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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LAS CONDICIONES NORMATIVAS QUE LA ACTUALIZARON NO EXISTEN O HAN DESAPARECIDO, EL JUEZ DE DISTRITO QUE LA HA ACEPTADO DEBE DECLINARLA EN FAVOR DEL JUZGADOR FEDERAL A QUIEN EN FORMA ORDINARIA LE CORRESPONDA CONOCER DEL ASUNTO. COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI NO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS PARA QUE OPERE, EL JUEZ DE DISTRITO, AL RECIBIR LA CONSIGNACIÓN EN LA QUE SE HAGA VALER AQUÉLLA, DEBE DECLINARLA EN FAVOR DEL JUZGADOR FEDERAL A QUIEN EN FORMA ORDINARIA LE CORRESPONDA CONOCER DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 25109
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-06-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 908.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADALID AMBRÍZ LANDA, RICARDO ROMERO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL VEGA SÁNCHEZ, JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ, RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, DARÍO CARLOS CONTRERAS REYES, ENRIQUE MUNGUÍA PADILLA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA. DISIDENTES: NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN Y ALEJANDRO SOSA ORTIZ. PONENTE: RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.

Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil trece.

VISTOS para resolver los autos que integran la contradicción de tesis 1/2013, del Pleno del Segundo Circuito; y

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, recibido el veintisiete de junio de dos mil trece, dirigido al Pleno del Segundo Circuito, el Juez Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, denunció la posible contradicción de tesis, entre los criterios sustentados por el Cuarto Tribunal Colegiado y los Tribunales Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Segundo Circuito [fojas 1 a 36].

II. Admisión. Por auto de uno de julio de dos mil trece, se ordenó la formación y registro del expediente relativo a la contradicción de tesis denunciada y se requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Cuarto en Materia Penal del Segundo Circuito, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas en los conflictos competenciales **********, ********** y **********, de sus respectivos índices, así como que informaran si los criterios denunciados como contradictorios en los citados expedientes aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados [fojas 384 a 386].

III. Informes. Los Magistrados presidentes de los citados órganos, mediante oficios **********, ********** y tesis/**********, desahogaron el requerimiento, en el sentido de remitir testimonio certificado de sus respectivas ejecutorias, aduciendo todos ellos que los criterios ahí sostenidos continúan vigentes [fojas 389, 439 y 645].

IV. Turno. Una vez que se integró el expediente, en proveído de cuatro de julio de dos mil trece, el presidente de este Pleno de Circuito turnó los autos a la ponencia del Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, para la elaboración del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, 9, párrafo segundo, 10, 17, 23, 26, 27, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su anexo, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios que se estiman contradictorios entre Tribunales Colegiados del Segundo Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito con sede en Zacatecas, Zacatecas, que contendió en los conflictos competenciales que motivaron los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.

TERCERO. Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es útil transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** de su registro, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas, Zacatecas, sustentó las consideraciones siguientes:

"... Por cuestión de orden se debe señalar, que no escapa a este tribunal que los artículos 6o., primer párrafo y 10, tercer y cuarto párrafos, del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 6o. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.’

"‘Artículo 10. ...

"‘También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, 1. (sic) atendiendo a las características del hecho imputado, 2. (sic) a las circunstancias personales del inculpado, 3. (sic) por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.

"‘En estos supuestos no procede la declinatoria.’

"Del primero de los artículos transcritos se desprende que el principio consagrado tradicionalmente para establecer la competencia en materia penal basado en la territorialidad, admite la excepción a que se refiere el párrafo tercero del segundo de tales dispositivos, el cual regula una competencia especial denominada territorial de excepción, que se refiere a la posibilidad de que un Juez de Distrito con residencia en un centro de reclusión de máxima seguridad diverso al del lugar de la comisión del delito pueda, conocer del procedimiento seguido en contra del inculpado o inculpados, cuando el proceso no se pueda llevar a cabo ante el órgano que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecutó el ilícito, por motivo de:

"1. Las características del hecho imputado;

"2. Las circunstancias personales del reo;

"3. Por razones de seguridad en las prisiones; o,

"4. Por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

"Asimismo, el mencionado artículo 10, párrafo tercero, establece dos supuestos en los que se puede invocar la competencia territorial de excepción, a saber:

"a) Siempre que el fiscal federal ejerza acción penal ante un Juez de Distrito distinto al que tenga competencia territorial en el lugar en que se cometió el ilícito por el hecho de que considera actualizados los presupuestos establecidos en el propio numeral, y

"b) Cuando la autoridad jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a un centro de reclusión de máxima seguridad, si también se configuran las condiciones establecidas en aquella disposición.

"Sin embargo, dichas hipótesis legales fueron restringidas por el cuarto párrafo del invocado artículo 10 al prohibir, en esos supuestos, la declinatoria de competencia.

"Por tanto, de la interpretación del artículo 10, párrafos tercero y cuarto, de la ley adjetiva federal, el Juez de Distrito que reciba la consignación en ese supuesto no podrá declinar su competencia aduciendo que no se surten los requisitos previstos en el tercer párrafo del citado artículo 10.

"Lo que se reitera en el Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones, que fue modificado por el Acuerdo 82/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se reforma el diverso Acuerdo General 21/2008 y que en la parte conducente de su punto único señala: ‘XXXI. Los Jueces de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Primero y Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de procesos penales federales que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales.’; y en el tercero de los puntos del mencionado Acuerdo General 21/2008, textualmente establece: ‘Tercero. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con independencia, en su caso, del centro federal de readaptación social de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido. Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento penal en que se encuentre el asunto. Cuando el representante social estime que han desaparecido las razones que lo llevaron a consignar a un reo ante un Juez cuya sede se encuentre en una cárcel de máxima seguridad, bastará su manifestación en ese sentido para que produzca los efectos legales conducentes, sin que sea necesario exigir la demostración de tal aseveración.’

"Por tanto, al haber estimado la representación social, en el pliego de consignación por el que ejerció acción penal contra: 1. ********** (a) **********; 2. ********** (a) **********; 3. ********** y 4. ********** que se actualiza la hipótesis de competencia excepcional prevista en el párrafo tercero, del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en ese supuesto, no podía declinar su competencia, de conformidad con el cuarto párrafo del mencionado ordinal 10, así como con el segundo párrafo del punto tercero, del Acuerdo General 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

"Además, como lo destacó la autoridad declinada, constituye una facultad del Ministerio Público de la Federación poder consignar un asunto a un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión de los delitos que se investigan y persiguen, cuando así lo estime necesario, en el caso, consignó a los sujetos activos como probables responsables en la comisión de los delitos materia del ejercicio de la acción penal, a quienes dejó internos en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno, ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

"Sin que obste el hecho de que al resolver la situación jurídica de los inculpados, les hubiera decretado auto de libertad por el delito de delincuencia organizada, contemplado y penalizado en los numerales 2, fracción VII y 4, fracción II, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que están acreditadas las premisas básicas de las que partió el agente del Ministerio Público de la Federación, con base en la aplicación de la competencia por excepción prevista en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, puesto que no sólo se trataba del delito aludido por el cual se consignó a los sujetos activos, sino también de otros delitos graves en su contra, como son privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro; posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en sus variantes de posesión finalista de cannabis sativa l. (marihuana).

"Además, con esa resolución (auto de libertad) no desaparecen las circunstancias en que ocurrieron los hechos en que fueron detenidos los justiciables, lo que lleva a colegir que se satisfacen las reglas de la competencia excepcional señalada, conforme a la consignación inicial del citado órgano persecutor federal en esta entidad federativa, y ante la gravedad de los hechos imputados, los procesados de mérito deben continuar recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social, número uno, ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

"Asimismo, en caso de que desaparecieran las razones que llevaron a la representación social federal a consignar a los inculpados: 1. ********** (a) **********; 2. ********** (a) **********; 3. ********** y 4. **********; ante un Juez de Distrito en materia de Procesos Penales Federales, quien tiene su residencia en el Estado de México y en cuya sede se encuentra una cárcel de máxima seguridad, le correspondería al agente del Ministerio Público de la Federación, hacer la manifestación respectiva, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto tercero del Acuerdo General 21/2008.

"De ahí, que no resulten aplicables al caso para el sentido que se pretende, las tesis que invocó de rubros: ‘COMPETENCIA POR DECLINATORIA, OPORTUNIDAD PARA LA INTERPOSICIÓN DE.’; ‘DECLINATORIA EN MATERIA PENAL, INCOMPETENCIA POR. CUÁNDO PUEDE HACERSE VALER.’; ‘INCOMPETENCIA. CUÁNDO SE DEBE OÍR AL MINISTERIO PÚBLICO.’; ‘COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN MATERIA PENAL.’; ‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). LA MANIFESTACIÓN DE QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO «DE OTRAS QUE IMPIDAN GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROCESO», DEBE PRECISARSE Y DEMOSTRARSE.’; ‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE.’; ‘INTERPRETACIÓN AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y DE RECLUSIÓN ORDINARIA, TRATÁNDOSE DE CENTROS DE RECLUSIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD.’ y ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.’; toda vez que dicha obligación la tiene el agente del Ministerio Público al momento de llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito, distinto al del lugar en que cometió el delito, pero en el caso, la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, precisamente radicó la averiguación previa en cuestión, porque tuvo por satisfechos los razonamientos que la fiscal federal expuso en la resolución del ejercicio de la acción penal y por actualizada la hipótesis de competencia territorial de excepción, prevista en el artículo 10, párrafo tercero, del código adjetivo en materia penal federal, no siendo factible que declinara su competencia.

"En consecuencia, es legalmente competente para conocer del proceso penal de mérito, la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México ..." [lo resaltado es de origen]

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al emitir ejecutoria en el conflicto competencial ********** de su índice, generado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México y el Juzgado Segundo de Distrito de Zacatecas, Zacatecas, adujo que similar criterio sostuvo en los distintos expedientes **********, ********** y **********, por lo que, con el propósito de evitar repeticiones innecesarias, se transcribirá la parte relativa de la ejecutoria señalada inicialmente, en la que vertió las consideraciones siguientes:

"... Para resolver la materia del presente conflicto competencial, se hace necesario atender al contenido de los artículos 6o. y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que señalan:

"‘Artículo 6. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete, salvo lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 10.’

"‘Artículo 10. ... También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, cuando el Ministerio Público de la Federación considere necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, estime necesario trasladar a un procesado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en los que será competente el tribunal del lugar en que se ubique dicho centro. En estos supuestos no procede la declinatoria.’

"De una interpretación sistemática efectuada de los numerales de referencia, se puede afirmar que existen dos reglas torales para fincar la competencia: una, que prevé una regla general que postula que es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se cometió el mismo; y la segunda, en la que se dispone una excepción de competencia territorial, que estatuye, que también será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito, cuando se reúna alguna de las características que se invocan a continuación, que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso:

"a) Por razón de las características del hecho imputado;

"b) Por circunstancias personales del inculpado;

"c) Por razón de seguridad de las prisiones; o,

"d) Por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso.

"Esto es, los supuestos hipotéticos mencionados, conforman la excepción a la competencia territorial, cuya actualización se verifica con cualesquiera de los incisos mencionados, toda vez que de acuerdo a la redacción del numeral, tales supuestos se encuentran unidos por una disyuntiva ‘o’, lo que significa que con la sola actualización de alguna de dichas hipótesis, procede fincar la competencia territorial por excepción a un Juez con jurisdicción en un lugar distinto al en que ocurrieron los hechos.

"Del contenido del propio ordinal 10 invocado, se advierte que es facultad del Ministerio Público de la Federación, ejercer la acción penal ante otro Juez distinto al del lugar en que se cometió el delito, cuando el fiscal así lo considere necesario; sin embargo, debemos destacar que esa prerrogativa no puede estar sujeta a la mera voluntad del representante social, esto es, ello no debe entenderse en el sentido de que baste y sea suficiente para fincar la competencia por excepción ahí establecida, el que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, ya que al tratarse de una hipótesis de excepción, deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, ya que de no exigirse tales extremos, la competencia quedaría al completo arbitrio y decisión caprichosa del Ministerio Público, siendo que al ser un órgano técnico de investigación, debe encontrarse sujeto al principio de legalidad que rige a todo acto de autoridad.

"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2/2000, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XI, febrero de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE RAZONARSE Y ACREDITARSE FUNDADAMENTE. Si bien el tercer párrafo mencionado establece que: «También será competente para conocer de un asunto, un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez.», ello no debe entenderse en el sentido de que baste y sea suficiente para fincar la competencia por excepción ahí establecida el que el Ministerio Público estime necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, ya que al tratarse de una hipótesis de competencia por excepción deben exponerse los motivos y razonamientos lógicos que acrediten los supuestos exigidos por dicho numeral, debiendo aportar las pruebas conducentes de sus afirmaciones, en virtud de que la actualización de la competencia por excepción de que se trata no puede derivar de una potestad indiscriminada, arbitraria, o meramente subjetiva por parte del consignador, lo que no sería lógico ni jurídico. Por el contrario, el ejercicio de esa potestad debe implementarse con estricto apego a las normas de orden legal establecidas, así como a los parámetros de la lógica y racionalidad a efecto de concluir en forma razonada, lógica y congruente la necesidad de fincar competencia a un Juzgado de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito. En consecuencia, la sola pretensión del Ministerio Público de llevar el ejercicio de la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar en que se cometió el delito, sin razonar en forma suficiente y adecuada dicha solicitud, no basta para surtir el supuesto de competencia por excepción establecido en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.’

"Del mismo modo robustece la tesis XII/98, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República, publicada en la página doscientos cuarenta y nueve, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"‘COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ESTÁ OBLIGADO A SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Si el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establece determinados requisitos para que surta la competencia territorial por excepción ante un determinado Juez, y el agente del Ministerio Público Federal consigna la averiguación a uno diferente al del lugar en que se cometieron los hechos delictivos, está obligado a satisfacer tales requisitos. De no ser así, debe estimarse incompetente la autoridad judicial ante quien consignó y rehusó seguir conociendo de la causa penal de que se trata y, en consecuencia, remitir los autos del juicio al del lugar en que se cometieron los hechos, pues, de aceptar lo contrario, bastaría la apreciación subjetiva del representante social para determinar el lugar de radicación de las causas penales, contrariando las reglas de competencia que establece el ordenamiento legal antes mencionado.’

"Ahora bien, al momento en que la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República, mediante pliego consignatorio de nueve de agosto de dos mil doce, ejerce la acción penal en contra del encausado **********, por varios delitos de índole federal, debe resaltarse que no expuso los argumentos por los cuales estimó necesario fincar la competencia por excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, a un Juez distinto al del lugar en que acontecieron los hechos, lo que por sí solo hace que no se actualice el supuesto de derecho previsto en el numeral invocado.

"Sin perjuicio de lo anterior, los medios de convicción que obran integrando el expediente de origen, que debieron ser el sustento para consignar los hechos en un lugar diverso al en que se cometieron los delitos, igualmente se estiman insuficientes para tener por acreditado alguno de los extremos de la competencia por excepción que se analiza, que sustancialmente son los siguientes:

"- Oficio de puesta a disposición de siete de agosto de dos mil doce, suscrito por **********, teniente de infantería; ********** y **********, sargentos segundos de infantería, pertenecientes al 53o. Batallón de Infantería en Zacatecas; así como la ratificación de los antes mencionados respecto del oficio en cuestión.

"- Inspección ministerial de las armas de fuego, granadas y cartuchos asegurados, realizada por la agente del Ministerio Público de la Federación, el ocho de agosto de dos mil doce.

"- Constancia ministerial de ocho de agosto de dos mil doce, signada por la representante social federal, titular de la agencia segunda investigadora adscrita a la Subdelegación de Procedimientos Penales ‘A’, de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal de Zacatecas, de la que se obtiene que consultó en el portal de Internet www.repuve.gob.mx, a fin de verificar el estado de los vehículos asegurados, de la que se obtuvo que tanto el vehículo **********, modelo **********, **********, con número de serie **********; y el diverso vehículo **********, **********, modelo **********, color **********, con número de serie **********, cuentan con reporte de robo.

"- Impresión consistente en información generada por la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se señala que los dos vehículos precisados en el punto anterior cuentan con reporte de robo.

"- Inspección ministerial practicada por la agente del Ministerio Público de la Federación, el ocho de agosto de dos mil doce, en la que hizo constar las características interiores y exteriores de los vehículos que se tuvieron a la vista: **********, **********, doble cabina, cuatro puertas, color **********, con una placa en el tablero con la leyenda alfanumérica **********; y otro **********, doble cabina, **********, con una placa a nivel del tablero con la leyenda alfanumérica **********, con placas de circulación **********, entre otras especificaciones del estado físico.

"- Dictamen de representación gráfica, de ocho de agosto de dos mil doce, signado por **********, perito oficial en materia de criminalística forense y habilitado en materia de fotografía forense, al que anexa veintiún impresiones fotográficas digitales a color, de la persona puesta a disposición **********, así como de diversos artefactos bélicos y vehículos.

"- Dictamen en materia de tránsito terrestre, de ocho de agosto de dos mil doce, suscrito por **********, perito en materia de tránsito terrestre, en el que concluyó que: El vehículo **********, tipo pick-up, con número de identificación vehicular **********, modelo **********, corresponde a un vehículo de procedencia extranjera, ensamblado en Estados Unidos de América; mientras que el vehículo **********, tipo pick-up, con placas de circulación ********** del Estado de Zacatecas, con número de identificación vehicular **********, modelo **********, es de procedencia extranjera, ensamblado en Argentina.

"- Dictamen en materia de psicología, de ocho de agosto de dos mil doce, suscrito por la perito **********, adscrita a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, dependiente de la Procuraduría General de la República, en la que realizó la evaluación psicológica practicada a **********.

"- Declaración ministerial del indiciado **********, rendida el ocho de agosto de dos mil doce, ante el fiscal de la comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, manifestó en lo conducente: Que aproximadamente mes y medio salió de Guatemala, con el propósito de llegar a los Estados Unidos a trabajar, que conoció a unas personas en Campeche, quienes lo invitaron a trabajar a la ciudad de Guadalajara, para cuidar unos ranchos de unos ganaderos, pero que nunca lo llevaron a esta última ciudad, sino que lo llevaron al Municipio de Florencia, Zacatecas, a una casa abandonada a la que llegaron cuatro personas armadas y encapuchadas, quienes les dijeron que no iban a cuidar ningún rancho, sino que iban a trabajar para el cártel del **********; posteriormente le arrimaron a ********** la camioneta **********, **********, cuatro puertas, sin saber quién lo hizo, sólo se la dejaron junto a la otra; salieron de Florencia varios sujetos, entre ellos el emitente, todos iban desarmados, pero cuando llegaron a la comunidad de San Rafael, Municipio de Jerez, Zacatecas, fue cuando ********** le asignó el fusil AK-47, calibre 7.62x39, y al ********** le asignó otro fusil AK-47, calibre 7.62x39, y al ********** un R-15, mientras el arma de fuego denominada Barret la traía **********, al encontrarse en la camioneta Ranger, el siete de agosto del año en curso, ‘**********’ les dijo que iban a salir a caminar, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, el mismo les manifestó que se escondieran de los soldados, porque habían avisado que ya iban para el lugar, por lo que todos empezaron a correr para diferentes lados, pero como al deponente le dio un calambre en la pierna derecha, se quedó tirado debajo de un árbol, que está junto a un arroyo, estando retirado de las camionetas, que él únicamente se encontraba portando el fusil AK-47, calibre 7.62x39, que no le encontraron el Barret, los cargadores, las granadas ni nada de lo que señalan los militares, por lo que fue detenido.

"- Dictamen en materia de balística forense, de ocho de agosto de dos mil doce,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25109-b51f92dd/competencia-territorial-de-excepcion-contenida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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