CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. ES COMPETENTE PARA RESOLVERLAS LA JUEZA O EL JUEZ DE EJECUCIÓN DEL TERRITORIO Y FUERO DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 567/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 19 DE MAYO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
II. Competencia
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo Plenario Número 5/2013,(1) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y, al ser un asunto de orden penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
III. Legitimación
6. De conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito que emitió uno de los criterios que participan en la misma.
IV. Criterios denunciados
7. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación se realiza una síntesis de los casos analizados por los tribunales contendientes.
A. Conflicto competencial 19/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito
8. Antecedentes. En mayo de mil novecientos noventa y ocho, ********** fue condenado a treinta años de prisión por un Juez del Poder Judicial del entonces Distrito Federal. Esta sentencia fue revocada, en agosto de dos mil dieciocho, mediante resolución que ordenó que se repusiera el proceso para efectos de que se investigara y se considerara la denuncia de tortura manifestada por el acusado. En este proceso, se impuso al señor ********** la prisión preventiva como medida cautelar, y fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato".
9. En abril de dos mil diecinueve, el señor ********** promovió una controversia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, contra la decisión del Comité Técnico del centro penitenciario de permitirle sólo una visita de su esposa.
10. Más de dos meses después, la Jueza de Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato declinó competencia para resolver esta controversia judicial, y la remitió al Juzgado de Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato, pues consideró que como el señor ********** se encontraba privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva impuesta por una Jueza del fuero común de la Ciudad de México, la controversia debía ser resuelta por una Jueza de Ejecución estatal, no federal.
11. A su vez, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Ejecución del Estado de Guanajuato resolvió no aceptar la competencia declinada, pues el asunto versaba sobre las condiciones de internamiento de un centro penitenciario federal, por lo que debía resolverse por un órgano jurisdiccional del mismo fuero.
12. La Jueza declinante insistió en que carece de competencia legal para resolver el asunto y promovió conflicto competencial.
13. Solución del conflicto competencial. El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito resolvió el conflicto competencial 19/2019 y declaró competente al Juzgado de Ejecución del Estado de Guanajuato, en los términos que se sintetizan en los párrafos siguientes:
a) Del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se advierte que los Jueces de Ejecución son competentes, por razón de materia, para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por razón de territorio, corresponde conocer a los Jueces de Ejecución en cuya circunscripción se encuentre la persona privada de la libertad, con independencia de si está siendo procesada (sujeta a prisión preventiva), o ya fue sentenciada (compurgando una pena). En cuanto al fuero, el dispositivo citado prevé que puede ser tanto federal como local, lo cual dependerá de la causa generadora de su internamiento; es decir, el proceso penal que lo mantiene detenido.
b) Esto es así, pues la legislación de la materia en ningún momento previó una competencia en función de la clasificación del centro carcelario. Por tanto, se debe acudir a una interpretación sistemática del orden normativo y, de esta forma es posible concluir que la competencia dependerá de la "causa generadora de la prisión" (la razón por la cual se encuentra privado de su libertad).
c) Con base en lo anterior, se concluye que el Juez de Ejecución del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato, es competente para conocer de la controversia, por razón de materia, territorio y fuero, dado que a la controversia le era aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno tiene el carácter de procesado en el fuero común y se encuentra interno en un centro penitenciario ubicado dentro de su circunscripción territorial (Ocampo, Guanajuato).
B. Conflicto competencial 11/2018 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito
14. Antecedentes. En octubre de dos mil dieciséis, ********** fue sentenciado por un Juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quien le impuso una pena de cuatro años de prisión en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Cadereyta". Con motivo de esta sentencia, se inició el procedimiento de ejecución respectivo ante un Juzgado de Ejecución del Estado de Nuevo León.
15. Posteriormente, el señor ********** fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", por lo que el Juez de Ejecución del Poder Judicial de Nuevo León declinó competencia y remitió el asunto a un juzgado de ejecución del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para que siguiera conociendo del procedimiento de ejecución de sentencia.
16. No obstante, el juzgado de ejecución del Poder Judicial de Oaxaca rechazó la competencia declinada, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(2) pues argumentó que su competencia se encontraba determinada por el Acuerdo General 57/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el que únicamente se le habilitaba para conocer de los procedimientos de ejecución iniciados con motivo de las sentencias emitidas en las regiones Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales, del Estado de Oaxaca.
17. El juzgador declinante insistió en que carece de competencia legal y decidió promover conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado que ejerce jurisdicción en su circunscripción territorial.
18. Solución del conflicto competencial. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, resolvió el conflicto competencial 11/2018, en el que, a pesar de que no formó parte del conflicto inicial, declaró competente a una Jueza Federal de Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por las razones que se resumen en los párrafos siguientes:
a) En términos del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde conocer a la Jueza de Ejecución con jurisdicción territorial en el lugar de internamiento del sentenciado, el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS Oaxaca", sin que obste a lo anterior el hecho de que el recluso fue procesado y sentenciado por autoridades judiciales del fuero común del Estado de Nuevo León, pues el traslado del ajusticiado a un Centro de Reinserción Federal ubicado fuera del territorio estatal constituye una excepción a la regla general impuesta por el fuero. Máxime cuando el tercer párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal prescribe la celebración de convenios entre la Federación y las entidades federativas para que los sentenciados extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
b) Además, la ley de ejecución penal es nacional, por lo que si el Juez de Distrito es quien ejerce jurisdicción sobre el centro de reclusión receptor, en el cual el sentenciado compurga la pena, es a tal órgano a quien corresponde dar seguimiento al procedimiento de ejecución previsto por los artículos 106 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(3) ya que no se advierte supuesto de prórroga de jurisdicción respecto del Juez del fuero común.
c) En ese sentido, a quien corresponde resolver toda controversia relativa al internamiento y ejecución de la sentencia condenatoria impuesta, es al Juez de Ejecución del fuero federal que tiene jurisdicción en el lugar de internamiento del sentenciado.
19. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de tesis, comunicó que su criterio sigue vigente.
C. Conflicto competencial 18/2018 del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito
20. Antecedentes. El tres junio de dos mil cinco, fue confirmada la sentencia definitiva dictada por un juzgado del Poder Judicial del Estado de Baja California en contra de **********, en la que se le impuso una pena de prisión de treinta y un años, con lo que tal resolución causó ejecutoria en forma previa a la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
21. En agosto de dos mil diecisiete, el sentenciado solicitó a un Juez de Ejecución del Poder Judicial de esa misma entidad federativa que le concediera un beneficio preliberacional, pues consideró que ya cumplía con los requisitos necesarios para recuperar su libertad.
22. Más de un año después, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez de Ejecución del Estado de Baja California se declaró incompetente, por razón de territorio, para conocer de la solicitud formulada por el sentenciado, debido a que el señor ********** se encontraba interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato". Por lo anterior, remitió el asunto al Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
23. El caso recayó ante una Jueza de Ejecución del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, quien rechazó la competencia declinada. Consideró que cada Estado debía hacerse responsable de la ejecución de sus sentencias, pues no solamente es un tema de prisiones, sino también de vigilancia material y jurídica, servicios legales, defensores, víctimas, convenios, presupuestos, procedimientos, cuestiones de responsabilidad administrativa, etcétera. Además, mediante circular del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de fecha dos de junio de dos mil once, se le asignó la vigilancia y control de las sanciones impuestas únicamente a quienes se encuentran internas en los Centros de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, capital, y San Felipe, así como de los sentenciados del fuero común que cumplen con sus sanciones "en el Cefereso número 22 de Ocampo, Guanajuato".
24. Solución del conflicto competencial. El once de abril de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió su sentencia sobre el conflicto competencial 18/2018, y declaró competente al Juzgado de Ejecución del Estado de Baja California por las consideraciones que se resumen a continuación:
a) Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual es aplicable a la ejecución de las penas y a los procedimientos para resolver controversias que se susciten con motivo de estas, en términos de los dispositivos 1, 2, 3 y 24 de la misma legislación.(4)
b) El artículo tercero transitorio del decreto citado,(5) estipula que con su entrada quedaron abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de los Sentenciados y las que regulan la ejecución de las sanciones penales en las entidades federativas. También se dispuso que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicha ley continuarían de conformidad con la legislación aplicable al inicio de estos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de acuerdo con el principio pro persona establecido en el dispositivo 1o. constitucional.
c) Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal se refiere a un proceso de ejecución y el Código Federal de Procedimientos Penales se refería a procedimientos de ejecución, por lo que la Ley Nacional sólo opera para ejecutar sentencias emitidas en los asuntos que se dictaron en los procesos regidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, las sentencias que se dictaron dentro de un procedimiento penal de corte mayormente inquisitivo que causaron ejecutoria a la vigencia de la Ley Nacional deben regirse por las disposiciones normativas que se les aplicaron, como es el caso.
d) Para determinar cuestiones como la competencia por razón de fuero, es necesario determinar el tipo de controversia, ya que si se trata de cuestiones relativas a la modificación y duración de las penas, la competencia por razón de fuero sigue la suerte del órgano judicial que emitió la sentencia; pero si se trata de cuestiones de internamiento, debe atenderse a la naturaleza de la autoridad que dictó o realizó la omisión que se le atribuye. Esto es así, pues son los centros de internamiento los que están adscritos a las autoridades y no en sentido contrario.
e) En el caso de las personas privadas de la libertad por delito del fuero federal que hayan sido trasladadas a un centro local, respecto de las condiciones de internamiento, el Juez de Ejecución con jurisdicción sobre la autoridad carcelaria asume la competencia por razón de fuero. Esto responde a la finalidad del procedimiento de ejecución de garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad y respetar el federalismo e independencia de los Estados y la Federación, ya que la autoridad obligada a dar respuesta a las demandas de la población penitenciaria es aquella que administra el centro en cuestión y, a su vez, la autoridad judicial con jurisdicción sobre dicha autoridad administrativa debe garantizar que éste así lo haga.
f) De acuerdo con la separación constitucional de jurisdicción (federal y local), y a la seguridad jurídica a la que tienen derecho las personas privadas de la libertad, por regla general, las Juezas y los Jueces Federales de Ejecución no pueden aplicar directamente la legislación penal emanada de un legislador local, salvo las excepciones inherentes a la jurisdicción concurrente que está expresamente prevista en la propia Ley Fundamental u otros temas derivados expresamente de la legislación sustantiva.
g) Así, la competencia tratándose de la ejecución se establece con base en dos parámetros: cuando se trate de un tema relativo al tiempo en prisión, modificación de la pena, traslación de tipo, beneficios preliberaciones o formas de compurgar la sanción, será competente la Jueza del fuero que dictó la sentencia. No obstante, si la litis está relacionada con cuestiones relativas a las condiciones de internamiento, tendrán competencia las Juezas del fuero en que se encuentre privada de la libertad.
h) Por ello, concluyó que en el caso debería conocer el Juez del fuero que emitió la causa generadora de la privación de la libertad que corresponde al territorio en donde se encuentra el centro de reclusión en que la persona está privada de la libertad, en el caso, corresponde resolver la controversia judicial al Juez estatal de Guanajuato.
25. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito informó que su criterio sigue vigente.
V. Análisis de los puntos de contradicción
26. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que exista una verdadera oposición de criterios, es necesario que:(6)
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa apoyados de arbitrio judicial y efectúen un ejercicio interpretativo.
b) Entre los diversos ejercicios interpretativos exista, al menos, un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica en comento que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.
27. Para verificar la actualización de los anteriores requisitos, conviene insertar el siguiente cuadro donde es posible advertir (de manera sintética) las decisiones adoptadas por cada uno de los tres tribunales cuyas resoluciones integran la presente contradicción de criterios:
Ver cuadro
28. Del cuadro inserto se observa que los tres Tribunales Colegiados, aparentemente problematizaron y ejercieron su arbitrio para pronunciarse con respecto a un tema en común: la competencia de los y las Juezas de Ejecución para conocer sobre controversias propias de la reclusión de personas internas en centros penitenciarios de un fuero y entidad federativa diversos a los del órgano jurisdiccional que ordenó su internamiento.
29. En dicha temática, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito se pronunció exclusivamente con respecto a condiciones de internamiento. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito definió qué Juez de Ejecución debía conocer de una controversia con esas particularidades, ya fuera tratándose de condiciones de internamiento o sustantivas de la pena. En tanto que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito también abarcó ambos supuestos, es decir, adjetivos y sustantivos, que pudieran ocurrir durante la ejecución de una sanción.
VI. Criterio que no participa en la contradicción de tesis
30. Esta Primera Sala considera que los requisitos enunciados no se satisfacen respecto de uno de los criterios denunciados en la presente contradicción.
31. El posicionamiento del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito es diametralmente distinto al emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito sobre las reglas de competencia en cuestiones sustantivas de la ejecución de la pena, sin embargo, no da pie a la existencia de una contradicción, puesto que uno y otro posicionamiento tuvieron como origen condiciones fácticas y jurídicas distintas que los llevaron a resolver cuestiones diferentes.
32. En efecto, al dirimir el conflicto competencial 18/2018, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, partió del hecho de que la sentencia condenatoria que ordenó la pena de prisión causó ejecutoria en el año dos mil cinco, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (inició el diecisiete de junio de dos mil dieciséis).
33. Tal particularidad marcó el rumbo del estudio y desarrollo del criterio del citado tribunal, puesto que en sus consideraciones expresamente manifestó que por dicha situación, su posicionamiento en torno a qué Juez de Ejecución debía ser competente, no seguiría las reglas que establecía la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino lo previsto en el artículo tercero transitorio de dicha norma,(7) que dispone la aplicación de las reglas de las normas aplicables a los procedimientos anteriores sobre aspectos sustantivos de la ejecución de las penas.
34. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito al resolver el conflicto competencial 11/2018, se enfrentó a un hecho totalmente distinto, pues la sentencia que fijó la pena de prisión quedó firme durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
35. Esa condición derivó en que para resolver dicho asunto el citado órgano jurisdiccional partiera de la aplicación de lo previsto en el artículo 24 de la citada Ley Nacional(8) y, luego de su interpretación, emitiera su criterio con respecto a la competencia del Juez de Ejecución que a su consideración debía conocer, entre otras, de controversias sustantivas sobre la duración de las penas impuestas a las personas internas en centros penitenciarios de un fuero y entidad federativa diversos a los del órgano jurisdiccional que ordenó su internamiento.
36. De esa forma, si bien ambos tribunales se pronunciaron con respecto a qué Juez o Jueza de Ejecución era el competente para conocer de cuestiones sustantivas en la compurgación de la pena de prisión, en el fondo cada uno resolvió un problema jurídico distinto.
37. La diferenciación en uno y otro supuestos ha llevado a esta Primera Sala a criterios distintos al decidir los conflictos competenciales 260/2018(9) y 206/2018.(10) En el primero de los casos la sentencia condenatoria se impuso previo a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que el conflicto competencial se resolvió de conformidad con el artículo tercero transitorio de esa norma. En cambio, en el segundo asunto la ejecutoriedad de la sentencia ocurrió durante la vigencia de esa ley y, por ello, la solución del asunto atendió al contenido del precepto 24 de esa ley especial.
38. En ese sentido, los extremos de uno y otro problema jurídico no son una cuestión menor que pueda analizarse desde un mismo ángulo y, por ello, no resultan criterios antagónicos.
39. Asimismo, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito no colisiona con los argumentos ocupados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Lo anterior, pues mientras el primero de los tribunales citado analizó aspectos de competencia que versaron sobre una controversia de carácter sustantivo de la compurgación de la pena de prisión impuesta (controversia sobre un beneficio preliberacional), el segundo determinó lo propio respecto de una controversia sobre aspectos no sustantivos en el procedimiento de ejecución (visita conyugal que versa sobre cuestiones de internamiento).
40. El tratamiento en uno y otro supuestos ha llevado a esta Primera Sala a emitir criterios distintos al decidir los conflictos competenciales 206/2018(11) y 3/2020.(12) En el primero de los casos se resolvió en el sentido de que son competentes para conocer de controversias de carácter sustantivo de la pena los Jueces que correspondan al fueron del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia de condena. En cambio, en el segundo asunto determinó que los aspectos relacionados con cuestiones no sustantivas de la ejecución de las sanciones impuestas deben ser resueltas por el Juez de Ejecución que corresponda al fueron del centro de reclusión en que se encuentre la persona privada de la libertad.
41. Con base en las consideraciones hasta aquí narradas, es que este Alto Tribunal considera que debe declararse inexistente la contradicción de tesis, por lo que hace al criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el conflicto competencial 18/2018, en relación con el punto que será materia de estudio de esta resolución. Lo que se verá reflejado en los puntos resolutivos de esta ejecutoria.
VII. Existencia de la contradicción de tesis
42. Por otro lado, como se adelantó, respecto a los criterios emitidos entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, sí se cumplen los requisitos previstos para la existencia de una verdadera contradicción.
43. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito al resolver el conflicto competencial 11/2018, asume una postura incompatible con lo sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 19/2019, para responder a una misma pregunta ¿qué Juez o Jueza de Ejecución debe conocer de una controversia suscitada con motivo de las condiciones de internamiento de una persona recluida en un centro penitenciario de un fuero y entidad federativa diversa de aquél que ordenó su privación de la libertad?
44. Lo anterior, debido a que mientras el primero de los mencionados tribunales sostiene que con base en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las controversias de internamiento durante la compurgación de la pena de prisión deben ser resueltas por el mismo Juez o Jueza que debe conocer del procedimiento de ejecución, quien se define observando el lugar y el fuero del centro penitenciario en el que se encuentra la persona privada de la libertad. En el caso, un Juez federal.
45. El segundo de los referidos tribunales afirma que en términos del mismo precepto 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quien debe resolver sobre controversias inherentes a las condiciones de internamiento es el o la Jueza del mismo fuero (común o federal) de la causa generadora de la reclusión que ejerza jurisdicción en el territorio donde se ubique el centro penitenciario en el que se encuentre interna la persona. En el caso, un Juez estatal.
46. Tales interpretaciones discordantes del mismo artículo de la Ley Nacional de Ejecución Penal permiten constatar que se cumplen los requisitos uno y dos para considerar existente la contradicción de tesis, puesto que ambos tribunales ejercieron su arbitrio judicial para pronunciarse sobre los mismos problemas normativos, así como diversos posicionamientos que dan lugar a la formulación de un verdadero planteamiento para responder a dichas cuestiones jurídicas.
47. Sin perjuicio de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito haya emitido su criterio a partir de la situación jurídica de una persona con sentencia ejecutoriada y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito de una persona en prisión preventiva, puesto que precisó que su criterio, el cual continúa vigente, opera también para personas sentenciadas.(13)
48. De ahí que, por tal razón es posible advertir la existencia del punto de toque en el arbitrio judicial e interpretación de un mismo problema jurídico con respecto entre los mencionados tribunales contendientes.
49. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala definir cuál es el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias que surjan con motivo de las condiciones de internamiento de personas recluidas en un centro penitenciario de un fuero y territorio diverso al del órgano jurisdiccional que emitió la orden que las mantiene privadas de su libertad.
VIII. Estudio de fondo
50. Precisada la existencia de la presente contradicción, se procede al estudio de fondo. La metodología que emplearemos para estudiar el punto que es materia de esta ejecutoria se desarrollará a través del análisis de los siguientes apartados: A) la reforma constitucional al procedimiento nacional de ejecución penal; B) la naturaleza de los actos que corresponde conocer a las y los Jueces de Ejecución; C) la competencia territorial, local o federal de las y los Jueces de Ejecución tratándose de cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento; y, D) el criterio de jurisprudencia que debe prevalecer en esta contradicción.
A) Reforma constitucional al procedimiento de ejecución y creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal
51. Al resolver la contradicción de tesis 57/2018,(14) esta Primera Sala precisó que con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal y con la reforma de diez de junio de dos mil once a los artículos 1o. y 18 constitucionales,(15) se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización de la etapa de ejecución de las penas.
52. Dichas reformas pusieron de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que era necesario reestructurar el sistema, circunscribir únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y conferir al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "Jueces de Ejecución de sentencias".
53. Reforma constitucional que tenía diversas finalidades, entre otras, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que debía ser el Poder Judicial el que vigilara que la pena se cumpliera, en la forma en que lo determinó el Juez respectivo. Además, terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de las sanciones y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se organizara el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
54. En la misma ejecutoria de la referida contradicción de tesis 57/2018, se destacó que con motivo de las citadas reformas y con el propósito de lograr la unificación de procedimientos y criterios, así como de dotar de certeza y seguridad jurídica a los justiciables, el legislador federal otorgó facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal.
55. Con base en lo anterior, el ocho de octubre de dos mil trece se publicó en el D
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30093-07c708c6/controversias-relacionadas-con-condiciones-de-internamiento-es-competente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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