PERITOS EN MATERIA DE GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA. NO ESTÁN OBLIGADOS A JUSTIFICAR ESTAR AUTORIZADOS PARA EJERCER ESA FUNCIÓN.
AMPARO DIRECTO 963/2002. JAVIER VELÁZQUEZ MORALES.
CONSIDERANDO:
IV.-En el primer concepto de violación el actor-quejoso hace valer una infracción a las reglas del procedimiento consistente en el acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno, mediante el cual la Junta denegó la revocación del perito Erasmo González de la Luz que le había sido nombrado al accionante y a tener como perito del actor a Rafael Rocha Olivares, quien emitió su dictamen y la Junta ordenó se guardara por separado bajo el argumento de que no cumplía con lo dispuesto en el artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, de identificarse como perito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, la violación procesal argumentada sí tiene tal carácter, por cuanto sostiene el inconforme que la prueba pericial en materia de grafoscopía, caligrafía y grafometría por él ofrecida no se recibió en términos de ley, al rechazar la Junta la designación de un nuevo perito por no haberse acreditado como tal.
Es fundada la violación procesal argumentada.
En efecto, en audiencia celebrada el dos de julio de dos mil uno, la parte actora objetó diversas documentales ofrecidas como prueba por la demandada, entre ellas una carta renuncia y recibo finiquito de dieciocho de diciembre del dos mil, ofreciendo para acreditar su objeción la pericial en caligrafía, grafoscopía y grafometría a cargo del perito que la Junta tuviera a bien designar, por no contar con los medios económicos suficientes para pagar los honorarios de un perito particular.
En audiencia de dos de agosto de dos mil uno la Junta, al respecto, acordó:
"... y como se desprende de la confesional del actor Javier Velázquez Morales, el mismo desconoció el contenido y firma de las documentales ofrecidas como pruebas por la parte demandada, resulta procedente desahogar las pruebas periciales ofrecidas por ambas partes, en tal virtud, se señalan las once horas del día treinta de agosto del año en curso, fecha y hora en la que tendrá verificativo una audiencia de desahogo de pruebas y en la que se recibirá el desahogo de las testimoniales (sic) ofrecidas por ambas partes en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, por la parte demandada, a cargo de su perito C. Germán Goytorrúa Barragán, y por la parte actora gírese atento oficio a la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, con residencia en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, para que en auxilio de las labores de esta Junta se sirva nombrar perito a la parte actora en las materias indicadas; peritos que deben comparecer a aceptar y protestar el cargo, quedando a disposición de los mismos los autos del expediente en que se actúa para su debida consulta y así estén en posibilidades de emitir su dictamen correspondiente, apercibiéndose a la demandada que de no presentar a su perito en el día y hora señalados, se le decretará la deserción de su probanza, apercibiéndose a las partes que de no comparecer a la citada audiencia se les tendrá por perdido su derecho para repreguntar a los peritos, todo lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 786 al 790, 821 al 825, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo." (foja 135 vta).
En la audiencia celebrada a las once horas del día treinta de agosto de dos mil uno se hizo constar:
"Abierta la audiencia por el C. Auxiliar: La secretaría de esta Junta da cuenta de que no obra en autos constancia de que se haya girado el oficio a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, a fin de que designe perito a la parte actora. A continuación se procede al desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte demandada a cargo del perito compareciente en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica. Doy fe." (foja 152).
Por lo que la Junta al final de la audiencia, en lo conducente, acordó:
"... Por no haberse nombrado hasta la fecha perito a la parte actora, nuevamente se señalan las doce horas del día veintisiete de septiembre del año en curso, fecha y hora que tendrá verificativo una audiencia de desahogo de pruebas, y en la que se recibirá el desahogo de la prueba pericial en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica ofrecida por la parte actora.-Gírese atento oficio a la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, para que en auxilio de las labores de esta Junta se sirva nombrar perito a la parte actora en las materias antes citadas. Apercibiéndose a las partes que de no comparecer en el día y hora señalado se les tendrá por perdido su derecho para repreguntar al perito con posterioridad, conforme a los artículos 17 y 821 al 825 de la Ley Federal del Trabajo." (foja 152 vta).
Siendo las doce horas del día veintisiete de septiembre de dos mil uno, dio inicio la audiencia de desahogo de pruebas de la siguiente manera:
"Comparecen bajo protesta de decir verdad: El C. Erasmo González de la Luz, perito nombrado a la parte actora, lo que acredita en términos del oficio número 17231-01, suscrito por el Lic. Carlos Marín Islas, director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de esta entidad, e identificándose con la credencial expedida por el Gobierno del Estado de México; por la parte actora su apoderado Luis Bladimir Acosta González, quien en este acto revoca el nombramiento del perito solicitado por esta H. Junta en auto de fecha treinta de agosto del año en curso, en el cual se solicita la designación de perito en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica, y nombrando como su perito al C. Rocha Olivares Armando Rafael, quien comparece a la presente audiencia y se identifica con su credencial para votar con fotografía, con número de folio 26197197, la cual exhibe en este momento en original y solicita a esta H. Junta se le devuelva por serle útil para otros fines. Por la parte demandada comparece Outsourceing de México, S.A. de C.V., así como Miller Pipeline de México, S.A. de C.V., su representante legal y apoderado, respectivamente, el C. Christian González García, quien en este acto también hace (sic) comparecer a su perito en materia caligráfica, grafoscópica y grafométrica al C. Felipe Arturo Bardales Ramírez en su carácter de perito de la parte demandada y quien se identifica en términos de una credencial expedida por el Instituto Superior en Pericia y Formación Continua, S.C., así como también en términos de la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones número 793303, en donde la primera que describí ya se encuentra debidamente agregada a los autos." (foja 157).
A lo que la Junta acordó:
"Se tienen por hechas las manifestaciones de los comparecientes para todos los efectos legales a que haya lugar, no habiendo lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la parte actora, por cuanto a que se tenga por rendido el dictamen que exhibe el C. Rafael Rocha Olivares, en virtud de que tan (sic) y como dio cuenta la secretaría de esta Junta, el mismo no ha acreditado a esta autoridad ser perito en la materia, motivo por el cual se le tiene por no revocado el nombramiento de perito que se le llegue hacer al actor por esta autoridad o por la competente, en tal virtud, se ordena guardar por separado del expediente en que se actúa, en el seguro de esta Junta, el escrito mediante el cual dice el C. Rafael Rocha Olivares rendir su dictamen, escrito que consta de cuatro fojas útiles suscrita por una sola de sus caras, se suspende la presenta audiencia y nuevamente se señalan las once horas del día veinticinco de octubre del año en curso, fecha y hora en la que tendrá verificativo una audiencia de desahogo de pruebas, y en la que se recibirá el desahogo de la prueba pericial caligráfica, grafoscópica y grafométrica ofrecida por la parte actora a cargo del perito que se le ha nombrado Erasmo González de la Luz, apercibiéndose a las partes que de no comparecer en el día y hora señalados se les tendrá por perdido su derecho para repreguntar al petio (sic), lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 821 al 825, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo." (fojas 157 vta. y 158).
Lo así acordado por la responsable es ilegal, de acuerdo con los razonamientos que a continuación se expresan.
El artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, establece:
"Artículo 822. Los peritos deben tener conocimientos en la ciencia, técnica, o arte sobre el cual debe versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la ley."
Del precepto transcrito se advierten dos hipótesis: Una, en el sentido de establecer que los peritos únicamente deben tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre el que debe versar su dictamen, y la otra, acreditar estar autorizados conforme a la ley, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados; en esa virtud, si el actor en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil uno optó por revocar el nombramiento del perito en materias caligráfica, grafoscópica y grafométrica que le había asignado la Junta, nombrando y presentando con tal carácter al C. Rafael Rocha Olivares, dado que la materia sobre la cual iba a emitir su dictamen no se encuentra reglamentada por la ley, no estaba obligado a probar estar autorizado para ejercer el oficio o función de perito; luego, en la especie, no puede válidamente exigirse que el perito nombrado por el actor tenga que ser necesariamente especialista, ya que tal proceder sería contrario a las disposiciones tutelares de la aludida probanza en materia laboral, en cuanto prevé el auxilio del trabajador que difícilmente puede pagar un perito general, menos aún contratar a un especialista, de donde por este motivo la responsable infringió el numeral citado y, por ende, las garantías individuales en perjuicio de quejoso, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número 2a./J. 55/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitada por la contradicción de tesis número 12/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 176, que es del tenor literal siguiente:
"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. PARA QUE TENGA VALOR PROBATORIO, NO ES NECESARIO QUE LOS DICTÁMENES PROVENGAN DE ESPECIALISTAS.-La intervención de peritos que no sean especialistas, pero tengan conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el cual debe versar su dictamen, en los términos del artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, no puede, válidamente, privar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje del ejercicio de su arbitrio jurisdiccional sobre el contenido de los peritajes para decidir sobre su alcance y valor probatorio, ya que no debe declinar en el perito, por más especializado que sea, la alta responsabilidad de externar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los respectivos dictámenes. Consecuentemente, tampoco es legal aceptar que con la sola demostración de que un perito no tiene la especialización correspondiente, su dictamen pierda todo valor probatorio de modo automático y, por contrapartida, que también de manera maquinal se le dé pleno valor al emitido por el especialista, además de que tal proceder sería contrario a las disposiciones tutelares de la aludida probanza en materia laboral, en cuanto prevé el auxilio del trabajador que, si difícilmente puede pagar un perito general, menos aún podrá contratar a un especialista."
Así como la diversa tesis número VIII.2o.34 L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 531, que es del tenor literal siguiente:
"PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL ARTÍCULO 822 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO LE IMPONE AL PERITO LA OBLIGACIÓN DE ACREDITAR QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA MATERIA A DICTAMINAR, NI ESTAR AUTORIZADO EN PROFESIÓN O ARTE NO REGLAMENTADOS.-El acuerdo en el que la Junta determina tener por no presentado al perito del actor con motivo de que aquél no acreditó con documento alguno tener los conocimientos que se requieren en la materia relativa a grafoscopía y grafometría, resulta violatorio de las garantías individuales de seguridad jurídica y debido proceso, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el diverso numeral 822 de la ley laboral no contempla la exigencia de que los peritos sean especialistas en la rama del saber para la que se les designa. Ello es así, si se toma en cuenta que el numeral en comento prevé dos hipótesis: una, en el sentido de establecer que los peritos únicamente deben tener conocimientos en la ciencia, técnica o arte sobre el que debe versar su dictamen y, la otra, relativa a acreditar estar autorizado conforme a la ley, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados; en esa virtud, si el actor ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía y grafometría para demostrar que era falsa la firma que se le atribuía, y esta materia no se encuentra reglamentada por la ley, como sí sucede con la arquitectura, medicina, química u otras ciencias o artes, entonces, el acuerdo impugnado es violatorio de las leyes reguladoras del juicio laboral y, por ende, de las garantías individuales a que se ha hecho referencia."
Es también aplicable a la consideración que antecede la tesis número II.T.109 L, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 829, que es del tenor siguiente:
"-El artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, prevé dos hipótesis, la primera relativa a que los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre la cual debe versar su dictamen y la segunda referente a que si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, los peritos deberán justificar estar autorizados conforme a la ley. Por lo cual, la hipótesis primeramente citada de ninguna manera alude a la exigencia de que el perito acredite dentro del procedimiento tener autorización para ejercer dicha función; circunstancia que sí prevé el segundo supuesto, pues establece que si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, los peritos deberán justificar estar autorizados conforme a la ley. En consecuencia, si la grafoscopía y documentoscopía no pertenecen a una materia reglamentada, como la arquitectura, medicina o química, el dictaminador en tal rama no tiene la obligación de probar estar autorizado para ejercer el oficio o función de perito."
Asimismo es conveniente invocar también la tesis II.T.171 L, sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 58/2000, el cinco de abril de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1218, que dice:
"PERITO OFICIAL. CUÁNDO PUEDE SUSTITUIRLO UNO PARTICULAR.-De acuerdo con lo establecido en la fracción III del artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta nombrará al perito del empleado, si el mismo lo solicita porque carece de posibilidades para cubrir los honorarios relativos. Ahora bien, esa disposición pretende evitar al trabajador los obstáculos de tipo económico derivados del pago de los emolumentos del especialista y le permite comprobar aspectos de carácter técnico; empero, cuando el oferente informa que se extinguió el impedimento de naturaleza monetaria y propone a su experto, el Estado se libera de la obligación de proporcionárselo y la autoridad debe tener con dicho carácter al último, lo cual no implica la revocación de sus decisiones, pues al cambiar las circunstancias por las que efectuó la primera designación, es dable dejarla sin efectos."
En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo impugnado, reponga el procedimiento a partir del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil uno, elimine la consideración por la cual no tuvo por revocado el nombramiento de perito hecho por el actor a favor de Rafael Rocha Olivares, acuerde lo conducente y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente.
Al haber resultado fundada la violación al procedimiento analizada es ocioso el estudio de los conceptos de violación de fondo, al nulificarse el acto reclamado como consecuencia de la protección federal concedida.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 440 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 775, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 76, 77, 78, 80 y 190 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se resuelve:
ÚNICO.-Para el efecto precisado en el último considerando de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Velázquez Morales en contra de la autoridad y por el acto señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que integran los Magistrados Fernando Narváez Barker, Alejandro Sosa Ortiz y José Luis Guzmán Barrera, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17739-3437b4ff/peritos-en-materia-de-grafoscopia-y-documentoscopia-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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