COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ O JUEZA DEL MISMO FUERO AL QUE PERTENECE LA AUTORIDAD QUE DICTÓ LA SENTENCIA EN VIRTUD DE LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUÍDA LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD Y QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN EL QUE ÉSTA SE ENCUENTRA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 424/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y JUAN LUIS ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. ENCARGADO DEL ENGROSE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIOS: CARLOS GUSTAVO PONCE NÚÑEZ Y SUSANA ITZEL HERNÁNDEZ GUERRERO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 424/2022, suscitada entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar qué autoridad es competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando la persona se encuentra en un centro de reclusión de un fuero distinto a aquel al que pertenece la autoridad que ordenó el internamiento.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil veintidós, la Magistrada Elizabeth Franco Cervantes, en su carácter de integrante del Pleno de Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por éste, al resolver la contradicción de tesis 1/2022 y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2022.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó turnarla para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como su envío a la Primera Sala, a fin de que su presidenta proveyera respecto de los trámites necesarios para la integración del expediente.
3. Mediante oficio Núm. SGA/MFEN/2/2023 el secretario general de Acuerdos informó que en sesión pública de dos de enero de dos mil veintitrés el Pleno de este Alto Tribunal designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte. Asimismo, en dicha sesión se determinó adscribir al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Primera Sala.
4. Mediante proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto y, atendiendo al cambio de Presidencia, lo turnó a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
5. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la misma fecha, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, denunció la posible contradicción de criterios entre el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
6. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, el presidente de la Primera Sala determinó remitir el oficio de referencia y sus anexos a la Secretaría General de Acuerdos para los efectos conducentes. Lo anterior, sin menoscabo de que, de así considerarlo, el Pleno de esta Primera Sala pueda tener en cuenta como hecho notorio la participación del criterio denunciado al resolver la presente contradicción.
7. Returno. En sesión del siete de junio de dos mil veintitrés, por mayoría de tres votos, la Ministra y Ministros integrantes de la Primera Sala concluyeron desechar el proyecto presentado en dicha sesión y returnar el presente asunto. El ocho de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, 21, fracción VII, y 24, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó returnar los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
8. En sesión del doce de julio de dos mil veintitrés, considerando la votación alcanzada respecto del proyecto de contradicción de criterios presentado por el Ministro ponente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley de Amparo, se solicitó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea hacerse cargo del engrose.
I. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como los artículos 226, fracción II, 227, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado perteneciente a otro Circuito y no se advierte que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
10. No pasa inadvertido que el siete de junio de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual en su artículo décimo segundo abrogó a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco. No obstante, en términos del artículo quinto transitorio(1) de dicho decreto de reformas, se desprende que el trámite de los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto continuaría tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
11. Asimismo, se advierte que, conforme al artículo primero transitorio, fracción II, del aludido decreto de reformas, las disposiciones relativas a los Plenos Regionales de Circuito entrarían en vigor en un plazo no mayor a dieciocho meses,(2) esto es, el ocho de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto, se observa que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés entraron en funciones los Plenos Regionales.(3)
12. En el caso, la denuncia fue remitida el primero de diciembre de dos mil veintidós, es decir, con anterioridad a que entraran en vigor las disposiciones señaladas. En consecuencia, corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de la presente contradicción de criterios. Lo anterior, máxime que se trata de una contradicción de criterios entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado perteneciente a otro Circuito y que de la normativa vigente no se desprende la competencia de los Plenos Regionales para conocer de este tipo de contradicciones.
13. Así, a efecto de dar seguridad jurídica y unificar criterios, esta Suprema Corte deberá seguir conociendo de las contradicciones de criterios que se hayan establecido entre los extintos Plenos de Circuito, o entre Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de otro Circuito, cuyo trámite haya iniciado con anterioridad a la reforma aludida.
II. Legitimación
14. La denuncia de contradicción de criterios fue presentada por parte legitimada conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General, en relación con los artículos 226, fracción II y 227, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por una integrante del Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios contendientes al resolver la contradicción de tesis 1/2022 de su índice.
III. Criterios denunciados
15. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (conflicto competencial 19/2022)
• Antecedentes. Una persona recluida en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) en el Estado de Guanajuato presentó varias solicitudes de traslado voluntario ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrito a dicho centro. Ello, con la finalidad de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 13 en Oaxaca, el cual tiene mayor cercanía con su lugar de origen, lo que le permitiría convivir con su familia.
• Declinación de competencia. El administrador del CJPF en el Estado de Guanajuato remitió dichas solicitudes al Juez de Ejecución de sentencias de primera instancia con residencia en Cancún, Quintana Roo. Dicho juzgador declinó competencia en favor del CJPF en el Estado de Guanajuato, al estimar que la solicitud de traslado voluntario es competencia de tal autoridad, toda vez que el sentenciado se encuentra a su disposición en el CEFERESO No.12 Guanajuato.
• Rechazo de competencia. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrita al CJPF en el Estado de Guanajuato rechazó la competencia planteada al estimar que el traslado voluntario incide en la modificación de la pena y se trata de una cuestión sustantiva. Además, estimó relevante el hecho de que el solicitante fue sentenciado en el orden común y no en el federal. En consecuencia, ordenó devolver las constancias al Juez declinante.
• Planteamiento de conflicto competencial. En auto de catorce de junio de dos mil veintidós, el Juez de Ejecución de sentencias de primera instancia con sede en Cancún, Quintana Roo insistió en carecer de competencia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en turno para dar trámite al conflicto competencial planteado.
• Criterio. El Tribunal Colegiado consideró que la competencia para conocer de dichas solicitudes de traslado voluntario correspondía a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en ejecución, adscrita al CJPF en el Estado de Guanajuato. Dicha determinación la sustentó en las siguientes razones.
• En primer lugar, estimó que esta Primera Sala, al resolver el conflicto competencial 3/2020, fijó un criterio para distinguir la competencia entre Jueces de Ejecución en función de la naturaleza del acto que se somete a su consideración. En el mismo sentido, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.), estimó que la resolución de las controversias judiciales referentes a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario corresponde al órgano judicial al que corresponda el centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto.
• En segundo lugar, tomó en consideración la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de esta Primera Sala. En su opinión, dicha tesis reconoció que el traslado ya no es un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, toda vez que se cuenta con una regulación especial en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Por lo tanto, se apartó de los criterios contenidos en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.).
• En este contexto, concluyó que el traslado voluntario tiene la naturaleza de condición de internamiento y, por ende, el Juez de Ejecución competente para conocer del traslado voluntario de una persona privada de la libertad que se encuentra recluida en un centro federal debe ser el Juez de Distrito que vigila ese centro de internamiento. Ello, pues dicho órgano judicial es competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, tales como el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación.
• A mayor abundamiento, señaló que –conforme a lo señalado en las solicitudes– el solicitante se encontraba compurgando la pena de prisión impuesta por el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo por el delito del orden común de homicidio calificado, en el CEFERESO No. 12 de Guanajuato, a donde había sido trasladado durante la prisión preventiva. Asimismo, señaló el sentenciado que era vecino del Estado de Oaxaca, por lo que solicitó su traslado al CEFERESO No. 13 en el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 18 constitucional. De esta manera, concluyó que la competencia para conocer del asunto correspondía a la Juez de Ejecución que vigila el centro federal donde se encuentra recluido el quejoso.
16. Criterio del Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito (contradicción de tesis 1/2022)
• Antecedentes. El catorce de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 83/2021 y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del mismo Circuito, al resolver el conflicto competencial 90/2021.
• Por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito sostuvo que la solicitud de traslado voluntario formulada por una persona interna en el Centro Federal de Readaptación Social 13 en virtud de un procedimiento de ejecución por delitos del fuero común corresponde al Juzgado de Ejecución del mismo fuero del Juez que determinó restringir la libertad del solicitante.
• El tribunal advirtió que en los artículos 50 a 52 de la LNEP no se contemplaba el traslado como una condición de internamiento sino que, por el contrario, se trataba de una consecuencia natural de la restricción de la libertad interpuesta por el juzgador de origen, por lo que se regulaba por disposiciones de naturaleza sustantiva.
• Así, estimó que el traslado voluntario constituía una variante de ejecución de la pena, de su modificación o duración, o bien, de la prisión preventiva, por lo que la normatividad aplicable debía guardar coherencia con el sistema normativo que dio lugar a la restricción de la libertad. En consecuencia, toda vez que la privación de la libertad fue ordenada por un Juez del orden común, correspondía al Juez de Ejecución común conocer de dicha solicitud, a pesar de que el peticionario se encontrara interno en un centro federal.
• Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito sostuvo que la solicitud de traslado voluntario formulada por una persona interna en el Centro Federal de Readaptación Social 13 en virtud de un procedimiento de ejecución por delitos del fuero común corresponde al Juez que ejerce jurisdicción en el citado CEFERESO al ser el lugar en que se encuentra recluido el solicitante, sin importar que la privación de la libertad hubiese sido ordenada por una autoridad jurisdiccional local.
• El Tribunal Colegiado arribó a dicha conclusión al estimar que el traslado no constituía una cuestión sustantiva que afectara de manera indirecta la libertad personal. Por el contrario, desde su punto de vista se trataba de una condición de internamiento relacionada con temas de la vida en reclusión, totalmente desvinculada de aspectos sustantivos relativos a la imposición, modificación o duración de la pena impuesta. En consecuencia, determinó que la competencia para conocer de dicha solicitud corresponde al Juez que ejerce jurisdicción en el CEFERESO donde se encuentra recluido el solicitante, independientemente del fuero de la autoridad que ordenó la privación de la libertad.
• Criterio. El Pleno de Circuito estimó existente la contradicción denunciada en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una solicitud de orden de traslado voluntario, es de carácter sustantivo o adjetivo? y con base en ello, ¿cuál es el Juez de Ejecución competente para calificar la concesión o no de dicha solicitud? Para dar respuesta a dichas interrogantes desarrolló los siguientes argumentos:
1. El establecimiento del lugar donde se debe compurgar una pena o la prisión preventiva, es del conocimiento del Poder Judicial. Conforme a la tesis P./J. 17/2012 (10a.) emitida por el Tribunal Pleno, los temas relacionados con el lugar donde debe cumplirse una pena o la prisión preventiva deben ser de conocimiento de un Juez de Ejecución penal, ya que no se refieren a la organización interna de los centros penitenciarios sino a la esfera de derechos de los condenados. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 59/2016 (10a.) pronunciada por la Primera Sala.
2. Las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad se dirimen conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el artículo primero transitorio del Decreto que le dio origen, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, ya sea procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de este ordenamiento, con las excepciones previstas en el artículo segundo transitorio. En este contexto, se estima que, parte de la finalidad de la ley es implementar los mecanismos para resolver las controversias relacionadas con la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o la sujeción a medidas de seguridad, en cumplimiento a los derechos humanos.
3. Tipos de controversia que se pueden generar conforme a la naturaleza del acto de ejecución controvertido, y que son de carácter sustantivo o adjetivo. Al resolver conflictos competenciales en materia de ejecución de penas, la Primera Sala ha distinguido entre la naturaleza sustantiva o adjetiva de los actos analizados a fin de fijar la competencia. De la contradicción de tesis 101/2021 se pueden desprender los siguientes criterios: a) Las cuestiones sustantivas son aquellas inherentes a la pena impuesta; b) las cuestiones adjetivas son aquellas que se dirimen atendiendo a la normativa del centro penitenciario; c) al analizar los actos de ejecución de carácter adjetivo no existe una conexión entre el fuero en el que fue sentenciada la persona y el análisis de las condiciones de internamiento y sanciones impuestas en el centro de reclusión; y d) al analizar actos sustantivos existe una conexión directa con el fuero en el que fue sentenciada la persona, pues constituye una variante de la pena o de su modificación y duración.
4. Naturaleza sustantiva de los traslados voluntarios solicitados en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A fin de determinar si el traslado voluntario constituye una cuestión sustantiva o adjetiva se atiende a lo dispuesto en el artículo 50 de la LNEP, el cual regula dicha figura. De esta disposición se desprende que, para determinar la procedencia del traslado voluntario, el Juez de Ejecución deberá verificar si se actualizan los supuestos del párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución General. De esta manera, los casos de traslado voluntario no se resuelven exclusivamente con base en la normatividad vigente al interior del centro penitenciario, contrario a lo que sucede en los casos de traslado excepcional. En consecuencia, se valoran aspectos sustantivos de la pena, es decir, que impactan en la modificación de la pena al constituir una variante o modificación en su ejecución. En apoyo a lo anterior citó la jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.) emitida por el Tribunal Pleno, de la cual se desprende que el traslado de los sentenciados constituye una modificación de la pena. Adicionalmente, destacó que el precepto que rige el traslado voluntario no exige una intervención principal del director del centro de reclusión, pues será la autoridad judicial quien decida la procedencia del traslado. Asimismo, precisó que en el capítulo II del título segundo de la LNEP denominado "Régimen de Internamiento" no se contempla el traslado voluntario. Además, estimó que de lo resuelto por la Primera Sala en la contradicción de tesis 461/2012 se desprende que el traslado de una persona privada de la libertad afecta indirectamente la libertad personal, al modificar las condiciones de reclusión. En apoyo a lo anterior citó la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) de la Primera Sala. Finalmente, señaló que la eventual negativa de traslado voluntario, en el caso de la prisión preventiva, podría afectar el derecho a la defensa adecuada previsto en el artículo 20 constitucional, toda vez que el traslado puede solicitarse por una persona procesada que se encuentre en un lugar diverso a aquel en que surge la causa penal, o por una persona sentenciada que tiene derecho a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio.
En este sentido, el Pleno de Circuito concluyó que el lugar en el cual se cumple la prisión preventiva o la pena corporal impuesta está regulado por disposiciones de naturaleza sustantiva, al constituir una variante de la ejecución o de la modificación y duración de dicha determinación. En consecuencia, tanto el Juez competente como la normatividad aplicable deben guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la privación de libertad.
5. Determinación de competencia de los Jueces de Ejecución estatales o federales, tratándose de la calificación de las solicitudes de traslados voluntarios. Precisó que los criterios contendientes derivaron de solicitudes realizadas tanto por internos que se encuentran bajo la figura de prisión preventiva, como de ejecución de condena. Al respecto, destacó que conforme al artículo 18 de la Constitución General, las personas deben compurgar sus penas en el centro de reinserción más cercano a su domicilio. Por otra parte, el lugar de reclusión en la detención inicial y a lo largo de la prisión preventiva puede obedecer a medidas de seguridad preventivas y a áreas especiales para personas procesadas por delincuencia organizada, debiéndose tomar en cuenta la proximidad del inculpado a la sede judicial para proteger su derecho previsto en el artículo 20 constitucional.
A fin de determinar a qué autoridad corresponde conocer de dichas solicitudes, se debe partir del artículo 57 de la LNEP que faculta a los Jueces de Ejecución de los centros penitenciarios de origen y de los centros receptores para conocer de dichas solicitudes, a prevención de quien conozca primero del asunto. Al respecto, se advierte que el tercer párrafo del artículo 18 de la Constitución General permite la celebración de convenios entre la Federación y las entidades federativas para que los sentenciados extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. En consecuencia, los Jueces competentes pueden ubicarse tanto en el fuero local como en el fuero federal y no necesariamente en el mismo fuero en el que se siguió el proceso.
Por otra parte, señaló que la reforma a los numerales 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución General atribuyó al Poder Judicial la facultad de vigilar el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia ejecutoria, tal como lo señala la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En complemento a lo anterior, de los artículos 3, fracción XI y 24 de la LNEP se desprende que la regla de competencia territorial es aplicable para la ejecución de prisión preventiva y para la ejecución de la pena impuesta como sanción.
A partir de lo resuelto por la Primera Sala en el conflicto competencial 343/2017, se estima que el primer criterio para determinar la competencia es el fuero del Juez de Ejecución, así cada fuero debe decidir y dar continuidad tanto del proceso como de la etapa de ejecución de la pena. El segundo criterio establece que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, con independencia de la circunscripción en la que se hubiese impuesto la sanción. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la jurisdicción del Juez especializado para resolver aspectos relativos al cumplimiento de la sentencia se obtendrá de la materia de la controversia, independientemente del fuero en que se haya ordenado la reclusión. Así, en las controversias vinculadas con aspectos sustantivos de la pena será competente el Juez de Ejecución del fuero en el cual se haya determinado la prisión. En el mismo sentido, se alude a lo resuelto por la Primera Sala en el conflicto competencial 206/2018.
Sobre esa base, el Pleno determinó que la jurisdicción de los Jueces de Ejecución del Poder Judicial de la Federación y del Estado de Oaxaca está vinculada a la naturaleza de la controversia planteada. En este sentido, conforme al artículo 24 de la LNEP, cuando se controvierta un aspecto sustantivo de la pena el Juez competente será aquel del mismo fuero que el órgano jurisdiccional que la determinó. Ello, máxime que el hecho de que un sentenciado por un Juez del orden común cumpla su pena en un centro federal no constituye impedimento legal para que un Juez de Ejecución del mismo fuero en el que fue juzgado resuelva sobre las peticiones relativas al cumplimiento de las penas.
Finalmente, el Pleno advirtió que si bien en uno de los criterios contendientes se determinó que la orden de traslado voluntario tiene un carácter adjetivo conforme a la contradicción de tesis 101/2021 del índice de la Primera Sala, dicho criterio se refiere únicamente a la orden de traslado excepcional efectuado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que se hubiese realizado pronunciamiento expreso respecto a la solicitud de traslado voluntario prevista en el artículo 50 de la LNEP, por lo que no resulta aplicable.
17. El criterio emitido por el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito se reflejó en la tesis PC.XIII.P.L. J/1 P (11a.) de contenido siguiente:
"COMPETENCIA PARA RESOLVER RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO, POR UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA SUSTANTIVA, CORRESPONDE A LOS JUECES DE EJECUCIÓN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN Y QUE TIENEN EL FUERO RELATIVO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA O EMITIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA MOTIVO DEL INTERNAMIENTO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a determinar cuál es el Juez competente para resolver respecto de una solicitud de traslado voluntario, por una persona privada de su libertad, formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de una resolución restrictiva de la libertad impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero diverso de aquel que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida.
"Criterio jurídico: El Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito determina que conforme a la regla prevista en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en concordancia con el diverso 3 del propio ordenamiento, la competencia para resolver una solicitud de traslado voluntario, por una persona privada de su libertad, a que se refiere el artículo 50 de la propia ley, cuya naturaleza jurídica es de carácter sustantivo, corresponde a los Jueces de Ejecución que ejercen jurisdicción en el centro de reclusión y que tienen el fuero relativo al órgano jurisdiccional que ordenó la prisión preventiva o emitió la sentencia condenatoria motivo del internamiento.
"Justificación: Conforme a lo estipulado en los artículos 3 y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los Jueces que ejerzan jurisdicción sobre las autoridades de los centros penitenciarios, son quienes estarán facultados para conocer de las controversias con motivo de traslados nacionales, y si diversos juzgadores de un distinto fuero ejercen competencia territorial sobre el mismo centro de reclusión, el competente será el del fuero respecto del que se hubiere emitido la resolución de internamiento, ya sea prisión preventiva o una condena firme, toda vez que la naturaleza del traslado voluntario es de carácter sustantivo, ya que el lugar en el cual el imputado debe cumplir con la prisión que le fue impuesta, resulta consecuencia natural de la medida restrictiva de la libertad impuesta por el juzgador y se regula por disposiciones de naturaleza sustantiva, porque constituye una variante de la ejecución de la pena, o de su modificación y duración; por tanto, como la normatividad aplicable debe guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la medida restrictiva de libertad, la jurisdicción para conocer de la controversia relativa al traslado de una persona privada de la libertad, sea vo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31914-3df59e43/competencia-por-razon-de-fuero-para-conocer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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