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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2021. · Registro digital (IUS): 30406
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo II, Pág. 1267.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 101/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos circuitos judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues fue planteada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, actuando como Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, como autoridad parte en el conflicto competencial ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

10. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

Ver criterios contendientes

11. CUARTO.—Requisitos para la existencia. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el mismo, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

12. Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

13. Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto y, de esta forma, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.(2)

14. Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

15. La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos –involucrados– y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque sí legales.(3)

16. En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

17. Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las condiciones(4) siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales;(5) y,

c) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

18. En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

19. Resta agregar, que en la contradicción de tesis 506/2011,(6) el Pleno de este Alto Tribunal indicó que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pues es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto. Esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

20. Por tanto, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o cuando uno de los tribunales contendientes apoya su decisión en un criterio emitido por esta Suprema Corte, incluso si la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse. En virtud de que no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia de un supuesto sobre el cual este Alto Tribunal ha fijado su postura, o por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, mediante aclaraciones, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

21. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para verificar la actualización de los requisitos de existencia respecto de los criterios efectivamente divergentes, conviene insertar el siguiente cuadro donde es posible advertir (de manera sintética) las decisiones adoptadas por cada uno de los tribunales, cuyas resoluciones integran la presente contradicción:

Ver cuadro

22. Del cuadro inserto se observa que los dos Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio para pronunciarse con respecto a un tema en común: la competencia de los Jueces de Ejecución para conocer sobre calificaciones de legalidad de traslados, ejecutados por razones administrativas o de seguridad, de personas internas en centros penitenciarios de un fuero diverso al del órgano jurisdiccional ante el cual se encuentra sustanciado el procedimiento de ejecución, por lo que se considera que sí se cumplen los requisitos previstos para la existencia de una contradicción de tesis.

23. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** asume una postura incompatible con lo sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial **********, para responder a la misma problemática.

24. En efecto, debido a que mientras el primero de los tribunales mencionados sostiene que, el Juez competente es el de Ejecución Federal con residencia en el Estado de México, tomando en cuenta que:

• La competencia para resolver sobre la legalidad del traslado no depende del hecho de que el mismo haya sido gestionado por el centro de reclusión que corresponde al ámbito local, sino del órgano jurisdiccional ante el cual está a disposición el sentenciado para efectos de cumplimiento de la sentencia;

• El justiciable fue sentenciado por un delito de carácter federal;

• Esta Primera Sala, al resolver el conflicto competencial 260/2018, determinó que para fijar la competencia de los Jueces de Ejecución en los supuestos de beneficios preliberacionales, es menester hacer coherente tanto la competencia por razón de fuero, como la uniformidad aplicable.

25. El segundo de los referidos tribunales afirma que el Juez de Ejecución del fuero local es legalmente competente para conocer del expediente de traslado, lo anterior al considerar que:

• Con fundamento en el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la competencia para resolver cualquier cuestión relacionada con traslados nacionales, radica en los juzgadores que ejercen jurisdicción sobre las autoridades de los centros de reinserción social, ya sea el de origen, o el de destino;

• La Primera Sala, al resolver el conflicto competencial 3/2020, determinó que las sanciones disciplinarias en un centro penitenciario, no guardan relación con los aspectos sustantivos, ya que su imposición es competencia de una autoridad eminentemente administrativa; y que, en ese caso, si las mismas se imponen en un centro de reclusión del orden local, corresponde al Juez de Ejecución del fuero local; y,

• Que dada la naturaleza del órgano local que decretó el traslado del gobernado (comité técnico local) y que dicho acto obedeció a cuestiones administrativas, la litis es estrictamente local; esto es, se ciñe no a verificar un aspecto sustantivo de la pena impuesta al sentenciado, sino la legalidad de una determinación administrativa, relacionada con la gobernabilidad del centro de reinserción social.

26. Tales interpretaciones discordantes en la interpretación de la Ley Nacional de Ejecución Penal permiten constatar que en el caso sí se reúnen los requisitos primero y segundo para determinar que existe la contradicción de tesis denunciada, en atención a que los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y llegaron a conclusiones contrarias.

27. No es óbice a la consideración anterior, el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito haya señalado que, no se inadvertía que el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: "que son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal, los Jueces en cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución"; lo que podría llevar a determinar que el competente es el Juez de Ejecución Federal de Oaxaca, (Estado en que se encuentra internado el mismo), pero que, toda vez que éste no había aceptado la competencia para continuar con la ejecución penal, si se encontraba a disposición del Juez Federal del Estado de México, en donde fue sentenciado por un delito federal, dicho juzgador es el competente.

28. Lo anterior, precisamente porque para tomar esa determinación, tomó en cuenta el delito federal por el que se encontraba privado de su libertad, haciendo referencia únicamente a los Jueces de Ejecución Federales, conforme al criterio establecido en el conflicto competencial 260/2018, sin señalar al Juez Local del Estado de Oaxaca (soslayando lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal); y es ese punto precisamente a partir del cual se ciñe la divergencia de criterios.

29. En ese sentido, se traba la contradicción propuesta, porque mientras un Tribunal Colegiado refiere que el competente es el Juez Local –dada la naturaleza local de la autoridad que decretó el traslado– el otro determina que es el Juez Federal, tomando en cuenta que el sentenciado se encuentra a disposición de aquél, con independencia de la naturaleza de la autoridad que ordenó el acto.

30. De ahí que, por tal razón es posible advertir la existencia del punto de toque en el arbitrio judicial e interpretación de un mismo problema jurídico entre los mencionados tribunales contendientes.

31. En esas condiciones, el tercer requisito se cumple, pues el análisis de la contradicción denunciada permitirá a esta Primera Sala definir, cuál es el órgano jurisdiccional competente para calificar la legalidad de los traslados realizados, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

32. Lo anterior, a través de la formulación de la siguiente pregunta: ¿a qué Juez de Ejecución le corresponde calificar la legalidad de los traslados realizados por razones administrativas o de seguridad, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de una persona recluida en un centro penitenciario de un fuero diverso de aquel ante el cual se encuentra sustanciado el procedimiento de ejecución?

33. Finalmente, no constituye una objeción para determinar la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que ninguno de los dos criterios aquí contendientes constituya propiamente una tesis jurisprudencial; porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establecen el procedimiento para resolverla, sin imponer ese requisito.

34. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y siete, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

35. SEXTO.—Estudio de fondo. Precisada la existencia de la presente contradicción, se procede al estudio de fondo. Los ejes temáticos a partir de los cuales se desarrollará el estudio respectivo son los siguientes: A) El concepto de ejecución de la sentencia penal y la reforma constitucional al procedimiento constitucional respectivo; B) La naturaleza de los actos que corresponde conocer a los Jueces de Ejecución; C) Calificación de legalidad de los traslados efectuados en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, D) Determinación de competencia de los Jueces de Ejecución Estatales o Federales tratándose de cuestiones relativas a la convalidación de los traslados. Temas que se desarrollarán conforme a la doctrina constitucional de esta Primera Sala delimitada en las diversas contradicciones de tesis 57/2018(7) y 567/2019.(8)

A. El concepto de ejecución de la sentencia penal y la reforma al procedimiento constitucional respectivo.

36. En el ámbito jurídico, se entiende por ejecución el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de la que proceda, ya sea contractual, legal o judicial. Cuando la obligación está contenida en una sentencia judicial, entonces se le puede denominar condena.(9) Tratándose de la sentencia penal, la condena es la sanción o pena individualizada por el juzgador frente a la comisión del ilícito penal. Cuando ésta consiste en la privación de la libertad, la misma se compurga en los establecimientos o centros de internamiento instituidos por el Estado.

37. Ahora bien, para que la condena penal sea ejecutable, exigible o susceptible de cumplimiento forzoso, es menester que la sentencia adquiera la calidad de ejecutoria.(10) Esta cualidad se adquiere, en términos de ley, cuando no es susceptible de ulteriores impugnaciones o discusiones, de tal modo que ha adquirido la calidad de la cosa juzgada. En este sentido, sentencia ejecutoria es lo mismo que sentencia firme o sentencia ejecutoriada, como se le denomina comúnmente en la legislación procesal.(11)

38. Por tanto, una vez que la sentencia penal de orden condenatorio ha causado ejecutoria, puede sostenerse que ha concluido el proceso penal y que debe abrirse una nueva etapa, denominada "de ejecución".

39. En este sentido, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia una distinción entre la emisión de la resolución penal y el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria como dos etapas que merecen ser diferenciadas; asimismo, que los temas relativos a la ejecución de la pena son la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas.(12)

40. Este criterio es compartido por la jurisprudencia de esta Primera Sala, al reconocer que la designación del lugar en el que habrá de compurgarse la pena privativa de la libertad constituye una resolución que forma parte de la etapa de ejecución de las penas.

41. En consecuencia, la etapa de ejecución de la pena hará referencia al procedimiento a través del cual se obtiene el cumplimiento de la sentencia penal de condena que ha causado ejecutoria, incluyendo las incidencias que surjan durante la vida penitenciaria y los beneficios a los cuales tiene derecho el sentenciado en términos del segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución General. Este concepto resulta aplicable cualquiera que sea la legislación procesal penal que pudiera estar en juego en la presente contradicción de criterios.

42. Ahora bien, esta Primera Sala ha determinado que con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal y con la reforma de diez de junio de dos mil once de los artículos 1o. y 18 constitucionales,(13) se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización de la etapa de ejecución de las penas.

43. Dichas reformas pusieron de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que era necesario reestructurar el sistema, circunscribir únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y conferir al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "Jueces de Ejecución de sentencias".

44. Reforma constitucional que tenía diversas finalidades, entre otras, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que debía ser el Poder Judicial el que vigilara que la pena se cumpliera, en la forma en que lo determinó el Juez respectivo. Además, terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de las sanciones y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se organizara el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

45. En la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018 se destacó que, con motivo de las citadas reformas y con el propósito de lograr la unificación de procedimientos y criterios, así como de dotar de certeza y seguridad jurídica a los justiciables, el legislador federal otorgó facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal.

46. Con base en lo anterior, el ocho de octubre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, para establecer en el inciso c) de dicho precepto la facultad del Congreso de la Unión para expedir, entre otros ordenamientos legales, la legislación única en materia de ejecución de penas que debía regir en la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el orden común.(14)

47. En suma, la intención del Poder Reformador fue la de establecer un mecanismo constitucional que facultara al Congreso de la Unión para expedir una ley de ejecución de sanciones penales única, para garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.

48. La finalidad de crear una legislación única en materia de ejecución de penas fue propiciar mayores herramientas que permitieran consolidar la reforma constitucional al sistema de ejecución de sanciones penales, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas.

49. Se indicó, que mediante la ley de ejecución penal, únicamente se busca que el Estado asumiera una serie de responsabilidades particulares, a fin de que las personas privadas de la libertad, tuvieran las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que no se suspenden ni se restringen por estar cumpliendo una resolución judicial penal privativa de la libertad, siendo obligación del Estado velar por su respeto y garantía, mientras se encuentren bajo su custodia directa.

50. De igual modo, se estableció que la Ley Nacional de Ejecución Penal garantizaría la seguridad y el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios, así como el cumplimiento de las medidas dictadas por un Juez calificado, en irrestricto respeto de los derechos humanos. Lo anterior, en coordinación con autoridades federales, locales y municipales, bajo una administración transparente y eficiente, que contenga medios de prevención y de reinserción social para las personas sentenciadas, sustentado en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, evitando que vuelvan a delinquir.

51. Con base en ello, se propuso la creación de una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, que transformaría el sistema penitenciario y garantizaría la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Ley que debía contemplar una delimitación de las funciones de las distintas autoridades que intervienen en la ejecución de las sanciones y en el internamiento preventivo, estableciendo explícitamente que la imposición de las penas, su modificación y duración son competencia exclusiva de la autoridad judicial.

52. Establecida la finalidad de la creación de una ley de ejecución penal, se buscó, entre otras cosas, concretar la figura del Juez de Ejecución, para clarificar el procedimiento de ejecución de resoluciones condenatorias y la delimitación de reglas para sanciones no privativas de libertad. Así como sustraer del Poder Ejecutivo las facultades para administrar la duración de las sentencias, para fortalecer la separación de funciones entre poderes, convirtiendo a las autoridades penitenciarias en auxiliadores de los Jueces respecto a las medidas de internamiento que hubiesen ordenado con motivo de la prisión preventiva o de la pena de prisión.

53. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con el artículo primero transitorio de dicha norma general.

54. Del contenido de su artículo 1o., se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.(15)

55. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento a los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad.

56. La Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. La finalidad de dicha ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social de la persona sentenciada y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

57. Conforme a su artículo primero transitorio y a los artículos 1o. y 2o. de la propia ley,(16) a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se ciñen a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, con las excepciones y reglas previstas en su artículo segundo transitorio.(17)

58. Del contenido del artículo 2o. de la Ley Nacional de Ejecución Penal se aprecia que las disposiciones de dicha ley respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local, según corresponda, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas.

59. De acuerdo con el artículo tercero transitorio, a partir de su entrada en vigor quedaron abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulaban la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.(18)

60. También se estableció que los procedimientos que se encontraban en trámite a la entrada en vigor de la ley debían seguir sustanciándose de conformidad con la legislación que corresponde al inicio de éstos, pero debían aplicárseles los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

B. Natur

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30406-8d0c45a7/competencia-para-calificar-la-legalidad-del-traslado-excepcional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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