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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2019. · Registro digital (IUS): 30189
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , Pág. 1463.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 24 DE MARZO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

III. Competencia

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo fracción VII y tercero del Acuerdo Plenario 5/2013,(1) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos y, al ser un asunto de orden penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.

IV. Legitimación

8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por un Juez de Distrito y la norma lo faculta para ello.(2)

V. Criterios denunciados

9. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, deben analizarse las principales consideraciones y argumentos en las que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones:

a) Queja 30/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito

10. Hechos. Al señor ********** se le instruye el proceso penal **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Por esa razón está privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.

11. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el señor ********** tuvo conocimiento que está en una lista de personas que serán trasladadas a un diverso centro penitenciario.

12. Juicio de amparo indirecto. Contra ello, el señor ********** promovió amparo indirecto, en el que planteó los conceptos de violación siguientes:

i) Se vulneró en su perjuicio lo previsto en el artículo 18 constitucional, pues no dio su consentimiento para ser trasladado a otro centro penitenciario.

ii) La ejecución de las penas está a cargo del Poder Judicial de la Federación y no de las autoridades administrativas.

iii) La orden de traslado no la emitió un Juez penal, por lo que proviene de autoridad incompetente.

13. Demanda de amparo que se registró con el número **********, en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco el que determinó desechar de plano la demanda. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a acudir al amparo, el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de apelación que prevé el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, tenía a su alcance un medio ordinario de defensa.(3)

14. Recurso de queja. Contra lo anterior, el señor********** interpuso recurso de queja en el que planteó los agravios siguientes:

i) En el acuerdo recurrido se realizó una interpretación incorrecta de la Ley Nacional de Ejecución Penal al considerar que previo a promover el juicio de amparo indirecto se debió impugnar la orden de traslado a través del recurso ordinario.

ii) La orden de traslado constituye un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues en su emisión no ha tenido intervención una autoridad judicial.

15. Sentencia objeto de contradicción. Del recurso conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, bajo el número de recurso de queja 30/2019. El Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso y confirmó el desechamiento de la demanda de amparo.

16. Los motivos que sustentan la decisión son los siguientes:

i) Acorde con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, antes de acudir a la vía constitucional la parte quejosa debe agotar el medio de defensa que permita revocar, modificar o nulificar el acto reclamado en el amparo, pues de lo contrario, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

ii) El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que de manera excepcional y mediante resolución administrativa la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar los traslados de personas privadas de la libertad, en esos casos, en las veinticuatro horas siguientes a que se ejecute el traslado se debe notificar al Juez competente, el cual tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad del traslado. En contra de esta resolución procede interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución.(4)

iii) La Ley Nacional señala que si dentro del plazo antes citado, el Juez no se pronuncia en los términos indicados, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra el traslado. Los artículos 116, 117, 122 a 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan las reglas de procedencia y procedimiento para su ejercicio.(5)

iv) Una vez admitida, correrá traslado a las partes, para que, en el término de cinco días, contesten, ofrezcan pruebas y la autoridad penitenciaria rinda el informe correspondiente, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia.

v) La audiencia será presidida por el Juez de Ejecución, el personal de la administración del juzgado de ejecución identificará toda persona que vaya a participar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Desarrollada la audiencia, el Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la determinación final, en la que deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados.

vi) Que, bajo ese contexto, fue correcta la interpretación del Juez de amparo sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, debido a que prevé un verdadero procedimiento conformado por diversas etapas, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión.

vii) Además, tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130, 131 y 135 de la legislación en comentario, lo que resulta acorde con el artículo 18 constitucional.(6)

viii) Si las autoridades administrativas ya iniciaron el trámite para realizar el traslado del quejoso, es evidente que se ubica en la hipótesis de actos dictados en el procedimiento de ejecución de penas, conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.

ix) Consideró correcta la decisión del Juez de amparo, pues en contra del acto reclamado procede su impugnación a través del medio ordinario de defensa, por tanto, previo a acudir al amparo, el quejoso tuvo que agotar la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En apoyo a sus argumentos citó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad."(7)

b) Queja 166/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

17. Hechos. Los señores ********** son personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México. Manifestaron que tuvieron conocimiento de que serían trasladados a un diverso centro de reclusión.

18. Juicio de amparo indirecto. Contra ello, los señores ********** promovieron juicio de amparo indirecto en el que expusieron el siguiente concepto de violación:

i. Que serán trasladados sin que la autoridad administrativa cuente con la respectiva orden judicial, lo cual vulnera en su perjuicio lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Constitución.

19. Demanda de amparo que se registró como 933/2019, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. La secretaria encargada del despacho de ese juzgado determinó desechar de plano la demanda. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a acudir al amparo, el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa, pues los traslados involuntarios pueden combatirse ante el Juez de Control o Ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva la controversia o recurso interpuesto.

20. Recurso de queja. Contra lo anterior, únicamente el señor ********** interpuso recurso de queja, cuando le notificaron el desechamiento de su demanda, sin que planteara agravio.

21. Sentencia objeto de contradicción. Del recurso conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número de recurso de queja 166/2019. El Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso y ordenó que se diera trámite a la demanda de amparo.

22. Los motivos que sustentaron dicha decisión son los siguientes:

i) No se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que aplicó el Juzgado de Distrito, toda vez que el traslado involuntario de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, sin previa autorización o calificación de legalidad (en caso urgente) por parte de la autoridad judicial, se traduce en una violación directa a la Constitución, lo cual es una excepción al principio de definitividad.

ii) Cuando los actos afecten directamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución o en tratados internacionales suscritos por nuestro país, que no sean posibles de reparar mediante un medio ordinario de defensa, se actualiza el supuesto de excepción a dicho principio, por lo que, en su contra, procede el juicio de amparo indirecto.

iii) La orden y ejecución de traslado de personas privadas de la libertad emitida por autoridad incompetente, sin estar sometida a control de la autoridad judicial facultada para ello, contraviene no sólo el nuevo régimen penitenciario imperante en nuestro país, también el derecho a que todo acto de molestia sea emitido por autoridad competente, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal. También se vulnera el artículo 21 de la Constitución porque la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal.

iv) La pretensión de trasladar a un sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro afecta indirectamente su libertad, por lo que debe ser solicitada al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida por una autoridad no facultada para ello contraviene de manera directa dispositivos constitucionales; por lo que puede impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sin la necesidad de agotar mecanismos administrativos y/o medios de defensa ordinarios.

v) Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado posiblemente emitida o autorizada por una autoridad administrativa, sin la intervención de una diversa judicial competente, se podría considerar como una violación directa a la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal.

vi) El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que como excepción al traslado voluntario previsto en el artículo 50 de esa ley, que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se haya realizado el traslado. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación. Si dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncia respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.

vii) Si la autoridad administrativa ejecuta el traslado, pero no actúa conforme al artículo citado, entonces no se puede exigir a la persona privada de la libertad que previo a promover amparo indirecto agote el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso ordinario denominado controversia judicial. Lo anterior, porque dicho traslado implicaría una transgresión directa a los derechos sustantivos reconocidos en los artículos 16, 18, 20 y 21 de la Constitución Federal.

viii) El numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la procedencia de la controversia jurisdiccional procederá en torno a los "derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados", mientras que en su último párrafo señala que la determinación de traslado por razones urgentes (integridad física y salud del interno, o por seguridad del centro), puede ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada; no obstante, el precepto 52, en sus dos últimos párrafos, regula un procedimiento específico consistente en que la persona privada de la libertad podrá interponer la controversia judicial contra la determinación administrativa de traslado involuntario (por causa urgente), siempre y cuando la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto a su legalidad dentro del plazo legal establecido.

ix) De los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal pudiese admitir interpretación legal, ello constituye una razón más para evidenciar que, en el caso, no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada.

x) Por lo que no puede afirmarse que la parte quejosa, previo a la promoción del amparo indirecto, debió agotar el mecanismo de control jurisdiccional que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal ante la eventual existencia del traslado involuntario materia de reclamo.

xi) No es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", porque no estudió el tema de los traslados, pues en dicho criterio se estableció que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, conclusión que resultó de la interpretación sistemática de la porción normativa relativa de los artículos 3, fracciones XVII y XXV, 9, fracciones I, II, III, VI y VII, 10, fracciones II, IV y V, y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, es inconcuso que el acto reclamado (traslado administrativo sin intervención judicial), escapa de la materia de estudio de la jurisprudencia citada.

VI. Existencia de la contradicción

23. El análisis de las ejecutorias emitidas por los tribunales contendientes nos permite concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

24. En la jurisprudencia P./J. 72/2010, el Pleno de este Alto Tribunal estableció que una contradicción de tesis será existente, cuando órganos jurisdiccionales terminales adopten, en sus sentencias, criterios jurídicos divergentes, siempre que se trate de un mismo punto de derecho, aun cuando sus condiciones fácticas no sean exactamente iguales.(8)

25. De conformidad con lo anterior, esta Primera Sala, en la jurisprudencia 22/2010,(9) determinó que las condiciones para la existencia de una contradicción de tesis son las siguientes:

a) Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

26. Tomando en cuenta lo precedido, respecto del primer requisito tenemos que ambos órganos contendientes, en uso de su arbitrio judicial, se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración.

27. Ambos tribunales analizaron si una persona privada de la libertad previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de una posible orden de traslado de un centro penitenciario a otro debe agotar o no el principio de definitividad, lo anterior en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

28. El segundo requisito, relativo a que los tribunales contendientes adopten un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se surte: el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, al resolver la queja 30/2019, sostuvo que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que la autoridad penitenciaria, excepcionalmente, podrá ordenar y ejecutar de traslados de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizar el traslado, en esos casos el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas, posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la determinación administrativa. En contra de esta resolución procede interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución.

29. Que dicha ley señala que en caso de que, dentro del plazo antes citado, el Juez no se pronuncie, la persona privada de su libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Que al prever un verdadero procedimiento, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión y de que la persona privada de la libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 y 135 de la legislación en comentario, entonces la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para controvertir un acto de ese carácter previo a acudir al juicio de amparo. Apoyó su decisión con el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por esta Primera Sala. Concluyó que ante esa cuestión se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo.

30. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en la queja 166/2019, estimó que no se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, toda vez que el traslado involuntario de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, sin previa autorización o calificación de legalidad (en caso urgente) por parte de la autoridad judicial, se traduce en una violación directa a la Constitución, lo cual es una excepción al principio de definitividad y, por tanto, puede acudir al amparo indirecto sin agotar el recurso ordinario.

31. Sostiene que la pretensión de trasladar a un sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro afecta indirectamente su libertad, por lo que debe ser solicitada al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, puede impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sin la necesidad de agotar mecanismos administrativos y/o medios de defensa ordinarios.

32. Que, si el traslado derivara de una determinación netamente administrativa no sometida al escrutinio judicial porque la autoridad penitenciaria no informó de ella al Juez correspondiente, como lo ordena el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entonces no sería dable considerar que el interno debe agotar el principio de definitividad mediante la interposición de una controversia judicial contra aquella resolución administrativa.

33. La jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", no cobra aplicación al asunto, porque dicho criterio derivó del tema de las condiciones de internamiento.

34. Esta Sala advierte que los tribunales contendientes no comparten la misma postura respecto a que si la persona privada de la libertad previo a promover juicio de amparo indirecto en contra de una posible orden de traslado de un centro de reclusión a otro debe agotar o no el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ello acorde con el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

35. El referido punto de contradicción se sintetiza en el cuadro esquemático siguiente:

Ver cuadro esquemático

36. Finalmente, se cumple con el requisito identificado con el inciso c), pues lo expuesto en los puntos que anteceden dan lugar a la formulación de la interrogante siguiente:

37. Previo a promover juicio de amparo indirecto en contra de una posible orden de traslado de un centro penitenciario a otro ¿debe agotarse el recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal?

VII. Estudio de fondo

38. Precisada la existencia de la presente contradicción, se procede al estudio de fondo, para fines de clarificar el criterio que debe prevalecer, el desarrollo del estudio se estructura de la manera siguiente: A) Reforma constitucional al procedimiento de ejecución penal; B) Perspectiva internacional en materia de traslados de internos conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; C) Tipos de traslados previstos en la Ley Nacional; D) Principio de definitividad; y, E) Jurisprudencia que debe prevalecer.

A. Reforma constitucional al procedimiento de ejecución y creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal

39. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión **********, examinó la reforma de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal de dieciocho de junio de dos mil ocho y la reforma de los artículos 1o. y 18 constitucionales, que se publicó el diez de junio de dos mil once, y concluyó que las cuestiones de trascendencia jurídica que pudieran surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con el trato que cotidianamente reciben los sentenciados, debían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal.(10)

40. Que correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los Jueces de Ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las situaciones que se podían producir dentro del centro penitenciario en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución adoptara la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos estén garantizados y sean efectivos.

41. El amparo en revisión citado fue el primer precedente del que derivó la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:

"PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los ‘Jueces de ejecución de sentencias’, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas."(11)

42. Al resolver la contradicción de tesis 57/2018,(12) esta Primera Sala precisó que con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal y con la reforma de diez de junio de dos mil once a los artículos 1o. y 18 constitucionales,(13) se introdujo el modelo penitenciario

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30189-a4dff838/orden-de-traslado-y-principio-de-definitividad-antes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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