TRASLADO VOLUNTARIO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SOLICITADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. NO SE RIGE POR LAS REGLAS DE COMPETENCIA DEL ARTÍCULO 57 DE LA MISMA LEGISLACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, dicta la siguiente:
Sentencia
1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios en materia penal 79/2025, originada entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
2. Los puntos jurídicos a comprobar en esta sentencia son: i) verificar si la contradicción de criterios se actualiza; ii) si aún es pertinente resolverla y, de ser el caso, iii) definir si las reglas de competencia que dispone el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son aplicables para los casos en que se solicite un traslado voluntario que fundamenta el numeral 50 del citado ordenamiento.
I. Trámite de la denuncia
3. El quince de octubre de dos mil veinticinco, el Juez de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre los ya mencionados órganos colegiados, al resolver conflictos por competencia de los que conocieron.
4. Por acuerdo de diecisiete de octubre siguiente, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 233/2025, determinó carecer de competencia legal para conocer de la denuncia formulada por el referido juzgador. Ordenó remitir el asunto a este Pleno Regional para su conocimiento y resolución.
5. Mediante proveído de veintiocho de octubre del año en curso, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidas las constancias respectivas, admitió a trámite y registró el asunto. También estableció, de forma preliminar, la posible temática a dilucidar en la presente contradicción de criterios.
6. Adicionalmente, hizo la precisión en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encontró radicada alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en la presente. Finalmente, entre otras cuestiones, turnó la contradicción de criterios a su ponencia.
7. Durante la substanciación del asunto los Tribunales Colegiados de Circuito implicados informaron que su criterio continuaba vigente y habilitaron su expediente electrónico.
8. Por proveído de seis de noviembre de la anualidad que transcurre, al estar integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico a la magistrada ponente.
9. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
II. Competencia
10. En virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito en contienda pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción y es semiespecializado en la materia penal sobre la que versa, cuenta con competencia legal para conocer y resolver la misma.
11. Lo anterior, con fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos Acuerdos Generales 1/2024 y 38/2023.
III. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que la formuló el Juez de Ejecución Penal del Estado de Guanajuato, autoridad jurisdiccional involucrada en uno de los conflictos de competencia de los que deriva este asunto.
IV. Criterios en contienda
13. Las circunstancias y los argumentos –específicos– que derivan de los asuntos que originaron la denuncia de contradicción de criterios, son los que enseguida se precisan.
• Conflicto de competencia 24/2022 del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes
14. Circunstancias relevantes. Una persona con sentencia ejecutoriada privada de su libertad, solicitó ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, traslado voluntario del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato” (donde se encuentra recluida), ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, al diverso Centro Penitenciario Estatal “El Llano”, localizado en el municipio de El Llano, Aguascalientes.
15. El aludido órgano jurisdiccional admitió a trámite la petición y, una vez desahogados diversos requerimientos, declaró carecer de competencial legal para conocer de la misma.
16. Consideró que era una cuestión inherente al internamiento del solicitante y que la competencia correspondía a la autoridad jurisdiccional de ejecución del mismo fuero y territorio del centro penitenciario en el que se encontraba la persona privada de su libertad.
17. Por ello remitió el asunto al Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, Guanajuato, quien determinó no aceptar la competencia planteada. Devolvió el expediente al declinante.
18. El requirente insistió en carecer de competencia y remitió la carpeta de ejecución al órgano colegiado con la finalidad de que resolviera el conflicto competencial suscitado.
19. Correspondió conocer de la controversia de competencia al Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que la registró bajo el número 24/2022.
20. Determinó que el órgano legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario, era el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
21. Consideraciones del órgano colegiado. En cuanto a la temática que atañe a este asunto, estableció que la aplicación o interpretación a contrario sensu de la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (11a.), emitida por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023738, Undécima Época, de rubro:
“COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA INTERNO EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE UNA DIVERSA ENTIDAD FEDERATIVA A AQUELLA EN LA QUE FUE SENTENCIADO. SE ACTUALIZA RESPECTO DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN.”
22. No resolvía lo concerniente al conflicto, referente a la competencia del juzgado de ejecución para dirimir lo relativo a la solicitud de traslado voluntario, conforme al artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
23. Indicó que la citada Ley Nacional, en el Título Segundo, Capítulo V, artículos 49 al 57, regula lo relativo a los traslados voluntarios e involuntarios, nacionales e internacionales, así como la competencia para dirimir las controversias con motivo de traslados nacionales.
24. Hizo referencia a lo que la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó al resolver la contradicción de tesis 101/2021 (hoy contradicción de criterios), de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 54/2021 (11a.), con número de registro digital 2023932, Undécima Época, cuyo título establece:
“COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN.”
25. Dijo que de las consideraciones vertidas por la entonces Primera Sala, se advertía que si bien analizó la competencia que se surte en favor de los jueces de ejecución para validar el traslado administrativo, efectuado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no así respecto a la hipótesis de traslado voluntario que prevé el numeral 50 de esa misma legislación; lo cierto era que efectuó argumentos decisorios para fincar la competencia al tratarse de cuestiones relativas a la convalidación de los traslados.
26. Que ello era así, puesto que la desaparecida Primera Sala estableció que era necesario tomar en cuenta que el artículo 52 formaba parte del Capítulo V, denominado “Traslados”, donde el numeral 57 definía la competencia en controversias con motivo de traslados nacionales.
27. Por lo que, al atender la regla fijada en ese precepto, los órganos jurisdiccionales, para calificar la legalidad de los traslados nacionales a que se refiere el artículo 52, son los que ejercen jurisdicción en el centro penitenciario de origen, entendido éste como aquel donde la persona estuvo privada de su libertad al principio del procedimiento de traslado.
28. Lo anterior, añadió, porque en caso de que se determinara que el competente era el juzgador que ejerciera jurisdicción en el centro de reclusión receptor, ocasionaría el riesgo de que no perteneciera al mismo fuero que el de la autoridad administrativa que ordenó ese cambio.
29. Señaló que la uniformidad normativa implicaba que, cuando el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal atribuye jurisdicción al juzgador del centro penitenciario de origen o al receptor competente, a prevención del que conozca primero del asunto, presuponía que tal juzgador debe ejercer jurisdicción sobre el objeto de la litis.
30. De esa manera, con base en la interpretación sistemática definida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consideración del órgano de amparo, era dable establecer que, respecto de los traslados voluntarios que fundamenta el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al encontrarse tal precepto dentro del Capítulo V, denominado “Traslados”, debían seguirse las reglas de competencia que contiene el diverso numeral 57 de la legislación en cita.
31. Explicó que la solicitud para conocer del traslado voluntario se presentó ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, ya que en esa entidad fue donde se instruyó el proceso penal en contra del solicitante.
32. Por tanto, dicha circunstancia era suficiente para la actualización de la hipótesis de competencia que contiene el artículo 57, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, a prevención de que fue el órgano jurisdiccional que conoció primero de la petición.
33. Adicionó que lo anterior no implicaba inobservar el principio pro persona, bajo un argumento de practicidad y accesibilidad al trámite de una solicitud de traslado voluntario, para definir que será competente el Juez de Ejecución que ejerza jurisdicción sobre el centro penitenciario receptor.
34. Que ello era así, puesto que, como lo había definido la entonces Primera Sala, la regla de competencia que establece el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal es clara y tiene como finalidad brindar certidumbre a la persona recluida, en cuanto a cuál es la autoridad a la que debe acudir para solicitar el traslado.
35. Por consiguiente, dijo que si la persona recluida decidió presentar su petición ante el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen, a prevención de ser quien conoció primero del asunto, la competencia se surtía a favor del juzgado de ejecución en el Estado de Aguascalientes.
36. Concluyó que el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver sobre la solicitud de traslado voluntario de la persona privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, de conformidad con el artículo 57, párrafo primero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, recaía en el que conoció primero de la solicitud, es decir, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Aguascalientes.
• Conflicto competencial 30/2024 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas
37. Contexto. Una persona con sentencia condenatoria firme y con un diverso proceso penal en instrucción en el Estado de Zacatecas, privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, solicitó ante el Juzgado Único Menor Mixto en Materia de Ejecución Penal de la referida circunscripción territorial, su traslado voluntario al Centro Regional de Reinserción Social Cieneguillas, sito en la localidad de Cieneguillas, Zacatecas.
38. El órgano jurisdiccional en comentario remitió la petición, por considerar no ser competente para su conocimiento, al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Zacatecas, en la capital de dicha entidad.
39. Éste último órgano acordó carecer de competencial legal para conocer de la solicitud. Señaló que no ejercía jurisdicción en el centro de reclusión donde estaba privado de su libertad el interesado del traslado. Ordenó el envío del asunto al Juez de Ejecución de Sanciones competente en Ocampo, Guanajuato.
40. Contra la anterior determinación la defensora pública del sentenciado interpuso el recurso de apelación.
41. El tribunal de alzada que conoció del medio de impugnación estableció que la decisión recurrida no constituía una resolución de traslado voluntario, sino una solicitud no atendida, bajo la consideración de no tener competencia para conocer y resolver la misma.
42. Que ello evidenciaba que en realidad lo que acontecía era un conflicto por competencia entre dos jueces de ejecución de distinta entidad federativa; por lo que no admitió el recurso de apelación interpuesto.
43. El Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Zacatecas, reiteró que quien debía conocer de la solicitud de traslado voluntario era el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del fuero común que ejerciera jurisdicción en el centro de reclusión en donde se hallaba el solicitante.
44. Por lo anterior, remitió los autos al órgano colegiado a fin de que resolviera el conflicto competencial originado.
45. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, conoció de la contienda suscitada y la radicó con el número 30/2024.
46. Dicho tribunal resolvió que el órgano legalmente competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario era el Juzgado Menor Mixto en Materia de Ejecución Penal, con sede en Ocampo, Guanajuato.
47. Razonamientos del órgano de amparo. En lo que concierne al punto jurídico de la presente contradicción de criterios, el órgano colegiado expuso que, dado que el solicitante del traslado voluntario se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, ubicado dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Ejecución de Sanciones de Guanajuato, concernía a dicho órgano jurisdiccional conocer y resolver sobre la petición.
48. Lo anterior, toda vez que el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que la competencia para conocer del procedimiento de ejecución penal recae en los jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de su libertad; por lo que a éste correspondía conocer del trámite y resolver sobre la solicitud de traslado.
49. Por otra parte, señaló que no resultaba aplicable para definir la controversia competencial lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que las “controversias” a que se refiere tal precepto normativo, son aquellas relativas a los traslados urgentes o excepcionales a los voluntarios, contenidas en el diverso numeral 52 de la indicada legislación.
50. Añadió que cuando se actualiza alguno de los supuestos de excepción al traslado voluntario, ya fuera porque las autoridades penitenciarias consideraran que por motivos de seguridad debía reubicarse a algún interno, tratándose de delincuencia organizada, o existiera riesgo objetivo para la integridad y salud de la persona, o bien esté en riesgo la gobernabilidad del centro carcelario, podrían ordenar y ejecutar el traslado mediante una resolución administrativa, la cual deberá ser notificada al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, a fin de que éste lo califique en un plazo de cuarenta y ocho horas.
51. Que en caso de que la autoridad jurisdiccional no se pronunciara en el plazo de ley, la persona privada de su libertad podría interponer una controversia judicial contra la resolución administrativa de traslado excepcional o urgente.
52. Por ello, indicó, la regla de competencia contenida en el artículo 57, primer párrafo, de la citada Ley Nacional, hace referencia a esa “controversia” que surge ante la omisión de la autoridad jurisdiccional de calificar la orden de traslado con carácter excepcional, y no sobre la solicitud de traslado voluntario.
53. Afirmó que lo anterior fue determinado por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2021 (hoy contradicción de criterios), que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2021 (11a.), registro digital 2023932, Undécima Época, de rubro:
“COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN.”
54. De este modo, determinó que la competencia para conocer de la solicitud de traslado voluntario, recaía en el Juzgado Menor Mixto en Materia de Ejecución Penal, con residencia en Ocampo, Guanajuato, por ser el órgano que tiene jurisdicción sobre el Centro Federal de Readaptación Social No. 12 “CPS Guanajuato”, donde se encuentra privado de la libertad el peticionario del traslado.
V. Existencia de la contradicción de criterios
55. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, para que se actualice una contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
56. Para la existencia de una divergencia de criterios deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, apoyados de arbitrio judicial y efectúen un ejercicio interpretativo.
b) Entre las interpretaciones realizadas exista, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico; y
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.
57. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte determina que, en el presente caso, tales exigencias se satisfacen, por lo que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
58. Ello, toda vez que de acuerdo con lo reseñado en párrafos anteriores advertimos que los órganos colegiados contendientes, al solventar las cuestiones de derecho que se les presentaron, asumieron posturas incompatibles. 59. Los Tribunales Colegiados de Circuito implicados se pronunciaron sobre un tema jurídico que fue sometido a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si las reglas de competencia que dispone el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son aplicables para los casos en que se solicita un traslado voluntario que prevé el diverso numeral 50 de dicha legislación.
60. Observamos que en los ejercicios argumentativos realizados por los órganos colegiados se ha dado un punto contradictorio, ya que fijaron posturas opuestas sobre la aplicación del artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se plantea una solicitud de traslado voluntario.
61. Para el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en cuanto a la solicitud de traslados voluntarios que prevé el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al hallarse tal precepto legal dentro del Capítulo V, denominado “Traslados”, de la mencionada legislación, a su consideración, deben seguirse las reglas de competencia contenidas en el numeral 57 de la ley en cita.
62. Porque, desde su perspectiva, las reglas de competencia que establece el aludido artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son claras y tienen como finalidad brindar certidumbre a la persona recluida para solicitar el traslado voluntario a la autoridad correspondiente.
63. En contraposición, para el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no resulta aplicable para definir la controversia competencial entre juzgados de ejecución de diversas entidades, en virtud de que las “controversias” a que se refiere tal precepto normativo son las relativas a los traslados urgentes o excepcionales a los voluntarios, contenidas en el diverso numeral 52 de dicha ley.
64. Por tanto, para el mencionado órgano colegiado, las reglas de competencia contenidas en el artículo 57 de la referida Ley Nacional, hacen referencia a la “controversia” que surge ante la omisión de la autoridad jurisdiccional de calificar la orden de traslado con carácter excepcional, y no así sobre la solicitud de traslado voluntario.
65. Conforme con lo anterior es claro que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes partieron de un mismo supuesto de hecho, ya que resolvieron sobre si las reglas de competencia que establece el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son aplicables o no para los casos en que se solicita un traslado voluntario, previsto por el diverso numeral 50 del mismo ordenamiento jurídico.
66. Tales interpretaciones discordantes del mismo precepto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten constatar que se cumplen los requisitos a) y b) para considerar existente la contradicción de criterios, puesto que ambos tribunales ejercieron su arbitrio judicial para pronunciarse sobre el mismo problema normativo, así como diversos posicionamientos que dan lugar a la formulación de un planteamiento para responder a esa cuestión jurídica.
67. De la discrepancia entre los criterios anteriores surge la interrogante siguiente: ¿las reglas de competencia que dispone el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son aplicables para el caso de una solicitud de traslado voluntario que prevé el ordinal 50 de dicha legislación?
68. En esas condiciones, resulta posible afirmar que el requisito identificado con el inciso c) para la configuración de la contradicción de criterios, también se cumple.
69. Sin que sea óbice que en el acuerdo de admisión, la presidencia de este Pleno Regional, de forma preliminar, fijó un diverso tema de contradicción, esto es: “Determinar si, conforme al artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es competente para conocer de la solicitud de traslado voluntario de una persona recluida el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario donde se encuentra recluida o el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor”, puesto que corresponde al Pleno de este órgano colegiado precisar la litis a resolver, lo cual ya quedó determinado con la pregunta genuina antes plasmada.
70. Hay que agregar que los autos de presidencia no causan estado por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, pues los mismos no reclaman un estudio profundo y, por ello, como se ha hecho mención, no causan ejecutoria.
71. Tampoco es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados no hayan emitido una tesis jurisprudencial; porque los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para resolverla, sin imponer ese requisito.
72. Como apoyo invocamos la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 189998, Novena Época, de rubro:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.”
73. De esta forma podemos establecer que, como adelantamos, se cumplen los requisitos para la actualización de la contradicción de criterios, mismos que fueron determinados por el Pleno y la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, con registros digitales 164120 y 165077, Novena Época, de rubros:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”
“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”
74. En suma, ante la acreditación de existencia de la contradicción de criterios, resulta conveniente que este Pleno Regional emita un pronunciamiento con la finalidad de fijar el verdadero sentido de una solución jurídica al problema que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito implicados y declarar la situación que deba prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria, para garantizar que se aplique de manera uniforme y correcta en futuros casos, a fin de evitar sentencias erróneas y brindar seguridad jurídica.
VI. Estudio
75. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que las reglas de competencia previstas por el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no resultan aplicables para las solicitudes de traslados voluntarios que contempla la diversa disposición 50 de dicha legislación.
76. Como inicio debemos señalar que el dieciocho de junio de dos mil ocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal reforma tuvo por objeto, entre otras cuestiones, la introducción del modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas.
77. Sumado a esto, el diez de junio de dos mil once fue publicada la reforma al segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal, con lo que se extendió el esquema de protección de los derechos humanos al sistema penitenciario.
78. Ulteriormente, esto es, el diecinueve de junio de dos mil once entró en vigencia lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho, a través del cual se fijaron los plazos y condiciones para que los modelos de reinserción social y judicialización en la ejecución de penas entraran en vigor.
79. Con base en lo anterior, quedó establecido que la imposición de penas, su modificación y duración de éstas corresponde de forma exclusiva a la autoridad judicial y, en particular, a los Jueces de Ejecución Penal.
80. A posteriori, el ocho de octubre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversos ordenamientos, entre ellos, la legislación única en materia de ejecución de penas, que debería regir en toda la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el fuero común.
81. En el artículo segundo transitorio de tal Decreto se previó que la legislación única en materia de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión tendría que entrar en vigor a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
82. En cumplimiento a dicha orden constitucional, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que cobró vigencia al día siguiente de su publicación, esto es, el diecisiete del mes y año en comentario, de conformidad con su artículo Único Transitorio.
83. En conclusión, con la entrada en vigor (en dos mil once) de la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, la ejecución de las sanciones penales corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, concretamente, a los Jueces y las Juezas de Ejecución Penal, cuyas funciones y atribuciones se encuentran reguladas (desde dos mil dieciséis) a nivel nacional, tanto para el fuero local como el federal, en una legislación única, esto es: la Ley Nacional de Ejecución Penal.
84. Por otra parte, es necesario destacar que, en cuanto a los sitios en que las personas privadas de su libertad deben compurgar sus penas, la regla general fijada en el art
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33851-4f4c72c0/traslado-voluntario-de-personas-privadas-de-su-libertad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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