VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO SE RECLAMA LO RESUELTO EN UNA APELACIÓN INTERMEDIA, DEBE SEÑALARSE COMO ACTO DESTACADO LA SENTENCIA RESPECTIVA Y COMO RESPONSABLE A LA AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LA EMITIÓ.
AMPARO DIRECTO 779/2006. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte e infundados en otra.
En el primero de los conceptos de violación se aducen diversas infracciones a las leyes del procedimiento; al efecto, el quejoso precisa que como la responsable estimó que no podía analizar violaciones procesales, por tal razón corresponde a esta autoridad federal resolver lo relativo; sin que en tal precisión se cuestionen las consideraciones que sustentó la responsable para determinar el no estudio de las violaciones procesales que se hicieron valer.
Atento a las diversas infracciones procesales que se aducen en el concepto de violación de mérito, resulta pertinente analizarlos en apartados por separado que se marcarán en incisos para su mejor comprensión.
A) Se sostiene que en el escrito de ofrecimiento de pruebas se propusieron, entre otras, las marcadas con los números 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 19, las cuales desechó el Juez de primera instancia en auto de dieciséis de julio de dos mil cuatro (fojas 331 a 333); el que combatió a través del recurso de apelación, registrado el toca con el número I-432/2004, del índice de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, habiéndose dictado sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, la que confirmó el desechamiento de aquellas probaturas.
Al respecto se aduce que en la referida sentencia fue que el Magistrado de la Quinta Sala en cuestión calificó de inoperante el agravio expresado, empero que ello resulta erróneo e ilegal, habida cuenta que confunde el término "litis" con los argumentos, que como agravios se expresaron en el recurso de apelación; es decir, que éstos, los agravios, son precisamente los razonamientos lógico-jurídicos que se exponen en la alzada para combatir en esa instancia la resolución que se recurre, y que por simple lógica, jamás pudieron formar parte de la contestación de demanda -libelo contestatio- pues hasta ese momento, en el presente caso, no existía un ilegal desechamiento de pruebas, lo cual deviene en la inaplicación de las tesis que bajo los rubros: "APELACIÓN, MATERIA DE LA." y "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.", pretende le sirvan de apoyo al acto reclamado. Tan es así, que la propia responsable, pretende justificar su actuar, en la resolución que constituye el acto reclamado, bajo el siguiente argumento: "Pero en el inadmisible supuesto de que no se configurara la afirmada inoperancia ...". De lo que se desprende, que esta Sala responsable no otorga seguridad jurídica al ahora quejoso, al aceptar en un "inadmisible supuesto", que puede estar equivocado, lo cual sucede en el particular, como más adelante se expresa.
Lo así aducido es inoperante, toda vez que el peticionario del amparo no combate las razones precisas en que el Magistrado de la Quinta Sala apoyó la declaratoria de inoperancia del agravio de mérito, según se verá a continuación.
En la sentencia dictada dentro del toca 432/2004, consta la transcripción del proveído relativo a las pruebas ofrecidas por el ahora quejoso, cuya parte del proveído que interesa señala:
"Por otra parte, dígase que no ha lugar a admitir las documentales que ofrece con los números 11 y 12, instrumental pública con los números 13, 14, 15, 16 y 19 e instrumental privada con el número (sic) 17, de su ocurso, toda vez que no fueron aportadas en su escrito de contestación de demanda, ni solicitó tiempo para presentarlas en dicho escrito y aunado a lo anterior, en fecha 8 ocho de junio del año en curso, la parte actora le acusó (sic) la rebeldía para que ya no exhibiera mas (sic) documentos tendientes a acreditar sus excepciones y defensas.
"En consecuencia, dígasele que no ha lugar a conceder el término (sic) extraordinario de prueba que solicitaba para el desahogo de las probanzas referidas con los números 13, 14, 15 y 16, toda vez que las mismas no fueron admitidas."
Posteriormente, el Magistrado desestimó por inoperante el agravio aducido en el aspecto concerniente por el que se combatía el desechamiento de las pruebas marcadas con los números 13, 14, 15, 16, y 19, merced a lo siguiente:
"TERCERO. El único agravio hecho valer, en un primer aspecto resulta inoperante.
"Y es que José Luis Álvarez García, para combatir la supuesta ilegalidad de la parte conducente del auto impugnado de fecha 16 dieciséis de julio del corriente, trata de introducir en esta segunda instancia los siguientes argumentos novedosos:
"‘... Por lo que respecta a las pruebas marcadas con los números 13, 14, 15, 16 y 19, consistentes en los informes que debieran rendir el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas; el Instituto Federal Electoral; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el director general de Operagua de Cuatitlán Izcalli, Estado de México; y, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria en Morelia, Michoacán, o jefe de la oficina correspondiente, su desechamiento también es ilegal, pues dichas pruebas fueron ofrecidas en legales tiempo y forma, en estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles.
"‘Según el inferior, no fueron aportadas en el escrito de contestación de demanda, ni se solicitó tiempo para presentarlas en dicho escrito, lo que conlleva a que pretenda apoyar su resolución bajo un argumento por demás ilega (sic).
"‘Por lo que hace a que el suscrito no solicitó en el escrito de contestación tiempo para presentar las pruebas mencionadas, es un argumento que carece de fundamento legal, ya que, si bien es cierto que el artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles ordena que el demandado deberá solicitar al Juez que se le conceda el tiempo necesario para completar los documentos en los que funda sus defensas, también lo es que la ratio agis de dicho numeral, se refiere a documentos de los cuales el propio demandado tiene aptitud de obtener por su cuenta, situación que en el presente caso no ocurre, pues se trata de instrumentales públicas que el suscrito no tiene a su disposición. En ese contexto lo único a que estaba legalmente obligado el suscrito, era (sic) acreditar que solicitó su expedición anteriormente, para que una vez obtenido fuese presentado ante el juzgador, lo cual está debidamente acreditado que así fue, ya que fueron exhibidos los acuses de solicitud de informes mencionados.
"‘Y por lo que hace a que no fueron exhibidas conjuntamente con el escrito de contestación a la demanda, tal argumento también carece de fundamento legal, porque no existe numeral alguno en el que se imponga a las partes a que exhiban informes que aún no existen, y que precisamente es el propio juzgador el que debe solicitarlos, pues en su caso, las partes únicamente tienen la carga de acreditar que solicitaron la información con anterioridad, tal y como ocurrió en la especie.
"‘...
"‘Ahora bien, en la especie, desde el escrito de contestación a la demanda el suscrito manifestó que no poseía los informes necesarios para acreditar sus defensas, y designó el archivo o el lugar en que se encuentran, por lo que en su caso, el Juez debió, desde entonces, enviar directamente los oficios correspondientes para que se le proporcionara la información respectiva, pero jamás desecharlos, ya que impide la posibilidad de que el suscrito acredite sus excepciones y defensas, lo que hace nugatoria la garantía de legalidad y debido proceso.
"‘Al ofrecer las pruebas de mi parte, el suscrito hizo referencia específica de que todos y cada uno de los documentos ofrecidos en los apartados 13, 14, 15, 16 y 19, fueron pedidos antes de contestar la demanda, y sin que a la fecha del escrito referido, sean (sic) hayan expedido. Tal situación se acreditó con los oficios que las dependencias de gobierno me enviaron, manifestándome que no era posible que se me expidiera la información solicitada, pero que, para el caso de que el Juez del conocimiento lo hiciera, sí se enviaría en vía de informe ...’.
"Sin embargo, más bien debió plantearlos al momento en que compareció a responder el libelo actio, cosa que jamás hizo, toda vez que de una simple lectura a su escrito relativo -del 20 veinte de febrero de la presente anualidad (fojas de la 179 ciento setenta y nueve a la 207 doscientos siete del juicio subyacente)- se advierte que cuando formuló sus defensas y excepciones con el objeto de destruir la acción de nulidad y/o inexistencia de acto jurídico por simulación que entabló en su contra Jaime Medina Garduño, únicamente adujo -de modo hasta vago e impreciso- que acreditará lo manifestado en su oportunidad (con el informe que rindiera el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y con el informe que rindiera el Instituto Federal Electoral, incisos E) y H) de sus objeciones al documento base de la acción, respectivamente, y séptima excepción denominada de simulación de pruebas).
"Luego es clara la inoperancia del motivo de disentimiento a estudio, porque si las nuevas argumentaciones aquí expuestas por el apelante no formaron parte del libelo contestatio, al jamás habérsele sometido a consideración al resolutor natural, quien -por ende- no estuvo en condiciones de pronunciarse sobre el particular como legalmente procediera en su resolución aquí combatida, menos aún puede hacerlo esta Sala, como no sea vulnerando el principio de congruencia regulador de los fallos civiles previsto por el artículo 602 del ordenamiento instrumental de la materia, acerca de que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, respectivamente, en la demanda y en la contestación, el cual si bien en un principio está dado para las sentencias, también es aplicable por analogía a los autos, como el aquí apelado.
"Cobran aplicación al respecto, asimismo, la jurisprudencia número 189 y la primera tesis con ella relacionada, provenientes de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultables en las páginas 335 y 336 del Volumen 1, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1988, que pasamos a transcribir:
"‘APELACIÓN, MATERIA DE LA.’ (se transcribe).
"‘AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.’ (se transcribe)."
De la lectura del fallo de apelación se desprende que el Magistrado en cuestión transcribió tanto el acuerdo desechatorio de pruebas como la porción de agravios donde el otrora apelante argumentaba la ilegalidad del desechamiento de las probaturas marcadas con los números 13, 14, 15, 16 y 19, al señalar, entre otros tópicos, que desde el escrito de la demanda había manifestado no poseer los informes necesarios para acreditar sus defensas, empero que había designado el lugar donde se encontraban, por lo que el Juez debió, desde entonces, enviar los oficios correspondientes, mas no desecharlas, así como que al ofrecer los medios de convicción anotados había referido que éstos fueron pedidos antes de contestar la demanda.
El Magistrado desestimó tal agravio como inoperante al considerar que lo así argumentado constituía un aspecto novedoso que debieron plantearse al momento de contestar la demanda, lo que en el caso no hizo el otrora apelante, toda vez que -precisó la autoridad de apelación- de la simple lectura del escrito contestatorio se advertía que cuando el entonces apelante formuló sus defensas y excepciones con el objeto de destruir la acción, únicamente adujo de modo vago e impreciso que acreditaría lo manifestado en su oportunidad (con el informe que rindiera el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y con el informe que rindiera el Instituto Federal Electoral, incisos E) y H) de sus objeciones al documento base de la acción, respectivamente, y séptima excepción denominada de simulación de pruebas). Por lo que aquellos agravios contenían nuevas argumentaciones que no formaron parte del libelo contestatio, al jamás habérselos sometido a consideración a su Juez a quo, quien, por ende, no había estado en condiciones de pronunciarse sobre el particular como legalmente hubiera procedido en la resolución entonces apelada, menos podía hacerlo la Sala como no fuera vulnerando el principio de congruencia regulador de los fallos civiles, previsto por el artículo 602 del código adjetivo, el cual, si bien es cierto que estaba dado para las sentencias, también lo es que era aplicable por analogía a los autos, como el entonces apelado.
En esa tesitura, el peticionario del amparo no combate las consideraciones anteriores, es decir, no pone de relieve en qué parte del escrito de contestación a la demanda manifestó no poseer los informes necesarios para acreditar sus defensas, ni en qué parte de dicho escrito designó el archivo o lugar en que se encontraban los documentos relativos a los informes de mérito, pues esto era necesario para evidenciar la ilegalidad de las consideraciones por las que la autoridad de apelación sustentó que el agravio relativo resultaba inoperante.
Si bien el quejoso refiere que el criterio del Magistrado en cuestión resulta erróneo e ilegal al confundir el término "litis" con los argumentos expresados en vía de agravios en la apelación, ya que los agravios son los razonamientos lógico-jurídicos que se exponen en la alzada para combatir en esa instancia la resolución recurrida y que, por simple lógica, jamás pudieron formar parte de la contestación de demanda porque hasta ese momento no existía un ilegal desechamiento de pruebas; lo cierto es que lo así argumentado resultaría inepto para los fines pretendidos, si se tiene en cuenta que en los propios agravios el ahora quejoso afirmó -según los apartados transcritos en la sentencia de apelación- que desde el escrito de la demanda había manifestado no poseer los informes necesarios para acreditar sus defensas y que incluso había designado lugar donde se encontraban, por lo que el Juez debió, desde entonces, enviar los oficios correspondientes, mas no desecharlas, y fue merced a tales afirmaciones que el Magistrado responsable señaló que en el escrito contestatorio de demanda no obraban las manifestaciones aludidas por el inconforme, ya que al controvertir la acción incoada únicamente había aducido, de modo hasta vago e impreciso, que acreditaría lo manifestado en su oportunidad, para así concluir -el tribunal de apelación- que lo vertido en esa parte del agravio devenía inoperante por contener aspectos novedosos no hechos valer en la contestación de demanda.
Por tanto, al dejarse de combatir las consideraciones por las que el Magistrado responsable estimó inoperante esa parte de agravios, el concepto de violación en examen igualmente se torna inoperante; al respecto, es aplicable, por compartirse, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 63, marzo de 1993, página 53, registro número 216788, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, sí se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante."
No es óbice que el Magistrado de la Quinta Sala Civil hubiese considerado que en el admisible supuesto de que no se configurara la inoperancia de la inconformidad esgrimida, ésta resultaría infundada, porque:
1. El oferente de las pruebas, "en primer lugar, no cumplió con la prescripción categórica de glosar a su contestación a la demanda los informes con los que pretendía fundar sus excepciones y defensas, ajustándose a lo estatuido por el artículo 328, fracción III, del código instrumental civil; en segundo término, porque omitió pedir un término necesario para recabarlos por su propia cuenta (numeral 343 de la enunciada ley); y, tercero, porque a raíz del acuse de rebeldía decretado el 8 ocho de junio pasado, estaba impedido para ofrecer documentos fundatorios de sus excepciones, salvo que fueren de fecha posterior, a menos que hubiere protestado que no tenía conocimiento de ellos, si fueren anteriores (dispositivo 331 del enjuiciamiento de la materia)".
2. "Ahora bien, no escapa a este tribunal ad quem la existencia de una nueva razón por la que procedía la desestimación de los multicitados elementos convictivos (13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis y 19 diecinueve), a saber, que si el recurrente desde antes de contestar la demanda realizó las gestiones tendientes a la obtención de los informes que emitiera la Dirección General de Operagua de Cuatitlán Izcalli, Estado de México, el Instituto Federal Electoral; la Secretaría de la Defensa Nacional y/o el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según se advierte de los ocursos con sello de recibido de fechas 16 dieciséis de febrero de la presente anualidad (el primero de ellos) y 17 diecisiete del propio mes (los 3 tres últimos), estuvo en aptitud de ponerlo bajo conocimiento del juzgador en ese momento (20 veinte de febrero del corriente año), y no esperarse hasta el 9 nueve de julio subsecuente para formular dichas manifestaciones, pues a través suyo se habría demostrado que trató de recabar el material justificativo de sus excepciones, pero que, por causas ajenas a su voluntad, no fue posible acompañarlas a su escrito contestatorio; máxime que tampoco estaba impedido para solicitarle al juzgador su intervención, en caso de no obtener resultados favorables".
Pues tales razonamientos fueron subsidiarios a la inoperancia previamente decretada, es decir, no constituyeron el sustento principal de la desestimación del agravio relativo. Sin que tenga razón el quejoso al argumentar que faltó seguridad jurídica porque la responsable aceptó que puede estar equivocada al referir "un inadmisible supuesto"; lo anterior es así, ya que al calificar de inoperante el agravio relativo la responsable expresó con claridad los motivos y fundamentos que tomó en cuenta para ello, por lo que en todo caso competía al peticionario del amparo exponer razonamientos tendientes a controvertir dicha inoperancia y, así, evidenciar lo inexacto de las consideraciones de la autoridad de apelación.
A propósito de los argumentos subsidiarios invocados por dicha autoridad responsable, el quejoso los tilda de erróneos e ilegales; para ello, rebate el argumento subsidiario transcrito en el apartado 1 con los motivos de queja cuyos párrafos destaca con los vocablos "... en primer lugar ... En segundo lugar ... En tercer lugar ...", (fojas 14 a 17 de la demanda de garantías), en tanto el argumento subsidiario transcrito en el apartado 2 lo combate con el motivo de queja cuyo párrafo inicia señalando: "Por último, tampoco le asiste razón legal a esta Sala responsable al considerar que existía una nueva razón para la procedencia de la desestimación de los multicitados elementos convictivos ..." (foja 18 de la demanda de garantías), en el que agrega que se dejó de estudiar dos párrafos visibles en la foja siete de sus agravios (donde señalaba que al ofrecer las pruebas hizo referencia específica de que los medios de convicción marcados con los números 13, 14, 15, 16 y 19 fueron pedidos por él antes de contestar la demanda, lo que acreditó con los oficios enviados por las dependencias de gobierno, en los que se le informaba que no era posible expedírsele la información solicitada sino sólo si la pedía el Juez vía informe, por lo que -concluía- al tratarse de pruebas instrumentales debía aplicarse el artículo 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado).
Lo así argumentado deviene inoperante, merced a que si bien el quejoso combate los razonamientos subsidiarios o de mayor abundamiento expresados por la responsable, lo cierto es que deja de controvertir los considerativos en que se sustentó la inoperancia de su agravio; al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por este órgano colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 874, registro número 188663, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANCIA DE LOS. Devienen inoperantes los conceptos de violación que se enderezan contra las consideraciones que a mayor abundamiento expone la autoridad responsable en el fallo reclamado, pero sin controvertir con razonamientos jurídicos concretos los puntos considerativos en que medularmente se sustenta el sentido de dicho fallo."
Habida cuenta que resultaría inexacto lo aducido respecto a que la responsable dejó de examinar los dos párrafos apuntados de sus agravios, encaminados a poner de manifiesto que al ofrecer las pruebas hizo saber al Juez de primera instancia que los medios de convicción ya los había pedido antes de contestar la demanda, pero que no se los expidieron y que, por ello, procedía la admisión de aquéllos en términos del artículo 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Se considera de esa forma porque, al margen de la inoperancia previamente decretada por la responsable, ésta sí analizó los párrafos en cuestión al exponer el segundo argumento subsidiario referido como la existencia de una nueva razón por la que procedía la desestimación de los elementos convictivos 13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis y 19 diecinueve, pues consideró que si el entonces recurrente desde antes de contestar la demanda realizó las gestiones tendientes a la obtención de los informes correspondientes, según se advertía de los ocursos sellados de recibido el dieciséis de febrero de dos mil cuatro (el primero de ellos) y diecisiete del propio mes (los tres últimos), estuvo en aptitud de ponerlo en conocimiento del juzgador al momento de contestar la demanda (veinte de febrero del corriente año), y no esperarse hasta el nueve de julio subsecuente -data en que ofreció aquellas pruebas en el juicio- para formular dichas manifestaciones, pues -precisó la responsable- a través suyo se habría demostrado que trató de recabar el material justificativo de sus excepciones, pero que, por causas ajenas a su voluntad, no fue posible acompañarlas a su escrito contestatorio; máxime que -agregó la autoridad de apelación- tampoco estaba impedido para solicitarle al juzgador su intervención, en caso de no obtener resultados favorables.
B) En torno a la inadmisión de la probatura marcada con el número 17, relativa al informe solicitado a cargo de la Parroquia del Sagrario Metropolitano, el quejoso sostiene que el desechamiento es ilegal, pues se trata de una prueba ofrecida en términos del artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, de un requerimiento efectuado a un tercero para que exhibiera un documento o, bien, rindiera informe; agrega que era carga del juzgador requerir a los terceros a efecto de que prestaran auxilio en la averiguación de la verdad; que no se tomó en cuenta que el ofrecimiento fue como informe y no como documento; que no era necesario acreditar haber solicitado la información relativa a tal probatura, pues se trata de información requerida a un tercero y no a una dependencia; que conforme al artículo 366 del código instrumental, el juzgador tiene el deber de allegarse de los elementos necesarios para conocer la verdad; por lo que "... al haber desechado la prueba de marras, el juzgador dejó al suscrito en estado de indefensión ..." (conceptos de violación visibles a fojas 6 y 7 de la demanda de amparo).
Es inoperante lo anterior, toda vez que los argumentos del quejoso están encaminados a poner de manifiesto la ilegalidad del desechamiento decretado por el juzgador de primera instancia, plasmado en auto de dieciséis de julio de dos mil cuatro, incluso, controvierten las consideraciones ahí insertas; cuando en el particular aquel desechamiento se combatió mediante recurso de apelación del cual conoció el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien al efecto radicó precisamente el toca número 432/2004, en donde dictó resolución que confirmó aquel desechamiento, con base en lo siguiente:
"Bajo otro orden de ideas, por lo que toca a la prueba número 17 diecisiete, no obsta que el artículo 381 del ordenamiento adjetivo civil faculte al Juez para requerirle a terceros que lo auxilien en su búsqueda por la verdad; en función a que al tratarse de un elemento convictivo mediante el que el demandado pretendía justificar sus excepciones, con entera independencia de que durante el curso del procedimiento se requiriera la intervención de particulares que ayudaran a esclarecer los puntos en disputa, el agraviado, por su parte, tenía la obligación de cumplir estrictamente las reglas inherentes en materia de ofrecimiento de documentos fundatorios de sus excepciones.
"Finalmente, huelga decirle al impugnante que si bien los preceptos 366 y 415 de la ley adjetiva del ramo contemplan la posibilidad de que el Juez o tribunal decrete en todo tiempo diligencias para mejor proveer, no menos lo es que tales actuaciones de ninguna manera pueden contravenir las disposiciones aplicables respecto al ofrecimiento y admisión de pruebas fundatorias de las excepciones, pues de lo contrario serán nulas conforme al numeral 579 del Código Instrumental Civil, que reza: ‘No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción de las disposiciones especiales de este código y del civil’, lo cual justo ocurriría si, como lo pretende el disidente, se mandaran admitir y recabar los elementos convictivos números ... 17 diecisiete ... bajo la modalidad de diligencias para mejor proveer; independientemente que de autos aparece que no se solicitó desahogarlas así, ni el juzgador natural ordenó rendirlas con esa calidad, ya que -en contraste con su apreciación- tales diligencias son potestativas para el Juez, nunca obligatorias."
Luego, al quedar sustituido aquel auto desechatorio del resolutor primigenio por la decisión del tribunal de apelación, es inconcuso que son las consideraciones adoptadas por éste y no las de aquél las que deben combatirse mediante los conceptos de violación. De ahí la inoperancia de que se trata.
Al respecto es aplicable, por compartirse, la jurisprudencia 277 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 2155, registro número 173420, que establece:
"VIOLACIONES PROCESALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN AMPARO DIRECTO PRETENDAN COMBATIRLAS, DEBEN ESTAR DIRIGIDOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES EMITIDAS AL RESOLVER EL RECURSO ORDINARIO QUE SE HUBIERE AGOTADO AL IMPUGNARLAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN QUE ACONTECEN. Si se atiende, en primer término a que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 de la Ley de Amparo, exigen para que las violaciones procesales puedan ser reparadas a través del juicio de amparo directo, haber agotado durante el curso mismo del procedimiento los recursos ordinarios correspondientes, si se cometieron en primera instancia, y que de no haber sido reparadas, que el motivo de inconformidad se reitere en agravios al apelar el fallo definitivo; y en segundo, a que acorde con los principios de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, conforme a los cuales, una vez que tales resoluciones han causado estado, sea por no haberse agotado los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos para combatirlas, o por haberse ya tramitado los conducentes, dichas resoluciones quedan firmes para ese procedimiento, sin que las autoridades que conozcan del juicio, ya sea en primera o segunda instancias puedan volver a examinarlas o desconocer sus consecuencias en el proceso y mucho menos revocarlas o modificarlas en una actuación posterior, así se tratare de la sentencia definitiva, ante lo cual, aun cuando al apelar el fallo de primer grado se hubiera reiterado el motivo de inconformidad en relación con una actuación considerada como violación procesal, si ésta ya fue analizada al resolver el recurso ordinario previsto contra tal determinación, la autoridad ad quem no puede analizar esa inconformidad con vista a remediar el vicio, en atención a que con anterioridad ya se había negado la reparación solicitada, agotándose con tal pronunciamiento la posibilidad de que las autoridades de instancia subsanen la violación procesal cometida; debe concluirse que los conceptos de violación que en el amparo directo se expresen para tratar de remediar dicha infracción, deben estar encaminados a poner de manifiesto la ilegalidad de la resolución pronunciada en el recurso ordinario que se hubiere agotado al recurrir la actuación en que se cometió y no la determinación del tribunal de segundo grado en la que, al resolver la apelación promovida contra la sentencia definitiva, se negare a ocuparse de esa cuestión, pues aquélla es la que rige la situación procesal que motiva la impugnación y no dicha abstención. Por tanto, ante la potestad federal debe ponerse de manifiesto que al atender los motivos de inconformidad que se hubieren expresado al agotar el recurso ordinario se infringió la ley; sin que sea dable ocuparse de la lega
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21005-2d0bad48/violaciones-procesales-cuando-se-reclama-lo-resuelto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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