Corpus
Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-C, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003). VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1594/2004. · Registro digital (IUS): 18642
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN JOSÉ PORRAS GÓMEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 326.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1594/2004. JUAN JOSÉ PORRAS GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Conviene puntualizar, en primer término, que en el escrito de expresión de agravios el quejoso recurrente manifiesta, en síntesis, lo siguiente:

a) Que la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado vulnera los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues los razonamientos por los cuales resuelve negar la protección de la Justicia Federal carecen de fundamento jurídico.

b) Que contrariamente a lo señalado en el fallo recurrido, del análisis de la sentencia emitida por la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad 1382/03-04-01-3, se advierte la aplicación del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, habiendo determinado la autoridad fiscal (hoy tercera perjudicada), que no le resultaban aplicables al quejoso las normas correspondientes al acreditamiento del impuesto al valor agregado, toda vez que se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral.

c) Que es incorrecta la postura del Tribunal Colegiado en el sentido de que el artículo 2o. C del ordenamiento en comento, no le causaría perjuicio, sino que, por el contrario, le generaría un beneficio consistente en la exención del pago del impuesto, y que, por ello, los argumentos vertidos en contra del numeral resultarían inoperantes, porque sí se materializa una afectación en su esfera jurídica, acorde a lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, si se toma en cuenta que ese precepto no le permite recuperar el impuesto que le fue trasladado, lo cual no implicaría una indebida aplicación ni la actualización de un supuesto de pago de lo indebido en lo que concierne a los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal de dos mil uno.

d) Que sí existe un menoscabo en su patrimonio, debido a que al realizar actividades que, de conformidad con el artículo 2o. A del ordenamiento en cuestión, se encuentran gravadas con tasa del cero por ciento, el impuesto que se le trasladó por las erogaciones realizadas se convierte en costo que ella tiene que absorber, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

e) Que una vez analizado el perjuicio que le causa el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es patente que se configura la violación a la garantía de equidad tributaria, toda vez que otros contribuyentes que se dedican igualmente a la venta de productos gravados con la tasa del cero por ciento, que hubieren percibido ingresos superiores al límite precisado en ese artículo, se encontrarían en aptitud de recuperar el impuesto trasladado y, en su caso, solicitar la devolución del saldo a favor respectivo, mientras que el quejoso se vería obligado a absorber el impuesto trasladado como costo (en este apartado el recurrente procede a reiterar los argumentos planteados en los conceptos de violación, con el firme propósito de evidenciar la violación a las garantías de equidad y proporcionalidad de las cuales se duele).

f) Que la afirmada inconstitucionalidad se corrobora porque los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no son un criterio válido para negarle la posibilidad de recuperar el impuesto que se le traslada, máxime si se estima que las personas físicas y morales dedicadas al sector ganadero (actividad que considera primaria, al igual que la agricultura), o una moral que se dedique a la agricultura, podrán acceder a dicha recuperación y, en su caso, a la devolución del impuesto.

g) Que por estas razones no existe una justificación objetiva para realizar la distinción delimitada, lo cual deviene violatorio de los principios tributarios de mérito, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida, otorgándosele el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

En ese tenor, debe decirse que los anteriores planteamientos son esencialmente fundados para revocar la sentencia recurrida, ya que contrariamente a lo determinado por el órgano primigenio, el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sí afecta la esfera jurídica del recurrente, al no permitir el acreditamiento del impuesto vinculado a los actos o actividades afectos a la tasa del cero por ciento realizados por dicho causante, como lo dispone de manera general el artículo 2o. A del referido ordenamiento, lo que evidencia un perjuicio para el contribuyente susceptible de ser resarcido a través del juicio de garantías, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

En principio, cabe destacar que en términos generales, una exención -entendida como exclusión del supuesto de causación del gravamen-, resulta benéfica al implicar que el hecho o sujeto que contemple deja de ser relevante para la normatividad aplicable, lo cual conlleva una disminución en las obligaciones sustantivas y adjetivas que impactan la esfera jurídica del gobernado; sin embargo, el Tribunal Colegiado pasó por alto la circunstancia general que impera en lo que concierne al acreditamiento de impuestos, principalmente en el caso de los de tipo indirecto, en los que dicha figura jurídica resulta trascendental, ya sea en la mecánica del gravamen o en los fines que se propone el legislador.

En efecto, en el caso del impuesto al valor agregado el acreditamiento resulta de capital importancia a fin de que dicho gravamen efectivamente pese sobre el valor que se añade en el proceso de producción y distribución de bienes y servicios, de tal forma que el impuesto trasladado a los clientes del contribuyente, pueda verse atemperado en la medida del impuesto acreditable que le fue trasladado a éste por sus proveedores.

De igual manera, es a través de dicha figura jurídica que el legislador cumple los propósitos que persigue con el establecimiento de la tasa cero para determinados bienes o servicios, considerando que dichos fines implican la no afectación a los precios de venta de dichos satisfactores, así como el fortalecimiento de los correspondientes sectores productivos.

Por ende, si bien tradicionalmente puede considerarse que una exención resulta benéfica, no debe pasarse por alto el hecho de que -tratándose de gravámenes en los que el acreditamiento resulta trascendental en la mecánica del impuesto o para la consecución de los fines pretendidos por el legislador, como acontece en el caso del impuesto al valor agregado- la exclusión de los supuestos que norman la causación de la contribución, implica la privación de un mayor beneficio para aquellos sujetos pasivos que preponderantemente realizan actividades gravadas a la tasa del cero por ciento.

En tal virtud, se considera que la calificación de inoperancia de los conceptos de violación efectuada por el Tribunal Colegiado, pasa por alto que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sí impacta en la esfera jurídica del quejoso, por lo que procede abordar el estudio de fondo de los conceptos de violación al tenor de lo dispuesto en el artículo 91, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, de conformidad con las siguientes razones.

Cabe destacar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia, que la garantía de equidad tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o a un universo de causantes.

Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, marzo de 2000

"Tesis: P./J. 24/2000

"Página: 35

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 42/97

"Página: 36

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

Asimismo, también debe señalarse que el Tribunal Pleno ha establecido que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:

• No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;

• A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas;

• No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y,

• Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Es aplicable al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia que establece:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, junio de 1997

"Tesis: P./J. 41/97

"Página: 43

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."

En ese orden de ideas, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas.

Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado transgrede o no la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual dispone:

"Artículo 2o-C. Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de $1'000,000.00 por dichas actividades. La cantidad a que se refiere este párrafo se actualizará anualmente, en el mes de enero, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

"Asimismo, estarán sujetas a lo previsto en este artículo las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, no obstante que la totalidad o parte de sus actos o actividades no las realicen con el público en general, debiendo reunir, en todo caso, el requisito de límite de ingresos a que se refiere el párrafo anterior.

"Las personas a que se refiere este artículo estarán obligadas a recabar y conservar la documentación comprobatoria de las adquisiciones que efectúen, en los casos en que lo estén de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta."

De dicho numeral se desprende que no se encuentran obligadas al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general, siempre que en el ejercicio inmediato anterior hubieren obtenido ingresos que no excedan de un millón de pesos (cantidad que se debe actualizar). Asimismo, dicho artículo establece que la exención de referencia será aplicable a las personas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, aunque no realicen la totalidad de sus actividades con el público en general, siempre y cuando se cumpla con el requisito del límite de ingresos precisado.

De esta forma, el numeral en comento establece un tratamiento diferenciado para ciertos contribuyentes del impuesto al valor agregado, en función de los ingresos que hubieren percibido en el ejercicio inmediato anterior con motivo de la enajenación o prestación de servicios al público en general, aspecto que, desde luego, no constituye una cuestión relevante para efectos de dicho gravamen, dada su naturaleza jurídica.

Lo anterior es así, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el objeto del impuesto al valor agregado se aprecia en los actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios, por lo que no existe razón objetiva alguna para justificar un tratamiento diferenciado entre los contribuyentes del impuesto dependiendo del monto de los ingresos que hubieran obtenido en el ejercicio inmediato anterior.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir la parte conducente del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la cual se señala:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"I. Enajenen bienes.

"II. Presten servicios independientes.

"III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

"IV. Importen bienes o servicios."

Por tanto, el impuesto al valor agregado se establece en función de los actos o actividades gravadas, esto es, de la enajenación de bienes o prestación de servicios, del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o de la importación de bienes o servicios, y la base del mismo lo constituyen las cantidades que se perciban con motivo de dichos actos o actividades, las cuales representan una manifestación objetiva y aislada de la riqueza de los individuos.

En ese mismo orden de ideas, debe señalarse que el impuesto al valor agregado es un gravamen indirecto cuya nota distintiva radica en que puede ser trasladado por el contribuyente del impuesto a una tercera persona, de forma tal que la incidencia económica del tributo no recae en el sujeto pasivo del impuesto, sino en el consumidor final, tal como lo establece el propio artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al señalar:

"Artículo 1o. ...

"El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma."

Bajo ese contexto, queda claro que la diferencia en ingresos obtenida por los distintos sujetos pasivos del impuesto al valor agregado con motivo de la realización de sus actos o actividades, no constituye una circunstancia que justifique darles un tratamiento fiscal distinto, toda vez que los ingresos que los contribuyentes lleguen a percibir con motivo de dichos actos o actividades constituyen un elemento ajeno al hecho imponible del tributo.

Por tanto, si la exención contenida en el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se encuentra apoyada en elementos que, dada la naturaleza del impuesto al valor agregado, no guardan relación alguna con el mismo, ello ocasiona que se confiera injustificadamente un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igual situación jurídica, se pone de manifiesto que dicho numeral transgrede la garantía de equidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este contexto, debe tomarse en cuenta que tal como lo señala el quejoso, el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una distinción injustificada entre causantes del impuesto, misma que parte de las diferencias en el nivel de ingresos, y ello a pesar de que el tributo en comento es de los denominados indirectos, es decir, que se traslada al cliente del causante, mismo que grava el valor agregado en la realización de ciertos actos o actividades -enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como importación de bienes y servicios-.

Asimismo, el tratamiento diferenciado establecido por el numeral en comento, afecta el derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado, con lo cual se provoca un perjuicio a los contribuyentes que, como el quejoso ahora recurrente, se dedican a la realización de actos o actividades afectos a la tasa del cero por ciento.

A fin de clarificar lo anterior, resulta importante distinguir las consecuencias que derivan de la realización de actos o actividades gravados -y, específicamente, a la tasa del cero por ciento- por un lado, de las que corresponden a la realización de actos o actividades exentas por el otro.

La realización de actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado dan lugar a la causación del impuesto -a las tasas del cero, diez o quince por ciento, según sea el caso-, mismo que se traslada al consumidor del bien o del servicio de que se trate, motivo por el cual el causante del impuesto recibe no sólo la contraprestación pactada, sino también el tributo causado en la operación de que se trate.

De esta manera, habiéndose causado el impuesto, aun a la tasa del cero por ciento, el contribuyente cuenta con la posibilidad de acreditar el impuesto al valor agregado que, a su vez, le habría sido trasladado por sus proveedores en contra del impuesto causado por él mismo y que fue trasladado a sus clientes, de tal suerte que el contribuyente únicamente entera la diferencia entre el impuesto causado y el acreditable.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del cero por ciento producen los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a dicho ordenamiento.

Consecuentemente, en el caso de contribuyentes dedicados a la realización de actos o actividades gravados a la tasa del cero por ciento, lo anterior se traduce en la recuperación total del costo inherente al impuesto que le fue trasladado por sus proveedores. En efecto, dichas personas causan el gravamen trasladando cero pesos a sus clientes por concepto del impuesto, encontrándose en aptitud de acreditar todo el impuesto que les habría sido trasladado por sus proveedores, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En cambio, al realizar actos o actividades exentas, no se causa el impuesto al valor agregado, motivo por el cual no se efectúa traslado alguno al adquirente del bien o del servicio, lo cual se traduce en que la persona que enajena el bien o presta el servicio -al no ser un causante contemplado en la mecánica del gravamen-, se encuentra imposibilitado para efectuar el acreditamiento, de tal manera que el impuesto que le fue trasladado es absorbido por dicha persona como costo.

Como puede apreciarse, la realización de actos o actividades gravados a la tasa del cero por ciento, ofrece a los contribuyentes mayores ventajas que el régimen de exenciones al otorgar la oportunidad de acreditar el impuesto que le fue trasladado al causante por otros contribuyentes, recuperando dichos montos.

Los efectos correspondientes a la realización de actos o actividades gravadas a la tasa del cero por ciento, fueron introducidos por el legislador desde el año de mil novecientos ochenta y uno, al tenor de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta.

En el proceso legislativo correspondiente, pueden apreciarse diversas razones tomadas en cuenta al incorporar el régimen correspondiente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que se detallan a continuación.

En la exposición de motivos de la reforma legal señalada, se precisó lo siguiente:

"Valor agregado

"...

"Por otra parte, el sistema alimentario mexicano constituye la materialización de la preocupación fundamental de la Federación y de los Estados por proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos, el programa de productos básicos representa la parte sustantiva de la política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia es garantía de la política de redistribución del ingreso y de equilibrio de las relaciones costos precios.

"En consecuencia, se propone extender la tasa de 0%, a todos los alimentos, con el objeto de que se tenga la posibilidad de acreditar el impuesto que sea trasladado por todos los insumos y servicios que intervengan en su elaboración y comercialización; se propone igual tratamiento a la enajenación y uso o goce temporal de maquinaria y equipo, necesarios para el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca, a los fertilizantes, plaguicidas y demás productos de saneamiento agropecuario y a la prestación de servicios de suministro de energía eléctrica para bombeo de agua para riego en usos agrícolas.

"Este tratamiento fiscal ayudará sustancialmente a promover la elaboración de estos productos, para proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos y evitar hasta donde sea posible su importación."

Los propósitos de dicha reforma fueron avalados por el Poder Legislativo, expresando consideraciones análogas en los dictámenes elaborados por las comisiones correspondientes, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores. Así, en el dictamen elaborado en la Cámara de Origen se señala lo siguiente:

"Valor agregado

"En esta materia, es de resaltar el propósito de coadyuvar con el sistema alimentario mexicano a fin de proteger y mejorar el nivel de vida de la población menos favorecida, al extender la tasa del 0% a todos los alimentos permitiendo a los contribuyentes acreditar el impuesto que les sea trasladado en todos los insumos y servicios que formen parte de su elaboración y comercialización. Advierte la comisión que las demás reformas propuestas obedecen el resultado de la aplicación de las normas durante el año en curso y que es el fruto de la experiencia kilo que motiva las diversas precisiones que se hacen a las disposiciones en vigor."

Por su parte, en el dictamen elaborado en la Cámara de Senadores, se reiteraron dichas consideraciones, haciendo extensivo el tratamiento propuesto a la enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de maquinaria y equipo necesarios para el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca, a los fertilizantes, plaguicidas y demás productos de saneamiento agropecuario y a la prestación de servicios de suministro de energía eléctrica para bombeo de agua para riego en usos agrícolas. La parte conducente de dicho dictamen establece lo siguiente:

"Valor agregado.

"...

"El cumplimiento de los objetivos del sistema alimentario mexicano y el del programa de productos básicos, son de primordial importancia en las metas fijadas por el Ejecutivo Federal, por tal motivo se propone extender la tasa 0% a todos los alimentos, con el objeto de que se tenga la posibilidad de acreditar el impuesto que sea trasladado por todos los insumos y servicios que intervengan en su elaboración y comercialización; se propone igual tratamiento a la enajenación y uso y goce temporal de maquinaria y equipo, necesarios, para el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca, a los fertilizantes, plaguicidas y demás productos de saneamiento agropecuario y a la prestación de servicios de suministro de energía eléctrica para bombeo de agua para riego en usos agrícolas."

Como puede apreciarse, el legislador atendió a la importancia que reviste el sistema alimentario nacional a fin de proteger y mejorar el nivel de vida de los sectores sociales menos favorecidos. Asimismo, otorgó un valor particular al establecimiento de una política de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia sería garantía de la política de redistribución del ingreso y de equilibrio de las relaciones entre costos y precios.

Tomando en cuenta dichas consideraciones, se propuso el tratamiento correspondiente a las operaciones gravadas a la tasa del cero por ciento, con el propósito de que los causantes tuvieran la posibilidad de acreditar el impuesto que les fuera trasladado por todos los insumos y servicios que intervengan en la elaboración y comercialización de los productos vinculados con la alimentación de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18642-e793dcf5/valor-agregado-la-exencion-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.