SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 330/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.) de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de un Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno en Materia Administrativa de distinto Circuito y resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
8. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
9. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis, tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta, con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
10. Sirven de sustento a lo anterior, los criterios de este Tribunal Pleno de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(4) "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(6)
11. De acuerdo con lo anterior, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(7) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
13. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(8) así como la tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(9)
14. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
15. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Esto se advierte de las resoluciones emitidas que dieron origen a la presente contradicción de tesis, como a continuación se demuestra.
A. Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 29/2013
16. Esta contradicción de tesis proviene de los siguientes asuntos:
a) El recurso de queja 134/2013 del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se destacan los siguientes aspectos:
• Con motivo de la omisión o contumacia para dar cumplimiento a una sentencia de amparo, el Juez de Distrito del conocimiento le impuso una multa al consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.
• Inconforme, el director general de Servicios Legales del Distrito Federal, en suplencia por ausencia del consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal interpuso recurso de queja.
• El Tribunal Colegiado de Circuito, consideró que el recurso de queja fue interpuesto por parte legitimada, ya que la personalidad del director general de Servicios Legales fue reconocida por el Juez de Distrito en diverso auto.
b) Recurso de queja 135/2013-2162 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que tiene como cuestiones relevantes, las siguientes:
• En un juicio de amparo la Juez de Distrito ordenó al jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, devolver una cantidad al quejoso o que se solicite al director general de Servicios Legales del Distrito Federal, el otorgamiento del visto bueno para llevar a cabo el pago de la cantidad determinada por concepto de compensación por especialización técnica policial.
• Al mismo tiempo, la Juez de Distrito requirió al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal que en su calidad de superior jerárquico, acreditara haber dado la orden a la autoridad responsable (jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal) para cumplir la ejecutoria de amparo.
• Derivado del incumplimiento de lo anterior, la Juez de Distrito impuso una multa tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico referidos.
• Dicha multa fue impugnada por el apoderado para la defensa jurídica de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
• El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los servidores públicos mencionados carecían de legitimación, ya que sólo los servidores públicos que ocupan los cargos correspondientes tienen legitimación para recurrir por propio derecho, la sanción pecuniaria que les fue impuesta, dado que la afectación recae en su patrimonio y no sobre el órgano que representan.
17. Para resolver dicha contradicción de tesis, en la parte que interesa al presente asunto, el referido Pleno de Circuito consideró que:
• Las multas impuestas a las autoridades responsables con motivo de una conducta presuntamente inadecuada en el juicio de amparo, se entienden dirigidas al titular de una autoridad aun cuando el Juez de Distrito aluda que se imponen a la persona moral oficial, toda vez que es el citado titular quien debe cubrir el monto de la multa con su patrimonio particular y no con el presupuesto de la dependencia donde desempeña su cargo.
• Dichas multas se traducen en consecuencias legales recaídas a la conducta que manifiesta un servidor público en el juicio de amparo indirecto, toda vez que no son las autoridades, sino sus titulares, quienes eventualmente incumplen con la determinada obligación.
• Las multas repercuten concretamente en el peculio privado del funcionario al que se le imponen, sin trastocar los recursos asignados a la dependencia gubernamental que aquel servidor representa.
• Las autoridades no resienten perjuicio alguno por la imposición de una multa a un servidor público y, por ende, carecen de legitimación para recurrirla.
• De acuerdo con lo anterior, tampoco pueden acudir en defensa del servidor público multado los sujetos encargados de representar o sustituir a las autoridades en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, pues tales sujetos exclusivamente pueden intervenir en defensa de las personas morales oficiales respectivas, no de las personas físicas que desempeñan algún cargo gubernamental, por lo que los servidores públicos, sólo en su carácter de particular y por derecho propio o a través de sus representantes, están legitimados para recurrir dicho auto.
B. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver la queja penal 73/2014.
18. Este asunto deriva de una multa impuesta por un Juez de Distrito al secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, por omitir informar si en la base de datos de dicha dependencia se encontraban los domicilios de una persona puesta en libertad con motivo de un procedimiento penal.
19. Inconforme con la multa, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, en representación del titular de dicha dependencia, impugnó dicha sanción.
20. En la parte que interesa a la presente contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que:
• Si bien se le impuso una multa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con motivo de la tramitación del juicio de amparo, el director jurídico adscrito a dicha dependencia está legitimado para promover el recurso de queja, porque aun cuando la multa debe ser pagada con el patrimonio del servidor público, también es cierto que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las autoridades podrán ser representadas para toda clase de trámites en el juicio, sin que el legislador hubiere hecho distingo alguno.
• Aunado a lo anterior, el artículo 30, fracciones II y IV, del reglamento interior de dicho organismo, señala que el mencionado funcionario representa los intereses tanto de la Secretaría como del secretario que la preside.
IV.2. Segundo requisito: Diferendo en los criterios interpretativos.
21. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues los órganos colegiados contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico: si las autoridades a las que se le impone una multa con motivo del juicio de amparo pueden interponer el medio de impugnación correspondiente por medio de sus representantes conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo o si, por el contrario, dichos representantes sólo pueden acudir en defensa de las personas morales oficiales respectivas y no de las personas físicas que ocupan un cargo en el servicio público.
22. Así, por un lado, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que las multas impuestas se dirigen al titular de una autoridad, quien debe cubrirlas con su patrimonio particular y no con el presupuesto de la dependencia a la que pertenece, por lo que dichas personas no pueden ser representadas por los representantes a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo, en virtud de que sólo pueden intervenir en defensa de las personas morales oficiales y no de las personas físicas.
23. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, determinó que en el caso de imposición de una multa a un servidor público como persona física, aun cuando ésta debe ser pagada con su patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las autoridades podrán ser representadas para toda clase de trámites en el juicio, sin que el legislador hubiera distinguido.
IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
24. De acuerdo a las consideraciones previamente expuestas, es posible concluir que los criterios de los órganos contendientes pueden dar lugar a la formulación de la siguiente pregunta: ¿La autoridad responsable multada en o con motivo del juicio de amparo puede impugnar tal sanción a través de su representante en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo?
V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER COMO JURISPRUDENCIA.
25. Para resolver la interrogante señalada, es necesario conocer la génesis u origen del actual artículo 9o. de la Ley de Amparo, para lo cual, acudimos al artículo 19 de la Ley de Amparo abrogada, que regulaba el tema materia de la presente contradicción de tesis.
26. El texto original del artículo referido, establecía:
Texto original de 10 de enero de 1936
"Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados en las audiencias para el solo efecto de que rindan pruebas, aleguen y hagan promociones en las mismas audiencias."
27. Conforme a dicho texto, quedaba prohibido que las autoridades fueran representadas en el juicio de amparo, pero sí podían acreditar delegados para el exclusivo efecto de que rindieran pruebas, alegaran e hicieren promociones en las audiencias.
28. El mencionado artículo fue reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, para quedar de la siguiente manera:
Reforma de 20 de mayo de 1986
"Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los Reglamentos interiores que se expidan conforme la citada Ley Orgánica.
"En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el Reglamento de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría."
29. Se aprecia que en esta reforma, (i) si bien se mantuvo como regla general la restricción en la representación de las autoridades responsables, se previó la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser representado en el juicio de amparo por el procurador general, los secretarios de Estado según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y (ii) que tanto el presidente como los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal podrían ser suplidos en el juicio de amparo por conducto de los funcionarios que en términos de los reglamentos interiores gocen de esa facultad.
30. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de agosto de dos mil cinco, se volvió a reformar el citado artículo 19 para establecer:
Reforma de 16 de agosto de 2005
"Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta Ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los Reglamentos interiores que se expidan conforme la citada Ley Orgánica.
"En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la procuraduría general de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el Reglamento de la Ley Orgánica de dicha Procuraduría."
31. Con la reforma citada, permanece la regla general sobre la imposibilidad de la representación de las autoridades responsables y la excepción en tratándose del presidente de la República y de los secretarios de Estado. Sin embargo, se amplió el abanico de facultades al alcance de los delegados de las autoridades responsables de manera que, a partir de su entrada en vigor, podrían también formular alegatos y promover incidentes y recursos previstos en la propia Ley de Amparo, con independencia de que ello ocurra en la audiencia constitucional o bien fuera de ésta.
32. Al respecto, esta Segunda Sala, al resolver el recurso de reclamación 36/2006, consideró que los motivos que tuvo el legislador para realizar la referida reforma de dieciséis de agosto de dos mil cinco, obedecían entre otros, a otorgar a los delegados de las autoridades responsables las mismas facultades de las que gozan conforme al artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, entre las que se encuentran la de promover los incidentes e interponer los recursos previstos en dicho ordenamiento; asimismo, se buscó superar la jurisprudencia 2a./J. 9/2004,(10) que establecía que dichas facultades sólo las podían ejercer en audiencias.
33. Por tanto, la Segunda Sala interrumpió dicha jurisprudencia para ser coincidente con la reforma mencionada de dos mil cinco, sobre el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que consideró que los delegados designados por las autoridades responsables pueden no sólo presentar promociones, rendir pruebas y formular alegatos en cualquier etapa del procedimiento, ya sea dentro o fuera de la audiencia constitucional, sino que también tienen la facultad de promover los incidentes e interponer los recursos previstos en la Ley de Amparo. Tales consideraciones, dieron origen a la tesis aislada 2a. XXIX/2006 de rubro: "DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENEN FACULTADES PARA PROMOVER LOS INCIDENTES Y LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2004)."(11)
34. El precepto en cita fue reformado nuevamente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil nueve, para quedar de la siguiente forma (se trata de la última reforma del artículo antes de la abrogación de la Ley):
Reforma de 17 de abril de 2009
"Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.
"El presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.
"Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas."
35. Como se advierte de la lectura del texto citado, la reforma mencionada introdujo un cambio sustancial en el régimen de legitimación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, pues permitió que éstas sí puedan ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo de acuerdo con las legislaciones aplicables, sin perjuicio de que se mantuvo la posibilidad de que se puedan designar delegados.
36. La referida reforma legislativa, se sustentó en lo siguiente:
"Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal ...
"Evolución Legislativa
"El artículo 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaba en su redacción original que, sin excepción alguna, las autoridades responsables no podían ser representadas en los juicios de amparo; sin embargo, el 20 de enero de 1943 se reformó dicho precepto para disponer que el Ejecutivo Federal sí podía ser representado en los juicios de amparo por los secretarios de Estado o jefes de departamento Administrativo que correspondiera, reforma que se justificó ante la imperiosa necesidad de atender el creciente número de juicios, la especialización de los mismos y la imposibilidad para que un solo funcionario los atendiera en su totalidad.
"La evolución continuó y el 29 de diciembre de 1949 se volvió a reformar la Ley de Amparo para incluir en el artículo referido, dentro del catálogo de servidores públicos que podían representar al Ejecutivo Federal, al procurador general de la República ‘cuando el titular del Poder Ejecutivo le otorgue su representación en los casos relativos a la dependencia a su cargo’.
"Posteriormente, el 30 de abril de 1968 se reformó nuevamente el citado precepto de la Ley de Amparo para establecer que los subsecretarios o equivalentes podrían representar al Ejecutivo Federal, ante las ausencias de los titulares de las secretarías de Estado correspondientes.
"Ocho años después, el 31 de diciembre de 1976, se modificó el sistema de representación del Ejecutivo Federal, al pasar de un sistema directo, en el que los secretarios de Estado o jefes de departamento Administrativo lo representaban de conformidad con las competencias a ellos asignados, a un sistema indirecto, en el que el propio Ejecutivo, por conducto del procurador general de la República, designaba al secretario de estado o jefe del departamento administrativo que lo representaría.
"Lo anterior obedeció al carácter de consejero jurídico del Ejecutivo que asumió la Procuraduría General de la República y como respuesta a la necesidad de que la representación en los diversos juicios estuviera encomendada al secretario de Estado o jefe del departamento Administrativo cuyas funciones fueran más acordes con la materia del juicio.
"Sin embargo, en la Reforma de Seguridad y Justicia que se llevó a cabo en diciembre de 1995, el Constituyente Permanente modificó las funciones del procurador general de la República, para atender una añeja preocupación de que las funciones de dicho procurador fueran únicamente las inherentes a su calidad de representante social. En este contexto, se reformó el último párrafo del artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disponer que la función de consejero jurídico del Gobierno Federal, en ese entonces responsabilidad del procurador, estaría a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que la ley dispusiera.
"En ese sentido, se modificó el régimen frecuentemente cuestionado en el que se otorgaban a un mismo funcionario atribuciones que pudieran dar lugar a situaciones de poca objetividad, es decir, por una parte como consejero del Ejecutivo Federal y, por la otra, representante social en los procedimientos penales, juicios de amparo, entre otros.
"Por virtud de la citada reforma constitucional, en mayo de 1996 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la dependencia que tendría a su cargo la función de otorgar apoyo técnico jurídico al titular del Ejecutivo Federal, así como de representarlo en todos los juicios en que éste interviniera, con cualquier carácter.
"Representación de las autoridades en los juicios de amparo.
"No obstante lo anterior, el régimen de representación presidencial previsto en la Ley de Amparo no se ha modificado por más de 10 años y sigue funcionando en los mismos términos que antes de las reformas citadas. En este contexto, al día de hoy, la representación presidencial en los juicios de amparo se realiza en los términos que determine el Ejecutivo Federal por conducto del procurador general de la República, como si éste fuera el consejero jurídico; situación que, se estima, debe corregirse, sobre todo si tomamos en cuenta la evolución que ha tenido la Procuraduría General de la República en los últimos años, como una institución que ejerce sus funciones de manera independiente del Ejecutivo Federal.
"Por otra parte, se considera importante evolucionar en lo concerniente a la representación de cualquier autoridad responsable, ya sea federal, estatal o municipal, en virtud de la necesidad de especialización de las unidades encargadas de la defensa del gobierno en los juicios de amparo.
"En ese sentido, es importante aclarar que la institución de la representación no implica que el funcionario al que se representa deje de ser responsable por los actos de su representante (sic), sino que sólo implica una distribución de funciones derivada, justamente, de dicha necesidad de especialización.
"Concatenando lo expuesto, se propone a esa Soberanía reformar los artículos 19, 27,28 y 33 de la Ley de Amparo, a efecto de adecuar su contenido normativo a la realidad que impera en nuestros días y, sobre todo, a las necesidades de la Administración Pública de conformidad con su nivel de especialización.
"De acuerdo con lo señalado, se propone que en el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Amparo se establezca el principio de que toda autoridad responsable podrá ser representada en los términos de las disposiciones aplicables. De esta manera, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación.
"Así mismo, se propone que el segundo párrafo del precepto en comento señale que el Titular del Ejecutivo Federal será representado por la Procuraduría General de la República, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o por la Secretaría de Estado que aquél determine, mediante los acuerdos generales que para tal efecto sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.
"Lo anterior, en virtud de que incluso dentro de las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27521-38e26ad5/servidor-publico-a-quien-se-impone-una-multa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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