PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTARON JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS CON RESERVA DE CRITERIO; EDUARDO MEDINA MORA I. Y JAVIER LAYNEZ POTISEK CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, cuya materia corresponde a su especialidad.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, siendo este tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son las siguientes:
I. Amparo en revisión **********. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco -en apoyo a las labores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, dictó sentencia el veintidós de octubre de dos mil catorce, en la que estableció, sustancialmente, lo siguiente:
• En principio, precisó que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 9o., ambos de la Ley de Amparo, toda vez que "la autoridad quejosa, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías".
A efecto de ilustrar las razones de ello, el órgano colegiado sostuvo que el artículo 9o. de la ley de la materia -que dispone que las personas morales oficiales podrán acudir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales-, no debe ser interpretado en forma literal, "porque llevaría al absurdo de estimar que la persona moral oficial siempre estaría legitimada para deducir la acción de amparo cuando a través del acto reclamado resienta una afectación en su esfera patrimonial", y con ello se desnaturalizaría el propósito que tuvo el legislador al prever la posibilidad de que ese tipo de entes colectivos tengan acceso a la protección federal.
• En efecto, debe considerarse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones: "la primera, que ocurran desprovistas de imperio", es decir, como un simple particular; "y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado", porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo.
Ello, porque el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, que es lo que da legitimación para ello, y "su objeto es la protección de las garantías constitucionales, ya sea de personas físicas o morales en su carácter de entes privados, pero no de entidades públicas".
• Siendo que la excepción que prevé el artículo 9o. de la Ley de Amparo, se refiere, exclusivamente, a la hipótesis de cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender intereses patrimoniales, "pero no como personas morales oficiales, sino en calidad de particulares".
Conforme a la teoría de la doble personalidad del Estado, éste no actúa todo el tiempo y en todos sus actos o funciones como una entidad que siempre ordena y ejecuta en ejercicio de su poder soberano, sino que hay otros en los que solicita, coopera o conviene.
Así, cuando el Estado contrata obra como persona de derecho privado, también "puede, en ciertas ocasiones, desprenderse de esa personalidad y actuar como cualquier otra persona en términos del derecho común", igualándose a los particulares. "Es en este caso, en el que el Estado puede acudir al juicio de garantías".
• Por tanto, la promoción del juicio de amparo por un órgano del Estado, en calidad equiparable a un particular, supone la necesidad de que el organismo gubernamental involucrado resienta un perjuicio en su esfera patrimonial, y "que no se trate de un acto que deba realizar como autoridad, porque en esa situación pierde su carácter ficticio de particular derivado de la contratación".
En ese orden de ideas, resulta indudable que las personas morales oficiales "sólo pueden acudir al juicio de amparo cuando han sido parte en un procedimiento jurisdiccional, originado por su actuación como particular y el resultado de dicho proceso ha sido adverso a sus intereses patrimoniales".
De ahí que, si en el juicio de lesividad de origen se demandó la nulidad del acto administrativo, que se hizo consistir en el dictamen de trazos, usos y destinos específicos con expediente **********, de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, emitido a nombre de ********** y/o ********** (tercero interesado en el juicio de origen), por parte de la actora Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, "en el que efectivamente actuó como ente de derecho público en ejercicio del poder del cual está investida, por ende, en este caso no puede solicitar amparo".
• En consecuencia, la circunstancia de figurar la persona moral oficial quejosa como parte actora en el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado, no lo legitima para acudir a la vía de amparo, como incorrectamente lo pretende hacer ver el inconforme, pues, como ya se vio, "lo único que le otorga interés suficiente para ello, es que defiendan sus derechos patrimoniales, y que el acto no haya sido emitido con motivo de sus funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado".
Tampoco legitima a la demandante de amparo para instar la acción constitucional, el hecho de que la ley le otorgue la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, dado que esa prerrogativa de ningún modo implica que pueda promover el juicio de garantías, menos que ello integre el patrimonio a que se refiere el numeral 9o. de la Ley de Amparo; sin embargo, "aun en el supuesto de que se acreditara una afectación al interés patrimonial del Municipio quejoso, ese solo hecho no justifica la excepción que contempla el invocado numeral, porque, como ya se señaló, se requiere que derive de una actuación que no sea con motivo del ejercicio de las facultades de que se halla investido como ente público, sino como un particular", lo cual no acontece en la especie.
• Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, con relación al numeral 9o., ambos de la Ley de Amparo, lo procedente, de conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal antedicho, es, aunque por motivos distintos a los expuestos por el a quo, confirmar la sentencia recurrida.
Los anteriores razonamientos dieron origen a la tesis (III Región)4o.56 A (10a.), que es del tenor siguiente:
"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL JUICIO DE LESIVIDAD QUE LES FUE DESFAVORABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Por regla general, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, y su objeto es la protección de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección, ya sea de personas físicas o morales, en su carácter de entes privados, pero no de entidades públicas, salvo cuando se actualice la excepción prevista en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013. Por ello, si ante la autoridad jurisdiccional una persona moral oficial promueve un juicio de lesividad, demandando la nulidad de un acto administrativo emitido en favor de un particular, carece de legitimación para ocurrir en amparo contra la resolución emitida en aquel procedimiento que le fue desfavorable, en razón de que actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder del cual está investida; es decir, el acto reclamado no deriva del conflicto suscitado con motivo de su actuación como sujeto de derecho privado o particular, siendo su relación de supra a subordinación y no en un plano de igualdad, de modo que dicha actuación no puede ser desvinculada de la prestación del servicio público. De ahí que la circunstancia de figurar como parte actora en el procedimiento contencioso del que proviene el acto reclamado, no la legitima para acudir al amparo, como tampoco lo hace la posibilidad que le otorga la ley de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, dado que esa prerrogativa no implica que pueda promover el juicio constitucional, por no afectarse el patrimonio a que se refiere el numeral 9 mencionado, que presupone su lesión por una actuación ajena al ejercicio de las facultades de que se halla investida como ente público y propia de un particular o gobernado."(1)
II. Amparo en directo **********. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco -en apoyo a las labores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, dictó sentencia el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, en la que estableció, sustancialmente, lo siguiente:
• En principio, precisó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., ambos de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo, toda vez que "la autoridad quejosa, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, por conducto de su síndico, carece de legitimación para promover el presente juicio de garantías".
A efecto de ilustrar las razones de ello, el órgano colegiado sostuvo que el artículo 7o. de la ley de la materia -que dispone que las personas morales oficiales podrán acudir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales-, no debe ser interpretado en forma literal, "porque llevaría al absurdo de estimar que la persona moral oficial siempre estaría legitimada para deducir la acción de amparo cuando a través del acto reclamado resienta una afectación en su esfera patrimonial", y con ello se desnaturalizaría el propósito que tuvo el legislador al prever la posibilidad de que ese tipo de entes colectivos tengan acceso a la protección federal.
• En efecto, debe considerarse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 7o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones: "la primera, que ocurran desprovistas de imperio", es decir, como un simple particular; "y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado", porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo.
Ello, porque el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, que es lo que da legitimación para ello, y "su objeto es la protección de las garantías constitucionales, ya sea de personas físicas o morales en su carácter de entes privados, pero no de entidades públicas".
• Siendo que la excepción que prevé el artículo 7o. de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender intereses patrimoniales, "pero no como personas morales oficiales, sino en calidad de particulares".
Conforme a la teoría de la doble personalidad del Estado, éste no actúa todo el tiempo y en todos sus actos o funciones como una entidad que siempre ordena y ejecuta en ejercicio de su poder soberano, sino que hay otros en los que solicita, coopera o conviene.
• Así, cuando el Estado contrata obra como persona de derecho privado, también "puede, en ciertas ocasiones, desprenderse de esa personalidad y actuar como cualquier otra persona en términos del derecho común", igualándose a los particulares. "Es en este caso, en el que el Estado puede acudir al juicio de garantías".
Por tanto, la promoción del juicio de amparo por un órgano del Estado, en calidad equiparable a un particular, supone la necesidad de que el organismo gubernamental involucrado resienta un perjuicio en su esfera patrimonial, "y que no se trate de un acto que deba realizar como autoridad, porque en esa situación pierde su carácter ficticio de particular derivado de la contratación".
• En ese orden de ideas, resulta indudable que las personas morales oficiales "sólo pueden acudir al juicio de amparo cuando han sido parte en un procedimiento jurisdiccional, originado por su actuación como particular y el resultado de dicho proceso ha sido adverso a sus intereses patrimoniales".
De ahí que, si en el juicio de lesividad de origen se demandó la nulidad del acto administrativo, que se hizo consistir en el dictamen de trazos, usos y destinos específicos con expediente **********, de diecinueve de enero de dos mil once, emitido a nombre de ********** y **********, así como ********** -terceros interesados en el juicio de origen-, por parte de la actora, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, "en el que, efectivamente, actuó como ente de derecho público en ejercicio del poder del cual está investida, por ende, en este caso no puede solicitar amparo".
• En consecuencia, la circunstancia de figurar la persona moral oficial quejosa como parte actora en el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado, no lo legitima para acudir a la vía de amparo, como incorrectamente lo pretende hacer ver el inconforme, pues, como ya se vio, "lo único que le otorga interés suficiente para ello, es que defiendan sus derechos patrimoniales, y que el acto no haya sido emitido con motivo de sus funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado".
Tampoco legitima a la demandante de amparo para instar la acción constitucional el hecho de que la ley le otorgue la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, dado que esa prerrogativa de ningún modo implica que pueda promover el juicio de garantías, menos que ello integre el patrimonio a que se refiere el numeral 7o., de la Ley de Amparo; sin embargo, "aun en el supuesto de que se acreditara una afectación al interés patrimonial del Municipio quejoso, ese solo hecho no justifica la excepción que contempla el invocado numeral, porque, como ya se señaló, se requiere que derive de una actuación que no sea con motivo del ejercicio de las facultades de que se halla investido como ente público, sino como un particular", lo cual no acontece en la especie.
• Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., ambos de la Ley de Amparo, lo procedente, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, es sobreseer en el presente juicio de amparo.
III. Amparos en revisión ********** y **********. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver los referidos amparos en revisión, en sesiones de diecinueve de febrero y doce de marzo de dos mil quince, respectivamente, determinó en lo que interesa, lo siguiente -ejecutorias que se sintetizan de manera conjunta, al contener consideraciones idénticas respecto a la legitimación de las autoridades para promover el juicio de amparo-:
• En principio, el órgano colegiado sostuvo que el derecho de recibir una impartición de justicia por parte de una autoridad competente, forma parte del debido proceso del que es merecedora toda persona que se encuentre sometida a la potestad de un órgano jurisdiccional; habida cuenta que en ese proceso, "al margen de que se trate de una persona moral oficial, ésta se encuentra subordinada a esa jurisdicción y, a la vez, en un plano de igualdad frente a su contraparte".
De suerte que, en ese caso en particular, esto es, una cuestión competencial, "no puede sostenerse que la Auditoría Superior de Michoacán esté actuando en defensa de sus actos administrativo-sancionadores, sino en busca de que la autoridad responsable acate los mandamientos del debido proceso".
• Siendo que, aun cuando el Juez de Distrito consideró el carácter de persona moral pública de la quejosa, "dejó de estimar que cuestiona un acto que no proviene de ella, sino de un proceso jurisdiccional", sustanciado ante el Magistrado instructor de la segunda ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y que, en la especie, sale en defensa del patrimonio no sólo de la Auditoría Superior de Michoacán "sino de la sociedad contribuyente en general".
Acorde con ello, debe aceptarse que el artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una regla general para la procedencia del juicio de amparo; "regla que tiene sus excepciones y más con el nuevo paradigma que se contiene en el sistema jurídico mexicano".
• En efecto, tanto en el sistema nacional como en el externo, las personas morales oficiales no están reconocidas como titulares de derechos fundamentales, cuando actúan con su poder de imperio y, concretamente, en ejercicio de sus facultades sancionadoras en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Esa puntualización resulta relevante, pues debe observarse que el motivo determinante para negar a una autoridad el acceso a la tutela constitucional, es que promueva la acción constitucional de amparo para defender los actos que emitió como autoridad, en ejercicio de su poder de imperio y en un plano de supra a subordinación; habida cuenta que los actos autoritarios no son susceptibles de ser tutelados por los derechos fundamentales.
• Tomando como referente la anterior premisa, debe considerarse que "si la acción de amparo no es promovida propiamente ya para defender ya para que subsista un acto de autoridad, sino para preservar un derecho adjetivo que se obtuvo por la sola circunstancia de ser parte en un proceso jurisdiccional, entonces, sí procede el juicio de amparo".
Debe estimarse así, porque, en ese caso específico, "la autoridad está sometida a un órgano jurisdiccional y, por ende, se encuentra vinculada por las determinaciones de éste", que son susceptibles de incidir en su esfera jurídica. Esto es, que en tal evento la persona moral oficial "no tiene sino el carácter de parte, colocada en un plano de subordinación jurídica frente a los mandatos vinculantes del tribunal, al igual que lo está cualquier particular".
• Luego, resulta irrelevante para tales efectos, que en ese proceso se esté ventilando en cuanto al fondo la nulidad o validez del acto autoritario. "Ello es intrascendente, porque en el supuesto de que aquí se habla, la autoridad está defendiendo, no su acto autoritario, sino un derecho que adquirió por la mera circunstancia de ser parte en un proceso jurisdiccional"; en este caso, el derecho de ser juzgada por una autoridad competente.
Dicho con otras palabras: "el juicio de amparo procede en contra de la resolución de un órgano jurisdiccional que dirima una cuestión competencial, incluso cuando es promovido por una persona moral oficial en un juicio en el que se está debatiendo la nulidad o validez de su acto autoritario". Y es así, porque, en ese caso específico, la persona moral oficial no está pugnando por la subsistencia de su acto de autoridad "sino simplemente porque se respete su derecho de ser juzgada por una autoridad competente".
• Y es que, desde la estricta óptica de que la autoridad se encuentra sometida a la potestad de un órgano jurisdiccional, "se observa que detenta la titularidad del derecho al debido proceso", pues el simple hecho de ser parte en el juicio, supone que se encuentra vinculada al proceso y, sobre todo, obligada a acatar las determinaciones del tribunal. Es decir que, desde ese ángulo en particular, "la autoridad demandada está ubicada en un plano de supraordinación (el órgano jurisdiccional) a subordinación (precisamente, la autoridad demandada)".
Al ser así, es inconcuso que "es susceptible de ser titular del derecho al debido proceso, al menos por lo que se refiere al núcleo duro de ese derecho, que es el elenco de formalidades esenciales del procedimiento", cuyo conjunto integra la anteriormente denominada "garantía de audiencia", tales como (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) una resolución que dirima las cuestiones debatidas, así como el derecho a impugnarla.
• Estimar lo contrario, es decir, que "la autoridad que actuó con su poder de imperio no es ni siquiera titular de ese derecho fundamental al debido proceso, equivaldría a afirmar entonces, que no sería necesario que mediara un juicio para anular sus actos autoritarios" o, bien, que no es necesario llamarle a juicio para defender su validez, ni que pueda ofrecer pruebas y alegar en el que sea llamada, por ejemplo.
Cuestión distinta de la que ocurre cuando promueve el amparo en contra de la resolución definitiva que se pronunció sobre la nulidad del acto autoritario; pues en tal evento, resulta palmario que se estaría promoviendo una acción tutelar de derechos fundamentales, con el fin de que subsista un acto que fue emitido como autoridad, en un plano de verticalidad o supra a subordinación, caso en el que no se surtirían los supuestos del artículo 7o. de la Ley de Amparo.
• Pero si en ese mismo proceso jurisdiccional se promueve amparo en contra de una resolución que dirime una cuestión competencial, tal juicio es "procedente y no cobran vigencia las condicionantes que impone el artículo 7o. de la Ley de Amparo (que afecten el patrimonio y que provenga de un plano de igualdad), aun cuando en el juicio de origen esté sujeta a debate su actuación como autoridad stricto sensu". Esto porque, en ese caso, el juicio de amparo no se estaría promoviendo para defender el acto autoritario sino simplemente el derecho de ser juzgado por una autoridad competente.
En forma tangencial a lo anterior, resulta conveniente dejar establecido que, en dado caso, sí se surtirían los supuestos de la norma legal antes referida, "pues en el juicio contencioso de origen la autoridad se encuentra en un plano de igualdad frente al particular y, en tal proceso, se puede ver afectado su patrimonio o el de la sociedad contribuyente en general". Esto, pues el acto cuya nulidad se demandó en el juicio natural, "concierne a una sanción administrativa que se impuso a una persona por no haber cumplido cabalmente con sus obligaciones atinentes a presentar la cuenta pública".
• Es por las razones expuestas con antelación, que asiste razón a la impugnante, al sostener que el Juez de primer grado no apreció en su integridad el acto reclamado, "porque éste no trata cuestiones sustanciales o de fondo (caso en el que sí se estaría intentando defender un acto emitido como autoridad stricto sensu), sino meramente adjetivas".
Por tal motivo, no se actualiza la causa de improcedencia que invocó el Juez de amparo, ni, por consiguiente, el sobreseimiento en el juicio; lo que conduce a revocar tal sobreseimiento y dictar la sentencia que corresponda, en acatamiento a lo que ordena el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo.
• Con base en lo anterior, el órgano colegiado levantó el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido y analizó el fondo del asunto, determinando otorgar el amparo solicitado por la autoridad quejosa, toda vez que los actos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán no pueden ser cuestionados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de tal entidad federativa, en virtud de que, al haberse reformado el artículo 95 de la Constitución Local, fue voluntad expresa del Constituyente Permanente excluir a la Auditoría Superior de Michoacán del control jurisdiccional por parte del aludido tribunal contencioso.
Los anteriores razonamientos dieron origen a la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/13 (10a.), que es del tenor siguiente:
"PERSONAS MORALES OFICIALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CUANDO PUGNEN POR SU DERECHO A SER JUZGADAS POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, AUN CUANDO ESA PRETENSIÓN SURJA EN UN JUICIO EN EL QUE SE DEBATA LA NULIDAD O VALIDEZ DE UN ACTO QUE SE LES ATRIBUYE. El juicio de amparo indirecto procede contra la resolución de un órgano jurisdiccional que dirima una cuestión competencial, incluso cuando lo promueva una persona moral oficial en un juicio en el que se debate la nulidad o validez de un acto autoritario que se le atribuye, porque no pugna por la subsistencia de éste, sino porque se respete su derecho a ser juzgada por una autoridad competente, ya que se encuentra sometida a la potestad de un tribunal y posee la titularidad del derecho al debido proceso, al menos por lo que se refiere a su núcleo duro, que son las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la anteriormente denominada ‘garantía de audiencia’; es decir, la autoridad está ubicada en un plano de supraordinación a subordinación con el órgano jurisdiccional. Estimar que por haber actuado con poder de imperio no es siquiera titular de ese derecho fundamental, equivaldría a afirmar, por ejemplo, que no sería necesario que mediara un procedimiento jurisdiccional para anular sus actos autoritarios, o bien, que no se requiere llamarla a juicio para defender su validez, ni que pueda ofrecer pruebas y alegar. Cuestión distinta sería si se promoviera el juicio de amparo contra la resolución definitiva que se pronuncie sobre la nulidad del acto controvertido, pues en ese evento se promovería una acción tutelar de derechos fundamentales con el fin de que subsista un acto de autoridad, en un plano de verticalidad o supra a subordinación, caso en el que no se surtirían los supuestos del artículo 7o. de la Ley de Amparo; pero si se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra una resolución que dirime una cuestión competencial, el juicio procede y no cobran vigencia las condicionantes que impone dicha disposición -que afecte el patrimonio y provenga de un plano de igualdad- aun cuando en el juicio de origen esté sujeta a debate su actuación como autoridad, stricto sensu."(2)
IV. Amparo directo **********. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito dictó sentencia el veintiuno de mayo de dos mil quince, en la que determinó lo siguiente:
• En principio, consideró que "resultó ilegal la valoración de la prueba de inspección sobre los controles de asistencia que se desahogó en el juicio laboral" y que, a la postre, trajo como consecuencia se declarara improcedente la reclamación del tiempo extraordinario del último año.
Es así, pues la exigencia del requisito de ofrecer la prueba de inspección, en sentido afirmativo proponiendo en forma de afirmación los puntos que pretenden probar las partes, reiterando en el ofrecimiento los hechos que son materia de la controversia, constituye un formulismo excesivo ritual que contraviene el principio de sencillez y la proscripción de los rigorismos técnicos que priva en el proceso laboral, de conformidad con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo.
• Por ende, el requisito consistente en que la prueba de inspección debe ofrecerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con ésta, responde, por un lado, al principio de economía procesal para facilitar el desahogo de la diligencia; y, por otro, evitar que, por su generalización, se convierta en una pesquisa judicial, de tal manera que el actuario únicamente dará fe de que el contenido de los documentos coincide con los puntos que el oferente pretende acreditar, sin que pueda hacer inferencias ni interpretaciones de los documentos a acreditar.
En esa virtud, la exigencia de la ley de que se ofrezca en sentido afirmativo no puede rayar en formulismos excesivos, porque bien puede suceder que con la inspección se trata de probar la falta de pago de prestaciones, como lo son: el salario, aguinaldo, prima vacacional, horas extras, etcétera, independientemente de que la prueba del pago deba recaer sobre el patrón, o la falta de asistencia de un trabajador a sus labores; empero, difícilmente se podría plantear en sentido afirmativo salvo mediante licencias de lenguaje no m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27393-353f47b8/personas-morales-oficiales-carecen-de-legitimacion-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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