VIOLACIONES PROCESALES. ES IMPROCEDENTE SU ESTUDIO POR PARTE DEL TRIBUNAL AD QUEM CUANDO LAS MISMAS SE HACEN VALER A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1.366 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 741/2007. ÁNGEL GARCÍA LARA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Las manifestaciones de inconformidad expresadas a manera de conceptos de violación por el quejoso, cuyo estudio por razones de orden y método se realiza en una secuencia diversa a la propuesta, son imprósperas, por las razones que a continuación se expresan.
En principio, debe precisarse que no puede prosperar lo esgrimido por el quejoso en parte de su segundo concepto de violación, acerca de que la Sala responsable se ha abstenido de pronunciarse respecto a la violación a sus garantías de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, opuesto a lo aducido por dicho impetrante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal pronunciamiento es de la competencia propia y exclusiva de los órganos de control constitucional y no de los tribunales comunes de segunda instancia, que sólo limitan su estudio al examen de la legalidad de las sentencias dictadas por sus inferiores, pero no examinan la constitucionalidad de las mismas, por carecer de facultades para ello, precisamente porque de acuerdo con lo establecido en el aludido numeral 103 constitucional, son los Tribunales de la Federación, quienes deben resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales.
Tampoco pueden prosperar los diversos motivos de disenso esgrimidos por el agraviado en sus conceptos de violación, acerca de la inobservancia por parte de la Sala Civil responsable de los artículos 107, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 159 y 161 de la Ley de Amparo pues, como fue precisado de manera precedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución General de la República, son los Tribunales de la Federación, quienes deben resolver, entre otras, de toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales y, precisamente, el numeral 107 de dicho Ordenamiento Supremo establece las bases constitucionales a través de las cuales debe desarrollarse el juicio de garantías, normas fundamentales que a su vez se ven desarrolladas en numerales como el 159 y 161 de la Ley de Amparo, lo que pone de manifiesto que no es a los tribunales, como el de apelación responsable, a quienes compete la aplicación de los referidos preceptos, sino exclusivamente a los órganos que, conforme al contenido de los mismos, compete el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad.
También debe desestimarse lo esgrimido por el quejoso en su segundo concepto de violación, en cuanto a que le causa perjuicio jurídico el fallo reclamado porque la Sala responsable no se pronunció respecto de lo que adujo acerca de la "caducidad de pleno derecho" pues, contrario a tales motivos de disenso, debe tenerse en cuenta en primer término que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el estudio del tribunal de apelación, se limita a lo expuesto en los agravios y, en el caso, según se desprende del pliego relativo, el apelante, ahora quejoso, sólo expresó como argumentos impugnatorios lo relacionado con la ilegalidad del dictado de la sentencia de primera instancia por encontrarse pendiente de resolución el incidente de nulidad que promovió, así como la indebida desestimación de sus excepciones y defensas por parte del Juez primario, por lo que lo relativo a la actualización de la aducida figura de la "caducidad de pleno derecho" no fue motivo de las inconformidades vertidas ante dicha alzada y, por tanto, contrario a lo que se aduce, la autoridad responsable no tuvo oportunidad legal de pronunciarse a ese respecto, precisamente porque no le fue planteado el análisis a ese respecto por el recurrente y, por consiguiente, no se ve actualizado el menoscabo jurídico aducido por el agraviado.
Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada con el número 414, consultable en la página 280 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. La materia de la segunda instancia queda circunscrita a las cuestiones que se plantean en los agravios, por lo que el tribunal ad quem, queda impedido para entrar al estudio de cuestiones que no fueron planteadas, pues si lo hiciera supliría la deficiencia de los agravios, lo que sería ilegal."
De igual forma, debe desestimarse lo esgrimido por el quejoso en el segundo de sus conceptos de violación, respecto a que, a su consideración, se infringe en su perjuicio el principio de legitimación procesal activa, al haberse estudiado y resuelto en forma parcial los agravios que adujo ante la alzada pues, contrario a tales argumentos, se tiene que la legitimación en el proceso constituye un presupuesto procesal necesario para que la acción la ejercite quien tenga capacidad para ello (personalidad), pero en el caso, en la sentencia reclamada no se resolvió nada acerca de que el impetrante no estuviere facultado conforme a la ley para comparecer, ya sea para intentar su acción reconvencional o para promover los medios de defensa ordinarios establecidos en la legislación adjetiva aplicable al procedimiento de origen que, en el caso, lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, sino que los argumentos que planteó como agravio, resultaron inoperantes porque los mismos no resultaban posible jurídicamente atenderlos por tratarse de violaciones procesales, de las cuales dicho tribunal de apelación apreció que carece de facultades para pronunciarse al respecto; por ello, no es acertado que la autoridad hubiere atentado en contra de la aludida legitimación procesal activa.
En el mismo sentido, deben desestimarse los restantes motivos de disenso esgrimidos por el quejoso en el primero y segundo de sus conceptos de violación, acerca de que el fallo reclamado es ilegal porque, a su consideración, la Sala responsable omitió analizar en su integridad el primero de sus agravios de apelación, en donde expresó que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento porque el incidente de nulidad de notificación y las consecuentes actuaciones que promovió en contra de la relativa al acuerdo emitido en la Junta de conciliación y depuración procesal, se encontraba sub júdice antes de dictarse la sentencia de primera instancia ello, precisamente, a virtud del recurso de apelación que interpuso en contra de la interlocutoria que resolvió dicha incidencia y, por tanto, a su consideración, no era dable que se emitiera la referida resolución primigenia, así como lo relativo a que el juzgador primario, ilegalmente, acordó que pasaran los autos para dictar sentencia, cuando de manera precedente dictara un proveído en el que determinó que ello no era posible por encontrarse pendiente de resolverse en definitiva el aludido incidente de nulidad, decreto que se encontraba firme y vigente por no haber sido impugnado por los ahora terceros perjudicados.
Asimismo, en el segundo concepto de violación el impetrante, insiste en que le causa perjuicio jurídico lo resuelto por la autoridad responsable, porque ésta no se ha pronunciado sobre todas las violaciones procesales en que incurrió el juzgador de primera instancia y que se le hicieron notar en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 de la Ley de Amparo.
También en ese segundo concepto de violación, el impetrante esgrime que la sentencia reclamada no se encuentra debidamente fundada y motivada porque los agravios que vertió en la alzada son suficientes para evidenciar las infracciones a las leyes del procedimiento cometidas en su perjuicio, y que debieron conducir a dicha responsable a ordenar la reposición del procedimiento; por ello, refiere dicho impetrante que es ilegal lo concluido por la Sala responsable acerca de que no combatió adecuadamente la sentencia definitiva, pues insiste en que a través de sus inconformidades puso de manifiesto las violaciones a las leyes del procedimiento que adujo.
Lo anterior también debe desestimarse porque, contrario a lo expresado por el quejoso, la Sala responsable sí tuvo en consideración el argumento relacionado con el indebido dictado de la sentencia de primera instancia por encontrarse sub júdice el incidente de nulidad de actuaciones promovido por Ángel García Lara, pues en razón de ese y los relacionados motivos impugnatorios que hizo valer en la segunda instancia, fue que la autoridad precisó que no obstante que resultaba apegado a constancias lo aducido en relación a que se encontraba pendiente de resolución en definitiva la incidencia de nulidad en comento, y que pese a ello, se dictó la sentencia de primera instancia, también se evidenciaba que en contra del auto de veintitrés de abril de dos mil siete que citó a las partes para oír sentencia el ahora quejoso lo había consentido, dado que no se inconformó en contra del mismo y que, por ende, dicha determinación gozó así de firmeza procesal pero, primordialmente, desestimó dichas inconformidades porque advirtió que las mismas resultaban inatendibles en la apelación en contra de la referida resolución primigénea, conclusión que es adecuada pues, como bien se señala en el fallo combatido, el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que el recurso de apelación tiene por finalidad que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior, como puede ser la sentencia definitiva, y que el apelante debe expresar los agravios que le haya causado el fallo recurrido, al tenor del diverso 1.380 de esa legislación, y si bien en esas disposiciones, ni en ninguna otra, existe distinción en cuanto si los motivos de inconformidad deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva, se concluye que sin duda el examen que de ellos se haga en el procedimiento de segunda instancia queda limitado a analizar los aspectos relativos a errores u omisiones que se hubieren cometido al emitir la sentencia apelada, lo cual excluye los acaecidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales suscitadas durante el desarrollo del juicio, máxime que en el trámite de la apelación no existe reenvío, ante lo cual, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse el fallo alzado para el efecto de ordenar al inferior la reposición del procedimiento; además, tampoco puede estimarse que el tribunal de segundo grado pueda sustituirse al a quo a fin de subsanarla, toda vez que su función es revisora, lo que finalmente determina que, efectivamente, en el recurso de apelación resulta improcedente analizar violaciones procesales planteadas en los agravios y, por ello, que se concluya en lo impróspero de los motivos de disenso en estudio.
Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 8/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO). El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."
Así como la diversa tesis II.2o.C.449 C de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1646 del Tomo XIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
" Conforme a la interpretación teleológica del artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se concluye que el recurso de apelación previsto por dicho numeral tiene por objeto y finalidad que el tribunal de alzada revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, siguiéndose de ello que dicho tribunal no podrá ocuparse de violaciones al procedimiento, precisamente porque éstas no se habrían cometido al dictarse la sentencia inicial recurrida; consecuentemente, la materia de dicha apelación se constriñe a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido en dicha resolución, lo cual excluye el estudio de las cometidas fuera de la misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio, concluyéndose de lo anterior que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado no procede analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios."
De ahí, que tampoco pueda prosperar lo esgrimido por el quejoso en cuanto a que la autoridad responsable fuera omisa en tener en consideración la inconformidad relativa a que el Juez de los autos no valoró todas y cada una de las pruebas ofrecidas en la referida incidencia, por lo que resolviera de manera ilegal el referido incidente de nulidad dado que, además, dejó de considerar que no le fue notificado en forma personal lo acordado durante la referida audiencia de conciliación y depuración procesal, que es la razón que originara su pretensión incidental de nulidad.
En efecto, lo anterior resulta impróspero, porque, como se ha visto, de lo dispuesto por el numeral 1.366 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México se obtiene que cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede estudiar violaciones cometidas durante el procedimiento pues, como ya se indicó, el recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal confirme, revoque o modifique esa resolución primigenia, de lo cual se infiere que únicamente puede analizar las violaciones que se alegue fueran cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar violaciones que se cometieron durante el procedimiento, pues para impugnar éstas existen recursos ordinarios; de ahí que, en esa tesitura, la Sala responsable no se encontraba en posibilidad legal de analizar y decidir respecto de los argumentos impugnatorios relacionados con dicho incidente de nulidad multirreferido, pues ello se revela como una violación a las leyes que norman el procedimiento, dado que no se trata de violaciones cometidas en la sentencia misma, sino fuera de ésta, esto es, dentro de la secuela del procedimiento, de las que como se ha visto, no puede el tribunal responsable ocuparse en la apelación en contra de la sentencia de primer grado y, por ello, que se insista en lo impróspero de la inconformidad en estudio, pues en la especie, la Sala Civil responsable no tuvo posibilidad legal de pronunciarse en el fallo combatido a ese respecto.
Ahora, con motivo de la referida infracción procesal consistente en la ilegal citación para sentencia por encontrarse pendiente de resolver el incidente de nulidad que hizo valer el aquí agraviado, en contra de la notificación de lo acordado durante la mencionada audiencia de conciliación y depuración procesal a que se refieren los artículos 2.121 a 2.125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, este Tribunal Colegiado de Circuito estima pertinente precisar que la misma deviene inoperante por inatendible en la presente vía constitucional, por las siguientes razones:
En efecto, de lo dispuesto por los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo se desprende que en los juicios de amparo directo, cuando el quejoso plantea una violación procesal, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado, según sea el caso civil, administrativo, del trabajo o penal; si así fuera, el Tribunal Colegiado de Circuito debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierto o no, si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de materia, si fue observado el precepto legal, acto seguido el tribunal debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías individuales que al efecto haga valer el quejoso, previo constatar si la violación trascendió al resultado de fallo.
Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia identificada con el número 1087, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se publica en la página 752 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS. De lo dispuesto por el artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de amparo directo a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado según sea el caso civil o penal, respectivamente; segundo, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en que se hace consistir la violación procesal es cierta o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia; y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de queja según el caso, previo constatar si la violación trascendió al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de éstas últimas porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales."
Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo, en sus once fracciones establece:
"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:
"I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;
"II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;
"III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;
"IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;
"V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;
"VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;
"VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;
"VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;
"IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;
"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;
"XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."
De lo antes transcrito, se aprecia que la violación procesal planteada por el impetrante, en cuanto aduce de ilegal el proveído que citó para el dictado de la sentencia de primera instancia por encontrarse pendiente la resolución definitiva de un incidente de nulidad que hizo valer, se encuentra plasmada de manera expresa como tal por la fracción VI del precepto 159 de la ley de la materia, precisamente porque, de conformidad con dicho precepto, deben estimarse violadas las normas que instrumentan el procedimiento cuando al quejoso "no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley" y al efecto el numeral 1.189 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dispone que el incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero también precisa como salvedad que "sí suspende la citación para sentencia, hasta que se resuelva en definitiva", dicha incidencia, por lo que le concede a quien lo interpone la oportunidad de que dicha vía sea resuelta definitivamente previo al dictado de la sentencia de fondo.
En ese tenor, se tiene como presupuesto fundamental para considerar un acto de autoridad dentro de un procedimiento seguido bajo la forma de juicio, como violación a las normas que lo rigen, es precisamente que exista una disposición que contenga algún requisito, exigencia o formalidad que deba observarse durante la secuela procesal, para que en principio, pueda considerarse como una contravención a las leyes que rigen al proceso.
Por consiguiente, se considera que el aludido argumento esgrimido por el impetrante, consistente en la ilegal cita para el dictado de la sentencia, se trata de un evento que aconteció, precisamente, durante la secuela procedimental de primera instancia, en el auto de veintitrés de abril de dos mil siete, donde se acordó la petición de la actora natural acerca de que se dictara sentencia definitiva en el juicio.
De ahí, que también deba decidirse sobre la certeza del hecho en que se hace consistir la violación procesal en comento y al efecto se tiene en cuenta que de las constancias que obran en los autos del sumario de origen, las que se analizan y valoran a la luz de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, se concluye que el hecho en que se hace consistir tal contravención es cierto pues, conforme con lo antes narrado, con fecha veintitrés de abril de dos mil siete, el juzgador de primera instancia proveyó lo siguiente:
"Auto. Toluca, México, veintitrés de abril de dos mil siete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, visto su contenido y el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento, en el artículo 2.143 del código procesal civil en vigor, túrnense los autos a la vista del Juez para que emita la sentencia que en derecho corresponda, surtiendo efectos de citación a las partes.- Notifíquese ..."
Ahora, de acuerdo con el artículo 161 de la Ley de Amparo, en los asuntos en materia civil, por regla general, las violaciones a las leyes del procedimiento, para ser examinadas en amparo directo, deben prepararse mediante la interposición del recurso ordinario correspondiente o, en su caso, impugnándolas como agravio en la segunda instancia, señalando el aludido precepto legal, en su último párrafo, que tales formalidades no serán exigidas en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, ni en los promovidos contra las sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia.
En el caso, según se ha reseñado en el apartado considerativo que antecede, el juicio natural tiene como contenido una acción de naturaleza civil, como lo es la acción de división de cosa común deducida en la vía ordinaria civil, por ende, no se afecta al estado civil, ni al orden y a la estabilidad de la familia, pues se trata de un juicio donde se deduce una acción real divisoria y no existe constancia de que se afecten derechos de menores o incapaces; por tanto, en el caso, la parte aquí quejosa sí se encontraba obligada para los efectos del juicio de garantías, a preparar la infracción adjetiva, mediante la interposición del recurso ordinario correspondiente.
De ahí, que se concluya que la inconformidad relacionada con la infracción adjetiva en estudio, es inoperante por inatendible en la presente vía constitucional, pues de una interpretación conjunta del artículo 2.143, en relación con los diversos 1.362 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se obtiene que respecto del auto de veintitrés de abril de dos mil siete, que fue el que proveyó la referida citación para sentencia, es procedente el recurso de revocación, pues se trata de un proveído que no admite expresamente la apelación y, en consecuencia, al no estar plasmado en la ley que en su contra no proceda recurso alguno, por consiguiente, deviene que el mismo puede impugnarse mediante revocación, medio de defensa ordinario del que no existe constancia en el sumario de origen de que hubiere sido agotado, por lo que en ese tenor, la infracción adjetiva en comento no fue preparada como lo dispone la fracción I del artículo 161 de la ley de la materia y, por ello, que se concluya que al no haberse cumplido con el referido requisito de técnica jurídica procesal, la misma deviene inoperante por inatendible en la presente vía constitucional.
Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.3o. J/15 del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio jurídico comparte este órgano colegiado, visible en la página 425 del Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:
"VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN AMPARO CIVIL. IMPROCEDENTE SU RECLAMACIÓN, SI NO SE IMPUGNÓ EN SU OPORTUNIDAD.-Del artículo 161, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de garantías de carácter civil en que se reclamen violaciones a las leyes del procedimiento, entre otros requisitos, el quejoso deberá preparar el amparo, es decir, que la violación la debe impugnar en el curso del mismo procedimiento, mediante el recurso o medio de defensa ordinario; y si la ley no concede recurso ordinario o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Por consiguiente, si se reclama una violación al procedimiento que no fue recurrida en el momento procesal oportuno, debe desecharse por inoperante, porque independientemente de que se haya cometido o no, el tribunal no puede examinarla, en la medida que no se surten los requisitos previos para su planteamiento en el juicio de amparo."
No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia de que el agraviado aduzca acerca de la existencia del diverso proveído de treinta de marzo de dos mil siete, en el que, en primer término, se negó acordar favorable la petición de la actora respecto de que se dictara sentencia en el natural, pues no obstante de que efectivamente a fojas trescientos veintiséis existe constancia de dicho proveído, pese a ello, no debe perderse de vista que dicho proveído fue sustituido procesalmente por el posterior acuerdo de veintitrés de dos mil siete, en donde sí se estimó procedente que pasaran los autos a la vista del Juez para el dictado de la sentencia y que, en esa tesitura, es dicha determinación la que generó la violación adjetiva aducida por dicho impetrante, la cual, como se ha visto, no fue debidamente preparada para ser examinada en la presente vía constitucional de amparo directo.
En esas condiciones, ante lo impróspero de los conceptos de violación del quejoso y al no advertirse motivo de queja que suplir, en términos de lo dispuesto por el numeral 76 Bis de la ley de la materia, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ángel García Lara, quien por su propio derecho, compareció a la presente vía constitucional, en contra del acto que reclamó de la Primera Sala Civil Regional de T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20764-244ba3a2/violaciones-procesales-es-improcedente-su-estudio-por-parte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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