PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos de los artículos primero transitorio de dicha ley(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de los mismos mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
6. Resulta aplicable la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." (Registro IUS: 2000331, tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
7. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
8. El artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
9. En el caso, la denuncia de contradicción la formuló el Magistrado Armando Cruz Espinosa, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien emitió uno de los criterios contendientes en el presente expediente, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
10. TERCERO. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 9/2014, en sesión de siete de marzo de dos mil catorce, determinó que el recurso de queja interpuesto por el apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en contra del acuerdo mediante el cual se impuso multa en un juicio de amparo, por el incumplimiento del fallo protector, a diversas autoridades responsables y vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, todas dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fue interpuesto por parte legitima.
11. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Legitimación. El recurso de queja fue interpuesto por parte legítima, toda vez que lo hace valer Joel Eugenio Torres, en su carácter de apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de las autoridades que de ella dependan, como son los servidores públicos a quienes se les impuso la multa que, por esta vía recurren.
"En efecto, dicho representante legal interpone el recurso de queja en contra del acuerdo de dos de diciembre de dos mil trece, en el que se impuso una multa a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia; al director general del Consejo; al director general de Asuntos Jurídicos; al director general de Administración de Personal; al oficial mayor; al secretario; al director de Instrumentación de Procedimientos y Cumplimientos de Ejecutorias; al director legislativo consultivo y de lo Contencioso; al subdirector de lo Contencioso, Laboral y Elementos Policiales; al jefe de la Unidad Departamental de Cumplimiento de Sentencias; al subdirector de Prestaciones y Cumplimientos; al director de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos y al jefe de la Unidad Departamental de Cumplimientos Judiciales y Administrativos; todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes tienen el carácter de autoridades responsables, otras vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y algunos como superiores jerárquicos.
"La personería del promovente del recurso de queja se sustenta en el ‘Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la defensa jurídica de la misma’, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince de mayo de dos mil nueve, el cual señala, en lo que interesa:
"‘...
"‘Aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal, como apoderados generales para la defensa jurídica de la misma, así como la revocación con ese carácter de los ex servidores públicos que se citan.
"‘Primero. Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la administración pública del Distrito Federal, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentren adscritos, a los siguientes servidores públicos.
"‘Secretaría de Seguridad Pública.
"‘...
"‘Lic. Joel Eugenio Torres. ...’
"De la anterior transcripción se obtiene que a través del referido aviso, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal designó a Joel Eugenio Torres como apoderado general para la defensa jurídica de esa dependencia, en la que se incluyen todas las autoridades que de ella dependan.
"Además dicha representación se encuentra acreditada en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Amparo, que establece:
"‘Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. ...’
"Como se observa, las autoridades responsables podrán ser representadas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, con lo que se justifica la designación del apoderado general aludido, inclusive dicha representación fue reconocida en el juicio de amparo del que deriva el acuerdo recurrido.
"Lo anterior trae como consecuencia que este tribunal se aparte del criterio sustentado al resolver el recurso de queja 178/2013, en sesión de veinte de enero de dos mil catorce, en el que se determinó declarar improcedente el recurso de queja por falta de legitimación del referido apoderado legal para representar a diversas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cuando impugnan multas impuestas en un juicio de amparo indirecto por incumplimiento al fallo protector, similar al recurso de queja que ahora se analiza.
"En el criterio mencionado se precisó que las multas de que se trata se impusieron a las personas físicas titulares del cargo público por no cumplir con una ejecutoria de amparo; es decir, no se impuso a la persona moral oficial u órgano de gobierno, por lo que aquéllas deberán ser cubiertas por las personas que ocupan dichos cargos, de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Para sustentar lo anterior se aplicó el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2010,(4) que es del texto siguiente:
"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.’ (se transcribe)
"De igual forma, en la ejecutoria de este tribunal emitida en el recurso de queja 178/2013, se determinó que la multa impuesta por el Juez de Distrito, no afecta el patrimonio de la dependencia, sino a las personas o servidores públicos que ocupan los cargos correspondientes; por tanto, las personas físicas referidas son los legitimados para recurrir en queja dicha multa, actuando de manera directa o a través de apoderado legal, pero no a través del apoderado legal de la dependencia a la que pertenecen, por no afectarse el patrimonio de ésta.
"Por tanto, se resolvió que el referido Joel Eugenio Torres apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal no cuenta con legitimación para recurrir en queja la multa impuesta a diversas personas que ocupan los cargos dentro de dicha dependencia.
"Sin embargo, como se indicó, el referido apoderado legal tiene legitimación para acudir en queja en representación de las diversas autoridades de esa misma dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quienes se les impuso una multa por la omisión de cumplir una sentencia de amparo, porque esa sanción fue con motivo de su actuación dentro del juicio de amparo como autoridades responsables y a otras se les constriñó por estar vinculadas a su cumplimiento o por ser superiores jerárquicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 194 y 197 de la Ley de Amparo,(5) quienes incurren en la misma responsabilidad de las autoridades responsables.
"Es decir, su actuación no fue a título personal, sino con motivo de las funciones conferidas en esa dependencia y con motivo del carácter que tienen como autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de ahí que puedan ser representadas durante todo el juicio de amparo -incluyendo la etapa de cumplimiento-, a través del apoderado legal respectivo, como lo es el citado Joel Eugenio Torres apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; inclusive dicha representación fue reconocida en el juicio de amparo indirecto del que deriva el acuerdo que, por esta vía se impugna, por lo que ahora no puede negarse esa representación.
"Asimismo, cabe señalar que el criterio que deriva de la jurisprudencia 2a./J. 92/2010 antes transcrita, no resulta aplicable al presente asunto, toda vez que en él se estableció la improcedencia del juicio de amparo directo cuando una persona moral oficial reclama la sentencia emitida en un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, al determinarse que carece de legitimación al no actualizarse el supuesto de excepción establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo abrogada, conforme al cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales.
"El criterio referido no es aplicable al supuesto que se analiza, porque en el acuerdo ahora recurrido se impuso una multa a diversas autoridades por incumplimiento a una ejecutoria emitida en un juicio de amparo indirecto, el que resulta impugnable a través del recurso de queja, sin que sea procedente algún otro medio de impugnación, ni siquiera el juicio de amparo directo o indirecto, como se precisa en el criterio mencionado.
"En ese orden de ideas, el referido Joel Eugenio Torres, en su carácter de apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de las autoridades que de ella dependan, como son los servidores públicos a quienes se les impuso la multa que, por esta vía recurren, se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de queja en nombre y representación de las diversas autoridades pertenecientes a dicha dependencia."
12. CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el recurso de queja 82/2013, en sesión de diez de octubre de dos mil trece, determinó que el delegado de la Procuraduría General de la República carecía de legitimación para interponer un recurso de queja, en contra del acuerdo mediante el cual se impuso multa en un juicio de amparo, por el incumplimiento del fallo protector, a diversas autoridades responsables y vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, todas dependientes de la Procuraduría General de la República.
13. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Legitimación.
"18. Como la legitimación para interponer los recursos en el juicio de amparo es una cuestión de orden público, este tribunal emprenderá su estudio de manera oficiosa.
"19. Es aplicable, por analogía, la tesis aislada P. LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 20, que establece:
"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.’ (se transcribe)
"20. Para lo anterior, resulta oportuno atender a los antecedentes del asunto que se desprenden de las constancias remitidas por la Juez de amparo.
"21. Mediante resolución de dieciocho de abril de dos mil trece, dictado en el amparo en revisión RA. 644/2012, este órgano colegiado confirmó el fallo protector dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, dentro del juicio de amparo 698/2011.
"22. Seguido que fue el procedimiento de ejecución de sentencia de amparo a través de los requerimientos que para ello realizó el Juez de Distrito, por auto de veintitrés de julio de dos mil trece, que constituye la materia del presente asunto, el secretario encargado del despacho del juzgado del conocimiento declaró que no se dio cumplimiento al fallo protector, e hizo efectivo el apercibimiento decretado por lo que impuso al titular del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización y al titular del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, una multa de cien días para cada uno de ellos.
"23. En contra de tal determinación, Vladimir Solís Escudero, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en su carácter de delegado de las autoridades responsables de dicha institución, interpuso el presente recurso de queja.
"24. Este órgano judicial considera que si bien las multas fueron impuestas a los titulares de las dependencias mencionadas, lo cierto es que la afectación económica recae sobre el patrimonio de los sujetos que ejercen tales cargos y no en el del órgano que en abstracto representan; lo que conlleva a la determinación de que son las personas físicas en lo individual, quienes resienten en su esfera jurídica los efectos y consecuencias de la multa reclamada.
"25. Respecto del tema de sanciones pecuniarias impuestas por órganos jurisdiccionales a funcionarios públicos, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 92/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 292, en la que estableció:
"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.’ (se transcribe)
"26. El criterio anterior informa que carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo las personas morales oficiales respecto de los actos de ejecución de multas decretadas a funcionarios públicos, quienes, en su caso, son los que están facultados para combatirlas por propio derecho, debido a que la sanción afecta su patrimonio y no el de la entidad o dependencia para la que laboran.
"27. Corrobora lo anterior en lo conducente y es obligatoria para este tribunal la diversa jurisprudencia 2a./J. 3/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se estableció:
"‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)(6)
"28. De este modo, aplicando por analogía las jurisprudencias invocadas, si el recurso de queja fue interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en su carácter de delegado de las autoridades responsables, es claro que dicha autoridad, como ente en abstracto, no cuenta con legitimación, pues la decisión derivada del auto recurrido no afecta los intereses patrimoniales de las dependencias a las que pertenecen, sino de los individuos que ocupan esos cargos.
"29. Dicho en otras palabras, si en el proveído impugnado se impuso una multa a diversos servidores públicos, sólo esos funcionarios son quienes, por derecho propio, cuentan con legitimación para controvertir tal decisión.
"30. Por tanto, al carecer el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República en su carácter de Delegado de las autoridades responsables, de legitimación para interponer el recurso de queja, procede desecharlo, sin que sea obstáculo a esa conclusión que, por auto de veintitrés de agosto de dos mil trece, el presidente de este tribunal haya admitido el presente medio de impugnación, pues esa determinación no causa estado ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite.
"31. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 29/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 188, cuyo contenido es:
"‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE SI ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE RESOLUCIÓN, EL PLENO DEL ÓRGANO COLEGIADO ADVIERTE QUE NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA A QUE SE REFIERE DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe)
"32. En consecuencia, lo precedente es desechar el presente recurso, sin que sean óbice a lo anterior las manifestaciones del recurrente en el sentido de que la multa recurrida es contraria a derecho, en razón de que sí se dio cumplimiento al fallo protector; ello es así, porque todas las constancias inherentes al cabal cumplimiento de la sentencia de amparo, serán ponderadas en el incidente de inejecución que ordenó el Juez de Distrito en el auto impugnado, por lo que este tribunal ponderará en dicho incidente el debido cumplimiento al fallo protector, incluso de forma oficiosa."
14. QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 72/2013, en sesión de diez de julio de dos mil trece, determinó que el director de lo Contencioso de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco carecía de legitimación para interponer un recurso de queja, en contra del acuerdo mediante el cual se impuso multa en un juicio de amparo, por el incumplimiento del fallo protector, al titular de la referida secretaría, toda vez que dicha sanción se impuso al secretario y no a la dependencia que representa.
15. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. No se examinarán a fondo las consideraciones en que se sustenta el acuerdo recurrido, así como los agravios expresados en su contra (se transcriben, porque su contenido es determinante para la resolución que se pronuncia), en razón de que, como enseguida se verá, la queja de mérito resulta improcedente.
"Conviene señalar, que el presente recurso está suscrito por el director de lo Contencioso de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en representación del titular de dicha secretaría, con fundamento en la fracción III del artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; en tanto, que del auto recurrido, en lo que es materia impugnada (foja 186 del presente toca), que el Juez de Distrito impuso una multa por la cantidad de cien salarios mínimos vigente en el Distrito Federal, al titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le realizó mediante acuerdo de doce de abril de dos mil trece.
"Pues bien, se dice que el presente recurso de queja es improcedente, ya que quien comparece al recurso no tiene legitimación activa para interponer tal medio de defensa.
"Ello es así, toda vez que la multa se le impuso en lo personal al titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por no haber dado cumplimiento al requerimiento que se le realizó mediante acuerdo de doce de abril de dos mil trece, y no a la dependencia que representa, por lo que es dicho funcionario quien, en forma exclusiva, tiene legitimación para promover el recurso en contra de tal determinación, y no quien representa a la secretaría referida.
"Sobre el particular, por las razones que la informan, cobra aplicación la jurisprudencia número 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 110 del Tomo XIII, febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:
"‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)
"Por tanto, si el recurso lo interpuso el director de lo Contencioso de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, con fundamento en la fracción III del artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, es inconcuso que éste compareció como representante de la dependencia del Ejecutivo Estatal, mas no en representación de la persona a quien se le impuso la multa impugnada, pues fundamenta su suplencia en leyes que regulan la actividad de la Secretaría de Estado, por lo que tal funcionario carece de legitimación para interponer el recurso de mérito. De ahí que, el presente recurso de queja resulta improcedente."
16. SEXTO. Determinación de la existencia de la contradicción de tesis. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
17. Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
18. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
19. En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:
"Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Materia: común
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25267-bfbd3e13/personas-morales-oficiales-carecen-de-legitimacion-para-interponer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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