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Modo: Corpus Pro

PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN UN JUICIO, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2017. · Registro digital (IUS): 27902
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-06-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIR
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Pág. 838.

PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS.

PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA EN UN JUICIO, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 289/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, así como en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados Auxiliares en apoyo de colegiados de diverso Circuito, en un tema que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

Cabe señalar que si bien es cierto que los criterios contendientes fueron emitidos por dos Tribunales Colegiados de Circuito ambos del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, los mismos resolvieron sus respectivos asuntos, en apoyo a diversos Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, a saber: i) al Décimo Séptimo Circuito y Octavo Circuito, de ahí que sea este Alto Tribunal el competente para conocer del presente asunto, pues tal y como lo ha sustentado la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio comparte esta Primera Sala, para efecto de determinar el Circuito al que pertenece un tribunal auxiliar y definir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en las que participen éstos, se deberá atender al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado, en virtud de que al prestar su apoyo asume la jurisdicción de éste.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de rubro y texto:

"Décima Época

"Registro: 2008428

"Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 15, Tomo II, febrero de 2015

"Materias: constitucional y común

"Tesis: 2a./J. 3/2015 (10a.)

"Página: 1656

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.

"Contradicción de tesis 269/2014. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 26 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

"Tesis y/o criterios contendientes:

"Tesis PC.I.A. 1 K (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.’, aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 803, y

"El sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2014.

"Nota: Los Acuerdos Generales 14/2013 y 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1433 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2421, respectivamente.

"Tesis de jurisprudencia 3/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de enero de dos mil quince.

"Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

Así, tomando en consideración que los tribunales auxiliados corresponden a diferentes Circuitos, quien debe resolver es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar con carácter de jurisprudencia, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

I. Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en apoyo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 749/2016 (auxiliar AR. 64/2017).

Origen.

• Juan Enrique Higuera Soto y otros, demandaron en la vía ordinaria civil al Instituto Mexicano del Seguro Social, la prescripción positiva sobre el inmueble identificado como **********.

• De la citada demanda correspondió conocer al Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Bravos en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien admitió a trámite la demanda mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mili dieciséis.

• El Instituto Mexicano del Seguro Social promovió incidente de incompetencia, al considerar que al ser el instituto un organismo público descentralizado de carácter federal, sus bienes están sujetos al régimen de propiedad del dominio público, por lo que el conflicto suscitado con motivo de los mismos debían conocerse por los Jueces Federales.

• Mediante sentencia interlocutoria de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictada en el toca **********¨del índice de la Primera Sala Regional con sede en Ciudad Juárez Chihuahua, se resolvió la excepción de incompetencia, donde dicha responsable la declaró improcedente, al estimar que las pruebas que integraban el testimonio de apelación, no acreditaban que el bien raíz estuviere destinado al servicio público de seguridad social, ni que en el mismo estuviere edificada una clínica médica, por lo que no gozaba de la protección de un bien del dominio público, al no cumplir con los fines propios del instituto.

• Inconforme con la anterior determinación el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió demanda de amparo indirecto, la cual correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, bajo el número de expediente 522/2016, quien seguido el juicio en sus trámites legales, el diecinueve de septiembre del mismo año, celebró audiencia constitucional, la cual concluyó con la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio.

• En contra de lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado legal interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• El recurso fue admitido a trámite y radicado bajo el toca 749/2016, mediante auto de presidencia de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, ordenando la notificación de dicho proveído al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal auxiliado quien no formuló pedimento.

• Posteriormente, mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se turnó el asunto al Magistrado Ignacio Cuenca Zamora, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

• Mediante Consulta-Car 2/2016-V y oficio STCCNO/102/2016 de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibiera el apoyo de este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, para el dictado de sentencias en los asuntos de su conocimiento.

• En virtud de lo anterior, el citado Tribunal Colegiado auxiliado, por conducto de la Oficialía de Partes de su adscripción, el nueve de enero de dos mil diecisiete, remitió los autos del juicio de amparo en revisión a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región; la cual, los recibió el doce siguiente y el diecisiete posterior lo turnó a este órgano jurisdiccional.

• Previo requerimiento en auto de presidencia de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se radicó el asunto bajo el número de expediente auxiliar 64/2017, se turnó al Magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.

• El asunto se listó el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, para verse en la sesión de treinta y uno del mes y año en cita, siendo retirado para formular nuevo proyecto de resolución.

• El siete de abril de dos mil diecisiete, se listó de nueva cuenta el asunto, para verse en la sesión de veinte de ese mismo mes y año, en la cual se desechó el proyecto presentado por el Magistrado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique.

• Posteriormente, por auto de veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, se returnó el asunto a la ponencia del Magistrado G. Octavio García Ramos.

• Finalmente, en auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración del órgano colegiado; asimismo, se reintegró el asunto a la ponencia a la cual fue turnado para la elaboración del respectivo proyecto.

• Mediante ejecutoria de quince de junio de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, resolvió el recurso de revisión en el sentido de revocar la sentencia recurrida y amparar al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Consideraciones.

En la ejecutoria de mérito, en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:

"... Contrario a lo estimado por el Juez Federal, fue ilegal considerar que el acto reclamado, consistente en la resolución que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada en el juicio de origen, al no afectar directamente los intereses patrimoniales del quejoso, no estaba legitimado para acudir al juicio de amparo indirecto, pues no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo.

"Para evidenciar lo anterior es dable indicar que el artículo 107 constitucional, establece que la procedencia del juicio de amparo, se requiere solicitud de parte agraviada, lo que implica que el promovente del juicio deberá ser titular de algún derecho fundamental que se estime vulnerado por el acto de autoridad. De manera que, el juicio de amparo es un medio de protección de los derechos fundamentales frente a los actos de autoridad.

"Los artículos 7o. y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establecen:

"...

"La primera disposición en cita (artículo 7o. de la Ley de Amparo), tiene razón de ser en que se ha considerado que el Estado puede obrar con un doble carácter en sus relaciones con los particulares, como entidad pública y como ente semejante a una persona moral de derecho privado.

"En esta última situación actúa en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de igual naturaleza y en idéntica forma que los individuos, por lo que debe gozar de iguales prerrogativas.

"Sin embargo, cuando la autoridad no se encuentra en ese caso de excepción, esto es, que la norma general, acto u omisión, afecten en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas y que además se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, carece de legitimación para ejercer la acción constitucional.

"También conviene asentar que dicha excepción, prevaleció en el artículo 7o. de la nueva Ley de Amparo, pues en el precepto 9o. de la Ley de Amparo anterior, ya acotaba a favor de las personas morales oficiales (la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios) que acceso al control constitucional, únicamente para la tutela de intereses patrimoniales, previendo misma limitante.

"...

"De lo anterior se advierte que el acto reclamado, somete al quejoso a una vía ordinaria civil del fuero común en la que se le demandó la prescripción positiva del inmueble descrito, por lo que dicho sometimiento genera un perjuicio patrimonial en la medida de que podría resultarle desfavorable la acción intentada en su contra, es decir, resultar condenado a la entrega del inmueble, por lo que, sí tiene interés en que el procedimiento se lleve al cabo en términos legales correctos.

"Se explica, la afectación patrimonial que pudiera derivar de la sentencia definitiva instaurada en una vía que pudiera no corresponder (fuero común o federal), lo cual permea sobre las actuaciones procesales del juicio civil de mérito, pues es obvio que en el procedimiento se pretende mediante la acción de prescripción positiva, la entrega de un inmueble, con el inminente perjuicio económico que pudiere ocurrir en contra del demandado quejoso.

"...

"Además, debe indicarse que la quejosa actúa en un plano de igualdad, como particular, porque deriva de un juicio ordinario civil en el que fungió como demandado el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el que está en disputa la titularidad de un bien inmueble que es propiedad de dicho instituto, lo que implica que el juicio en sí mismo y sus etapas conllevan una incidencia de índole patrimonial y, por ende, es susceptible de traer un perjuicio económico, por lo que, debe obtener los mismos derechos que a las personas de derecho privado, es decir, las mismas oportunidades de participación dentro del procedimiento.

"De considerar lo contrario, esto es, que no tiene legitimación para reclamar la cuestión competencial planteada, se le podría dejar en estado de indefensión, ya que llegado el momento de que se dictara sentencia definitiva y resultara adversa al ahora quejoso, ya no podría reclamar dicha determinación en amparo directo –dado que debía reclamarlo en la vía indirecta– pues por disposición expresa la cuestión competencial se dirime en amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

"...

"Por ello, es incorrecto que la Juez de Distrito, tuviera por actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, ya que, se reitera, la persona moral quejosa tiene legitimación para acudir a la instancia constitucional, respecto a un acto en el que actúa en un plano de igualdad con los particulares, al actualizarse un posible menoscabo de un derecho patrimonial en contra del inconforme, sin que pueda considerarse que la legitimación, surge sólo si existe sentencia en la que se condene a tal prestación económica, pues la nota distintiva de la legitimación es que en el juicio se diriman derechos de naturaleza patrimonial y que el ente público participe en tal juicio en igualdad de condiciones que su contraparte.

"En mérito de lo anterior, los agravios propuestos por la recurrente resultan fundados y al haber quedado establecido que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el juzgador federal, ni advertirse la actualización de alguna otra, conforme con el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es levantar el sobreseimiento, reasumir jurisdicción y analizar los conceptos de violación planteados por el quejoso, aquí recurrente. ..."

II. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con Residencia en Saltillo, Coahuila, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 1392/2016 (auxiliar AR. 20/2017)

Origen.

• José Guadalupe Rubio Dena, en su carácter de administrador único de Financiera Zafy, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, entidad no regulada, promovió juicio ordinario mercantil, en contra del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, en el cual demandó el pago por la cantidad de ($**********), del cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Saltillo, bajo el número de expediente **********.

• Dentro de dicho expediente el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, promovió excepción de incompetencia por declinatoria, aduciendo fundamentalmente que el negocio jurídico de origen promovido por la actora no es un negocio mercantil, sino un negocio administrativo por ser su representada una entidad pública, así como que el acto se ostenta en todo momento como un proveedor municipal, y el contrato de proveeduría conllevan derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Turnada la excepción de incompetencia por declinatoria al Primer Tribunal Distrital del Estado, se radicó bajo el toca mercantil **********, en la cual, con fecha 8 de julio de 2016, se emitió la sentencia **********, la cual declara improcedente la excepción planteada.

• Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, **********, como apoderado legal para pleitos y cobranzas del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal.

• Por razón de turno, el conocimiento de la demanda reseñada correspondió al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, quien por auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la registró con el número de expediente ********** y, previos sendos requerimientos, en auto de treinta y uno de agosto siguiente admitió a trámite la demanda; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis donde el Juez correspondiente dictó sentencia, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.

• Inconforme con dicha determinación, por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, residente en Saltillo, José Alberto González Gutiérrez, apoderado legal para pleitos y cobranzas del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en la misma ciudad.

• Mediante auto de presidencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión y se radicó el asunto bajo el número de toca **********; se ordenó notificar a la autoridad responsable, y se hiciera saber a las partes que podían adherirse a la revisión y se ordenó dar copia simple del escrito de agravios al agente del Ministerio Público de la Federación.

• Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente del tribunal turnó los autos del juicio de amparo en revisión a la ponencia a su cargo, para la formulación del proyecto respectivo.

• Por oficio STCCNO/426/2016, de cuatro de abril de dos mil dieciséis, el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la referida Comisión determinó que el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, recibiera el apoyo de este Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en la misma ciudad y estado, para el dictado de sentencias en los asuntos de su conocimiento.

• Derivado de lo anterior, el citado Tribunal Colegiado auxiliado, por acuerdo de nueve de enero de dos mil diecisiete, ordenó la remisión del asunto a este Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el que se recibió por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de dicha región el diez siguiente.

• Por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada presidenta de dicho colegiado, tuvo por recibido el juicio de referencia; ordenó su registro con el número de expediente auxiliar 20/2017, y lo turnó a la ponencia del Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado para la formulación del proyecto correspondiente.

• Mediante ejecutoria de dos de febrero de dos mil diecisiete, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, resolvió en el recurso de revisión, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo promovido por José Alberto González Gutiérrez, en su carácter de apoderado jurídico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.

Consideraciones.

En la ejecutoria de mérito, en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:

"...

"En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 171/2005, haciendo una interpretación del artículo 9o. de la Ley de Amparo abrogada, estableció que el Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales; que cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alteración alguna, el juicio constitucional resulta improcedente porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública y no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público.

"...

"Ahora bien, el artículo 9o. de la Ley de Amparo abrogada, que interpreta el criterio jurisprudencial transcrito, guarda correspondencia con el artículo 7o. de la Ley de Amparo vigente y aplicable en el caso, pues este último dispositivo, igualmente acota la procedencia del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovista de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa.

"De tal forma que un ente público del Estado, excepcionalmente tiene acceso al juicio de amparo cuando:

"a) Obre como persona moral de derecho privado (equiparándose) en relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; y,

"b) Se trate de actos que afecten su patrimonio.

"En el caso a estudio, como acertadamente lo señaló el Juez a quo, se advierte de las constancias que integran el expedientillo formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria que el tribunal responsable, estableció que el Juez de Primera Instancia en Materia Mercantil era competente para dilucidar el juicio ordinario mercantil incoado por la tercero interesada **********, en contra del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; ello, pues consideró que el contrato celebrado entre estas era de naturaleza mercantil y no administrativa, esto es, los efectos del fallo reclamado, únicamente, se concretaron a declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada.

"La determinación anterior es la que señala como acto reclamado el aquí quejoso, Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.

"Ahora bien, en la especie, de los dos requisitos que se desprenden del artículo 7o. de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo indirecto promovido por autoridades, consistentes en que: a) Obre como persona moral de derecho privado (equiparándose); respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares; y, b) Se trate de actos que afecten su patrimonio; no se actualiza la segunda.

"...

"De lo transcrito se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando una autoridad comparece al procedimiento jurisdiccional, se somete a la jurisdicción del tribunal respectivo y, de esa manera, se ubica en un plano de igualdad procesal frente al actor.

"En el caso, al haber comparecido al juicio ordinario mercantil de donde deriva el acto reclamado el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, en su calidad de parte demandada, es evidente que se ubicó en un plano de igualdad frente al actor (tercero interesado), en la medida que se sometió a la jurisdicción y decisión del Juez de lo mercantil, actualizándose el primer supuesto previsto en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo indirecto promovido por autoridades, consistentes en que esta última obre como persona moral de derecho privado (equiparándose); respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

"Empero, como lo indicó el Juez de Distrito, no se surte el segundo requisito consistente en que el acto reclamado afecte su patrimonio, pues la controversia de origen, únicamente, se limitó a resolver un aspecto estrictamente procesal relativo con la competencia, esto es, en la resolución recurrida no se afectó patrimonialmente a dicho ente público, ya que el objeto de impugnaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27902-5e3e536e/persona-moral-oficial-cuando-es-parte-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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