COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN REGULADA POR LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, RESPECTO DE UN SENTENCIADO POR AUTORIDAD JUDICIAL DEL FUERO COMÚN EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL UBICADO EN OTRO ESTADO. CORRESPONDE AL JUZGADOR DEL FUERO COMÚN QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL ALUDIDO CENTRO CARCELARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS, POR LO QUE RESPECTA AL FONDO DE LA SENTENCIA; MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE DEBE PUBLICITARSE. DISIDENTE: FELISA DÍAZ ORDAZ VERA, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO HERRERA CAÑIZALES.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, y el diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que la formuló la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio de la Región Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien tiene el carácter de parte, en los conflictos competenciales motivo de la presente contradicción.
TERCERO.—Criterios contendientes.
A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es oportuno conocer los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en examen y las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las respectivas ejecutorias.
I. De las constancias relativas al conflicto competencial 4/2019, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve, se desprenden los siguientes datos:
a) En el procedimiento penal **********, el uno de junio de dos mil dieciocho, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León dictó sentencia condenatoria en contra de ********** por su responsabilidad en el delito de robo ejecutado con violencia, por lo que le impuso una pena de cuatro años once meses y siete días de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.
b) Resolución que fue confirmada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por la Décima Tercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, al resolver el toca en definitiva **********.
c) En virtud de ello, se aperturó la carpeta de ejecución número **********, en la que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León determinó carecer de competencia legal para conocer de tal ejecución, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al estar el sentenciado privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", el competente era el Juez de Ejecución en sistema acusatorio del Estado de Oaxaca que ejerciera jurisdicción en ese centro carcelario, por lo que ordenó la remisión del expediente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que lo remitiera al Juez respectivo.
d) Por su parte, la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio de la Región Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no aceptó la competencia legal declinada a su favor, pues refirió que no ejerce jurisdicción en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", por tratarse de un centro carcelario de fuero federal, y que en todo caso, el competente era el Juez de Distrito Especializado en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución con competencia en todo el Estado de Oaxaca.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito determinó que la competencia legal para conocer de la carpeta de ejecución número **********, correspondiente al sentenciado **********, correspondía a un juzgador ajeno a ese conflicto competencial 4/2019, concretamente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Estudio del conflicto de competencia.—Este Tribunal Colegiado, conforme a los datos y constancias que se tienen, estima que la competencia para conocer del expediente para conocer del expediente (sic) de ejecución **********, formado con motivo de la sanción impuesta al sentenciado **********, por su responsabilidad en la comisión del delito de robo ejecutado con violencia, recae en una autoridad distinta a las contendientes en el conflicto que hoy se resuelve.—Ello es así, dado que la competencia es de orden público y como tal, habrá de resolverse sin que se requiera la participación de aquella a la que habrá de fincarse la competencia atento a la tesis 4a. 8 (sic) de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, de texto y rubro siguientes: ‘COMPETENCIA. PUEDE DECLARARSE EN FAVOR DE AUTORIDAD NO CONTENDIENTE. En los conflictos de competencia, siendo de orden público, puede declararse competente a una tercera autoridad, aunque no haya intervenido en la contienda competencial.’.—A fin de justificar lo anterior, es menester citar el contenido del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual dispone: ‘Artículo 24. Jueces de Ejecución.—El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley.—Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.—Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales.—La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales.’.—De la transcripción anterior, se advierte que la regla de competencia territorial prevista en el numeral supratranscrito, es aplicable tanto en la ejecución de la prisión preventiva como en la de la pena impuesta como sanción; en virtud de que ambas comprenden el ámbito de aplicación de la citada ley procesal, cuyo objeto es, entre otras cuestiones, establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva y por la ejecución de una pena, ambas impuestas como consecuencia de una resolución judicial.—Además, en cuanto a la competencia para conocer de los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias, el citado artículo 24, es claro en establecer que los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas serán competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal de aquellos en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, con independencia del lugar en que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.—Por lo tanto, si en el caso, el sentenciado de que se trata se encuentra privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 ‘CPS OAXACA’; mismo que es de jurisdicción federal, es inconcuso que en términos del precepto legal transcrito, el órgano competente para resolver toda controversia relativa al internamiento y ejecución de la sanción impuesta al referido, es el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en dicho centro de reclusión.—Sin que obste a lo anterior el hecho inobjetable de que el nombrado recluso haya sido procesado y sentenciado por autoridades judiciales del fueron (sic) común del Estado de Nuevo León, pues el traslado del sentenciado a un centro de reclusión federal ubicado en una entidad federativa diversa, constituye una excepción a la regla general impuesta por el fuero.—Máxime si el tercer párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal prevé que la Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.—Ahora bien, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 7/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales para establecer la adscripción de los Jueces de Distrito con competencia en ejecución, en los Centros de Justicia Penal Federal, los Jueces de Distrito especializados en ejecución de sanciones penales, tendrán la competencia que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, dentro de la jurisdicción territorial de cada Centro de Justicia Penal establecidos en la República Mexicana.—Por su parte, el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los Juzgados de Distrito, los órganos jurisdiccionales del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca ejercen jurisdicción en esa entidad federativa, como se aprecia del artículo Quinto Ter de dicho ordenamiento.—De este modo es que, por razón de territorio y de fuero, y con apoyo en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es competente para conocer del procedimiento de ejecución motivo del presente conflicto, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca, por ser el que ejerce jurisdicción sobre el centro de reclusión en el cual el sentenciado compurga la pena impuesta.—Debe acotarse que dicha competencia se finca únicamente respecto de aquellas cuestiones relacionadas con la ejecución de la pena que no están reguladas por disposiciones de naturaleza sustantiva, como serían los beneficios preliberacionales, pues tales aspectos al constituir una variante de la pena o de su modificación y duración, deben guardar coherencia con el sistema normativo primigenio que dio lugar a la imposición de la sanción, que en el caso específico correspondería resolver al Juez de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Nuevo León.—Por lo expuesto y fundado, se resuelve:—PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca, para conocer del expediente de ejecución ********** relativo al sentenciado **********, por la sanción impuesta por su responsabilidad en la comisión del delito de robo ejecutado con violencia.—SEGUNDO. Remítanse los autos con testimonio de esta resolución al Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca, para que en términos del artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, registre la solicitud y la turne al Juez especializado en el sistema penal acusatorio que corresponda, para que le dé el trámite correspondiente.—TERCERO. Envíese copia autorizada de la presente resolución al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León y a la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio de la Región Sierra Sur en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para su conocimiento.—Notifíquese..."
II. De las constancias relativas al conflicto competencial 8/2019, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se desprende:
a) En el procedimiento penal **********, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León dictó sentencia condenatoria en contra del propio ********** por su responsabilidad en el delito de robo ejecutado con violencia, por lo que le impuso una pena de tres años, seis meses de prisión y multa de cuarenta cuotas, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.
b) Una vez que causó ejecutoria tal sentencia, se aperturó la carpeta de ejecución número ********** del índice del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.
c) Durante el trámite de ejecución, se informó el traslado del sentenciado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", el cual se calificó de legal el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.
d) En virtud de ello, el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Nuevo León determinó carecer de competencia legal para continuar el procedimiento de ejecución, toda vez que conforme a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el competente era el Juez de Ejecución en cuya circunscripción territorial se encuentra la persona privada de su libertad, por lo que ordenó remitir el asunto al Juzgado de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con sede en Oaxaca.
e) La Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no aceptó la competencia declinada a su favor, ya que expuso que es el Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región de Sierra Sur, que conoce sobre el procedimiento de ejecución de penas impuestas en aquellos asuntos que deriven del sistema acusatorio adversarial y que ejerce jurisdicción en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA".
f) Por su parte, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León insistió en considerarse legalmente incompetente en términos del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para conocer del expediente en ejecución, y lo remitió al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que por su conducto lo enviara al Juez correspondiente.
g) A su vez, la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, tampoco aceptó la competencia legal para conocer de la causa de ejecución, ya que estimó que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no ejerce jurisdicción en los asuntos suscitados por personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS" (sic) de Miahuatlán Porfirio Díaz, pues ello compete a un Juez de Distrito Especializado en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución con Competencia en todo el Estado de Oaxaca, por ser el que ejerce jurisdicción en el centro de reclusión federal en que se encuentra detenido el sentenciado. Incluso, agregó que la competencia de los Jueces de Ejecución se determina únicamente por el fuero del reclusorio, pero no por el fuero del proceso en que se le sentenció, ni la situación jurídica de la persona privada de la libertad, ni el lugar donde se llevó su proceso.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver dicho conflicto competencial 8/2019, determinó que la competencia legal para conocer de la carpeta de ejecución número **********, correspondiente al sentenciado **********, correspondía a la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con apoyo en las siguientes consideraciones:
"NOVENO. DECISIÓN. Este órgano jurisdiccional determina que es competente para conocer del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta a **********, la Juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ello es así por las consideraciones que se expondrán.—Vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal.—Cabe precisar que, de acuerdo a las reformas de la fracción XXI, inciso c) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de octubre de dos mil trece, el Congreso de la Unión quedó facultado para expedir una legislación única en materia de ejecución de sanciones y dispuso en el primer párrafo del artículo transitorio segundo, lo siguiente: ‘SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.’.—Bajo esa tesitura, se tiene que el Constituyente dispuso que la legislación única (nacional) que en materia de ejecución de penas se emitiera, debiera adquirir vigencia a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.—Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y, regular los medios para lograr la reinserción social.—Pues bien, para determinar la competencia del juzgado que debe tramitar y resolver el procedimiento de origen, resulta necesario hacer un pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal a partir de las reglas que estableció el legislador para su iniciación de vigencia.—Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y para su aplicación al procedimiento de ejecución y su entrada en vigor, se establecieron los artículos siguientes: ‘Artículo 1. Objeto de la Ley.—La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social.—Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y en esta Ley.’.—‘Artículo 2. Ámbito de aplicación.—Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y en esta Ley.—Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia.—En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales.’.—‘Artículo 3. Glosario.—Para los efectos de esta Ley, según corresponda, debe entenderse por: ...III. Centro o Centro Penitenciario: Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas; ...’.—‘Artículo 24. Jueces de Ejecución.—El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán Jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley.—Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los Jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.—Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales.—La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales.’.—‘TRANSITORIOS.—Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.—Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos transitorios siguientes.—Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017.—Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.—En el orden federal, el Congreso de la Unión emitirá la Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.—En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas.—En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia de la presente Ley.—Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.—Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional.—A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma.—Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y leyes especiales de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución.—Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito de sus respectivas competencias.—Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los supervisores de libertad.’.—De la interpretación sistemática de los artículos transitorios anteriores, en lo que interesa, se obtiene que: Tratándose de ejecución de penas y de los procedimientos para resolver las controversias que se susciten con motivo de ésta, es aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal.—En cuanto a la competencia de los órganos del Estado para conocer de los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias, el artículo 24 es claro en establecer que los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas serán competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal de aquellos en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, esto con independencia de la circunscripción territorial en que se hubiese impuesto la sanción en ejecución.—La Ley Nacional de Ejecución Penal inició su vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis (regla general).—Sin embargo, respecto de las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151, se condicionó su vigencia a un año posterior a la publicación de la ley –es decir, el dieciséis de junio de dos mil diecisiete–, o bien, a la emisión del anexo a la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, que no podía exceder del treinta de noviembre de dos mil diecisiete (primera excepción a la regla general).—Y por cuanto a los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207, se condicionó su vigencia a dos años posteriores a la publicación de la ley –es decir, el dieciséis de junio de dos mil dieciocho–, o bien, a la emisión del anexo a la Declaratoria citada, que emitan el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, que no podrá exceder del treinta de noviembre de dos mil dieciocho (segunda excepción a la regla general).—Finalmente, también se estableció en los transitorios tercero y cuarto que quedaban abrogadas las leyes que regulaban la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, así como todas las disposiciones normativas que contravinieran la Ley Nacional de Ejecución Penal.— De lo destacado se advierte que los artículos cuya vigencia se reservó hasta dos años después del día de la publicación de la ley, no atañen propiamente al procedimiento ante el Juez de Ejecución.—En efecto, las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10, refieren a la adecuación de las instalaciones del centro penitenciario para las mujeres privadas de la libertad y el desarrollo integral de sus hijos; los artículos 26, a la supervisión de libertad; 27, a la base de datos de las personas privadas de la libertad; fracción II del artículo 28, al registro de las visitas de inspección; fracción VII del artículo 108, a la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil para formular peticiones ante la autoridad penitenciaria; y los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151, a la preliberación por criterios de política penitenciaria.—Por su parte, los artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, se refieren al régimen de internamiento; los artículos 59, 60 y 61, al régimen de visitas, comunicaciones al exterior y actos de revisión en los centros penitenciarios; los artículos 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, a las bases de organización del sistema penitenciario; el artículo 128, a los efectos de la resolución del procedimiento jurisdiccional; el artículo 136, a la libertad condicionada; el artículo 145, a los permisos humanitarios; el artículo 153, a los órganos de cumplimiento de sanciones y medidas no privativas de la libertad; los artículos 165 y 166, al trabajo en favor de la comunidad; los artículos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189, a la justicia terapéutica; los artículos 192, 193, 194 y 195, a las medidas de seguridad para personas inimputables; los artículos 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207, a la justicia restaurativa y los servicios postpenales.—Bajo esa óptica, es dable concluir que en el caso concreto el procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta en la sentencia dictada contra **********, debe seguirse conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en términos de su artículo transit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29729-a7753783/competencia-para-conocer-de-la-etapa-de-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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