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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2015. · Registro digital (IUS): 25669
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-06-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 947.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 15 DE ABRIL DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios que formula el Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y el tema de fondo se relaciona con la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala

SEGUNDO.-La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que fue formulada por un Juez de Distrito.

TERCERO.-Los antecedentes del asunto resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el nueve de enero de dos mil quince, el recurso de queja **********, son, esencialmente, los siguientes:

Se reclama el auto del Juez de Distrito que desechó la demanda de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, en que los quejosos acuden al juicio por su propio derecho a impugnar el auto emitido por una Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, por el que se les impuso una multa en el juicio administrativo, equivalente a cierto número de días de salario mínimo vigente en el área respectiva, derivada de la conducta contumaz en que incurrió el director de administración del Ayuntamiento de **********, Estado de México, para cumplir con la condena a la que fue sentenciado y el presidente municipal por no cumplirla en su carácter de superior jerárquico.

Lo anterior, porque los quejosos carecen de legitimación para atacar la determinación de la Sala Superior responsable que impuso la multa equivalente a cierto número de salarios, impuesta a las autoridades citadas, derivada del desacato a una ejecutoria; y los recurrentes hacen valer que ellos acudieron al juicio de garantías por su propio derecho no como autoridades municipales, y el desechamiento les deja en estado de indefensión.

De ahí que al conocer el Tribunal Colegiado de Circuito del recurso de queja en contra de dicha resolución, resolvió en la parte que interesa lo siguiente:

"QUINTO.-Los recurrentes, en los agravios transcritos, hacen valer, en esencia, lo siguiente:

"Que es infundada la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal para desechar de plano la demanda de amparo, ya que perdió de vista que los quejosos, aquí recurrentes, plantearon el juicio por su propio derecho, como personas físicas, y no como autoridades municipales.

"Que, en ese sentido, de modo opuesto a lo sustentado por el a quo, el juicio de amparo sí es procedente, pues las multas reclamadas les causan un agravio, ya que conculcan en su detrimento lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en la medida que los privan de sus bienes y derechos.

"Tales planteamientos son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido. ...

"De la demanda de amparo, se desprende que **********, quienes tienen el carácter de presidente y director de administración, ambos del Ayuntamiento de **********, Estado de México, reclamaron, por su propio derecho, de la Sala responsable, el auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, por medio del cual, les impuso a los quejosos, como partes dentro del juicio de origen, una multa ante el incumplimiento de la sentencia ahí dictada.

"Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación, los quejosos hicieron valer planteamientos tendentes a evidenciar la ilegalidad de las multas impuestas, entre otras cosas, porque, a su juicio, violaban los principios de legalidad y seguridad jurídicas, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucional, al carecer de fundamentación y motivación.

"Elementos que ponen de relieve que los quejosos comparecieron al juicio constitucional a reclamar las multas que les fueron impuestas como personas físicas, y que deberán cubrir, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal, de su propio patrimonio.

"Por tanto, al reclamar de la responsable esas multas, por su propio derecho, ello les da legitimación para promover el amparo, pues, el acto reclamado sólo los perjudica a ellos y no a las unidades de las cuales son titulares, puesto que dichas sanciones deberán ser cubiertas por las personas a quienes les fueron impuestas en su calidad de funcionarios públicos, esto es, por **********, y no con el peculio de la autoridad municipal que integran.

"En consecuencia, si las multas por omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente del que deriva el acto reclamado, se dirige a las personas físicas que en su actuar como funcionarios o autoridades resultan responsables de la omisión total o parcial de la sentencia, aquellas multas son susceptibles de violar los derechos fundamentales de las personas físicas, afectando su esfera jurídica, por lo que éstas, por derecho propio, están legitimadas para promover el juicio de amparo.

"Ahora, si bien en el procedimiento contencioso del que emana el acto reclamado, los quejosos actúan como autoridad demandada con motivo de actuaciones que emitieron en ejercicio de sus funciones, sin embargo, lo que les otorga legitimación para promover el juicio de amparo es que defienden, como personas físicas, sus derechos patrimoniales, supuesto en el que ya no actúan en funciones de autoridad y, por ende, el juicio de amparo indirecto es procedente.

"Razón por la cual, la causa de improcedencia advertida por el Juez Federal, no se actualiza en el caso, pues los quejosos no acuden al amparo como personas morales de derecho público, sino por propio derecho, en defensa de sus intereses particulares, y no sobre los del Municipio.

"Con base en lo anterior, se concluye que el acto reclamado causa un agravio personal y directo en los derechos patrimoniales de los quejosos y, por tanto, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, sí tienen interés para promover el juicio de amparo.

"Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan:

"‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (Se transcribe)

"En el orden expuesto, siendo ilegal el motivo de improcedencia notoria en el que se apoyó el a quo para desechar la demanda constitucional de los quejosos, se impone revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Distrito que provea lo conducente sobre la admisión de la demanda en cuestión."

CUARTO.-Los antecedentes que derivan del asunto resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el cuatro de septiembre de dos mil catorce, el recurso de queja administrativa **********, esencialmente, son los siguientes:

Se interpone el recurso de queja en contra del proveído del Juez de Distrito que estimó que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación al 1o., fracción I, 6o. y 7o., de la Ley de Amparo, que dispuso que el síndico y el director de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de **********, Guanajuato, tienen carácter de autoridades demandadas en el contencioso administrativo, carecen de legitimación y son quejosos que reclaman el acto de la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en la parte en que les apercibió que de no dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, se les impondría una multa equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado.

De ahí que el Tribunal Colegiado de Circuito, al emitir la sentencia en el recurso de queja sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO.-El sintetizado agravio, es infundado para revocar el auto desechatorio impugnado.

"Es menester puntualizar que los recurrentes cuestionan la determinación del a quo de desechar la demanda de amparo que promovieron contra el acto que reclaman de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, consistente en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio contencioso administrativo 1292/4a.Sala/2012, en la parte en la que se les apercibió que de no dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, se les impondría como medida de apremio, una multa por el importe de seiscientos treinta y siete pesos, setenta centavos, equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado.

"El a quo estimó que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, interpretado en sentido contrario, 6o. y 7o., todos de la Ley de Amparo, al estimar fundamentalmente que como los quejosos tienen el carácter de autoridades demandadas en el contencioso administrativo de donde deriva el acto reclamado, no pueden acudir al amparo como particulares y argumentar violación a sus derechos fundamentales, pues la única excepción en que las personas morales oficiales pueden promover amparo, es cuando el acto reclamado afecta su patrimonio, lo cual, no acontece en la especie, porque en dicho juicio no actúan como persona moral de derecho privado, sino como ente público.

"Los recurrentes ********** y **********, aducen que tal determinación les causa agravio, pues desde su óptica, la causa de improcedencia que se estimó actualizada, no es manifiesta e indudable, porque aunque:

"Es cierto que en el contencioso administrativo figuran como demandados el Municipio de ********** y la Dirección General de Obra Pública, los efectos del acto reclamado lo resienten ellos en su esfera personal, dado que el apercibimiento de imposición de la multa está dirigido en su contra, en su calidad de funcionarios que encabezan dichas autoridades demandadas, y acuden como titulares de éstas, porque es la que corresponde en el contencioso. Por tanto, el apercibimiento y la multa anunciada, no se aplicarán ni la solventarán dichos órganos, sino ellos como personas físicas.

"Tales argumentos, como se adelantó, son infundados.

"... como bien lo sostuvo el a quo en el auto de desechamiento recurrido, que en términos del artículo 7o. de la Ley de Amparo, la única excepción que se prevé a fin de que las personas morales de derecho público estén legitimadas para ejercer la acción constitucional, radica en que la ley o acto autoritario que reclamen, menoscabe su patrimonio, dentro de una relación de coordinación, o sea, cuando realizan actividades como persona moral particular o de carácter privado, pero no cuando están íntimamente relacionadas con el quehacer público que la Constitución y leyes le encomiendan, porque en estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular.

"De modo que una persona moral oficial cuenta con legitimación para promover juicio de amparo en contra de normas generales o actos de autoridad, siempre y cuando la afectación a sus intereses patrimoniales sean derivados o tengan su origen en actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado. Lo que evidentemente no acontece cuando es parte demandada en un procedimiento contencioso administrativo, puesto que en ese supuesto, la autoridad actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida.

"Por ende, es inaceptable que en estos casos pueda solicitar amparo, aun cuando haya sido parte demandada en el aludido procedimiento administrativo, habida cuenta que por imperativo de orden conceptual, por regla general, sólo los particulares cuentan con derechos fundamentales y sus garantías, que son por definición derechos subjetivos públicos oponibles frente al Estado y los medios para hacerlos efectivos, motivo por el cual no es factible admitir que una autoridad pretenda acudir al juicio de amparo en defensa de sus funciones públicas.

"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 45/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (Se transcribe)

"Es pertinente destacar también, a propósito del tema que nos ocupa, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 89/2000, estableció el criterio de que, independientemente que una multa por omisión total en el cumplimiento de la sentencia dictada en un proceso contencioso administrativo o por repetición de la resolución ahí anulada, se imponga mencionando el nombre del funcionario responsable de tal omisión o repetición, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del Gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado, porque es aquella quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del Gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado.

"Por tanto, concluyó la Primera (sic) Sala, si la referida multa se dirige a la persona física que en su actuar como funcionario o autoridad resulta responsable de la omisión total o repetición aludidas y, es ésta la que tiene que cubrirla con su propio patrimonio; entonces, es susceptible de violar los derechos fundamentales de tal persona física, afectando su esfera jurídica, por lo que ésta, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo.

"Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, que dice:

"‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (Se transcribe)

"Corolario de lo expuesto, las personas morales oficiales no pueden solicitar amparo, cuando son parte demandada en el procedimiento contencioso administrativo, pues, por regla general, sólo los particulares cuentan con derechos fundamentales y sus garantías, que son por definición derechos subjetivos públicos oponibles frente al Estado y los medios para hacerlos efectivos, motivo por el cual no es factible admitir que una autoridad pretenda acudir al juicio de amparo en defensa de sus funciones públicas.

"Lo anterior, hecha excepción del supuesto en el que, el acto reclamado, infrinja directamente derechos fundamentales de la persona física o titular que actúa con el carácter de autoridad, como lo es la imposición de una multa por omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada en el contencioso administrativo o por repetición de la resolución ahí anulada, pues en tal caso, es dicho funcionario quien deberá cubrir su importe, con su propio peculio, y no con el presupuesto asignado a la persona moral oficial demandada, por ende, por derecho propio, aquél está legitimado para promover el juicio de amparo, por tratarse evidentemente de un acto que afecta su esfera jurídica; ello, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada jurisprudencia 2a./J. 3/2001.

"Ahora bien, el juicio anulatorio, conforme al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, se estableció para ventilar los conflictos que se susciten entre gobernantes y gobernados, que es precisamente la nota distintiva de una relación de supra a subordinación, esto es, se entablan entre autoridades y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos.

"En el caso concreto, como ya se dijo, los impetrantes, ahora recurrentes, presentaron demanda de amparo indirecto en contra del acto que reclaman de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, consistente en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictado en el juicio contencioso administrativo ... en la parte en la que se les apercibió con la imposición de una multa como medida de apremio, por el importe de ... equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el Estado.

"Del señalamiento de los solicitantes del amparo, ahora recurrentes, y de la documental -auto reclamado- que anexaron a la demanda de amparo, se infiere que al parecer se trata de un apercibimiento para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el referido contencioso administrativo.

"...

"Sin embargo, lo infundado del agravio que se analiza, deriva de que en el caso, como se vio, se trata de un requerimiento para el cumplimiento de la sentencia anulatoria y el solo apercibimiento para tal efecto, no puede infringir directamente derecho fundamental alguno en contra de la persona física que desempeña el cargo respectivo, por la sencilla razón de que tal requerimiento no se dirige a ésta en su calidad de particular, sino al funcionario o autoridad que funge como demandada, es decir, al ente de Gobierno, pues es éste el obligado a cumplir con la sentencia, en términos de los artículos 321 y 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

"Dichos preceptos legales, en la parte que nos interesa, establecen: ‘Artículo 321.’ (Se transcribe) ‘Artículo 322.’ (Se transcribe)

"Como puede leerse en la transcripción hecha, cuando una sentencia ejecutoria dictada en el contencioso administrativo sea favorable a un particular, el juzgador debe notificarla a las partes para su debido cumplimiento, previniéndolas para que informen sobre éste y, en su caso, requerirá a la autoridad para que la cumpla, pero si dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya causado ejecutoria, no ha dado cumplimiento, hará uso de los medios de apremio previstos por el propio código.

"De ese modo, como en el proceso administrativo, las Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, conocen de conflictos que se suscitan entre autoridades -dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y de sus Municipios- y gobernados; resulta que cuando una sentencia ahí dictada sea favorable a éstos, el órgano del Estado que fue demandado, es el que debe dar cumplimiento, y, por ello, es patente que cualquier requerimiento para tal efecto, se encuentra dirigido al funcionario o servidor público que funge con esa calidad de autoridad demandada, y no a la persona física o titular en su carácter de particular.

"En ese tenor, la advertencia o conminación de la consecuencia desfavorable que podrá acarrear la omisión de dar cumplimiento a la sentencia -apercibimiento con imposición de una multa-, debe entenderse dirigido de igual forma a dicho funcionario en su calidad de autoridad; y ello, obedece, por lógica, al hecho de que, en todo caso, es a ésta a la que se tendrá por dando cumplimiento o no al fallo anulatorio de que se trate, no así a la persona física que en ese momento ocupe el cargo respectivo, en su calidad de particular, tan es así, que si éste deja tal cargo, no por ello debe entenderse que el apercibimiento ha cesado.

"Habida cuenta que si dicha figura jurídica, según se dijo, constituye un acto procesal, a través del cual, se previene al requerido, advirtiéndole que de no acatar una obligación, se hará acreedor a la imposición de una sanción; por consecuencia natural, no es jurídicamente factible desvincular tal prevención del requerimiento que le dio origen; de ahí que si en la especie, tal requerimiento se dirigió a la autoridad demandada porque es la que está obligada a cumplir la sentencia de nulidad que constituye cosa juzgada, es obvio que la prevención para tal efecto, también se encuentra dirigido a ésta, con independencia de quien sea la persona que en ese momento desempeñe el cargo respectivo.

"En tales condiciones, no se advierte razón alguna para estimar que a la persona física o titular que se desempeña en el cargo respectivo, sufra alguna afectación en su esfera jurídica como particular, ante un requerimiento que se encuentra acompañado de un apercibimiento.

"Cosa muy distinta, acontece en el caso previsto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada jurisprudencia 2a./J. 3/2001, de cuando al funcionario o titular se le hace efectiva alguna sanción, como la multa, en el que se actualiza una afectación o individualización en perjuicio, no de la dependencia u órgano del Estado que fue demandado, sino de la persona física o titular que desempeña el cargo, porque en tal supuesto, es evidente que la sanción ya está dirigida a la persona física, quien tiene que cubrir la multa con su propio patrimonio, de ahí que ya existe una afectación a su esfera jurídica, por ende, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo.

"No pasa inadvertido el criterio jurídico contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 5/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL APERCIBIMIENTO DE MULTA CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY RELATIVA Y SUS REGLAMENTOS, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’ (Se transcribe)

"De igual forma, en la tesis número 2a. XXXIX/99, que dice: ‘MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO.’ (Se transcribe)

"Los cuales, son orientadores en el sentido de evidenciar que se permite, en un momento dado, que la persona a quien va dirigido un apercibimiento pueda por ese simple hecho, promover juicio de garantías, cuando la autoridad determina con precisión la sanción en caso de incumplimiento, e invoca la norma que establece la medida para hacer cumplir su decisión.

"Sin embargo, la regla general que informa tal criterio jurídico no resulta aplicable en la especie, pues es evidente que está contextualizado para los gobernados, no así para las personas con investidura de autoridad, como acontece en el caso concreto, en el que, se insiste, debe entenderse que el apercibimiento para el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo de que se trata, se dirigió propiamente a la moral oficial demandada, ya que es ésta a la que, en todo caso, se le coloca en la situación ineludible de cumplimiento de la sentencia ejecutoria ahí dictada, ante la advertencia de la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y no, a la persona física que ocupa el cargo respectivo, en su carácter de particular.

"En consecuencia, al acreditarse de manera notoria e indudable la causa invocada en el auto recurrido, lo procedente es confirmar éste."

Del criterio anterior derivó la tesis que enseguida se transcribe:

"LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA PERSONA FÍSICA QUE COMO AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE LE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y SE LE APERCIBE CON LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA.-Tratándose del requerimiento a la autoridad demandada sobre el cumplimiento de la sentencia en el juicio contencioso administrativo, bajo el apercibimiento de la imposición de una multa, la persona física que ocupa el cargo respectivo carece de legitimación para reclamar en el amparo dicha determinación, pues si un tribunal de lo contencioso administrativo conoce de conflictos que se suscitan entre autoridades y gobernados, cuando una sentencia dictada en el proceso respectivo es favorable a éstos, el órgano del Estado es el que debe cumplirla; por ello, el requerimiento indicado está dirigido al funcionario o servidor público que funge como autoridad demandada, pero no en su carácter de particular. Lo anterior es así, porque la advertencia o conminación de la consecuencia desfavorable que puede acarrear la omisión de dar cumplimiento a la sentencia -apercibimiento con imposición de una multa-, debe entenderse dirigida a dicho funcionario en su calidad de autoridad, porque, en todo caso, es a ésta a la que se atribuirá si cumplió o no el fallo anulatorio, no así a la persona física que en ese momento ocupe el cargo respectivo, tan es así que si ésta deja de desempeñarlo, no por ello debe entenderse que el apercibimiento ha cesado, porque si esta figura jurídica constituye un acto procesal a través del cual se previene al requerido, advirtiéndole que, de no acatar una obligación, se hará acreedor a una sanción; por consecuencia, no resulta jurídicamente factible desvincular tal prevención del requerimiento que le dio origen." [Décima Época. Registro digital: 2008133. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, materia común. Tesis: XVI.1o.A.49 A (10a.), página. 831. «Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas»]

QUINTO.-Los antecedentes del asunto resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el catorce de diciembre de dos mil once, el amparo en revisión **********, son, esencialmente, los siguientes:

Se interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada por el Juez de Distrito en el que en su sentencia desestima el concepto de violación relativo a que el acuerdo reclamado, de treinta y uno de septiembre de dos mil diez, en que se determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado por la Sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la quejosa como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de **********, en cuanto incumplió con una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, con la imposición de una multa en días de salario mínimo para concluir que dicho acto no transgrede el principio de fundamentación y motivación por haberse aplicado la mínima, y porque contrariamente a lo argumentado por la quejosa, el Magistrado de la Sala en cita, sí fundó el acuerdo combatido en la fracción I del artículo 96 de la Ley de Justicia Administrativa.

De ahí que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, en la parte que interesa sostuvo, lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Es improcedente el estudio de los agravios planteados por la recurrente, pues en el caso, se actualizan las causales de improcedencia previstas en los artículos 73, fracciones V y XVIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el juicio.

"La quejosa reclama de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado, la multa equivalente a trescientas veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es decir, lo que equivale a la cantidad de **********, que le impuso a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de **********, en atención a la conducta contumaz con la que actuó la autoridad en el incumplimiento a la sentencia dictada el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, dentro del juicio contencioso **********, promovido por **********.

"Como se ve, la determinación se encuentra circunscrita a la autoridad que incumplió dicho fallo, pues en el propio acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diez, en el que se impone la multa en controversia, el Magistrado de la Sala Ordinaria, ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas Estatal a fin de que ‘proceda hacer efectiva la sanción impuesta’, con el propósito de que la autoridad omisa cumpla la sentencia dictada en el expediente del juicio **********.

"Por ello, se advierte que la antes quejosa carece de legitimidad para atacar la determinación adoptada por la Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso estatal, pues la resolución combatida en la instancia natural, se encuentra circunscrita en forma total y directa a la autoridad omisa en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio contencioso, ya que esta posición contumaz es contraria al espíritu que en materia de amparo establece el numeral 105 de la Ley Amparo, en el tema del cumplimiento de las sentencias.

"Además, de que en la especie, la antes quejosa no ha resentido la afectación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25669-4e479b07/juicio-de-amparo-la-persona-fisica-o-titular · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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