COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ES CON DETENIDO, EL JUEZ DE DISTRITO QUE RECIBA LA CONSIGNACIÓN DEBE PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE NO ADMITAN DEMORA, AUN CUANDO SE CONSIDERE INCOMPETENTE. COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LOS MOTIVOS QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSISTEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA EN FAVOR DEL QUE CONSIDERE COMPETENTE.
COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ES CON DETENIDO, EL JUEZ DE DISTRITO QUE RECIBA LA CONSIGNACIÓN DEBE PRACTICAR LAS DILIGENCIAS QUE NO ADMITAN DEMORA, AUN CUANDO SE CONSIDERE INCOMPETENTE.
COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LOS MOTIVOS QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSISTEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA EN FAVOR DEL QUE CONSIDERE COMPETENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 321/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.
II. Competencia
9. Atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) 226, fracción II, de la actual Ley de Amparo(7) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal,(9) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en virtud de que inicialmente se suscitó entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, especializados en materia penal, sin que se considere necesaria la intervención del Pleno.
10. Al tema resulta aplicable la tesis P. I/2012, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."(10)
11. Como se expondrá en párrafos subsecuentes, durante la tramitación del presente asunto, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Penal del Segundo Circuito, fueron objeto de pronunciamiento por parte del Pleno de dicho circuito, el cual unificó sus posturas, pero la tesis adoptada por este último, se contrapone a la asumida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, tornándose necesario que esta Sala determine cuál debe prevalecer, al tener competencia para ello.
12. Dicha atribución, se funda en lo dispuesto en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(11) tal y como el Pleno de este Alto Tribunal lo decidió en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, al fallar por mayoría de nueve votos, la contradicción de tesis 271/2014.
III. Legitimación
13. La denuncia de referencia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Federal(12) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(13) ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mismo que sustentó uno de los criterios originalmente contendientes.
IV. Criterios denunciados
A. Interpretación asumida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********
14. Antecedentes. El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, mediante escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, consignó la averiguación previa **********, en la que ejerció acción penal con detenido, en contra de diversas personas a las que atribuyó la probable comisión de los siguientes delitos: a) acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicanas;(14) b) posesión de cartuchos para esa clase de armas;(15) y, c) portación de arma de uso exclusivo de las mencionadas instituciones castrenses.(16)
15. Por auto de ocho de febrero de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México -a quien por turno se envió el asunto-, ordenó formar el expediente respectivo, registrándolo bajo el número de causa **********. De inmediato calificó de legal la retención de los imputados, decretó su detención judicial y señaló día y hora para recabar su declaración preparatoria. Ulteriormente, mediante resolución de catorce de febrero de dos mil trece, les dictó auto de formal prisión por los delitos en comento.
16. El doce de marzo siguiente, el citado juzgador, al resolver un incidente planteado por la defensa, estimó carecer de competencia legal para seguir conociendo del caso,(17) por lo que declinó la misma a favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno.
17. El asunto se remitió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien recibió la causa de referencia y ordenó su registró bajo el número **********. Por resolución de dieciséis de ese año, determinó no aceptar la competencia planteada(18) y envió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para que decidiera lo procedente.
18. Argumentación del Tribunal Colegiado del conocimiento. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito -ahora denunciante-, al resolver el conflicto competencial **********, suscitado entre los referidos órganos de instancia, estimó que por la forma en que se debía interpretar el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, no le asistía la razón al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, al sostener que los inculpados, debían permanecer recluidos en un centro de máxima seguridad, so pretexto de las deficientes instalaciones de las prisiones de dicha entidad federativa, ya que ello no se encontraba corroborado con medio de prueba alguno, amén de que era menester partir de la idea de que todas las prisiones se orientan por el principio de seguridad.
19. Añadió que los inculpados no fueron consignados por el delito de delincuencia organizada, y que la sola mención de que se trataba de no poner en riesgo la seguridad de los centros carcelarios, era insuficiente para determinar la competencia de excepción de que se trataba.
20. Por consiguiente, indicó que no era viable tener por actualizado el supuesto relativo a la existencia de circunstancias que impidieran garantizar el desarrollo adecuado del proceso, sobre todo, al no haber prueba que permitiera inferir alguna afectación a la secuela procedimental en caso de que la misma se sustanciara en el lugar en donde se cometieron los ilícitos.
21. Destacó que con ese criterio, no se desatendían las disposiciones contenidas en los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -en lo concerniente a la competencia de excepción prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales-, pues lo establecido en aquéllos, al ser la excepción a la regla general, se encontraba condicionado a que se actualizara el supuesto previsto por la ley, lo que no había sucedido en la especie.
22. Sostuvo que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de precisar los alcances del párrafo tercero del precepto normativo antes referido y fijar la competencia de los Jueces de Distrito, cuando se actualiza la hipótesis de excepción en comento, ha emitido los Acuerdos Generales 21/2008, 82/2008, 18/2009 y 2/2010, de cuya interpretación sistemática se concluía que la competencia excepcional de mérito, exigía invocar una o varias de las hipótesis contenidas en el citado dispositivo normativo, exponiéndose los razonamientos por los que se estimaran acreditadas, así como señalar las pruebas conducentes, las cuales debían ser indicios con los que suficientemente se pudiera estimar la actualización de alguna de aquellas hipótesis normativas.
23. Así, desde su perspectiva, se tenían que exponer los motivos y razonamientos lógicos que justificaran por lo menos uno de los supuestos antes señalados, debiéndose además aportar pruebas objetivas que lo acreditaran y no derivar la actualización de la competencia especial de que se trata, con simples afirmaciones dogmáticas o subjetivas, ya que la excepción a la regla que establece el artículo 6o. del Código Procesal antes invocado, se encuentra condicionada a que se actualice objetivamente el supuesto de la competencia de excepción a que alude el párrafo tercero del artículo 10 en cuestión.
24. De lo anterior desprendió que el Juez de Distrito que reciba una consignación en la que se ejerza acción penal por delitos cometidos fuera de su jurisdicción y se actualice la mencionada excepción competencial, bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia; sin embargo, concluyó que dicha prohibición está supeditada a que efectivamente se actualice dicha excepción competencial, lo que debía acreditarse objetivamente y no con meras apreciaciones subjetivas o personales.
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el conflicto competencial **********
25. Antecedentes. La agente del Ministerio Público de la Federación en Cieneguillas, Zacatecas, mediante oficio ********** -que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los entonces Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco-, consignó los autos que conformaron la averiguación previa **********, en la que ejerció acción penal con detenidos, en contra de diversas personas a las que consideró probables responsables de la comisión de los delitos de: a) delincuencia organizada;(19) b) acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;(20) c) posesión de cartuchos para esa clase de armas;(21) y, d) utilización de vehículo robado para la comisión de otro u otros delitos.(22)
26. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil doce, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, ordenó formar el expediente respectivo, el cual se registró con el número **********. En ese momento calificó de legal la detención de los imputados y mediante resolución de uno de septiembre de dos mil doce, les decretó formal prisión por el injusto de portación de armas de fuego y granadas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, así como por el diverso de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las aludidas instituciones castrenses, en tanto que determinó su libertad por falta de elementos para procesar respecto de los ilícitos de delincuencia organizada y utilización de vehículo robado para la comisión de otro u otros delitos.
27. Asimismo, declinó la competencia para seguir conociendo de la causa en razón de territorio,(23) en favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno.
28. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, recibió la causa de referencia -quedó registrada bajo el número **********- y por auto de veinte de septiembre de ese mismo año, rechazó la competencia declinada,(24) por lo que remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en turno, para que resolviera lo procedente.
29. Postura jurídica contenida en la ejecutoria. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el conflicto competencial **********, con apoyo en lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimiento Penales, así como lo dispuesto por el segundo párrafo del punto tercero del Acuerdo General 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -modificado por el diverso 82/2008-, sostuvo que la agente del Ministerio Público, en el pliego de consignación, estimó la actualización de la hipótesis de competencia excepcional, prevista en el párrafo tercero del ordinal 10 invocado, por lo que el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco -quien previno en el conocimiento del asunto-, bajo ningún supuesto podía declinar su competencia, sin que obstara que al resolverse la situación jurídica de los inculpados se les hubiera decretado auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de delincuencia organizada.
30. Consideró que la manifestación relativa a la desaparición de las razones que llevaron a la representación social federal a consignar a los inculpados ante un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco -en cuyo lugar de residencia se encuentra una cárcel de máxima seguridad-, le correspondería hacerla al propio agente del Ministerio Público de la Federación y no a la autoridad judicial.
31. Además, precisó que el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, al tener por satisfechos los requisitos correspondientes, radicó la averiguación previa en cuestión, no siéndole factible declinar su competencia.
C. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar el conflicto competencial **********
32. Antecedentes. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Quinta Investigadora en el Estado de Zacatecas, consignó ante el Juzgado de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México en turno, con residencia en Toluca, la averiguación previa **********, en la que ejerció acción penal con detenidos, en contra de diversas personas a las que consideró probables responsables de los delitos de: a) delincuencia organizada;(25) b) contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de marihuana con fines de comercio;(26) c) posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea nacionales;(27) d) portación de arma de uso exclusivo de las mencionadas instituciones castrenses;(28) e) posesión de esa clase de armas;(29) y, f) privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.(30)
33. El quince de diciembre de dos mil doce, la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, tuvo por recibida esa indagatoria, ordenó formar el expediente respectivo -quedó registrado bajo el número **********-, ratificó la detención de los inculpados y el dieciocho siguiente, les decretó su formal prisión respecto de los ilícitos señalados en los incisos del b) al f), decretando su libertad por falta de elementos para procesar en torno al injusto de delincuencia organizada.
34. En esa misma determinación, declinó la competencia en razón de territorio(31) a favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno.
35. Mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil doce, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, recibió la indicada causa, la cual se registró con el número **********. Por auto de cuatro de enero de dos mil trece, rechazó la competencia planteada(32) y ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para que resolviera lo conducente.
36. Argumentación contenida en la ejecutoria. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar el conflicto competencial **********, afirmó que la interpretación declarativa del artículo 10, párrafos tercero y cuarto, del Código Federal de Procedimientos Penales, llevaba a colegir que el Juez de Distrito que recibiera una consignación en ese supuesto de excepción, no puede declinar su competencia aduciendo que no se surten los requisitos legales correspondientes y que ello había sido reiterado en el Acuerdo General 21/2008 del Consejo de la Judicatura Federal -modificado por el diverso 82/2008-.
37. Expuso que el agente del Ministerio Público, en su pliego de consignación, estimó la actualización de la hipótesis de competencia excepcional prevista en el párrafo tercero del numeral 10 del código adjetivo en comento, por lo que la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, de conformidad con el cuarto párrafo del citado precepto legal, así como con lo ordenado en el segundo párrafo del punto tercero del Acuerdo General 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no podía declinarla, sin que obstara el hecho de que al resolver la situación jurídica de los inculpados, les hubiera decretado auto de libertad por el delito de delincuencia organizada.
38. Lo anterior, bajo la idea de que no sólo se consignó a aquéllos por dichos injustos, sino también por otros de carácter grave, como el de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, de tal modo que se satisfacían las condiciones para la citada competencia excepcional; por tanto, los procesados de mérito debían continuar recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como el "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
39. Añadió que en el supuesto de que desaparecieran las razones que llevaron a la representación social federal a consignar a los inculpados ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México -en cuya sede se localiza una cárcel de máxima seguridad-, correspondería al propio agente del Ministerio Público de la Federación, hacer la manifestación respectiva, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto tercero del mencionado Acuerdo General 21/2008.
40. Destacó que si la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, radicó la averiguación previa en cuestión, fue porque tuvo por satisfechos los razonamientos que la fiscal federal expuso, teniendo por actualizada la hipótesis de la aludida competencia territorial de excepción, no siendo factible que la declinara ulteriormente.
V. Existencia y materia de la contradicción
41. Conforme a la doctrina jurisprudencial sustentada por este Máximo Tribunal, para que exista oposición de posturas entre Tribunales Colegiados de Circuito, se debe verificar:
a) Que aquéllos hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en el que apoyados de arbitrio judicial efectúen un ejercicio interpretativo del que derive algún canon o método;
b) Que entre los diversos ejercicios interpretativos efectuados por los órganos jurisdiccionales en mención, haya al menos un razonamiento que verse sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de la manera de acometer la cuestión jurídica en comento, con preferencia de cualquier otra.(33)
42. Al respecto, se debe precisar que la indicada disparidad está condicionada, simplemente, a que los tribunales en mención sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean idénticas(34) o que tales criterios hayan alcanzado el rango de jurisprudencia.(35)
43. En el caso, no cabe duda de que se actualizan esos requisitos, debido a que los órganos colegiados contendientes, al resolver las problemáticas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer arbitrio judicial y, mediante un ejercicio interpretativo, adoptaron un canon relacionado con la forma en que debía entenderse la disposición normativa contenida en el cuarto párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, arribando a posturas encontradas sobre un mismo problema jurídico.
44. En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, determinó que la excepción a la regla que establece el artículo 6o. del código procedimental antes invocado, se encuentra condicionada a que se actualice el supuesto de la indicada competencia territorial de excepción, de tal suerte que a su consideración, el Juez de Distrito que reciba una consignación en dicha hipótesis, bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia, pero que está en condiciones de hacerlo si desaparecen las razones que en su momento la justificaron.
45. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al fallar el conflicto competencial **********, sostuvo que la autoridad judicial que radica una averiguación previa en la que el agente del Ministerio Público de la Federación estimó la actualización de la mencionada competencia excepcional, no podía declinarla, sin que sea óbice que al resolver la situación jurídica del o los inculpados, considere que las circunstancias que llevaron a la representación social federal a creerlo así hubieran desaparecido, pues ante esa situación, le correspondería al propio Ministerio Público señalarlo y no al Juez que previno en el conocimiento del asunto.
46. Finalmente, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, sostuvo que la interpretación declarativa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, llevaba a colegir que el Juez de Distrito que recibiera una consignación en dicho supuesto de excepción, no podía declinar su competencia, aduciendo que no se surten los requisitos correspondientes, toda vez que al radicar la averiguación previa los tuvo por satisfechos, de tal modo que si al resolver la situación jurídica de los inculpados, desaparecen las razones que se tomaron en cuenta para ello, correspondía al agente del Ministerio Público de la Federación hacer la manifestación respectiva y no a la autoridad jurisdiccional.
47. Lo anteriormente expuesto, evidencia la aludida disparidad de criterios sobre un mismo punto jurídico, identificado con la posibilidad o no de declinar la denominada competencia territorial excepcional en la que adicionalmente cada uno de esos órganos jurisdiccionales, interpretó los alcances de las disposiciones normativas que sobre dicho tópico ha aprobado el Consejo de la Judicatura Federal.
48. Ahora bien, como se anunció en el apartado correspondiente a la competencia, durante la integración del expediente en que se actúa, se tuvo noticia de que con relación al tema a dilucidar, el Pleno del Segundo Circuito resolvió la contradicción de tesis 1/2013, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Segundo y Tercero, todos en Materia Penal del Segundo Circuito, unificando las posturas que esos órganos de control constitucional sostuvieron al resolver diversos conflictos competenciales, entre ellas, las que dieron lugar a la denuncia formulada por los integrantes del órgano jurisdiccional ahora denunciante, por lo que derivado de esa resolución plenaria, la presente contradicción quedó sin materia en cuanto a la contraposición de los criterios asumidos por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto de la referidas materia y circunscripción, al resolver, respectivamente, los conflictos competenciales ********** y ********** de sus índices.
49. Sobre el particular, dicho Pleno de Circuito determinó que si no se acreditan las condiciones normativas de la competencia territorial de excepción a que se refiere el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez que previno en el conocimiento del asunto, debía declinarla a favor del Juez Federal a quien en forma ordinaria correspondería conocer del caso. Ello dio lugar a la jurisprudencia PC.II. J/1 P (10a.), del tenor siguiente:
"COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI NO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS NORMATIVOS PARA QUE OPERE, EL JUEZ DE DISTRITO, AL RECIBIR LA CONSIGNACIÓN EN LA QUE SE HAGA VALER AQUÉLLA, DEBE DECLINARLA EN FAVOR DEL JUZGADOR FEDERAL A QUIEN EN FORMA ORDINARIA LE CORRESPONDA CONOCER DEL ASUNTO.-Del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales y punto tercero, párrafo primero, del Acuerdo General 21/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante Acuerdo General 2/2010 del propio órgano, se advierte que, cuando el Ministerio Público de la Federación estime necesario ejercitar la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al del lugar donde se cometió el delito, bajo el supuesto de excepción territorial a que se refieren los preceptos señalados, por actualizarse alguna de las hipótesis del citado artículo tercero (por las características del hecho imputado, las circunstancias personales del inculpado, la seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso), el juzgador que reciba la consignación debe examinar si se actualiza esa competencia especial al tenor de las consideraciones y las pruebas aportadas con ese propósito, al tratarse de un presupuesto de la jurisdicción que, al ser excepcional, debe estar plenamente demostrado, por lo que, si considera que no se acreditan las condiciones normativas, debe declinar la competencia en favor del Juez Federal a quien en forma ordinaria corresponda conocer del asunto, siendo inaplicable la prohibición contenida en los párrafos cuarto del artículo 10 de referencia y segundo del punto tercero del acuerdo indicado, porque la condición para que opere esa restricción es que se actualice el supuesto excepcional de competencia que en el caso estaría sub júdice a la decisión que, en su caso, emita el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que resuelva el conflicto competencial respectivo."(36)
50. Para dicho Pleno de Circuito, si el Juez de Distrito ante el cual se consignó el asunto, considera que no se acreditan las condiciones normativas de la indicada competencia territorial por excepción, debe declinar la competencia en favor del juzg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26290-8d4e98ea/competencia-territorial-de-excepcion-contenida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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