AUTORIDADES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL AUTO EN EL QUE SE IMPONE UNA MULTA AL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGE COMO TITULAR, CON MOTIVO DE UNA CONDUCTA PRESUNTAMENTE INADECUADA EN EL AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, CARLOS AMADO YÁÑEZ, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR QUIEN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PLENO DE CIRCUITO, TIENE VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL ACUERDO GENERAL 11/2014 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: JORGE ANTONIO SALDAÑA RECINAS.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados en asuntos del conocimiento de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
7. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Magistrado integrante del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.
8. TERCERO. Criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente resaltar los argumentos que constituyen los criterios contendientes.
9. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al conocer del recurso de queja QA. 134/2013, el mencionado órgano colegiado resolvió, en lo que interesa al presente análisis, lo siguiente:
"SEGUNDO. El recurso de queja de que se trata fue interpuesto por parte legítima, a saber, director general de Servicios Legales en suplencia por ausencia del titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambos del Gobierno del Distrito Federal, personalidad reconocida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en auto de doce de julio de dos mil trece (foja 8 del toca). ... CUARTO. El presente recurso de queja resulta procedente, en términos de la fracción I, inciso e), del artículo 97 de la Ley de Amparo, porque se hace valer en contra de un acuerdo dictado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, durante el trámite del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión. Del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, se advierte que el recurso de queja es procedente, entre otros supuestos, en contra de resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo, que no admitan, expresamente, el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En el caso, se recurre el auto dictado el doce de julio de dos mil trece, por el que se impone una multa de ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a las autoridades responsables, ante la omisión y contumacia de las mismas para dar cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, pone de relieve que: a. La resolución que se recurre fue emitida durante la tramitación del juicio constitucional. b. El artículo 81 de la ley de la materia, no admite expresamente el recurso de revisión en contra de ese tipo de autos. De tal suerte, resulta claro que, en la especie, se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso e), del artículo 97, de la ley de la materia ..."
10. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Por su parte, en el recurso de queja QA. 135/2013-2162, el órgano colegiado en comento, en lo conducente a esta contradicción de tesis, resolvió:
"TERCERO. En virtud de que la legitimación para interponer los recursos en el juicio de amparo es un aspecto que debe examinarse de oficio, a continuación este tribunal analiza dicho aspecto. Es aplicable, por analogía, la tesis aislada P. LIV/90, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 20, que establece: ‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.’ (se transcribe). Cabe mencionar que, una regla procesal básica, consiste en que sólo pueden acudir a los medios de defensa quienes resientan una afectación en su esfera jurídica. En atención a lo anterior, resulta oportuno atender a los antecedentes relevantes del asunto que se desprenden de las constancias remitidas por el juzgado de Distrito: Mediante proveído de veinte de junio del dos mil trece, la a quo tuvo por consentida la cantidad a devolver al quejoso y requirió al jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que acreditara haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, haber solicitado al director general de Servicios Legales del Distrito Federal el otorgamiento del visto bueno para llevar a cabo el pago de la cantidad determinada por concepto de compensación por especialización técnica policial, apercibido que de no hacerlo, se le impondría multa por cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirían los autos originales del juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al mismo tiempo y también con los mismos apercibimientos, requirió al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que, en su calidad de superior jerárquico, acreditara haber dado la orden a la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo. Por acuerdo del dos de agosto del dos mil trece, que constituye el auto recurrido, la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, además de remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Primer Circuito para seguir el trámite de inejecución. Contra tal determinación, el apoderado general para la defensa jurídica de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, conforme al aviso por el que se da a conocer la designación de servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal como apoderados generales para su defensa jurídica, respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, así como la revocación con ese carácter de los ex servidores públicos que se citan, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el quince de mayo del dos mil nueve, interpuso recurso de queja. Es necesario precisar que, en cuanto al tema de sanciones pecuniarias impuestas por órganos jurisdiccionales a funcionarios públicos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 92/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 292, en la que estableció: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO.’ (se transcribe). De la jurisprudencia transcrita se desprende que el Alto Tribunal sostiene el criterio de que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo directo contra actos de ejecución tendentes a hacer efectivas multas decretadas a funcionarios públicos, debido a que la sanción afecta el patrimonio del propio funcionario y no el de la dependencia para la que trabaja. En atención a lo anterior, aplicando, por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia, es posible afirmar que, si bien las multas fueron impuestas tanto al secretario de Seguridad Pública como al jefe del Estado Mayor Policial de dicha dependencia, lo objetivamente cierto es que dichas sanciones no afectan el patrimonio de la secretaría, sino el de las personas que ocupaban el cargo al momento de imponerse y, por tanto, el apoderado general del organismo citado carece de legitimación para recurrirlas. En otras palabras, sólo los servidores públicos que ocupan los cargos correspondientes tienen legitimación para recurrir, por propio derecho, la sanción pecuniaria que les fue impuesta, en virtud de que la afectación recae sobre su patrimonio y no sobre el del órgano que representan. Consecuentemente, al carecer el secretario y el jefe del Estado Mayor Policial, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de legitimación para interponer el recurso de queja, lo procedente es desecharlo, sin que sea obstáculo para tomar la decisión anterior el hecho de que, por auto de veintiocho de agosto del dos mil trece, el presidente de este tribunal haya admitido el medio de impugnación, pues no causa estado, ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 34/94, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 81, septiembre de 1994, página 21, que establece: ‘RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE DESECHA el recurso."
11. CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue interrumpido.
12. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
13. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados (y no tanto los resultados que ellos arrojen) con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas (no necesariamente contradictorias en términos lógicos), aunque legales.
14. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación (no en los resultados) adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:(2)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno de un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)
16. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, dado que no lo prevén así los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 de la Ley de Amparo; siendo aplicable, por analogía, la tesis P. L/94, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.’,(4) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal.
17. Así las cosas, de la lectura de las posturas que propiciaron esta contradicción de criterios, transcritas en el considerando que antecede, se obtiene:
a. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito reconoce la legitimación de una autoridad para interponer recurso de queja, por conducto del servidor público facultado para suplirla, contra el auto que impone una multa al titular de la primera autoridad referida.
b. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado, en las citadas materia y jurisdicción, niega la legitimación de dos autoridades que interpusieron recurso de queja, por conducto del apoderado general de la dependencia a la que están adscritas, contra el auto que impone sendas multas a los titulares de aquellas autoridades, bajo la estimación de que éstas no resienten una afectación en su esfera jurídica y sólo la persona física, cuyo patrimonio se verá afectado, está legitimada para recurrir por propio derecho la sanción pecuniaria.
18. Consecuentemente, sí existe contradicción de criterios, pues los órganos colegiados involucrados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y, como se advirtió en líneas precedentes, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes que hacen necesario que este Pleno de Circuito defina la cuestión en aras de la seguridad jurídica.
19. QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos de los artículos 217, párrafo segundo y 225 de la Ley de Amparo.
20. El tema de la contradicción se centra en determinar, si las autoridades tienen legitimación para interponer recurso de queja contra el auto dictado por un Juez de Distrito, en un juicio de amparo indirecto, en el que se impone multa a los titulares de las recurrentes.
21. Cabe aclarar, que las multas se entienden dirigidas al titular de una autoridad aun cuando el Juez de Distrito, sin mayor precisión, aluda a que se imponen a la persona moral oficial, toda vez que es el citado titular quien debe cubrir el monto de la multa con su patrimonio particular y no con el presupuesto de la dependencia donde desempeña su encargo.
22. Ahora bien, es oportuno recordar que la legitimación para impugnar una resolución dictada en el juicio de amparo, está reservada a los sujetos que resienten un perjuicio por la actuación judicial correspondiente; así, para dirimir la contradicción de tesis que nos ocupa, resulta necesario examinar, si las multas impuestas al titular de una autoridad, generan a ésta alguna afectación como ente público.
23. En principio, observamos que las referidas multas se traducen en consecuencias legales recaídas a la conducta que manifiesta un servidor público en el juicio de amparo indirecto, toda vez que no son las autoridades, sino sus titulares, quienes eventualmente incumplen con determinada obligación.
24. En segundo lugar, como ya se mencionó, las multas en cuestión repercuten concretamente en el peculio privado del funcionario al que se imponen, sin trastocar los recursos asignados a la dependencia gubernamental que aquel servidor encarna.
25. Por otra parte, las multas indicadas no interfieren con las facultades de una persona moral oficial, tampoco limitan su ámbito de competencia, ni obstaculizan el ejercicio de la función pública que tienen encomendada.
26. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que las multas que se imponen al titular de una autoridad, con motivo de una conducta presuntamente inadecuada en el juicio de amparo indirecto, únicamente inciden en la esfera jurídica de la persona física multada.
27. En conclusión, las autoridades no resienten perjuicio alguno por la imposición de una multa a un servidor público y, por ende, carecen de legitimación para recurrirla a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, con base en el cual se tramitaron los asuntos donde se sustentaron los criterios contradictorios.
28. Lógicamente, tampoco pueden acudir en defensa del servidor público multado los sujetos encargados de representar o sustituir a las autoridades, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, pues tales sujetos exclusivamente pueden intervenir en defensa de las personas morales oficiales respectivas, no de las personas físicas que desempeñan algún cargo gubernamental.
29. En estas circunstancias, los servidores públicos, sólo en su carácter de particulares, ya sea por propio derecho o a través de sus representantes, están legitimados para recurrir el auto en el que se les impone una multa.
30. En tal virtud, con fundamento en los artículos 217, párrafo segundo, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, se determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, es el siguiente:
La legitimación para impugnar una resolución dictada en el juicio de amparo, está reservada a los sujetos que resienten un perjuicio por la actuación judicial correspondiente. Ahora bien, las multas impuestas al titular de una autoridad, con motivo de una conducta presuntamente inadecuada en el juicio de amparo indirecto, únicamente inciden en la esfera jurídica del funcionario como persona física, no en su calidad de ente dotado de poder público, toda vez que las referidas multas, por una parte, son consecuencia legal de la conducta del servidor público y, por otra, repercuten concretamente en el peculio privado del funcionario al que se imponen, sin afectar el presupuesto de la dependencia donde desempeña su encargo; aunado a que las multas indicadas no interfieren con las facultades de la persona moral oficial, tampoco limitan su ámbito de competencia, ni obstaculizan el ejercicio de la función pública encomendada. En conclusión, las autoridades no resienten perjuicio alguno por la imposición de una multa a un servidor público que funge como su titular y, por ende, carecen de legitimación para recurrirla a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo.
31. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 217, párrafo segundo, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis, 41 Bis 2 y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 17, 18, 34 y 44 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se RESUELVE:
PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis, en términos del considerando cuarto de esta resolución.
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a la tesis redactada en la parte final del último considerando de esta resolución.
Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; remítase copia certificada de la presente resolución a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el voto a favor de los Magistrados: Jesús Antonio Nazar Sevilla, Clementina Flores Suárez, Adela Domínguez Salazar, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, José Antonio García Guillén, Carlos Amado Yáñez, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor (quien en su carácter de presidente de este Pleno de Circuito tiene voto de calidad en caso de empate, en términos del artículo 34 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito); contra el voto de los Magistrados: Carlos Ronzón Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Pablo Domínguez Peregrina, Ma. Gabriela Rolón Montaño, Guadalupe Ramírez Chávez (ponente), Luz Cueto Martínez, Salvador Mondragón Reyes y Luz María Díaz Barriga. Firman los Magistrados así como la licenciada Verónica Mariana Castro Rojo, designada para fungir como secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
________________
1. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76.
2. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó los requisitos aludidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
3. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7.
4. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, página 35.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25133-3011a61d/autoridades-carecen-de-legitimacion-para-interponer-el-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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