera anticipada el contrato por el incumplimiento de la acreditada, es evidente entonces que tal facultad no se refiere a la denuncia del contrato, sino a la diversa de concluir de manera anticipada el mismo, sobre todo cuando se advierte, en la parte que interesa de la cláusula vigésima cuarta, lo siguiente:
"Vigésima cuarta. Vencimiento anticipado. ‘La parte acreditante’, se reserva la facultad de dar por vencido anticipadamente el plazo para el reembolso del importe del crédito y sus intereses, sin necesidad de requisito o trámite previo alguno, si ‘la parte acreditada’ faltare al cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en este contrato o además de en los casos en que la ley así lo previene, en cualesquiera de los siguientes supuestos ..."
En síntesis, la facultad de dar por vencido de manera anticipada el contrato por incumplimiento, es independiente de la facultad de denunciar el contrato en cualquier tiempo.
En virtud de lo anterior, ante lo infundado de los motivos de queja, lo procedente es negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. de Jesús Hernández García y Alicia Álvarez de Hernández, contra las autoridades y por los actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Francisco Javier Villegas Hernández, Jaime Julio López Beltrán y Elías H. Banda Aguilar.
Nota: La tesis de rubro: "", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número III.4o.C.10 C, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1741.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7449-92a1ba1f/denuncia-o-restriccion-del-contrato-de-apertura-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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