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Modo: Corpus Pro

PERSONAS MORALES OFICIALES. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EN LA VÍA QUE CORRESPONDA, CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LES IMPONE UNA MULTA O LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN SU CONTRA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2015. · Registro digital (IUS): 25759
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 1010.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO. 20 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ VELÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual sustentó uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión del veintiséis de septiembre de dos mil siete, en la parte que interesa, sostuvo:

"QUINTO.-En principio, se procede analizar las causales de improcedencia del juicio de garantías, por ser de orden público y, por ende, su estudio es preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo.

"Resultando aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada con el número 814, en las páginas 553 y 554 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1995, cuya sinopsis y texto enseguida se reproducen: (se transcriben).

"En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 9o. de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se reclama no afecta intereses patrimoniales de la persona moral oficial quejosa, según lo que a continuación se expone:

"Las disposiciones legales citadas, por su orden, literalmente disponen lo siguiente: (se transcriben).

"De los citados numerales se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando quien promueve el amparo es una persona moral oficial y no defiende intereses patrimoniales y, a contrario sensu, el juicio de amparo será procedente cuando la persona moral oficial quejosa defienda intereses patrimoniales.

"Por otro lado, en el juicio génesis, la parte actora **********, en su carácter de síndico municipal del ********** Ciudad Valles, San Luis Potosí, promovió demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que señaló como autoridades demandadas y acto que se impugna, los siguientes: (se transcriben).

"En resumen, la parte actora señala como acto impugnado la resolución administrativa, mediante la que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, le impuso una multa por violaciones a la Ley Ambiental del Estado.

"Consta en los autos del juicio contencioso administrativo de origen, que la referida demanda se desechó, porque se actualizó la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 46, en relación con el 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en virtud de que el promovente no puede comparecer ante el tribunal a reclamar la resolución que impugna, dado que fue por no observar y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 en el tiradero municipal de Ciudad Valles, por tanto, al derivarse de actos administrativos provenientes de una serie de acciones y/o omisiones ejecutados en ese lugar, en la realización que debió ser de su actividad administrativa reglada en el Servicio de Tiradero Municipal que presta a la ciudadanía, en su actuación administrativa de autoridad frente a los gobernados, emitida por otra autoridad, circunstancia que genera la improcedencia de la Sala Colegiada para conocer de la controversia planteada por la autoridad actora, en contra de la autoridad demandada que la sanciona por violar normas ambientales.

"Desechamiento que fue confirmado por la propia autoridad responsable en el recurso de reclamación interpuesto por la parte promovente.

"Ahora bien, es de explorado derecho que el principal objetivo del juicio de garantías es dirimir cualquier controversia que se suscite por leyes o actos del orden público que violen las garantías individuales, y que éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas.

"La anterior regla admite como excepción el supuesto contenido en el reproducido artículo 9o. de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a ocurrir en demanda de amparo; pese a ello, esa reserva está condicionada a que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda única y exclusivamente los intereses patrimoniales del Estado o Municipio, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando el organismo, ya sea estatal o municipal, pretende, a través de éste, defender actos que emitió en su carácter de persona moral de derecho público, en razón de que en ese supuesto actuó como autoridad, dado que su actuar se produjo de manera unilateral e imperativa.

"Luego, resulta jurídicamente inaceptable que las oficinas públicas o dependencias del Gobierno Federal, estatal o municipal, invoquen violación de garantías individuales cuando los actos que se defienden derivan de su actuar como autoridad, lo que conduce a estimar que, en el caso, el ********** Ciudad Valles, San Luis Potosí, carece de legitimación para impugnar, a través del juicio de amparo, la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que desechó la demanda de nulidad, porque los actos que le dieron origen tienen su génesis en el propio actuar del promovente, pero como autoridad y no como particular, pues no es posible conceder a tal órgano la protección de la Justicia Federal por los actos del mismo Estado, dado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quien se señaló como responsable, actúa como órgano también del Estado y, por consiguiente, no puede llegarse al extremo de establecerse una contienda entre los mismos sujetos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, supuesto que, como se dijo, el quejoso ocurre como persona moral oficial de derecho público y no como persona de derecho privado, circunstancias éstas por las que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., 4o. y 9o. de la citada ley reglamentaria del juicio de garantías.

"En efecto, el acto que dio origen a la formulación de la demanda de nulidad, consistente en la multa impuesta al Ayuntamiento actor por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, fue a consecuencia del actuar de aquél en su carácter de autoridad, es decir, las acciones u omisiones que generaron la multa impugnada nacen de la actuación de la parte actora en su carácter de autoridad y, por ello, no puede considerarse que ahora pretenda defender intereses patrimoniales como persona de derecho privado.

"Se dice que el acto impugnado fue causado por el ente moral oficial, como autoridad, porque esa es una función propia del Ayuntamiento quejoso, según se establece en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente señala: (se transcribe).

"Del contenido del referido Texto Constitucional se obtiene que es una función propia e inherente al Ayuntamiento la prestación de servicios públicos, entre los que se encuentran el de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos (tiradero municipal).

"Lo anterior se robustece, además, con el contenido del artículo 114, fracción III, de la Constitución Política del Estado, que dice: (se transcribe).

"En resumen, tanto la Constitución Federal, como la del Estado, prevén como función propia del ente municipal, la prestación de servicios públicos, entre los que se encuentran el de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, en los que cabe ubicar el tiradero municipal.

"En consecuencia, al ser el tiradero municipal un servicio de limpia y que constitucionalmente es una actividad propia del Ayuntamiento, en consecuencia, los actos u omisiones ocasionados por o en la prestación de ese servicio son en carácter de autoridad y no de particular.

"De ahí que no pueda considerarse que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo defienda intereses particulares so pretexto de que se trata del patrimonio del Ayuntamiento, pues, como ya se dijo, la multa impugnada surge como consecuencia de su actuar como autoridad y no como particular.

"En consecuencia, al ser el acto impugnado una consecuencia inmediata de la actuación del ente moral oficial como autoridad, entonces, carece de legitimación para promover el juicio de amparo, porque no actuó como persona moral de derecho privado.

"Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2003-SS, publicada en la página doscientos cincuenta y cuatro del Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (se transcribe).

"Sin que obste a lo anterior, el hecho consistente en que la jurisprudencia de referencia haga alusión a las personas morales oficiales como parte demandada, pues su esencia radica en que éstas carecen de legitimación para instaurar el juicio constitucional cuando hayan actuado como autoridad.

"Esto es así, porque de la ejecutoria se desprenden los siguientes elementos esenciales:

"1) La autoridad demandada en el juicio ordinario no puede promover juicio de amparo, porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo.

"2) Si en dichas controversias la actuación de la autoridad es como tal, entonces, no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda al juicio ordinario no le da legitimación para promover amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 9o. de la Ley de Amparo, ya que el objeto del procedimiento constitucional es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales establecidas para proteger los derechos de las personas físicas o morales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, máxime cuando no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona moral de derecho privado, sino como ente público.

"3) De acuerdo con los artículos (sic) 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para promover la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de haber actuado como parte demandada en el juicio ordinario no le da la legitimación necesaria, por carecer de interés suficiente para acudir al juicio de amparo directo, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales.

"Como se ve, tratándose de personas morales oficiales que fueron parte demandada en un juicio ordinario, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo directo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen.

"Por otro lado, también sirve de sustento a lo expuesto en esta ejecutoria la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, que literalmente señala: (se transcribe).

"Además, por otro lado, si el Ayuntamiento quejoso consideraba que durante el procedimiento administrativo seguido en su contra por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, se le había llamado como particular y que se cambió su personalidad, entonces, desde ese momento pudo acudir al amparo.

"Así las cosas, al operar la citada causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. ..."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión del dos de diciembre de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO.-Procedencia del juicio de garantías. Este juicio de amparo directo promovido por el apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, institución pública descentralizada, es procedente, de conformidad con el artículo 7o., primer párrafo, de la Ley de Amparo.

"A fin de estar en aptitud de demostrar esta afirmación, es preciso realizar un breve análisis respecto de la naturaleza jurídica del juicio de amparo, así como el criterio jurídico asumido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 9o. de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, que establecía, en términos similares al artículo 7o. de la ley vigente antes referido, la posibilidad de que los órganos estatales acudan al juicio de amparo.

"Pues bien, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad la protección de los derechos humanos del gobernado y sus garantías establecidas en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como la tutela del régimen de competencias que la Constitución ha reservado a las autoridades federales y a los Estados, siempre que la invasión en la esfera de atribuciones se traduzca en una violación de un derecho del propio gobernado.

"En ese sentido, son los derechos humanos y sus garantías, consagradas en los ordenamientos antes referidos y creados a favor de los gobernados con la finalidad de reconocer sus derechos fundamentales y que los mismos sean respetados por el Estado en el ejercicio de poder que llevan las autoridades, los que están protegidos por el juicio de amparo y, como se verá más adelante, sólo excepcionalmente el Estado podrá ocurrir en demanda de amparo y protección de la Justicia Federal, cuando la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública se vean afectadas en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

"Por su parte, la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, específicamente en su artículo 9o., primer párrafo, establecía que las personas morales oficiales podían hacer uso de dicho medio extraordinario de defensa, siempre y cuando el acto que reclamaran afectara sus intereses patrimoniales.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el sentido de dicha disposición revelaba que esas personas podían acudir al juicio de amparo cuando no actuaran provistas del ius imperium, sino en el mismo plano de un particular y que, en esa circunstancia, era el propio Estado quien, por una ficción legal, actuando como persona moral de derecho privado estaba legitimado para hacer uso del juicio en defensa de sus intereses patrimoniales, es decir, que la condición para que pudiera acudir a dicho medio de defensa era que los actos impugnados afectaran sus intereses patrimoniales, es decir, que esa afectación se dirija a bienes o derechos que le pertenezcan, semejantes al de los particulares sobre los suyos.

"En ese sentido, concluyó que el Estado tenía una doble personalidad, a saber: la primera, cuando actúa soberanamente imponiendo sus decisiones a la voluntad de los particulares y ejerciendo la facultad de imperio y, la segunda, cuando se coloca en una situación análoga a aquella en que jurídicamente se halla el particular, convirtiéndose en una persona capaz de adquirir derechos y obligaciones.

"De ahí, derivó que si el Estado actúa bajo la primera personalidad, es decir, en función de la facultad de imperio, no actúa reclamando derechos individuales, sino que involucra garantías sociales que no son tuteladas a través del juicio de amparo. En cambio, al obrar en las mismas condiciones que los particulares, al contraer obligaciones y adquirir derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos, como una persona moral de derecho privado, es el propio legislador quien le dotó de los mismos derechos tutelares que al individuo, entre los que se encontraban las garantías individuales protegidas por el juicio constitucional.

"Lo anterior se advierte de la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (se transcribe).

"Este criterio jurídico fue retomado en múltiples ocasiones por la actual integración del Alto Tribunal, precisamente en el sentido de que debía distinguirse entre los actos que realizan los órganos del Estado como entidad soberana, esto es, en un nivel de supraordinación, por medio de dictados imperativos, cuya observancia es obligatoria, de los actos que realizan en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad, y que la razón de ser de dicha distinción radica en la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control del poder público a favor de los gobernados, por lo que no puede el propio poder público acudir al amparo para defender la legalidad de actos de autoridad.

"Así se advierte de los siguientes sumarios:

"(se transcriben)

"Aunado a lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada XXV/2010, de rubro: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.’, determinó, en lo que aquí interesa, que la afectación a los intereses patrimoniales, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo (abrogada) que podía sufrir una persona moral oficial, no debía verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en un sentido amplio para comprender cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses y que, en el caso específico, relativo al cobro de contribuciones, era factible la promoción del juicio de amparo, al actuar en un plano de derecho en que aquélla quedó ceñida al cumplimiento de obligaciones fiscales como sujeto pasivo ante el sujeto activo, teniendo la calidad de cualquier otro contribuyente y, por tanto, de una persona moral oficial de derecho privado.

"De ahí, se advierte que el Alto Tribunal estableció el criterio jurídico general, consistente en que las personas morales oficiales están legitimadas para acudir al juicio de amparo por cualquier situación especial que pudiera afectar sus intereses patrimoniales, en la que se ubiquen en un plano de derecho equiparable al de cualquier persona del derecho privado, incluso, ante otros entes jurídicos oficiales.

"Es decir, que no sólo las relaciones de coordinación que las personas morales oficiales sostienen con los particulares pueden originar un acto respecto del cual están legitimadas para ejercitar la acción de garantías, sino que también la relación de supra a subordinación existente entre dos entes públicos, en el que uno, por no estar dotado de imperio, se subordina a la potestad o facultades de otro, es susceptible de producir un acto que la autoridad a quien afecte sus intereses patrimoniales, pueda reclamar mediante juicio de amparo.

"Ahora bien, para la determinación de interés en este apartado de la sentencia, es importante referir que el artículo 7o. de la Ley de Amparo vigente es similar al anterior 9o. de la Ley de Amparo abrogada e interpretada en los términos anteriores.

"Las diferencias existentes entre ambas disposiciones estriban en que la referencia: ‘personas morales oficiales’ de la abrogada, fue sustituida por: ‘la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública’; asimismo, en lugar de aludirse únicamente al ‘acto o a ley que se reclame’, la ley vigente dice expresamente ‘norma general, acto u omisión’, como reclamables y, finalmente, en la disposición vigente se expresa que la afectación patrimonial debe ser en las ‘relaciones jurídicas en que aquéllas se encuentren en un plano de igualdad con los particulares’.

"El Poder Reformador, desde la iniciativa presentada por las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, el once de octubre de dos mil once, incluyó el texto del referido numeral que, a la postre, fue aprobado y publicado en esos términos. Sin embargo, ahí no se expresó específicamente el motivo que dio lugar a la modificación de la disposición en comento.

"No obstante ello, debe considerarse que la intención del propio legislador, al crear el artículo 9o. antes referido, con una redacción diferente a la utilizada en la norma abrogada, no implica ninguna variación en su sentido y alcance, que amerite darle una interpretación distinta, por lo cual, los criterios que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, en relación al amparo solicitado por las personas morales oficiales, siguen vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues no contrarían sus disposiciones, como se verá enseguida:

"Como ya se precisó, la norma vigente refiere a la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios o cualquier persona moral pública, a diferencia de la anterior que únicamente aludía a las ‘personas morales oficiales’ y, a este respecto, conviene señalar que un ordenamiento que define a las personas morales, también llamadas colectivas o jurídicas, es la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, cuyo artículo 1 señala que se entenderá por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica, según la ley del lugar de su constitución.

"Además, estas personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el título segundo del Código Civil Federal, haciéndose referencia a las de carácter público y de naturaleza privada; contexto en el cual, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que, teniendo personalidad, están comprendidas en la organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquellas que, por su naturaleza, no tienen estas características, por lo que la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él.

"En consecuencia, las personas morales o jurídicas públicas, como se denominan en la ley actual, también son llamadas personas morales o jurídicas oficiales, como se señalaba en la ley abrogada y, en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno, por lo que la variación en la redacción de la norma actual no implica un entendimiento distinto al sentido que la legislación anterior indicaba.

"En esta línea de pensamiento, el hecho de que en la ley actual se precise que esas personas morales públicas pueden promover amparo contra toda norma general, acto u omisión de la autoridad, cuando la previa refería a las ‘leyes o actos’, implica lógicamente la adecuación en la redacción de la norma con las demás disposiciones que integran el ordenamiento fuente, sin mayor trascendencia en cuanto al punto a dilucidar en este momento.

"Finalmente, el hecho de que en la norma vigente se añadiera que el amparo procede contra una norma general, un acto u omisión, que afecten a aquellas personas en su patrimonio, ‘respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares’, tampoco implica dar una interpretación diversa al sentido de la norma, pues esa precisión válidamente puede derivar de los múltiples criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que, como se ha visto, se interpretó la Ley de Amparo anterior, en el sentido de que, al obrar el Estado, en ocasiones, en las mismas condiciones que los particulares al contraer obligaciones y adquirir derechos de la misma naturaleza, como una persona moral de derecho privado, se le permitía acudir al juicio para defender esos derechos.

"Máxime que en la propia iniciativa a la que se hizo alusión párrafos atrás, donde se propuso la norma tal como fue publicada, se precisó que el antecedente de las propuestas era resultado de múltiples consultas y opiniones formuladas por miembros de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, académicos, juristas y, en general, por operadores del derecho, así como de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo, creada a fines de mil novecientos noventa y nueve, cristalizados con la presentación del proyecto de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, a su vez, se integró el numeral 6o. con redacción similar al publicado, motivándose en el sentido de que se optó por permitir a los entes ahí mencionados el acceso al amparo cuando actúen en un plano de igualdad con los particulares, puesto que en tales casos se han despojado de sus facultades de imperio.

"Establecido lo anterior, y para determinar que la parte quejosa **********, institución pública descentralizada, se ubica en los supuestos establecidos en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, es decir, que se trata de una persona moral pública que solicita el amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, y que la norma general, acto u omisión le afecta en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, es necesario narrar los antecedentes más importantes del caso:

(se transcriben)

"Pues bien, en principio, es evidente que la parte quejosa Servicios de **********, es una persona moral pública, pues de conformidad con los artículos 1o., 2o. y 3o. de la ley que crea a dicha institución, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, es una institución pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá por objeto prestar los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo León, de conformidad con las disposiciones de esa ley, de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

"Asimismo, de conformidad con los antecedentes narrados, la relación que dicha institución guarda con la autoridad demandada en el juicio de origen, es de aquellas denominadas como de supra a subordinación, donde está sometida a una potestad autoritaria diversa.

"En efecto, de los artículos 27 y 73, fracciones XVII y XXIX, punto 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende cuáles son las aguas propiedad de la nación; que las aguas del subsuelo podrán ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y establecer zonas vedadas, así como que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, uso o aprovechamiento de los aguas, por parte de particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, requerirá de la concesión respectiva otorgada por el Ejecutivo Federal, conforme a la ley; así como que corresponde al Congreso de la Unión expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales.

"Ese Congreso, en ejercicio de la facultad aludida, expidió la Ley de Aguas Nacionales, en la que, conforme al mandato constitucional, regula lo concerniente al uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

"Luego, de los artículos 1o., 3o., fracciones I, II, IV, VI, VIII, XIII, XVII, XXII, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVIII y LXV, 4o., 9o., 86 y 91 de la referida ley, así como 143 de su reglamento, se advierte que la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional en esa materia y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad.

"Asimismo, que por aguas nacionales se entienden aquellas referidas en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional, y por acuífero, cualquier f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25759-0e97a636/personas-morales-oficiales-tienen-legitimacion-para-promover-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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