COMPETENCIA PARA RESOLVER RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO, POR UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA SUSTANTIVA, CORRESPONDE A LOS JUECES DE EJECUCIÓN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN Y QUE TIENEN EL FUERO RELATIVO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA O EMITIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA MOTIVO DEL INTERNAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA, JAIME ALLIER CAMPUZANO Y JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO. DISIDENTES: LINO CAMACHO FUENTES (PRESIDENTE) Y ELIZABETH FRANCO CERVANTES, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: DARÍO CARLOS CONTRERAS FAVILA. SECRETARIO: JUAN ABAD VILLANUEVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 107, fracción XIII, párrafo primero y 225 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; los artículos segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; y la circular SECNO/17/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos que lo vienen haciendo en tanto entren en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de criterios suscitada en asuntos resueltos por Tribunales Colegiados en la misma materia y que pertenecen a este Circuito judicial, a saber: los Tribunales Colegiado Primero y Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec.
SEGUNDO.—Legitimación. La posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse denunciado por Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución.
TERCERO.—Planteamiento de la denuncia de posible contradicción. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución sustentó la denuncia de posible contradicción en los argumentos siguientes:
"Ahora bien, con independencia del trámite al que se avoca este juzgador en el presente expediente, debe señalarse que es un hecho notorio para el suscrito derivado del conocimiento de los diversos asuntos turnados a este órgano jurisdiccional en materia de ejecución, que en los conflictos competenciales suscitados entre este juzgador y un Juez de Ejecución Penal del orden común en las solicitudes de traslado **********, **********, ********** de nuestro índice, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito resolvió en sesiones de veintitrés de noviembre, catorce y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, en los conflictos competenciales 85/2021, 78/2021 y 92/2021, que correspondía al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, el conocimiento del asunto, en virtud de que, en esencia, determinó que, al tratarse de procedimientos de ejecución por delitos del fuero común, el Juez competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario era el juzgado de ejecución del mismo fuero que ejercía jurisdicción en el Centro Federal de Readaptación Social 13, lugar en el que se encontraba interno el solicitante.
"Asimismo, en las diversas solicitudes de traslado voluntario ********** y **********, respecto de tópicos similares (conflicto competencial entre el suscrito y un Juez del orden común), el referido Tribunal Colegiado, en los conflictos competenciales 83/2021 y 95/2021, en sesiones de treinta de noviembre y veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente, también resolvió que correspondía al Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, el conocimiento del asunto, pues abonó a las consideraciones que sustentaron los conflictos competenciales citados en el párrafo anterior, que en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se advertía contemplado el traslado como una condición de internamiento relativa al régimen de la vida diaria en reclusión, sino que éste afectaba indirectamente su libertad personal al modificar las condiciones en las cuales debía efectuarse la reclusión, por lo que el lugar en el cual debía cumplir con la determinación privativa de la libertad que le fue fijada, resultaba consecuencia natural de la impuesta por el juzgador de origen y se regulaba por disposiciones de naturaleza sustantiva, porque constituía una variante de la ejecución de la pena o de su modificación y duración, por tanto, el Juez competente como la normatividad aplicable debía guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción.
"En consecuencia, determinó que dicho Juez de Ejecución del orden común era legalmente competente para conocer del referido traslado, por haber sido determinada la privación de la libertad por una autoridad jurisdiccional del mismo fuero, aun cuando el peticionario se encontrara en el Centro Federal de Readaptación Social 13 ‘CPS-Oaxaca’.
"En cambio, en el conflicto competencial 90/2021, de igual manera suscitado entre este juzgador con el Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, derivado del expediente 1279/2021 en que se actúa, formado con motivo de la solicitud de traslado voluntario, el once de febrero pasado, se recibió la resolución emitida en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en la que determinó, en esencia, entre otras consideraciones, que al ya no poder ser estimado el traslado como una cuestión sustantiva que afectara de manera indirecta la libertad personal, sino como una condición de internamiento, al tener relación con temas de la vida en reclusión y totalmente desvinculados de aspectos sustantivos relativos a la imposición, modificación o duración de la pena impuesta, correspondía conocer del mismo al suscrito Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por ser quien ejerce jurisdicción en el Centro Federal de Readaptación Social 13 ‘CPS-Oaxaca’, que es el lugar en el que se encuentra recluido el solicitante del aludido traslado, sin importar que la privación de la libertad haya sido fijada por una autoridad jurisdiccional del fuero común.
"De lo que se aprecia que en un mismo tema relativo a determinar el órgano jurisdiccional en quien recae la legal competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario de una persona interna en el Centro Federal de Readaptación Social 13, con motivo de una resolución privativa de la libertad impuesta por un órgano jurisdiccional del orden común, se han emitido criterios discrepantes entre ambos Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. ..." (Lo resaltado es énfasis añadido)
CUARTO.—Pronunciamientos de los Tribunales Colegiados, cuyos criterios contienden en la contradicción de tesis. A fin de abreviar, se destacarán una ejecutoria de cada Tribunal Colegiado contendiente, desde luego, seleccionando la que ilustre mayormente el criterio sustentado y vigente, en los conflictos competenciales origen de la presente denuncia de contradicción.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
Conoció del conflicto competencial 83/2021, resuelto por unanimidad de votos, en sesión ordinaria virtual del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, al tenor de las consideraciones siguientes:
"QUINTO.—Estudio. Previo a determinar a qué órgano jurisdiccional compete conocer y resolver sobre la solicitud de traslado voluntario planteada por **********, resulta pertinente exponer algunas consideraciones que llevan a la conclusión (sic) que debe conocer de la petición de traslado, el Juez de Ejecución local (especializado), con jurisdicción en el centro penitenciario de esta ciudad, en el que se encuentra actualmente el procesado, como enseguida se explica.
"En efecto, para fijar competencia legal a favor de un Juez de Ejecución de sanciones penales, tratándose de aspectos relacionados con traslados nacionales, es menester puntualizar que el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece reglas de competencia, en los términos siguientes:
"‘Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales.
"‘Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del centro penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. ...’ (Lo subrayado no es de origen)
"En tal virtud, como se aprecia del contenido del artículo transcrito, se considera que las controversias suscitadas con motivo de traslados nacionales, podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del centro penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto; esta regla obedece a que el artículo 18 de la Carta Magna, en su tercer párrafo, establece que la Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
"En ese sentido, dadas las condiciones de dispersión de la población penitenciaria que impera en el país, el legislador estableció una regla para facilitar el acceso a la justicia, pudiendo plantear su petición de traslado o formulando una controversia contra una determinación relativa ante el Juez de Ejecución competente en el centro de reclusión en el que se encuentra interno, o bien, el del centro al que pretende ser trasladado.
"Por tanto, dada la posibilidad de convenios entre la Federación, las entidades federativas, esa dualidad de Jueces competentes pueden ubicarse tanto en el fuero local, así como en el fuero federal y no necesariamente Jueces del mismo fuero en el que se siguió su proceso.
"Así, de la citada disposición se advierte que el nuevo sistema de reinserción que contempla el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, así como el régimen de modificación y duración de penas, establecido en el párrafo tercero del diverso dispositivo 21 de la Carta Magna, entraría en vigor cuando así lo estableciera la legislación secundaria correspondiente, sin que pudiera exceder el plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la publicación del aludido decreto, lo cual se surtió el diecinueve de junio de dos mil once.
"La reforma a los numerales 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comento, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, atribuyendo al Poder Judicial la facultad de vigilar el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia ejecutoria.
"Así se explica en la jurisprudencia 17/2012 (sic), Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, página 18, registro digital: 2001988, que dice:
"‘PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los «Jueces de ejecución de sentencias», que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas.’
"Por su parte, los artículos 3, fracción XI y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, refieren:
"‘Artículo 3. Glosario
"‘Para los efectos de esta ley, según corresponda, debe entenderse por:
"‘...
"‘XI. Juez de Ejecución: A la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley; ...’
"‘Artículo 24. Jueces de Ejecución
"‘El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta ley.
"‘Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.
"‘Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales.
"‘La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales.’
"De los numerales previamente trascritos, se advierte que la regla de competencia territorial prevista, es aplicable tanto en la ejecución de la prisión preventiva como en la de la pena impuesta como sanción; en virtud de que ambas comprenden el ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objeto es, entre otros, establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva y por la ejecución de una pena, ambas impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
"Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 343/2017, en el cual interpreta los numerales en cuestión, sostiene que de ellos se advierte el reconocimiento del fuero del Juez de Ejecución, sea local o federal, como primer criterio para determinar al Juez competente para conocer de la controversia; es decir, el legislador ha reconocido que cada fuero debe decidir y dar continuidad tanto del proceso como de la etapa de ejecución de la pena.
"El segundo criterio establece que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la cual se hubiese impuesto la sanción en ejecución.
"Sin embargo, debe considerarse que la resolución del Juez de la causa que disponga la reclusión del sentenciado o procesado, no siempre condiciona la competencia del Juez de Ejecución vinculado al fuero de aquella autoridad; porque la jurisdicción del Juez Especializado para resolver aspectos relacionados con el cumplimiento de la sentencia se obtendrá, con independencia del fuero que la determina, de la propia materia de la controversia, ya que si ésta se vincula con aspectos sustantivos de la pena, como es su modificación y duración, será competente el Juez de Ejecución del fuero en el cual se haya determinado la prisión.
"Lo anterior fue retomado por esa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso conflicto competencial 206/2018, al establecer que de la interpretación literal y armónica de los artículos 24 y 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que si una persona es sentenciada por autoridad judicial del fuero común de una entidad federativa, pero se encuentra recluida en un centro penitenciario federal ubicado en otro Estado, el juzgador competente para conocer de la etapa de ejecución es el del fuero común que ejerce jurisdicción en dicho centro penitenciario; toda vez que en dicha normatividad el legislador federal reconoció que cada fuero debe decidir y dar continuidad tanto del proceso como de la etapa de ejecución de la pena, por lo cual el primer criterio que estableció para fijar la competencia legal de los Jueces de Ejecución, es precisamente el fuero en el cual fue sentenciada la persona y, el segundo, el lugar en el cual se encuentra privada de la libertad.
"Destacó que es cierto que ya se había pronunciado en casos similares en el sentido de que la competencia correspondía al Juez de Ejecución de sentencias que ejerciera jurisdicción en el lugar en el cual fue dictada la sentencia condenatoria; sin embargo, en aquellos casos la sentencia causó ejecutoria antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal; a diferencia del caso de ese nuevo conflicto, en el cual la sentencia se declaró ejecutoriada cuando ya había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal.
"En tal sentido, dilucidó que si el justiciable había sido sentenciado por un Juez del fuero común, y se encontraba interno en un Centro de Readaptación Social Federal, el competente para conocer de la ejecución de la pena era aquel de ese fuero que ejerce jurisdicción en el lugar de ubicación del referido centro federal.
"Sobre esa base, es dable afirmar que la jurisdicción de los Jueces de Ejecución del Poder Judicial de la Federación y del Estado de Oaxaca está vinculada a la naturaleza de la controversia que se plantee, ya que si se controvierte un aspecto sustantivo de la pena, el Juez competente será aquel del mismo fuero que el órgano jurisdiccional que la determinó.
"En esa tesitura, debe precisarse si la solicitud de traslado voluntario materia del caso en estudio, es una cuestión sustantiva de la pena o se ubica dentro de las condiciones de internamiento propias de la vida diaria durante la reclusión.
"En el caso concreto, el procesado se encuentra solicitando su traslado del 13 ‘CPS-Oaxaca’, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se encuentra interno en prisión preventiva; a un centro ubicado en la diversa entidad de Puebla; es decir, es una cuestión que atañe al lugar en el cual el procesado debe cumplir la prisión preventiva que le fue impuesta por una autoridad jurisdiccional local. "Para dilucidar lo anterior, se destaca el contenido del Capítulo II, denominado ‘Régimen de internamiento’, del Título Segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal (artículos 30 a 37), que precisa las condiciones de internamiento que deben garantizar una vida digna y segura para las personas privadas de su libertad, entre ellas, clasificación de áreas con base en criterios de edad, estado de salud, duración de sentencia, situación jurídica, servicios de buena calidad y de acuerdo a las necesidades del interno, protocolos de actuación que garanticen condiciones de internamiento dignas y seguras, atención médica, servicios particulares para personas indígenas, mujeres con hijos y medidas de vigilancia especial para persona privadas de la libertad por delincuencia organizada y aquellos que la requieran; sin que dentro de ese régimen de internamiento se haya contemplado al traslado del interno, sea voluntario, involuntario o por excepción al voluntario que respectivamente precisan los artículos 50, 51 y 52 de la propia legislación especial.
"De lo anteriormente expuesto, no se advierte contemplado el traslado del interno privado de la libertad como una condición de internamiento, relativa al régimen de la vida diaria en reclusión.
"Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 461/2012, sostuvo que de la literalidad de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que la orden de traslado de una persona privada de la libertad se encuentre dentro de las excepciones que la Norma Fundamental establece para restringir la libertad personal, por lo cual, en sí misma, no entraña una afectación a la libertad, al ser producto o resultado de un diverso acto que directamente la restringe; sin embargo, consideró lo siguiente:
"‘... si bien la orden de traslado no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí produce consecuencias que modifican las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo, o bien, ejecutarse; lo que trae como resultado una afectación indirecta de la libertad de dichas personas.’
"En ese contexto, el traslado de la persona privada de la libertad sí afecta indirectamente ese derecho fundamental, al modificar las condiciones en las cuales debe cumplirse la reclusión.
"Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (sic), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, página 800, registro digital: 2003323, que dice:
"‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo.’
"En consecuencia, el traslado de una persona privada de la libertad a diverso centro de reclusión no es un aspecto referente al régimen de internamiento que tienda a garantizar la vida digna y segura para la persona privada de la libertad, sino una cuestión sustantiva de aquélla, en cuanto modifica el lugar donde se debe cumplir la restricción de la libertad, determinado previamente por la autoridad jurisdiccional correspondiente.
"De ese modo, el lugar en el cual el imputado debe cumplir con la prisión preventiva que le fue impuesta, resulta consecuencia natural de la pena impuesta por el juzgador y se regula por disposiciones de naturaleza sustantiva, porque constituye una variante de la ejecución de la pena, o de su modificación y duración; por tanto, el Juez competente, como la normatividad aplicable deben guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción.
"En esa tesitura, de la intelección del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la jurisdicción para conocer de la controversia relativa al traslado de una persona privada de la libertad, sea voluntario, involuntario o sin autorización previa de la autoridad jurisdiccional, se surte a favor del Juez de Ejecución del fuero bajo el cual se haya emitido la resolución que determina la privación de la libertad, porque se trata de un aspecto sustantivo de aquélla.
"Atento a lo anterior, si bien el imputado y solicitante del traslado voluntario **********, quien se encuentra actualmente recluido preventivamente en el Centro Federal de Readaptación Social 13 ‘CPS-Oaxaca’, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por su probable participación por el delito de secuestro, en la causa penal 350/0020, de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Estado de Puebla, por ende, el Juez competente para conocer de la controversia planteada respecto de la solicitud de traslado voluntario de ese centro de internamiento, al Penal de Cholula o al CERESO de San Miguel de Allende, ambos con sede en el Estado de Puebla, con la finalidad de estar más cerca de su familia, porque el aspecto controvertido está relacionado con una cuestión sustantiva de la pena impuesta; es el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, porque que (sic) es el órgano judicial que ejerce jurisdicción en el lugar de ubicación del referido centro federal.
"Resulta ilustrativa al caso la jurisprudencia PC.IV.P. J/5 (sic), Décima Época, del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, abril de 2021, Tomo II, página 1187, registro digital: 2022930, que dice:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN REGULADA POR LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, RESPECTO DE UN SENTENCIADO POR AUTORIDAD JUDICIAL DEL FUERO COMÚN EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL UBICADO EN OTRO ESTADO. CORRESPONDE AL JUZGADOR DEL FUERO COMÚN QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL ALUDIDO CENTRO CARCELARIO. De la interpretación literal y armónica de los artículos 24 y 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que si una persona es sentenciada por autoridad judicial del fuero común de una entidad federativa, pero se encuentra recluida en un centro penitenciario federal ubicado en otro Estado, el juzgador competente para conocer de la etapa de ejecución es el del fuero común que ejerce jurisdicción en dicho centro penitenciario; toda vez que el legislador federal en dicha normatividad reconoció que cada fuero debe decidir y dar continuidad tanto del proceso como de la etapa de ejecución de la pena, por lo que el primer criterio que estableció para fijar la competencia legal de los Jueces de Ejecución, es precisamente el fuero en que fue sentenciada la persona y, el segundo, el lugar en el que se encuentra privada de la libertad.’ (Lo resaltado es énfasis añadido por este tribunal)
"De igual manera, se comparte el criterio contenido en la tesis XI.P.47 P (sic), Décima Época, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, febrero de 2021, Tomo III, página 2849, registro digital: 2022743, que dice:
"‘COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON LA EXCEPCIÓN AL TRASLADO VOLUNTARIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL FUERO BAJO EL CUAL SE DETERMINÓ LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA PERSONA, POR TRATARSE DE UN ASPECTO SUSTANTIVO DE LA PRISIÓN.
"‘Hechos: La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, y la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, negaron tener competenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31107-088d17ec/competencia-para-resolver-respecto-de-una-solicitud-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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