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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA SOLICITUD DE TRASLADO VOLUNTARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, AL SER UN ASPECTO DE TIPO ADJETIVO EQUIPARABLE A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 15/2023. · Registro digital (IUS): 31628
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-04
Promovente: SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN APATZINGÁN, MICHOACÁN Y EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PE
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4049.

CONFLICTO COMPETENCIAL 15/2023. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES REGIÓN APATZINGÁN, MICHOACÁN Y EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN PENAL, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 18 DE MAYO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MINERBA NOEMÍ GARCÍA SANDOVAL.

CONSIDERANDO:

13. CUARTO. Estudio y decisión.—Este Tribunal Colegiado considera que la autoridad jurisdiccional legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario planteada por el sentenciado **********, registrada inicialmente con el número de expediente ********** (ahora S.T. **********), es la Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, como a continuación se explica.

14. La litis en el presente conflicto consiste en determinar cuál es la autoridad competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario formulada por **********, quien de acuerdo con lo expresado en su ocurso, fue sentenciado por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, bajo las reglas del sistema penal acusatorio, en la causa ***********, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, en el Estado de Guanajuato, con residencia en Acámbaro.

15. Es pertinente precisar que la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas.

16. La mencionada reforma constitucional tuvo como objeto reestructurar el sistema penitenciario, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se creó la figura de "Jueces de Ejecución de sentencias", que dependerán, obviamente, del correspondiente Poder Judicial. Con ello se pretendió, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues a partir de esta reforma será definitivamente el Poder Judicial, de donde ésta emanó, el que deba vigilar que la pena se cumpla estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas, en torno a la ejecución de las sanciones y medidas impuestas.

17. En consecuencia, este nuevo enfoque implicó que todos los eventos de trascendencia jurídica acontecidos durante la ejecución de la pena que pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, quedaran bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas.(7)

18. Por otro lado, de acuerdo con las reformas de la fracción XXI, inciso c), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir una legislación única en materia de ejecución de sanciones y dispuso en el primer párrafo del artículo transitorio segundo lo siguiente:

"Segundo. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis."

19. En esa tesitura, se tiene que el Constituyente dispuso que la legislación única (nacional) que en materia de ejecución de penas se emitiera, debería adquirir vigencia a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

20. De acuerdo con el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(9) entró en vigor a partir del diecisiete de ese mes y año. Así, la citada normativa, reglamentaria del artículo 18 constitucional, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, finalmente, regular los medios para lograr la reinserción social.

21. Por su parte, el diverso artículo tercero transitorio de la citada legislación establece lo siguiente:

"Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.

"Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional.

"A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma."

22. Del referido texto se obtiene que a partir de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quedarán abrogadas las legislaciones –federal y estatales– que regulan la ejecución de sanciones penales, pero dichas normas pueden tener un efecto ultractivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de éstos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en dicha Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional.

23. Además, la aplicación de esa ley nacional no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de ese ordenamiento, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor.

24. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley, a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo por el hecho de que las causas penales que respectivamente se instruyeron causaron estado en diferentes momentos, en relación con la entrada en vigor de la ley nacional, lo cual sería jurídicamente incorrecto.

25. Entonces, de una interpretación teleológico funcional del segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que el vocablo "los procedimientos" no se refiere a los procedimientos de ejecución en sentido amplio, sino a todas aquellas incidencias y tramitaciones, en concreto, que dirimen cuestiones relacionadas con la ejecución penal.(10)

26. Ello se explica, porque en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, los traslados.

27. Esos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de su entrada en vigor, sino que se debe aplicar la vigente al momento en el que se inició la incidencia y tramitación en concreto, que dirima cuestiones relacionadas con la ejecución penal.(11)

28. De tal suerte, es válido establecer que la eficacia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a las personas que se encuentran privadas de su libertad y a la ejecución de sentencias.

29. Bajo esa óptica, es dable considerar que en el caso concreto el procedimiento de ejecución relativo a la solicitud de traslado formulada por **********, debe tramitarse conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues la misma se planteó el diez de octubre de dos mil veintidós,(12) es decir, durante la vigencia de dicho ordenamiento legal, que entró en vigor al día siguiente de su publicación –diecisiete de junio de dos mil dieciséis–.

30. Establecido lo anterior, es menester señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un supuesto especial de competencia previsto en el título segundo, capítulo V, denominado "Traslados", y en los numerales 50 y 57, párrafo primero, contempla los traslados voluntarios en los términos siguientes:

"Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.

"Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada.

"Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución."

"Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales. Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto."

31. Resulta necesario precisar que el traslado voluntario solicitado no implica una cuestión sustantiva o de modificación de penas, al ser una cuestión de tipo adjetivo "equiparable" a las condiciones de internamiento, dado que no constituye una variante de la ejecución de la pena o de su modificación, duración o extinción.

32. Sin embargo, surge la interrogante respecto a la competencia territorial de las y los Jueces de Ejecución estatales o federales, tratándose de cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra (por equiparación) el traslado solicitado.

33. Para resolver esa problemática, es necesario acudir a lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 567/2019, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, donde al respecto estableció lo siguiente:

"80. Esta Primera Sala ya ha tenido oportunidad de efectuar un pronunciamiento sobre el juzgador federal o local competente para conocer de controversias no relacionadas con aspectos sustantivos de las penas impuestas a las personas privadas de su libertad personal, al resolver el conflicto competencial 3/2020, por lo que las consideraciones que aquí se realizan, siguen el sentido de esa ejecutoria.

"81. Respecto de la competencia de los y las Juezas de Ejecución para resolver controversias en el procedimiento de ejecución, el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone:

"‘Artículo 24. Jueces de Ejecución.

"‘El Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta ley establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta ley.

"‘Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.

"‘Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales.

"‘La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales.’ (lo resaltado no es de origen)

"82. Como se aprecia de dicho numeral, esa norma especial reconoce un criterio para la distribución de competencias. Esto es, la normativa, utilizando un criterio funcional, pues promueve el territorio como criterio atributivo de competencia para facilitar la cercanía del juzgador o juzgadora respecto a la resolución de la problemática específica.

"83. En los asuntos de donde deriva la presente contradicción se da la particularidad de que las personas privadas de libertad se encuentran internas en un centro federal de readaptación social en una entidad federativa distinta, a pesar de haber sido sentenciados por delitos locales.

"84. En ese sentido, la precisión normativa contenida en el numeral apenas transcrito sobre que conocen del procedimiento de ejecución los ‘Jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de libertad’ no resuelve inmediatamente el problema en estudio, ya que en los asuntos cuyas ejecutorias resultan antagónicas, existe tanto un Juez federal como local que ejercen jurisdicción en dicha circunscripción territorial, aunque cada uno de ellos lo hace sobre su respectivo fuero federal o estatal. Esto obedece a que en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio.

"85. Debe recordarse que, como lo refirió esta Primera Sala en el conflicto competencial 343/2017, en los casos de conflictos competenciales relativos a la ejecución penal ‘es menester hacer coherente tanto la competencia por razón de fuero (local), como la uniformidad de la legislación aplicable’.

"86. La uniformidad normativa implica que cuando el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal atribuye jurisdicción al juzgador en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de libertad, lógicamente presupone que tal juzgador debe poder ejercer jurisdicción sobre el objeto de la litis.

"87. Esto es, que en el análisis de la competencia respectiva debe congeniar necesariamente el factor de competencia territorial con el fuero específico, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, si bien aplica en todo el territorio nacional en términos de los preceptos 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, y 2 de la norma secundaria en comento, lo cierto es que no crea competencias eventuales o novedosas para que los y las juzgadoras de ejecución ejerzan jurisdicción sobre asuntos en los cuales no lo habían hecho o sobre legislaciones fuera de su marco competencial. De hecho, el propio artículo 24 remite para tal competencia a lo que ‘se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales’.

"88. En los casos sencillos en que una persona haya sido sentenciada por un delito local o federal y compurgue su sanción en un centro penitenciario de la misma naturaleza, no cabe duda de que la competencia para conocer de potenciales impugnaciones a cuestiones administrativas se resuelve por el criterio territorial establecido en el referido numeral 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

"89. Esa norma especial no contempla expresamente una disposición específica para denotar el o la juzgadora competente para conocer de la impugnación de una cuestión de internamiento cuando la sentencia haya sido dictada en un fuero, pero se encuentre siendo ejecutada en un centro de readaptación correspondiente a otro fuero y territorio derivado de un convenio entre los respectivos Poderes Ejecutivos.

"90. En ese sentido es posible resolver el tema de esta contradicción de tesis atendiendo a la naturaleza de la normativa utilizada para resolver sobre cuestiones administrativas o de internamiento en un centro de reinserción social (local o federal), las cuales corresponden a aquellas que regulan la actividad de ese centro de reclusión y que están disociadas a las que motivaron la privación de la libertad de la persona interna, por lo que el juzgador que debe conocer de esas controversias es aquel del territorio en que se ubica ese centro, debido a que le corresponde la jurisdicción para aplicar los ordenamientos legales aplicables, con base en el principio de seguridad jurídica.

"91. Asimismo, dentro de los niveles de competencia reconocidos en nuestro sistema jurídico debe atenderse a la naturaleza de la autoridad de supervisión del centro y de la autoridad que determina las condiciones de internamiento, puesto que sus actos u omisiones son los que integran la litis en las controversias sobre tales cuestiones, lo que permite concluir que es el Juez local o federal dependiendo de si el centro penitenciario en cuestión es, de igual forma, local o federal, el que efectivamente cuenta con competencia legal para resolverlas.

"92. Bajo ese entendimiento, en los casos en que una persona haya sido sentenciada por un fuero (local o federal) pero cumpla su condena en un centro carcelario de fuero y territorio distintos, existe una división competencial. De manera que los temas relativos a las condiciones de internamiento (alimentación, vestido, agua, instalaciones adecuadas, programas de salud, trabajo, educación o alguna otra relacionada con la vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social) deberán ser analizados por la autoridad judicial en el territorio y el fuero al que corresponda el centro de reclusión en el que la persona se encuentre privada de la libertad, pues de ello dependen las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás cuestiones administrativas con base en las cuales se ordene su operación.

"93. Lo anterior es acorde con uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad por medio de los Jueces penales correspondientes.

"94. Ello obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que le corresponde acudir." 34. Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.),(13) emitida por la Primera Sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias en torno a la Jueza o al Juez de Ejecución que es competente para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad con motivo de una pena de prisión o prisión preventiva impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero y entidad federativa diversa de aquella que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

"Criterio jurídico: La competencia para conocer de una controversia judicial sobre las condiciones de internamiento corresponde a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de su libertad, con independencia del fuero o entidad federativa en la que se emitió la determinación que restringió su libertad personal.

"Justificación: El artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal la autoridad jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Dada la aplicación obligatoria de esa norma en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, y 2 de la ley nacional de referencia, se debe entender que la norma en análisis contempla también una distinción por razón de fuero, pues en un sistema federal como el nuestro, los fueros constitucional, federal y local pueden coexistir en un mismo territorio. En esas condiciones, cuando se promueva una controversia judicial relativa a las condiciones de internamiento en un centro penitenciario, la distinción del fuero competente para conocer de la misma deberá resolverse en atención al que corresponda con el del centro penitenciario en el que se encuentre la persona privada de su libertad, pues es el órgano judicial competente para resolver sobre la legalidad de las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás condiciones administrativas que sirvan de sustento para ordenar su operación. Esto obedece también a un principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que debe acudir para oponer la controversia."

35. De modo que, siguiendo la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que en la especie la autoridad jurisdiccional competente, por razón de fuero, para conocer de la solicitud de traslado formulada por **********, es la Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, por tener jurisdicción sobre las autoridades y el centro penitenciario donde el procesado solicitante del traslado se encuentra privado de la libertad –Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS- Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán–, pues de ello dependen las disposiciones normativas con base en las cuales se habrá de resolver el conflicto, como sería el reglamento del centro penitenciario y las demás cuestiones administrativas con base en las cuales se ordene su operación –que en este caso son federales–; aunado a que las cuestiones administrativas o de internamiento en un centro de reinserción social corresponden a aquellas que regulan la actividad de ese centro y están disociadas a las que motivaron la privación de la libertad de la persona interna.

36. Además, con ello se cumple uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del encausado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad por medio de los Jueces penales correspondientes; aunado a que dicha determinación obedece al principio de concentración, pues de adoptarse un criterio de competencia en función del fuero del órgano que emitió la resolución que mantiene a la persona privada de su libertad, no se resolvería el problema en muchos otros supuestos, pues habrá casos en los que una persona se encuentre privada de su libertad con motivo de diversas causas penales, que se lleven ante órganos jurisdiccionales de distintos fueros, lo que generaría incertidumbre para la persona en reclusión, respecto de la autoridad a la que le corresponde acudir.

37. A lo que se suma que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 3/2020, estableció criterio sobre la administración de la vida penitenciaria e hizo una distinción entre los procedimientos de ejecución existentes, los cuales dividió de la forma siguiente:

I. Los que tienen implicaciones sustantivas, siendo aquellos en los que el conflicto o cuestión a resolver se encuentra íntimamente ligada con la modificación y duración de la pena, por lo que las normas y autoridades que las aplican deben ser del mismo fuero que las utilizadas para su imposición; y,

II. Las relacionadas con condiciones de internamiento que tienen que ver con la administración de la vida penitenciaria, cuestiones de organización fáctica que compete a la administración pública federal y local, en los que las autoridades que las conocen deben guardar congruencia en cuestión de fuero entre sí.

38. En consecuencia, el Alto Tribunal determinó que en los casos en que una persona fue sentenciada por un fuero (local o federal), pero cumpla su sentencia en otro, existe escisión competencial para su conocimiento, lo cual implica que los aspectos sustantivos (como la modificación de penas) son competencia exclusiva del fuero bajo el cual se impusieron, pero las cuestiones de internamiento –como la determinación relativa al lugar en que debe ejecutarse la pena de prisión– deberán ser controladas por un Juez del mismo fuero del centro penitenciario en que se encuentre recluido el sentenciado.

39. Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis 1a. XLIII/2020 (10a.),(14) que dispone lo siguiente:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA A UN SENTENCIADO POR UN DELITO FEDERAL, INTERNO EN UN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL ESTATAL. CORRESPONDE AL JUEZ LOCAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES.

"Hechos: Un Juez de Distrito especializado y una Jueza de Ejecución de Sanciones Penales Local, no aceptaron la competencia, por razón de fuero, para conocer de la controversia planteada en contra de las sanciones disciplinarias impuestas a un sentenciado por un delito federal interno en un Centro de Readaptación Estatal.

"Criterio jurídico: Se considera que el Juez competente para resolver la impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas a un sentenciado por un delito federal compurgando su pena en un Centro de Readaptación local es el Juez de Ejecución Estatal, por ejercer jurisdicción sobre las autoridades y la normativa estatal objeto de la controversia.

"Justificación: Ello porque el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce como criterio de distribución competencial el territorial, sin embargo, no contiene una disposición específica para denotar el juzgador competente cuando la sentencia haya sido dictada en un fuero, pero se ejecute en un Centro de readaptación correspondiente a otro. Dada la naturaleza local de la normativa utilizada para imponer sanciones administrativas en un Centro de Readaptación Estatal, de la autoridad de supervisión del centro y de la autoridad que las impone, la litis en una controversia sobre tales sanciones es estrictamente local. Por tanto, un Juzgador Federal únicamente puede analizar los aspectos relacionados con la naturaleza sustantiva de la pena (modificación y duración de la sanción) si el sentenciado se encuentra interno en un Centro Penitenciario Estatal, pues carece de competencia para analizar la infracción a la normatividad estatal y de jurisdicción para vincular a autoridades de fuero distinto cuando ejerce su función jurisdiccional ordinaria. Luego, en los casos en que una persona haya sido sentenciada por un fuero (local o federal) pero cumpla su sentencia en otro, existe una escisión competencial, toda vez que los aspectos sustantivos (como los beneficios preliberacionales que implican disposición material de la pena) son competencia exclusiva del fuero bajo el cual fue sentenciado, pero las potenciales sanciones administrativas impuestas por la autoridad penitenciaria deberán ser analizadas en el fuero al que corresponda el Centro de Readaptación Social en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31628-c2b60024/competencia-para-conocer-de-una-solicitud-de-traslado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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