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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCE ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2014. · Registro digital (IUS): 26181
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I , Pág. 433.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 390/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

5 PRIMERO.-Este Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario 5/2013; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos.

6 SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a quienes les fue reconocida su legitimación por auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

7 TERCERO.-Mediante resolución de dos de octubre de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, pronunció sentencia en el conflicto competencial 15/2014, de la que se advierte como principales antecedentes, los siguientes:

• Los titulares de los Juzgados Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, y Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, manifestaron expresamente carecer de competencia legal, para conocer de la causa penal (69/2014, del índice del Juzgado requirente, la cual fue registrada bajo el proceso 101/2014, por el órgano jurisdiccional requerido), en la que se solicitó orden de aprehensión contra **********, alias "**********" o "**********"; **********, alias "**********"; y, ********** y/o **********, alias "**********"; por su probable responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud; también contra **********, alias "**********"; y, **********, alias "**********", por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito contra la salud, en su modalidad de posesión de los estupefacientes ********** (**********), ********** (**********) y **********, con fines de comercio en su hipótesis de venta; y, **********, alias "**********", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

• El Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, el cual tiene jurisdicción en uno de los reclusorios de Máxima Seguridad existentes en el país, como lo es el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", estimó carecer de competencia legal para conocer del asunto, en virtud de que el Agente del Ministerio Público de la Federación consignador, no precisó las hipótesis previstas para tal efecto, en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, aunado a que omitió exponer los raciocinios conducentes y suficientes para sustentar de manera incontrovertible que en el asunto de que se trata, efectivamente se surtía la nombrada hipótesis, por ende, decretó que por conducto del agente del Ministerio Público de la Federación consignador, se devolviera la causa penal 69/2014, para que la entregara al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, que considerara conveniente, para avocarse inmediatamente al conocimiento del asunto.

• Por otra parte, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al recibir la causa penal 69/2014, ordenó radicarlo bajo el proceso ********** y no aceptó la competencia propuesta, por estimar que en el pliego de consignación sí se establecieron los fundamentos y motivos por los que el agente del Ministerio Público de la Federación, consideró que se actualizaba el supuesto normativo del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, para efecto de sustentar la competencia por excepción que dicho precepto prevé.

Resolución del conflicto competencial.-Con fecha dos de octubre de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dictó sentencia en la cual en su parte conducente, textualmente determinó:

"QUINTO. Solución de la controversia competencial.

"Este Tribunal Colegiado de Circuito, considera que el conocimiento de la causa penal que dio origen al presente conflicto, corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por las razones que enseguida se exponen.

"Marco jurídico de referencia.

"En el particular, el punto a dilucidar, se constriñe al supuesto de competencia territorial de excepción, prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, como se desprende de los argumentos que dio el Juzgado de Distrito declinante, para no conocer de la causa penal respecto de la cual previno; por ende, es necesario transcribir el numeral en cita y mencionar las demás disposiciones normativas que en relación a dicho precepto, estableció el propio Consejo de la Judicatura Federal, a través de acuerdos generales, para fijar sus alcances en torno a la competencia de los órganos jurisdiccionales, pertenecientes a la Federación que en los mismos se señalan; pues así se podrá tener un marco jurídico de referencia que servirá de base para dilucidar el presente caso.

"Código Federal de Procedimientos Penales: (se transcribe).

"De lo transcrito se desprende lo siguiente:

"a) Una excepción a la regla general de la competencia territorial, referente a que el conocimiento legal de un asunto atañe a un Juez de Distrito distinto al del lugar en donde se perpetró el delito, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito, o cuando la autoridad jurisdiccional estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad.

"b) Dicha excepción será aplicable, siempre que obedezca a las siguientes situaciones: las características del hecho imputado; las circunstancias personales del inculpado; las razones de seguridad de las prisiones; y, otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

"c) Tales exigencias deben satisfacerse de forma objetiva y eficaz; aunque de acuerdo con la redacción del párrafo tercero del invocado artículo 10, pueden acreditarse de manera autónoma, es decir, no será necesario satisfacer en su totalidad los mencionados aspectos para que se surta la competencia por excepción, pues bastará tan sólo con que se acredite cualquiera de ellos; de no ser así, en modo alguno procederá la declinatoria.

"d) Finalmente, para que se surta la aludida competencia por excepción, debe ser planteada por el Ministerio Público de la Federación, al ejercer la acción penal, o por la autoridad jurisdiccional, una vez iniciado el proceso penal, de oficio o a petición de parte.

"El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de precisar los alcances del párrafo tercero, del artículo 10 antes referido, y fijar la competencia de los Jueces de Distrito, cuando se actualice la hipótesis de excepción en comento, ha emitido los siguientes acuerdos generales, cuyos puntos específicos a continuación se transcriben:

"Acuerdo General 21/2008:

"‘ SEGUNDO. Cuando el Ministerio Público Federal considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado de un proceso, se actualizará la excepción competencial prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.-TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto.-CUARTO. En los procesos penales federales, cuando por las razones precisadas en el punto segundo de este acuerdo, la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro federal de readaptación social de máxima seguridad, por escrito expresará los motivos por los que considera actualizada la excepción competencial prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y declinará el conocimiento del asunto al Juzgado de Distrito del lugar en que se ubica el centro para que se avoque a su conocimiento.-QUINTO. En el caso del párrafo anterior, el Juez de Distrito que reciba un proceso penal federal en el que se hubiera dictado acuerdo por diversa autoridad judicial declarando actualizada la excepción competencial, prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, es el competente para conocer y resolver el asunto ...’

"Acuerdo General 82/2008:

"‘ ÚNICO. Se reforma el punto séptimo del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para quedar como sigue: «SÉPTIMO. Se modifica el Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de agosto de dos mil seis, en el punto cuarto, al que se agrega una fracción más que corresponderá a la XXXI, en los siguientes términos: XXXI. Los Jueces de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Primero y Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales.» ...’

"Acuerdo General 18/2009:

"‘ ÚNICO. Se modifica el punto tercero del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para quedar como sigue: TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con independencia, en su caso, del Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido.-Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento penal en que se encuentre el asunto. ...’

"Acuerdo General 2/2010:

"‘ ÚNICO. Se adiciona el punto tercero del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, para quedar como sigue: TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con independencia, en su caso, del Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido.-Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento penal en que se encuentre el asunto.-Cuando el representante social estime que han desaparecido las razones que lo llevaron a consignar a un reo ante un Juez cuya sede se encuentre en una cárcel de máxima seguridad, bastará su manifestación en ese sentido para que produzca los efectos legales conducentes, sin que sea necesario exigir la demostración de tal aseveración. ...’

"De los acuerdos transcritos, se advierte la precisión, en congruencia de la excepción a la regla general de la competencia territorial, prevista por el párrafo tercero del artículo 10 de la ley adjetiva penal federal, además de los supuestos en que aquélla podrá surtirse, de la prohibición expresa para los Jueces Federales de declinar su competencia, cuando se actualice alguno de aquellos casos de excepción; lo que se entiende en el sentido de que los juzgadores federales, una vez que reciban una consignación, con o sin detenido, en la que se ejerza acción penal por delito cometido fuera de su jurisdicción, pero se haga valer y se actualice la competencia excepcional establecida en el tercer párrafo del precepto legal referido, bajo ninguna circunstancia podrán declinarla, al margen del centro federal carcelario de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido, sea cual fuese la etapa del procedimiento penal; con la salvedad de que, una vez realizada la consignación relativa y encontrándose en marcha el proceso respectivo, si la autoridad investigadora manifiesta que, por las características del hecho imputado o las circunstancias personales, los encausados no afectan la seguridad de las prisiones, ni presentan circunstancias que impidiesen garantizar el desarrollo adecuado del proceso, ello bastará para que surta los efectos legales, entre otros, para que el Juez Federal, esté en aptitud de declinar la competencia por excepción que inicialmente hubiese sido fincada a su favor.

"También, a través del numeral inserto en primer término, se permite establecer que el legislador federal estableció que para la prisión preventiva y ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se requieren de medidas especiales de seguridad, por lo que para tal efecto, deben designarse centros especiales.

"En ese sentido, si bien no se precisa a qué se refiere con ‘centros especiales’, basta remitirnos a la exposición de motivos que dio origen a dicha reforma para concluir que tal carácter lo revisten las cárceles de máxima seguridad; sin embargo, la sola circunstancia de que la consignación efectuada por la institución ministerial esté relacionada con hechos constitutivos del delito de delincuencia organizada, no es razón suficiente para que de suyo actualice la hipótesis legal aludida.

"Lo anterior es así, porque al proponer la competencia excepcional, la institución ministerial está obligada a puntualizar el análisis de los hechos materia del ejercicio de la acción penal, así como las peculiaridades de los inculpados, a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente el motivo por el que finca la competencia de excepción.

"En base a las consideraciones expuestas, se comparten los argumentos expuestos por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, para no avocarse al conocimiento del asunto, en el entendido que lo trascendente, es que al Ministerio Público de la Federación, le correspondía la carga de justificar de manera razonada y objetiva, el por qué consideraba actualizada la hipótesis excepcional de competencia prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues fue éste quien en su pliego de consignación consideró necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez distinto de aquel que ejerce jurisdicción en donde ocurrieron los hechos delictivos.

"Para mejor entendimiento de lo anterior, es necesario recordar que de la primera parte del párrafo tercero del artículo 10 del ordenamiento legal en cita, se pone de manifiesto que el legislador facultó al Ministerio Público de la Federación, para decidir si llevaba el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito diverso al del lugar donde ocurrieron los hechos; sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que la sola estimación en ese sentido por parte del representante social sea suficiente para fincar la competencia por excepción, ya que al apartarse de la regla común deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos y jurídicos necesarios para sustentar esa decisión y aportar las pruebas conducentes a ello, en virtud de que la actualización de la competencia por excepción, no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte del consignador.

"Por el contrario, el ejercicio de esa potestad, debe implementarse con estricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica, racionalidad y congruencia a efecto de concluir la necesidad de fincar competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito.

"Lo expuesto resulta acorde con la jurisprudencia 1a./J. 2/2000, con registro «digital» 192417, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XI, febrero de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.-Si bien el tercer párrafo mencionado establece que: También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez, ello no debe entenderse en el sentido de que baste y sea suficiente para fincar la competencia por excepción ahí establecida el que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, ya que al tratarse de una hipótesis de competencia por excepción deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud de que la actualización de la competencia por excepción de que se trata no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte del consignador, lo que no sería lógico ni jurídico. Por el contrario, el ejercicio de esa potestad debe implementarse con estricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica y racionalidad a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente la necesidad de fincar competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito. En consecuencia, la sola pretensión del Ministerio Público de llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, sin razonar en forma suficiente y adecuada dicha solicitud, no basta para surtir el supuesto de competencia por excepción establecido en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.’

"Así, como en las consideraciones que da cuenta la tesis 1a. XII/98, con registro «digital» 196582, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 249, Tomo VII, marzo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESTÁ OBLIGADO A SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.-Si el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece determinados requisitos para que surta la competencia territorial de excepción ante un determinado Juez, y el agente del Ministerio Público Federal consigna la averiguación a uno diferente al del lugar en que se cometieron los hechos delictivos, está obligado a satisfacer tales requisitos. De no ser así, debe estimarse incompetente la autoridad judicial ante quien consignó y rehusó seguir conociendo de la causa penal de que se trata y, en consecuencia, remitir los autos del juicio al del lugar en que se cometieron los hechos, pues, de aceptar lo contrario, bastaría la apreciación subjetiva del representante social para determinar el lugar de radicación de las causas penales, contrariando las reglas de competencia que establece el ordenamiento legal antes mencionado.’

"Ahora, de la interpretación sistemática de los numerales y de los acuerdos generales citados, se sigue que para hacer valer la competencia excepcional, la autoridad judicial tiene que cumplir con determinadas reglas, a saber:

"1) Al invocar una o varias de las hipótesis de las contenidas en el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá exponer los razonamientos por los que, a su juicio, se actualizan tales hipótesis, mediante ponderaciones objetivas y sustentadas, aun de manera presunta o probable con las constancias de autos y no concretarse a realizar exposiciones dogmáticas o subjetivas.

"2) Citar las pruebas que sustenten sus razonamientos, las cuales, deben ser indicios suficientes que permitan estimar la actualización de alguno de aquellos supuestos normativos; es decir, éstos deberán de ser emitidos bajo estándares de comprobación, en un menor grado que el utilizado para los elementos de fondo (cuerpo del delito y probable responsabilidad penal).

"Ahora, no es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, básicamente estableciera que por disposición expresa del artículo 18 constitucional, reformado, al actualizarse en un asunto la delincuencia organizada, es competente para conocerlo el Juez Federal que tenga residencia donde exista un penal de máxima seguridad.

"...

"Ahora, de la anterior ejecutoria derivó la tesis XXXI. 5 P, con registro «digital» 166218, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1405, Tomo XXX, octubre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN EN DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LOS LUGARES DONDE EXISTA UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MÁXIMA SEGURIDAD, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 2/2000, visible a página 15 del Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: «COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.»; determinó que para que un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito conozca de la causa penal correspondiente deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos para ello; sin embargo, de conformidad con el principio de supremacía constitucional y orden jerárquico normativo que rigen en el derecho mexicano, tratándose del delito de delincuencia organizada, la competencia territorial de excepción prevista en el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, se surte a favor de los Jueces de Distrito de los lugares donde exista un centro federal de readaptación social de máxima seguridad. Lo anterior es así, en virtud de las actuales reformas al artículo 18, párrafos penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación), y del contenido de la fracción XXXI del Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; agregada en el punto cuarto del citado acuerdo que fue modificado por el diverso Acuerdo General 21/2008, del propio órgano colegiado de mérito, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; modificado a su vez, por el Acuerdo 82/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el diverso Acuerdo General 21/2008 antes citado que, en la parte conducente de su punto único señala: «XXXI. Los Jueces de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Primero y Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales.»; facultad que podrá ejercerse sin necesidad de practicar un análisis sobre las circunstancias personales del indiciado, las circunstancias del hecho imputado o las razones de seguridad en las prisiones que puedan impedir el desarrollo adecuado del proceso.’

"Así, se reitera, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, básicamente estableció que por disposición expresa del artículo 18 constitucional, reformado, al actualizarse la existencia del delito de delincuencia organizada, resulta competente para conocer del asunto el Juez Federal que tenga residencia donde exista un penal de máxima seguridad.

"Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la sola circunstancia de que la consignación efectuada por la institución ministerial, esté vinculada con hechos constitutivos del delito de delincuencia organizada, no es razón suficiente para que de suyo se actualice la competencia por excepción a que se contrae el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues para ello, se requiere que la institución ministerial exponga los razonamientos por los que, a su juicio, se actualizan tales hipótesis, mediante ponderaciones objetivas y sustentada, aun de manera presunta o probable con las constancias de autos; además, de citar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

"Conforme a tales precisiones, para resolver el presente conflicto, es necesario considerar los motivos y fundamentos vertidos por el Ministerio Público de la Federación, al ejercer la acción penal, relacionados con la actualización de la hipótesis de competencia territorial de excepción prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en confrontación con lo determinado por el Juez declinante, quien estimó que el agente del Ministerio Público de la Federación consignador, no precisó con qué razonamientos jurídicos y medios de convicción acreditaba fehacientemente las hipótesis previstas, para tal efecto, por la citada porción normativa, aunado a que no se satisfacían los presupuestos requeridos.

"En ese orden de ideas, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, de forma genérica consideró actualizados los supuestos establecidos en la primera parte del artículo 10 en comento, para fincar la competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar en que ocurrieron los hechos, esto es:

"a) Las características del hecho imputado;

"b) Las circunstancias personales del inculpado,

"c) Por razones de seguridad en las prisiones; y,

"d) Otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

"Luego, debe analizarse si es correcta la actuación de dicho representante social en los términos precisados; en la inteligencia que de resultar acreditado sólo uno de ellos, bastará para que el Juez Federal que previno, le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26181-d832dbc3/competencia-territorial-de-excepcion-contenida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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