COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL FUERO AL QUE PERTENECE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DICTÓ LA SENTENCIA EN VIRTUD DE LA CUAL LA PERSONA SE ENCUENTRA PRIVADA DE SU LIBERTAD Y EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA XI.P. J/3 P (11a.)].
CONFLICTO COMPETENCIAL 34/2023. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, REGIÓN APATZINGÁN, MICHOACÁN Y EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. SECRETARIA: VERÓNICA GARCÍA CAMPOS.
CONSIDERANDO:
14. TERCERO. Existencia del conflicto competencial. Por ser una cuestión de estudio preferente, es preciso determinar, en primer orden, si en el presente caso se actualizan las hipótesis de un conflicto competencial, para estar en condiciones de establecer cuál de los juzgadores contendientes posee la jurisdicción por fuero para conocer de la solicitud de traslado solicitada por el sentenciado **********.(5)
15. Así, tenemos que mediante acuerdo de doce de abril de dos mil veintitrés, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, bajo las consideraciones torales siguientes:
• El sentenciado promovió un traslado voluntario y se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número **********, ubicado en **********; por tanto, al tratarse de una controversia y ser un acto que afecta de manera indirecta la libertad del sentenciado y que hace referencia sobre cuestiones de clasificación de la persona privada de la libertad, gobernabilidad del centro, así como la forma en que se organiza y administra el centro carcelario, atento a su íntima relación a temas de internamiento, propios del fuero al que pertenece el centro de readaptación social, el Juez de Ejecución competente para conocer del traslado voluntario instado por una persona privada de la libertad en un Centro Federal debe ser el Juez de Distrito que vigila dicho centro de internamiento; máxime porque dicho juzgador sólo conoce de asuntos del fuero común; por tanto, no puede aplicar disposiciones normativas en un centro penitenciario del Fuero Federal, por lo cual determinó remitir los autos del asunto a dicho órgano jurisdiccional federal de ejecución de sanciones.
16. Por su parte, en proveído de once de julio de dos mil veintitrés, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, no aceptó la competencia declinada en su favor, de conformidad con lo siguiente:
• Determinó carecer de competencia legal, por razón de fuero, para conocer de la solicitud de traslado voluntario del sentenciado **********, en razón de que debía atenderse al fuero en que fue impuesta la pena al sentenciado, porque corresponde a un Juez del mismo fuero pronunciarse sobre la ejecución de la pena; además, de tomarse en cuenta que el Juez competente para conocer del procedimiento de ejecución, es el de la circunscripción territorial donde se encuentra la persona privada de su libertad, aunado a la circunstancia de que un sentenciado por un Juez del orden común cumpla con su pena privativa de la libertad en el centro federal, no constituía impedimento legal para que un Juez de Ejecución del mismo fuero por el que fue juzgado, resolviera sobre las peticiones que en relación con el cumplimiento de las penas presente el justiciable.
• Consideró aplicable al caso, la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(6)
17. Luego, del análisis de las constancias y actuaciones que integran el presente expediente, se desprende que en el caso a estudio se actualiza un conflicto competencial de carácter negativo entre el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán (del fuero común) y la Juez Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que ambos juzgadores negaron expresamente tener competencia legal por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario planteada por el sentenciado **********, en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
18. CUARTO. Estudio y decisión. Este Tribunal Colegiado considera que la autoridad jurisdiccional legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario planteada por el sentenciado **********, registrada inicialmente con el número de expediente ********** (ahora S.T. **********), es el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, como a continuación se explica.
19. De acuerdo con lo mencionado previamente, la litis del presente conflicto consiste en determinar cuál es la autoridad competente para conocer de la solicitud de "traslado voluntario" formulada por **********, interno en el **********, número **********, con sede en **********, quien fue sentenciado en la causa penal **********, del índice del Juzgado de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California.(7)
20. Establecido lo anterior, también es pertinente precisar que la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas.
21. La mencionada reforma constitucional tuvo como objeto reestructurar el sistema penitenciario, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al poder ejecutivo y confiriendo al poder judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creó la figura de "jueces de ejecución de sentencias", que dependieran, obviamente, del correspondiente poder judicial. Con ello se pretendió, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues a partir de esta reforma sería definitivamente el poder judicial de donde ésta emanó, el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas, en torno a la ejecución de las sanciones y medidas impuestas.
22. En consecuencia, este nuevo enfoque implicó que todos los eventos de trascendencia jurídica acontecidos durante la ejecución de la pena que pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, quedaran bajo la supervisión de la "autoridad judicial" en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas.
23. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 18, de rubro y texto siguientes:
"PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los ‘Jueces de ejecución de sentencias’, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas."
24. Por otro lado, de acuerdo con las reformas de la fracción XXI, inciso c), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir una legislación única en materia de ejecución de sanciones y dispuso en el primer párrafo del artículo transitorio segundo, lo siguiente:
"SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis."
25. En esa tesitura, se tiene que el constituyente dispuso que la legislación única (nacional) que en materia de ejecución de penas se emitiera, debería adquirir vigencia a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
26. En ese sentido, de acuerdo con el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(9) entró en vigor a partir del diecisiete de ese mes y año. Así, la citada normativa, reglamentaria del artículo 18 constitucional, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, finalmente, regular los medios para lograr la reinserción social.
27. Bajo esa óptica, resulta conveniente tomar en consideración que en el caso concreto la petición formulada por **********, se retrotrae a una solicitud de "traslado voluntario", la cual se planteó el once de abril de dos mil veintitrés, es decir, durante la vigencia de dicho ordenamiento legal que entró en vigor al día siguiente de su publicación –diecisiete de junio de dos mil dieciséis–.
28. Entonces, es menester señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un supuesto especial de competencia, previsto en el Título Segundo, Capítulo V, denominado "Traslados", y en los numerales 50 y 57, párrafo primero, contempla los traslados voluntarios en los términos siguientes:
"Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.
"Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada.
"Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución."
"Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto."
29. Ahora bien, sobre el tema específico tratado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 424/2022,(10) sostuvo que la competencia para resolver sobre "traslados voluntarios" de las personas sentenciadas, corresponde a las autoridades judiciales de Ejecución del mismo fuero –local o federal– al que pertenece la autoridad que emitió la sentencia que motivó la reclusión de la persona solicitante y que ejercen jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión en cuestión; ello, aun y cuando la persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto.
30. De la determinación en cita,(11) surgió la jurisprudencia 1a./J. 119/2023 (11a.), emitida en sesión privada de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, de rubro y contenido:
"COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ O JUEZA DEL MISMO FUERO AL QUE PERTENECE LA AUTORIDAD QUE DICTÓ LA SENTENCIA EN VIRTUD DE LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUÍDA LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD Y QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO DONDE SE UBICA EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN EL QUE ÉSTA SE ENCUENTRA.
"Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito sostuvieron posturas contrarias al determinar cuál es la persona juzgadora competente por razón de fuero para conocer de la solicitud de traslado voluntario presentada por una persona que se encuentra privada de su libertad en un centro de reclusión de un fuero distinto al del órgano jurisdiccional que ordenó la reclusión.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada por una persona sentenciada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde a las y los Jueces de Ejecución del mismo fuero –local o federal– al que pertenece la autoridad que emitió la sentencia que motivó la reclusión de la persona solicitante y que ejercen jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión en cuestión. Ello, aun y cuando la persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto.
"Justificación: Esta Primera Sala ha sostenido que de los artículos 3, fracción XI y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se desprende que fue voluntad del legislador el respetar la división de fueros en materia penal. Por lo que, por regla general, debe ser un Juez o Jueza de Ejecución del mismo fuero –local o federal– al que pertenece el órgano que dictó la sentencia que motivó la reclusión, quien debe pronunciarse sobre el procedimiento de ejecución de la pena; ello, aun y cuando la persona se encuentre recluida en un centro de reinserción perteneciente a un fuero distinto. Si bien excepcionalmente se ha admitido la posibilidad de que un juez o jueza de ejecución del mismo fuero al que pertenece el centro penitenciario (local o federal) conozca de cuestiones relacionadas con la ejecución de la pena, dicho supuesto sólo se actualiza en aquellos casos en los que la decisión judicial implica revisar la actuación de la autoridad penitenciaria o aplicar sus ordenamientos internos. Esto, a fin de garantizar un principio de unidad normativa. En el caso específico de las solicitudes de traslado voluntario presentadas en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción, toda vez que la decisión sobre la procedencia de la petición únicamente implica determinar si se cumplen los requisitos previstos en la Constitución General y la Ley Nacional de Ejecución Penal; esto es, que no se trate de delincuencia organizada o de personas internas que requieran medidas especiales de seguridad, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consecuentemente, en atención a la regla general prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde conocer de tales solicitudes al Juez o la Jueza en materia de ejecución penal del mismo fuero al que pertenece la autoridad que emitió la sentencia que motivó la reclusión de la persona solicitante y que ejerce jurisdicción en el territorio donde se ubica el centro de reclusión en cuestión. Ello, aun y cuando la persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto. De esta manera, se favorece el acceso a una justicia pronta y expedita, así como el principio de concentración, pues –conforme a lo resuelto por esta Primera Sala en la contradicción de tesis 64/2021– es a dicha autoridad judicial a quien, por regla general, corresponde resolver sobre las peticiones relacionadas con el cumplimiento de las penas."
31. De tal suerte, acorde con lo determinado por la Primera Sala del máximo tribunal del país, en el caso es factible establecer las siguientes directrices básicas de competencia en materia de traslados voluntarios:
I. Conforme a la naturaleza del acto en cuestión y la legislación aplicable, la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, implica simplemente determinar si la petición cumple con los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
II. Al respecto, en aquellos casos en los que una persona se encuentre compurgando una pena impuesta por una sentencia del orden local en un centro de internamiento federal ubicado en una entidad federativa distinta; entonces, será competente un juez o jueza de ejecución de un poder judicial local distinto a aquel que emitió la sentencia que motivó el internamiento.
III. La legislación aplicable en estos casos es la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la Constitución General, no la legislación penal sustantiva del órgano que emitió la sentencia.
IV. En consecuencia, en estos casos son legalmente competentes para conocer de las solicitudes de "traslado voluntario" aquellas juezas y jueces de ejecución penal del mismo fuero al que pertenezca la autoridad que dictó la sentencia condenatoria, en virtud de la cual se encuentra recluida la persona sentenciada y que ejerce jurisdicción en el territorio donde se encuentra el centro de reclusión relativo. Ello, aun y cuando la persona se encuentre interna en un centro perteneciente a un fuero distinto.
32. Corolario de todo lo antes expuesto, se concluye que en la especie es legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada por el sentenciado **********, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán, quien ejerce jurisdicción en el territorio donde se ubica el Centro Federal de Readaptación Social número **********, Michoacán, con sede en **********, porque el solicitante fue sentenciado por un juez del "fuero común" (del Sistema Penal Acusatorio del Estado de Baja California).
33. Lo anterior conduce a los integrantes de este Tribunal Colegiado a abandonar el criterio sostenido en la jurisprudencia XI.P. J/3 P (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, AL SER UN ASPECTO DE TIPO ADJETIVO EQUIPARABLE A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO.",(12) que fincaba la competencia de la solicitud de traslado voluntario en términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en favor del juez de Ejecución del territorio y fuero del centro penitenciario en que se encontraba la persona privada de la libertad, al equipararse a cuestiones de internamiento, esto es, se trataba de una solicitud meramente adjetiva. Circunstancia que se deberá informar en su oportunidad a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, para su conocimiento y efectos conducentes.(13)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe conflicto competencial.
SEGUNDO.—Se declara que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, es legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada por el sentenciado ********** (número de expediente **********, que ahora corresponde a la solicitud de traslado S.T.**********), por lo que se ordena remitirle los autos respectivos.
Notifíquese; publíquese; hágase la anotación electrónica correspondiente, con testimonio de esta resolución remítanse los autos al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Apatzingán, Michoacán (declinante), a favor de quien se fincó la competencia, haciéndolo del conocimiento de la Juez Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán (contendiente declinada), para los efectos a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, presidente Froylán Muñoz Alvarado, José Valle Hernández y David Huerta Mora, siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes firman de conformidad con el artículo 184, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, en unión de la secretaria de acuerdos Ireri Amezcua Estrada, que da fe.
En términos de los artículos 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública; 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La tesis de jurisprudencia XI.P. J/3 P (11a.) citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de agosto de 2023 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 28, Tomo IV, agosto de 2023, página 4069, con número de registro digital: 2026904.
La ejecutoria relativa a la contradicción de criterios 424/2022 y la tesis de jurisprudencia 1a./J. 119/2023 (11a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de noviembre de 2023 a las 10:28 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 31, Tomo II, noviembre de 2023, páginas 2031 y 2075, con números de registro digital: 31914 y 2027615, respectivamente.
El Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito citado en esta sentencia, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo II, diciembre de 2019, página 1202, con número de registro digital: 5449.
________________
5. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ella, visible en la página 46 del Tomo XVII, relativo a junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 184186, del tenor siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."
6. Con número de registro digital: 2001968. Instancia: Pleno, Décima Época. Materias: Constitucional-Penal, Jurisprudencia: P./J. 20/2012 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 15. Tipo: Jurisprudencia.
7. Acorde con la partida de situación jurídica allegada a los autos del conflicto competencial en estudio, de la que se advierte que ********** fue sentenciado en la causa penal **********, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del partido judicial de Mexicali, Baja California, por el delito de Robo de Vehículo con violencia, el doce de febrero de dos mil dieciocho, con una pena de prisión de cinco años, resolución que causó ejecutoria el veintidós de febrero de dos mil dieciocho.
8. "Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
"...
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."
9. "Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos transitorios siguientes."
10. Entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. 12 de julio de 2023. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Juan Luis González Alcántara Carrancá, y de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Disidentes: Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularán voto de minoría. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Carlos Gustavo Ponce Núñez y Susana Itzel Hernández Guerrero.
Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2022, en el que sostuvo que las solicitudes de traslado voluntario tienen la naturaleza de condición de internamiento, por lo que la competencia para conocer de las solicitudes presentadas por una persona interna en un centro de reclusión federal en virtud de una resolución emitida por un Juez Local corresponde al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal donde se encuentra recluida la persona. Además, consideró que, conforme al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el conflicto competencial 3/2020, la competencia entre Jueces de Ejecución debe determinarse en función de la naturaleza del acto que se somete a su consideración. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal estimó que el traslado voluntario tiene la naturaleza de condición de internamiento y, por tanto, debe analizarse con base en el reglamento del centro penitenciario y demás disposiciones administrativas que sirvan de sustento para su operación. Por ende, concluyó que será competente para conocer de la solicitud de traslado formulada por una persona interna en un centro federal el Juez de Distrito que vigile dicho centro de internamiento, aun y cuando se encuentre cumpliendo una sentencia del fuero local; y
El sustentado por el Pleno en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2022, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial PC.XIII.P.L. J/1 P (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA RESOLVER RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO, POR UNA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA SUSTANTIVA, CORRESPONDE A LOS JUECES DE EJECUCIÓN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN Y QUE TIENEN EL FUERO RELATIVO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA O EMITIÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA MOTIVO DEL INTERNAMIENTO.", public
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32136-507aa112/competencia-por-razon-de-fuero-para-conocer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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