COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA INTERNO EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE UNA DIVERSA ENTIDAD FEDERATIVA A AQUELLA EN LA QUE FUE SENTENCIADO. SE ACTUALIZA RESPECTO DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2021. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio que sustentó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(2) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado, se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la contradicción de tesis 259/2009.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, con relación al 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;(3) toda vez que fue hecha valer por el Juez de Ejecución Penal en el Estado de Guanajuato.
6. TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.
7. I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2020.
1) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la causa penal **********, dictó sentencia en el procedimiento abreviado, en la que consideró a **********, como penalmente responsable del delito de robo equiparado, por el que le impuso, entre otras penas, ********** años, ********** meses de prisión.
En auto de cinco de marzo siguiente, se declaró firme la sentencia; y para su cumplimiento, se ordenó remitir copia certificada de las constancias, al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales.
2) Conoció del asunto la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Zacatecas, con residencia en Cieneguillas, y en auto de doce de marzo posterior, ordenó formar la carpeta administrativa de ejecución con el número **********, y dar inicio al procedimiento correspondiente.
3) En oficio de siete de agosto subsecuente, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, informó al director del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, que **********, se acogió al beneficio de la medida cautelar anticipada, consistente en la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, en la causa penal **********.
4) En auto de doce de junio del mismo año, la Juez de Ejecución determinó que la carpeta administrativa de ejecución, se integró inobservando lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se vulneró el último párrafo del artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(4) por lo que de oficio declaró la nulidad de todo lo actuado, y en la misma fecha, dictó auto de inicio del procedimiento de ejecución.
El veintinueve de noviembre siguiente, tuvo por recibido el oficio signado por el comandante del Grupo de Aprehensiones I, de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual, informó que dio cumplimiento a la orden de reaprehensión librada en contra de **********, por el delito de robo equiparado.
5) El veintiuno de enero de dos mil diecinueve, el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, informó a la Juez de Ejecución, que su homólogo en Fresnillo, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, inició el procedimiento de ejecución de sanciones **********, derivado de la causa penal **********, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, en contra de **********, por el delito de secuestro agravado, en la que se dictó sentencia el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se le impusieron, entre otras penas, ********** años de prisión; que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, confirmó el nueve de mayo de dos mil dieciocho, y causó ejecutoria por ministerio de ley.
6) El catorce de febrero siguiente, la Juez de Ejecución con residencia en Cieneguillas, declaró procedente la acumulación de la carpeta ********** a la **********.
7) En auto de dieciséis de junio posterior, tuvo por recibido el oficio a través del cual, se le informó que **********, fue trasladado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO". Al día siguiente, calificó de legal la determinación de traslado; y el veintiocho de octubre posterior, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado, en contra de esa calificación.
8) El ocho de noviembre subsecuente, la Juez de Ejecución con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, declinó competencia al Juzgado de Ejecución de Sanciones en Ocampo, Guanajuato.(5)
9) En resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, Guanajuato, en el cuadernillo **********, rechazó la competencia declinada a su favor.
10) En auto de diecinueve de mayo siguiente, la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Zacatecas, insistió en su planteamiento de incompetencia, y remitió los autos de la carpeta de ejecución **********, y su acumulada **********, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para que resolviera el conflicto competencial que se suscitó.
a11) Conoció del conflicto competencial, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, donde se registró con el número 6/2020, y en sesión de doce de noviembre de dos mil veinte, por mayoría de votos, determinó que el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Guanajuato, Guanajuato, era el órgano jurisdiccional competente para conocer del procedimiento de ejecución penal del sentenciado.
I) Para tales efectos, se atendió a lo dispuesto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 206/2018, en sesión de veinte de febrero de dos mil diecinueve.(6)
Así, se determinó que la cuestión consistía en determinar, cuál de los Jueces era competente para conocer del procedimiento de ejecución relativo al sentenciado, si la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Zacatecas, con sede en Cieneguillas, en razón de que conoció de la ejecución de las penas dictadas en los procesos penales respectivos; o bien, el Juez de Ejecución Penal con sede en Guanajuato, por ser quien ejercía jurisdicción en el Municipio de Ocampo, donde tenía asiento el centro de reclusión en el que se encontraba interno el sentenciado.
II) Se precisó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los conflictos competenciales 343/2017(7) y 25/2018,(8) en sendas sesiones de veinticuatro de octubre y siete de noviembre de dos mil dieciocho, se pronunció sobre casos similares al que se resolvía, en el sentido de que la competencia correspondía al Juez de Ejecución de Sentencias que ejerciera jurisdicción en el lugar en el que se dictó la sentencia condenatoria; sin embargo, se destacó que en esos casos, la sentencia causó ejecutoria antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente, el nueve de abril de dos mil ocho y el tres de mayo de dos mil trece, respectivamente. Así lo destacó la Primera Sala, al resolver el conflicto competencial 206/2018, de su índice.
A diferencia del caso, las sentencias condenatorias se declararon ejecutoriadas el cinco de marzo de dos mil dieciocho (causa penal **********), y el nueve de mayo de dos mil dieciocho (causa penal **********), es decir, cuando ya había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal (diecisiete de junio de dos mil dieciséis).
Razón por la que la Primera Sala precisó en el conflicto competencial 206/2018, que a los correspondientes precedentes, les resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, según el cual: "los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional".
De ahí que se arribó a una conclusión distinta de la del conflicto competencial 206/2018, a que hizo alusión el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Guanajuato; pues la legislación aplicable era diferente, en atención a la fecha en que inició el procedimiento de ejecución. Esto es, aquellos casos se presentaron antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y en este último, ya había entrado en vigor.
III) Así, el asunto derivó de las causas penales ********** y **********, que sustanciaron respectivamente ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, y el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; en la primera, el catorce de febrero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró a **********, como penalmente responsable del delito de Robo equiparado, por el que se le impusieron, entre otras consecuencias jurídicas, una pena de prisión de ********** años ********** meses.
En la segunda causa penal, el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia que lo declaró penalmente responsable del delito de secuestro agravado, y se le impusieron, entre otras consecuencias legales, una pena privativa de la libertad de ********** años.
Al causar ejecutoria dichas resoluciones, la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, radicó las carpetas ********** y **********, para conocer del procedimiento de ejecución penal.
Durante el trámite del procedimiento, el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, informó a la Juez de Ejecución, que el quince de junio de dos mil diecinueve, el sentenciado fue trasladado por medidas de seguridad, al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO".
En atención a lo anterior, la Juez de Ejecución se declaró legalmente incompetente para conocer del procedimiento de ejecución penal ********** y su acumulado **********, y la declinó a favor del juzgado de ejecución penal con jurisdicción en el referido Centro Federal de Reinserción Social.
Recibida la carpeta de ejecución, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juez de Ejecución Penal con sede en Guanajuato, Guanajuato, no aceptó la competencia declinada y ordenó la devolución del asunto a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en Zacatecas.
IV) Consecuentemente, se actualizó el conflicto competencial, por lo que habría que dilucidar a qué Juez de Ejecución le correspondía conocer del procedimiento de ejecución penal del sentenciado, que se encontraba recluido en el Centro Federal de Reinserción Social, en Ocampo, Guanajuato.
Así, una vez que en auto de cinco de marzo y nueve de mayo de dos mil dieciocho, se declararon firmes las sentencias condenatorias respectivas, el juzgador remitió copia certificada de esos fallos, al juzgado de ejecución de sanciones penales correspondiente, para que se iniciara la fase de ejecución respectiva; el Juez de Ejecución que conoció del asunto, tuvo por recibidas las constancias y radicó las carpetas de ejecución, en sendos autos de cinco de marzo de dos mil dieciocho –el doce de junio siguiente se declaró insubsistente todo lo actuado y se dictó nuevo auto de inicio– y veintitrés de mayo siguiente.
Fechas que resultaron sumamente relevantes, porque como se determinó, el procedimiento de ejecución comenzaba cuando la sentencia de condena causaba ejecutoria.
De ahí que si la sentencia que se dictó en la causa penal **********, se declaró ejecutoriada el cinco de marzo de dos mil dieciocho, y la pronunciada en la causa penal **********, se declaró firme el nueve de mayo de dos mil dieciocho; entonces, ya se encontraba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor desde el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
Por tanto, era esa legislación la que habría de regir los procedimientos que dentro de la etapa de ejecución de sentencia promoviera el justiciable. Así, conforme al artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la competencia de los Jueces de ejecución, se establecía en las leyes orgánicas o disposiciones generales que regían su jurisdicción, y sus límites territoriales podían ser establecidos o modificados mediante acuerdos generales.
En ese orden de ideas, si bien el justiciable fue sentenciado tanto por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, como por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; lo cierto era que se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS- GUANAJUATO", con residencia en Ocampo, Guanajuato, por lo que el Juez competente para conocer del procedimiento de ejecución era el Juzgado de Ejecución Penal de Guanajuato, Guanajuato, por ser el órgano judicial que ejercía jurisdicción en el lugar de ubicación del referido centro federal.
V) Consecuentemente, se resolvió que la competencia para conocer del procedimiento de ejecución de las dos sentencias penales, se surtía a favor del Juzgado de Ejecución Penal de Guanajuato, por ser el que ejercía jurisdicción en el lugar donde se ubicaba el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS- GUANAJUATO", donde se encontraba interno el sentenciado.
Se destacó que un criterio similar se aplicó al resolver el conflicto competencial 1/2020, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinte.
8. II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2020.
1) Derivado de la causa penal **********, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la Primera Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, instruida en contra de **********, se originó, en el Juez de Ejecución Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Nuevo Laredo, la carpeta de ejecución **********.
2) En razón de que el sentenciado se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO", en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, el Juez de Ejecución declinó su competencia para seguir conociendo de la carpeta de ejecución, a favor del Juez competente en ese Estado.
El asunto se turnó al Juez de Ejecución Penal de Guanajuato, Guanajuato, quien no aceptó la competencia, y devolvió los autos al Juez declinante; que a su vez, planteó el correspondiente conflicto competencial.
3) Conoció del asunto el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, donde se registró con el número 9/2020; y en sesión de nueve de julio de dos mil veinte, por unanimidad de votos, declaró competente al Juez de Ejecución Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, para conocer del procedimiento de ejecución de la pena.
I) Para tales efectos, se atendió a lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 260/2018, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.
II) Así, se destacó que la materia del conflicto, se centraba en la etapa de ejecución de la sentencia; y, por tanto, se debía tomar en cuenta que a la fecha del fallo, ya había entrado en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La sentencia que se dictó en la carpeta procesal **********, fue confirmada por la Sala Colegiada en Materia Penal, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el nueve de marzo de dos mil dieciocho; y la carpeta de ejecución, inició el cuatro de septiembre siguiente, en la que se ordenó recabar la información relativa para determinar a partir de cuándo empezaba a computarse la pena impuesta.
En ese orden de ideas, se determinó que si era a la autoridad judicial a la que le competía no sólo la imposición de las penas, sino su modificación y duración; entonces, el juzgador competente y la normatividad aplicable, debía guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción, que en el caso era el Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Por tanto, correspondía a un Juez de Ejecución Penal de la misma entidad federativa, pronunciarse sobre la ejecución de la pena; en el caso, el Juez de Ejecución Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
III) No se soslayó que el sentenciado se encontrara recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO", en Ocampo, Guanajuato, y que el Poder Judicial de ese Estado, ya contaba con Jueces especializados en ejecución de sanciones penales; sin embargo, se señaló que la pena se individualizó con apoyo en la legislación del Estado de Tamaulipas y, por tanto, correspondía a los Jueces de esa entidad, aplicar dichas disposiciones legales.
IV) El Juez competente, debía considerar los siguientes aspectos:
• Si durante la instrucción del procedimiento preliberacional respectivo, surgía la necesidad de aplicar un beneficio previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ya en ese momento se encontraba en vigor y le resultaba más favorable al reo, así debía llevarlo a cabo; ello, con apoyo en el artículo tercero transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Tamaulipas.(9)
• Era factible respetar el principio de inmediación dentro del procedimiento jurisdiccional de ejecución de la pena, a través de los avances tecnológicos como la videoconferencia, para garantizar la presencia del sentenciado en las audiencias respectivas, sin menoscabo de llevar a cabo las diligencias necesarias a través de los medios de comunicación judiciales a los que hubiera lugar.
• Para desarrollar ese punto, era necesario tomar en consideración que si bien el proceso penal que dio lugar a la imposición de las penas del sentenciado, tuvo lugar en el anterior proceso penal mixto, actualmente era factible considerar que los Jueces penales, tanto federales como locales, tenían a su alcance los avances tecnológicos necesarios para garantizar la inmediación entre el Juez y el sentenciado, pues la normatividad federal aplicable al proceso penal acusatorio y oral, preveía la existencia de esos mecanismos para el desahogo de diligencias y rendición de declaraciones.(10)
• Por otro lado, la exigencia a que se refería ese punto, requería de la colaboración de los niveles de gobierno federal y local, tanto en el orden jurisdiccional como penitenciario. Así, conforme al artículo 18, tercer párrafo, de la Constitución General, los Gobiernos de la Federación y de los Estados podrían celebrar convenios para que los sentenciados por delitos en sus respectivos ámbitos extinguieran las penas impuestas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción distinta.
• Lo que explicaba la dispersión de la población penitenciaria en el país y exigía que las determinaciones judiciales que se adoptaran en el fuero competente fueran ejecutadas con apoyo de las autoridades penitenciarias respectivas.
Por tanto, se consideró que el Juez de Ejecución Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, era el competente para conocer del procedimiento de ejecución de la pena impuesta a **********, registrado como carpeta de ejecución **********, derivada de la carpeta procesal **********, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la Primera Región Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
9. III. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2019.
1) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, **********, fue sentenciado en la carpeta judicial **********, del índice del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en funciones de Juzgado de Juicio en San Juan del Río, Querétaro, por el delito de homicidio calificado, por el que se le impusieron, entre otras penas, ********** años de prisión; determinación que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el toca penal **********.
2) En auto de once de octubre siguiente, el Juzgado Único de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, con funciones de Juez Penal del Sistema Tradicional y Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, formó la carpeta única de ejecución **********, dio inicio al procedimiento respectivo, ordenó la prisión punitiva del sentenciado y solicitó a las autoridades penitenciarias las constancias correspondientes para proveer lo conducente.
3) En auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por informado a las autoridades penitenciarias locales, que como medida urgente y excepcional, por razones de seguridad para garantizar la estabilidad y gobernabilidad del centro de internamiento, en resolución administrativa del día anterior, del comisionado estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, autorizó y ejecutó el traslado del sentenciado del Centro Penitenciario CP3 Varonil de San Juan del Río, Querétaro, al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS-GUANAJUATO", en Ocampo, Guanajuato. Se calificó de legal el traslado excepcional, y se declinó competencia para conocer del asunto, a favor del Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Ocampo, Estado de Guanajuato, en atención a que el sentenciado se encontraba recluido en ese centro.
4) En contra de la resolución que calificó de legal el traslado excepcional, el sentenciado promovió recurso de apelación, del que conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, donde se registró como toca penal **********, y en su momento se confirmó la determinación recurrida.
En cumplimiento a esa resolución, se ordenó remitir la carpeta única de ejecución **********, al Juez de Ejecución de Penas del Sistema Oral del Distrito Judicial de Ocampo, Estado de Guanajuato.
5) Conoció del asunto el Juez de Ejecución Penal en el Estado de Guanajuato, quien en auto de veintinueve de julio siguiente, no aceptó la competencia declinada y ordenó devolver los autos a su lugar de origen.
6) El Juez de Ejecución con residencia en San Juan del Río, Querétaro, en auto de quince de agosto posterior, insistió en que no era competente para conocer de la carpeta de ejecución, por lo que planteó conflicto competencial.
7) Conoció del asunto el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, donde se registró con el número 7/2019; y en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, declaró legalmente competente al Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, en funciones de Juez Penal del Sistema Tradicional y Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, para conocer de la carpeta de ejecución penal **********. Ello, al tenor de las siguientes consideraciones:
I) Se abandonó el criterio de interpretación del propio Tribunal Colegiado, sustentado en diversa integración, que dio lugar a la tesis de rubro: "COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE LA EJECUCIÓN DE UNA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA COMO SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. CORRESPONDE AL JUEZ DE EJECUCIÓN CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL SENTENCIADO, Y NO DONDE AQUÉLLA SE IMPUSO."(11)
Se destacó que el planteamiento en el conflicto, era similar al que se resolvió en el conflicto competencial 1/2018, del índice del propio Tribunal Colegiado, relativo a establecer que como el sentenciado se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social de San Juan del Río, Querétaro, debía conocer sobre el procedimiento de ejecución, el Juez Único de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, con funciones de Juez Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales, porque ese centro carcelario estaba en la circunscripción territorial en que ejercía su jurisdicción, derivado de la regla de competencia impuesta por el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de determinar que el Juez que debía resolver sobre la ejecución de una pena de prisión, lo era el que tuviera jurisdicción en el lugar de reclusión del sentenciado, y no donde se hubiera impuesto la sanción en ejecución; es decir, se siguió el criterio de ubicación territorial del sentenciado, que se encontraba compurgando la pena de prisión punitiva.
Así, para justificar el abandono de criterio, se retomaron algunos conceptos fundamentales y circunstancias jurídicas que imperaban en ese momento en el orden jurídico aplicable en materia de ejecución de sanciones penales, así como los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que abordó el tema de la interpretación que debía darse al artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
II) Se destacó que el Juez de Ejecución Penal del Estado de Guanajuato, no aceptó la competencia que se declinó a su favor, por estimar que se encontraba en supuestos similares a los que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte, en los conflictos competenciales 260/2018 y 126/2017, en los que determinó, en esencia, conforme a la misma interpretación del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Se citó, a guisa de ejemplo, el conflicto competencial 260/2018, que derivó del conflicto entre el Juzgado de Ejecución Oral del Distrito Judicial con sede en Guanajuato (Juzgado de Ejecución Penal de Guanajuato), con el Juzgado de Ejecución Penal del Cuarto, Decimoprimero y Decimocuarto Distritos Judiciales del Estado de Tamaulipas con sede en Matamoros.
Caso en el que una persona sentenciada en el Estado de Tamaulipas, por un delito del fuero común, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 de Ocampo, Guanajuato. Posteriormente, solicitó un beneficio carcelario, y el Juez de Ejecución de Tamaulipas declinó competencia a favor del primero, pero como no la aceptó, se planteó el conflicto competencial.
Así, la Primera Sala determinó que la competencia para conocer de la vigilancia y control de la pena privativa de libertad, hasta su extinción, se surtía a favor del Juez de Ejecución Penal del Cuarto, Decimoprimero y Decimocuarto Distritos Judiciales del Estado de Tamaulipas con sede en Matamoros, y no a favor del órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de condena, porque debían ser las leyes estatales de esa entidad, las que prevalecieran, con independencia del lugar donde se encontrara recluido el sentenciado. Criterio que reiteró la Primera Sala, en el conflicto competencial 126/2017.
III) Lo anterior, bajo el argumento de que la normativa relacionada con la etapa de la ejecución de la pena, tenía más bien un carácter sustantivo, por ser una consecuencia natural de la pena impuesta por el juzgador respectivo; consecuentemente, tanto el Juez, como la normatividad aplicable, debían guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción.
Así, para decidir el Juez competente, era necesario superar el primer obstáculo, que correspondía al fuero en el que fue impuesta la pena al sentenciado; es decir, debía ser un Juez de Ejecución del fuero común, el que debía pronunciarse sobre su ejecución.
IV) En ese orden de ideas, se destacó que el procedimiento de ejecución de la pena, tuvo lugar el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, resolvió el toca penal acusatorio **********, en el que confirmó la sentencia de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30191-27412e23/competencia-para-conocer-del-procedimiento-de-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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