PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEPENDIENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SUS RESOLUCIONES, RELACIONADAS CON LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de septiembre de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante escrito enviado por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, ********** (Magistrado presidente), ********** (Magistrado) y ********** (secretario en funciones de Magistrado), el tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante el Módulo de Intercomunicación de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo subsecuente MINTERSCJN)(1) y recibido por este Alto Tribunal el día mencionado, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2015, y el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 63/2015.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis número 35/2016, solicitó por conducto del MINTERSCJN a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, remitan copia certificada de la ejecutoria dictada en el asunto de su índice, amparo en revisión 63/2015, así como el proveído en el que informe si el criterio sustentado en el asunto se encuentra vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, así como el envío electrónico del nuevo criterio.
Asimismo, remitió los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
TERCERO.-Integración del asunto. Mediante acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, signado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia, se tuvo por debidamente integrada la presente contradicción de tesis, y se ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado ponente en el presente asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y porque el punto de contradicción determinaría el pronunciamiento en materia común.
Lo anterior es así, puesto que, mientras uno de los Tribunales Colegiados estimó que la competencia para conocer de actos de autoridades administrativas sobre custodia de menores de edad corresponde, por la naturaleza del acto (administrativo), a un Juez de Distrito en Materia Administrativa; el otro órgano colegiado llegó a la conclusión de que dicha competencia se suscitaba a favor de un Juez de Distrito en Materia Civil, por estar en juego el interés superior del menor.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro: "COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS)."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI SE SUSCITA EN AMPAROS EN MATERIAS DIFERENTES, CORRESPONDE CONOCER DE ELLA AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA."(3)
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado presidente **********, el Magistrado **********, y por el secretario en funciones de Magistrado **********, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
No es óbice a lo anterior, el hecho de que uno de los integrantes del Tribunal Colegiado denunciante funja como secretario en funciones de Magistrado, pues al contar con la debida autorización del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que cuenta con las facultades necesarias inherentes al encargo.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ESTÁ FACULTADO PARA DENUNCIARLA. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Jueces de Distrito podrán denunciar una contradicción de tesis; en ese tenor el secretario de Juzgado de Distrito encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede denunciar contradicciones de tesis, pues al sustituir en sus funciones al titular, con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, durante ese periodo tiene las facultades inherentes en su carácter de sustituto de aquél, como son la resolución de los juicios de amparo cuyas audiencias se hubiesen fijado durante ese lapso e incluso para pronunciar sentencia definitiva en procedimientos diversos a los de la materia de amparo, es decir, cuenta con todas las funciones jurisdiccionales del Juez de Distrito; lo anterior con el objeto de observar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de que se estima que sí cuenta con las facultades aludidas durante dicho lapso, pues lo que se resuelve en una contradicción de tesis permite establecer criterios jurídicos que servirán para resolver y brindar certeza jurídica respecto de aspectos jurisdiccionales, lo que corrobora su facultad de hacer la denuncia respectiva, además de que de no hacerlo dejaría de cumplir con la función inherente al cargo."(4)
TERCERO.-Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien conoció del amparo en revisión 63/2015.
En relación con dicho amparo en revisión, se señalan los siguientes antecedentes:
El veintiocho de noviembre de dos mil doce, nació el menor **********, hijo legítimo de **********; sin embargo, derivado de diversas complicaciones durante el parto, esta última falleció el cinco de diciembre siguiente.
Ante el fallecimiento de la madre del menor, el Departamento de Trabajo y Psicología de la Clínica Hospital Número **********, del Instituto Mexicano del Seguro Social, efectuó un reporte administrativo ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Ante los resultados de maltrato que arrojó la investigación, bajo el rubro de "riesgo leve", ocasionado por los conflictos familiares existente ante el fallecimiento de la madre biológica, el menor ingresó al Centro de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, denominado **********.
El veinte de diciembre de dos mil doce, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia recomendó el egreso del menor, para que quedara bajo responsabilidad, protección y cuidado de su tía abuela ********** (recurrente).
Juicio de amparo indirecto. **********, por escrito recibido el cinco de marzo de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, interpuso demanda de amparo indirecto, contra la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, por la determinación de la mencionada autoridad de retirarle la custodia del menor **********, sin que mediara procedimiento administrativo mediante el cual haya sido oída.
El Juez de Distrito del conocimiento admitió la demanda registrándola con el número **********. Seguidos sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional el trece de octubre de dos mil catorce, en donde se emitió la sentencia correspondiente, misma que se terminó de engrosar el día catorce siguiente, en la cual se determinó sobreseer en el juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que a la quejosa no detentaba el carácter de tercero extraña a juicio, pues tuvo conocimiento de los actos ventilados en el procedimiento de origen.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, el diez de noviembre de dos mil catorce, **********, por conducto de su abogado autorizado, interpuso recurso de revisión.
Del asunto conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual lo registró con el número de toca 63/2015, y lo resolvió en sesión del día veinte de mayo de dos mil quince, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, declarando la incompetencia del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para resolver el juicio de amparo indirecto, asimismo, se ordenó remitir el expediente de amparo indirecto al Juez de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León en turno, para que conociera del amparo indirecto en mención, lo anterior bajo los siguientes argumentos:
• Se abstuvo de analizar las consideraciones en que se sustentó el fallo recurrido, así como de estudiar los agravios hechos valer por la recurrente, ya que procede revocar la sentencia que se revisa, pues de oficio se advierte la incompetencia material del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.
• Lo anterior, porque se tiene conocimiento que la quejosa reclama de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la determinación de retirarle la custodia del menor **********, sin que medie procedimiento administrativo a través del cual haya sido oída, lo que a su consideración, tanto la naturaleza del acto reclamado, como de la autoridad responsable, son materia civil; y, por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, compete conocer a un Juez de Distrito especializado en esa materia.
• En primer lugar, determinó que, por regla general, las cuestiones de competencia no son impugnables a través del recurso de revisión; sin embargo, de conformidad al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.",(5) se estableció que en el citado medio de impugnación, el Tribunal Colegiado puede, válidamente, de oficio o a petición de parte, advertir la incompetencia del Juez de Distrito, al ser éste un presupuesto procesal, cuya naturaleza es de orden público.
• Así, en relación con el tema de incompetencia, el Colegiado parte de que la Constitución Federal ha establecido en favor de los particulares el derecho de acceso a la jurisdicción en su artículo 17.
• Consideró que todos los órganos están dotados de jurisdicción; sin embargo cada uno de ellos tiene atribuidas una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios.
• En relación con la competencia por materia, consideró que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con el derecho de justicia pronta, completa e imparcial.
• Estableció que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, en los artículos 51 a 55, de donde se advierten los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinar este tipo de competencia.
• Que de los artículos mencionados, consideró que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable.
• Que en el caso específico de los Jueces de Distrito en Materia Civil, estableció que son competentes para conocer de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 constitucional, así como de los asuntos de la competencia de los Jueces de Distrito que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 aludidos.
• Por lo que, para determinar la competencia por materia, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas.
Apoyó lo anterior en las jurisprudencias de rubros:
• "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."(6)
• "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."(7)
• Establecido lo anterior, precisó que la recurrente reclamó de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, la ilegal determinación de retirarle la custodia del menor **********, sin que mediara procedimiento administrativo mediante el cual haya sido oída.
• Ahora bien, para determinar la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, resultó importante destacar que de los artículos 1, 2, 7 y 8 de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se evidencia que la autoridad que emitió el acto reclamado en estudio, es de naturaleza formalmente administrativa; sin embargo, ello no puede ser un aspecto determinante para reconocer competencia a un Juez de Distrito en Materia Administrativa para que conozca y resuelva el amparo que se enderezó en contra de dicho acto, debido a que atento a las funciones que realiza la autoridad responsable, es autoridad materialmente civil, y al desentrañar las características jurídicas del acto reclamado, es posible concluir que se rige por disposiciones cuya naturaleza recae, más bien, en el ámbito del derecho civil, particularmente en la rama que se relaciona con el derecho familiar y de menores, por lo que debe estimarse que corresponde a la materia civil, aun cuando provenga de una autoridad formalmente de diversa naturaleza.
• Asimismo, que del contenido del artículo 5 de la mencionada Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se desprende que, en esencia, dicha dependencia tiene como objeto gestionar, vigilar, dirigir el mejoramiento y subsistencia adecuada y el desarrollo físico e integral del menor y la familia, temas que corresponden a instituciones jurídicas pertenecientes al derecho de familia, que es conceptualizado por el Diccionario Hispanoamericano de Derecho, como "una rama del derecho civil que regula las relaciones y efectos jurídicos que existen y se producen entre las personas unidas por nexos de sangre, adopción o matrimonio."
• Por lo que, se estimó que, si todo lo relativo a las relaciones y efectos jurídicos que existen y se producen entre ascendientes y descendientes, corresponden al derecho de familia, por ende, los actos reclamados relativos a la determinación del cuidado y custodia del menor, así como las consecuencias que derivaron de ello, tienen contenido materialmente civil.
• Lo anterior, porque no podría decidirse sobre la constitucionalidad del acto de autoridad, sin examinar y aplicar las normas de contenido netamente familiar que rigen la figura de la guarda y custodia de menores, cuestión que escapa a la competencia materia de los Jueces de Distrito Especializados en Materia Administrativa, según la normatividad establecida en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• En ese orden de ideas, los actos reclamados que afectan el ejercicio de los derechos de custodia que afirma la parte quejosa le asisten respecto del menor **********, es competencia de un órgano de amparo en materia civil, dado que es ésta la naturaleza material tanto de las autoridades responsables como del acto reclamado.
• Así, el acto reclamado en el juicio de amparo de origen consiste en la determinación de retirarle a la quejosa la custodia de un menor de edad, hijo legítimo de la señora **********, quien falleció debido a diversas complicaciones durante el parto, menor que había quedado bajo responsabilidad, protección y cuidado provisional de la tía abuela segunda materna, la recurrente **********, por disposición de la propia Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
• Que independientemente del derecho que reclama la aquí recurrente, en el caso están involucrados derechos inherentes a la convivencia, vigilancia, protección y cuidado del menor, al estar en juego la decisión sobre su custodia. Es por ello que dicha determinación debe ser atendida por un órgano especializado, debiendo guiarse por el interés superior del niño, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional; debiéndose examinar las circunstancias específicas para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego.
• Por lo que, al estar en juego el interés superior del menor, la suplencia de la queja opera en toda su amplitud, a fin de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles; pues, por su falta de madurez, requiere cuidados especiales y una protección legal reforzada que le permita alcanzar su mayor y mejor desarrollo.
• Igualmente, en el caso, de resultar necesario, las pruebas deben recabarse de manera oficiosa. Si los medios de prueba necesarios para determinar el mejor interés del menor, no son ofrecidos por las partes, el juzgador, de oficio, debe recabarlos y desahogarlos, a fin de tener la certeza de que lo decidido realmente es lo que más le conviene al menor.
Apoya lo anterior con la tesis aislada de rubro:
• "CONEXIDAD DE CAUSAS. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER EL JUZGADOR FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN CONTROVERSIAS QUE INCIDEN EN SU GUARDA Y CUSTODIA."(8 )
• Por lo que, atendiendo a la naturaleza de la materia de los actos reclamados, debe procurarse un debido cuidado respecto de los intereses del menor; por lo que se hace evidente que el presente caso es competencia de un órgano de amparo especializado en la materia civil.
• Lo anterior, independientemente de la naturaleza formal de las autoridades señaladas como responsables, pues no puede soslayarse que toda controversia que derive de derechos inherentes a la guarda y custodia de menores de edad, deberá resolverse en aplicación de normas de derecho civil, materia que deben conocer los tribunales de amparo especializados en dicha área, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al ser el acto reclamado y la autoridad responsable de naturaleza materialmente civil, y no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 51, 52 y 55 de esa misma ley.
• Que de los mencionados preceptos se puede advertir que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable; y, en el caso específico de los Jueces de Distrito en Materia Civil, estableció que son competentes para conocer de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 constitucional, así como de los asuntos de la competencia de los Jueces de Distrito que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 aludidos.
• Por lo que tomando en consideración que cuando el Juez de Distrito especializado resuelve un juicio de amparo siendo incompetente por razón de materia, como en el caso aconteció, se violan las reglas fundamentales del procedimiento en perjuicio de las partes, al prorrogar indebidamente su competencia por materia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, y remitir los autos al Juez de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en turno, en el Estado de Nuevo León, para que dicte la sentencia correspondiente.
Que en el presente resulta aplicable la jurisprudencia de rubro:
• "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."(9)
• No obstante lo anterior, determinó que la revocación únicamente se producía respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente, y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, pues al adoptar esta determinación se atiende, de modo preponderante, al principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial.
• Sin embargo, el Juez competente puede también decidir, si se reúnen todos los presupuestos procesales que le permitan dirimir la litis constitucional respectiva o si, en su caso, debe regularizar el procedimiento mediante la reposición de alguna actuación previa a la audiencia constitucional para que se integre adecuadamente el juicio.
Lo anterior, con base en la jurisprudencia de rubro:
• "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE."(10)
• Que la decisión tomada en la presente ejecutoria se refuerza con el criterio aislado de rubro:
• "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS."(11)
II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2015.
En relación con el recurso de queja, se señalan los siguientes antecedentes:
Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y del procurador de la Defensa del Menor y la Familia, con residencia en el Municipio de Nogales, Sonora, señalando como actos reclamados el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento de su menor hijo **********, consistente en la orden girada para que éste sea depositado indefinidamente en un albergue de esta ciudad de Nogales, Sonora; la omisión de emitir el dictamen definitivo sobre la viabilidad o no de la integración de su menor hijo **********, a su núcleo familiar; y la omisión de retornar con su padre, abuelos y/o demás familiares a su menor hijo **********.
Así, el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, registró la demanda con el número **********, requiriéndolo para que precisara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.
Toda vez que el quejoso dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, el secretario encargado del despacho desechó de plano la demanda de amparo, únicamente respecto del acto consistente en el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento de su menor hijo **********, consistente en la orden girada para que éste sea depositado indefinidamente en un albergue de la ciudad de Nogales, Sonora, por considerarla extemporánea; admitiéndola a trámite respecto de los demás actos.
Recurso de queja. Inconformes con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja, mismo que fue admitido a trámite por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, registrándolo con el número de toca **********.
Seguida la secuela procesal, el recurso fue resuelto en sesión de día uno de diciembre de dos mil quince, en el sentido de declarar fundado el recurso de queja por considerar que debido a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la orden librada por las autoridades responsables para que el menor fuera depositado indefinidamente en un albergue, constituye un acto positivo con ejecución de tracto sucesivo, no se actualizaba la extemporaneidad declarada; puesto que la sustracción del menor de la escuela donde estudiaba por las autoridades responsable, aconteció el cinco de junio de dos mil quince y, posteriormente, internado en un albergue en la ciudad de Nogales, Sonora, siendo que a la fecha de presentación de la demanda, el internamiento no había cesado.
Sin embargo, en lo que interesa, y para para la resolución de la presente contradicción de tesis, se hace referencia al estudio que realiza dicho Tribunal Colegiado en su primer considerando relativo a la competencia legal para resolver el asunto de su conocimiento, lo anterior con base a los siguientes argumentos:
• El Tribunal Colegiado determinó que era competente, por razón de grado, materia y territorio, para conocer de este recurso de queja.
• En cuanto a la competencia por grado y territorio consideró era competente, ya que se interpone en contra de un auto que desecha de plano la demanda de la parte quejosa, dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Nogales, esto es, dentro del Quinto Circuito, en el que este órgano colegiado ejerce jurisdicción. Lo anterior con base en las siguientes disposiciones:
• Los artículos 97, fracción 1, inciso a), 98 y 99, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V.
• Los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
• Asimismo, en cuanto a la competencia por materia consideró que un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer un recurso, debe atenderse tanto a la naturaleza de la autoridad responsable como a la del acto reclamado. Lo anterior lo apoyó en la jurisprudencia de rubro:
• "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."(12)
• Que en el caso, **********, por propio derecho y en representación de su menor hijo, en la demanda de amparo señalaron como autoridades responsables a la directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y al procurador de la Defensa del Menor y la Familia, ambas del Municipio de Nogales, Sonora.
• Para determinar la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, consideró pertinente transcribir los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora. De igual modo, se transcribieron los artículos 1, 2, 3 y 37 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, ya que de éstos se advierte el origen jurídico-legal de la institución denominada, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
• Que del análisis de los preceptos señalados se colige que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, se creó como un órgano desconcentrado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora "DIF Sonora", el cual ejerce las funciones que le confieren específicamente la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, así como el Reglamento Interior de DIF Sonora, y demás ordenamientos jurídicos aplicables; de ahí su naturaleza formalmente administrativa.
• En cuanto al acto reclamado, determinó que consistió en la orden de internamiento (y el internamiento mismo) en un albergue de Nogales, Sonora,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26849-bdeab302/procuradurias-de-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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