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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIÓN DEL AUTO POR EL QUE SE IMPONE UNA MULTA A UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA POR INCUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. SURTE EFECTOS DESDE QUE QUEDA LEGALMENTE HECHA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 225/2023. · Registro digital (IUS): 32933
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-01-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.357.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 225/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: MARIANA GUTIÉRREZ OLALDE.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el once de julio de dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Secretario en funciones de Magistrado de Circuito, adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Sexto Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 195/2016, 196/2016, 219/2016, 233/2016 y 234/2016 y el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al resolver el recurso de reclamación 28/2017.

2. SEGUNDO.—Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se radicó el presente expediente, el cual se ordenó registrar como contradicción de criterios 225/2023; asimismo, se requirió a los tribunales colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. Se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindiera informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal, relacionada con el tema a dilucidar; de igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto al Magistrado Gaspar Paulín Carmona para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.

4. TERCERO.—Informes. Los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes; asimismo, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento que no se encontraba radicada contradicción de criterios alguna, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el del presente asunto consistente en: "DETERMINAR SI PARA REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA, EN CONTRA DE UNA MULTA POR NO CUMPLIR UNA SENTENCIA, DEBE ATENDERSE A LA FRACCIÓN I O II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO."

5. Informes que se tuvieron por recibidos mediante proveídos de diez de agosto y dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés.

6. CUARTO.—Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo con fundamento en el artículo 41 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

7. QUINTO.—Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semi especialización, competencia y domicilio; en cuyos artículos 1 a 3 se estableció a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el cambio de denominación de este recinto constitucional a "Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México"; en consecuencia, igualmente se contempla su ampliación de competencia por materia, conociendo ahora de las contenidas en ese título (semi especialización administrativa y civil) y, conservando su competencia por territorio (Región Centro-Norte), así como lugar de residencia y domicilio.

8. Con motivo de lo anterior, por acuerdo dictado por el Presidente de este Pleno Regional el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, publicado al día siguiente hábil, se realizó nuevo turno al Magistrado integrante Alejandro Villagómez Gordillo y en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 67/2022, artículo 41, se confirmó el mismo. Con fecha tres de junio de dos mil veinticuatro se listó este asunto para ser visto en sesión de trece del citado mes y año; sesión en la que se determinó aplazar el presente asunto y posteriormente con fecha primero de julio del año en curso fue listado nuevamente para ser visto en sesión de once del mismo mes y año.

9. SEXTO.—Amicus curiae. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veinticuatro, **********, quien se ostentó Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "5", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, formuló amicus curiae; con lo que se dio cuenta al Pleno de este órgano; y,

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

11. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en la materia administrativa del Primer Circuito y, por tanto, pertenecientes a la Región Centro-Norte, de manera que las determinaciones en pugna tienen efectividad dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.

12. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por el Secretario en funciones de Magistrado de Circuito, adscrito al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Sexto Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo y con apoyo en el criterio: P./J. 17/2020 (10a.)(1) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la voz: "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER."

13. TERCERO.—Valoración de las constancias. Al respecto, se debe tener presente que las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o., al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

14. Ilustra lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017123, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."

15. CUARTO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

17. QUINTO.—Criterios contendientes.

18. Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

19. Este tribunal colegiado sostuvo el criterio contendiente al resolver los recursos de queja: 195/2016 relacionado con el 196/2016; 219/2016; y 233/2016 relacionado con el 234/2016.

20. Recursos de queja relacionados 195/2016 y 196/2016.

21. Estos recursos de queja fueron interpuestos por el Director General de Administración de Personal y por el Director General de Asuntos Jurídicos, respectivamente, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra del acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciséis dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 561/2016, mediante el cual el Juez A quo hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos e impuso a los recurrentes una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 267, fracción I y 258 de la Ley de Amparo y Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

22. La imposición de esa medida atendió a que el Juez Federal estimó que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no había acreditado las gestiones que llevaba a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que consideró que no había lugar a otorgar la prórroga que solicitó.

23. Recurso de queja 219/2016.

24. Este recurso fue interpuesto por el Director de Remuneraciones, Prestaciones y Cumplimientos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 2084/2015, en el que se determinó que dicha autoridad vinculada al juicio de amparo, había sido omisa en dar cumplimiento a los requerimientos de dos de junio, cinco y diecinueve de julio y uno de agosto de dos mil dieciséis, relacionados con el cumplimiento de la sentencia de amparo; por lo que se ordenó la imposición de una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión del auto impugnado, directo a su salario, por estimar que dicha autoridad actuó de mala fe, desacato judicial y obstrucción de la administración de la Justicia Federal.

25. Recursos de queja relacionados 233/2016 y 235/2016.

26. Estos recursos se interpusieron por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, uno de ellos lo formuló en representación del titular de esa Secretaría y el otro por propio derecho, contra el auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 337/2014; en el que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en un anterior proveído y se les impuso una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

27. Estimó el Juez Federal que dichas autoridades formaban parte de la Administración Pública de la Ciudad de México y percibían un salario superior al mínimo, por lo que atendiendo a la contumacia e infracción a la tutela jurisdiccional, la imposición de multa señalada no implicaba una sanción excesiva, pues consideró que ello era acorde con el actuar de la propia autoridad y del nivel que detentaba en la administración pública.

28. Al pronunciarse sobre la oportunidad en la presentación de los recursos señalados, el tribunal colegiado contendiente realizó el cómputo respectivo en términos del artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, por considerar que los referidos medios de impugnación se interpusieron por los inconformes como personas físicas.

29. Y en los recursos de queja 195/2016 y 196/2016, el tribunal contendiente precisó además que, los funcionarios recurrentes acudían a ese medio de defensa en su carácter de persona física y no en su calidad de ente dotado de poder público, pues si bien la multa materia del recurso fue impuesta en la fase ejecutiva de la sentencia de amparo a la persona física en su actuación de autoridad, al haber mostrado una actitud renuente frente al fallo protector constitucional; sin embargo consideró dicho órgano que la sanción económica debía ser cubierta de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno a la que se encontraban adscritos.

30. Por lo que, concluyó el tribunal colegiado que, debía atenderse a la regla prevista en el artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo.

31. Determinación que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."(2)

32. Los mencionados recursos dieron lugar a la jurisprudencia de título y contenido siguientes:

QUEJA CONTRA LA MULTA IMPUESTA POR INCUMPLIR UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ESE RECURSO SE INTERPONE POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, EL PLAZO RELATIVO DEBE COMPUTARSE CON BASE EN LAS REGLAS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.", cuando una persona física o titular de una unidad administrativa, en su actuar como autoridad, fue multada por un tribunal de justicia administrativa por contumacia en el cumplimiento de una sentencia, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo contra esa resolución, en razón de que debe cubrir la sanción pecuniaria de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. Ahora bien, ese criterio puede trasladarse al supuesto en que un Juez de Distrito impone una multa a un servidor público por incumplir una sentencia de amparo; caso en el cual, éste puede impugnar esa determinación a través del recurso de queja, ya que acude en su carácter de persona física. Por tanto, para realizar el cómputo del plazo para interponer ese medio de defensa, debe atenderse a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo que, en lo conducente, dispone: "Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: ... II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley."(3)

33. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 28/2017.

34. Este recurso fue interpuesto por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado Presidente de ese tribunal colegiado, en el que desechó por extemporáneo el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 434/2017, en el que hizo efectivo el apercibimiento de multa al recurrente, al no haber cumplido con un requerimiento relacionado con el cumplimiento de una ejecutoria de amparo.

35. El tribunal colegiado señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si bien conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, cuando se trate de autoridades responsables y aquellas que tengan el carácter de tercero interesadas, las notificaciones surtirán sus efectos "desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas"; lo cierto era que, esa hipótesis sólo se actualiza cuando la autoridad actúa en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado y no cuando actúa en un plano de igualdad frente al gobernado, es decir cuando participa en el juicio de origen como cualquier otro particular y acude al juicio de amparo, pues en ese supuesto las notificaciones que se le practiquen deberán surtir efectos al día siguiente a aquél en que se realicen de conformidad con la fracción II del mismo artículo.

36. Lo anterior lo apoyó en la tesis aislada 2a. II/2017 (10a.) que señala: "NOTIFICACIONES. SURTEN EFECTOS EL DÍA SIGUIENTE AL DE SU REALIZACIÓN CUANDO EL RECURRENTE ES AUTORIDAD TERCERO INTERESADA, PERO COMPARECE AL JUICIO EN UN PLANO DE IGUALDAD CON EL QUEJOSO."(4)

37. Consideró el tribunal que, si la multa fue impuesta al recurrente, quien se ostentó con el cargo de Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, es decir, como autoridad por no acatar la sentencia de amparo y así fue dirigida su notificación y por actos realizados en ese carácter por la persona física o servidor público; entonces debía estarse a la fracción I del artículo 31 de la Ley de Amparo. 38. Que si bien el recurso de queja lo interpuso la persona física que ostentó el cargo de Director General de Administración de Personal de la citada Secretaría y quien por tanto se encontraba legitimada para impugnar la multa, al ser quien ocupaba el cargo y quien debía cubrir con sus propios recursos la multa, lo cierto era que la falta la cometió como servidor público dotado de facultades y no en su actuar como mero particular, desvinculado del cargo.

39. Al respecto invocó la jurisprudencia 2a./J. 102/2014 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal de título: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO."(5)

40. Señaló el tribunal que, la multa de mérito se originó con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas; por lo que estimó que, el hecho de que el recurso de queja lo hubiese interpuesto como persona física, no cambiaba la calidad que tenía en el juicio de amparo del que derivó ese recurso, ni el nexo que permitía imputarle la comisión de la falta, esto es, de autoridad responsable y, por tanto, consideró que la notificación surtió efectos en el momento en que se realizó y no al día siguiente.

41. Destacó que, incluso el Alto Tribunal del país ha sostenido que en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, no existe impedimento para que las multas impuestas en los juicios de amparo a un servidor público en su carácter de autoridad responsable, puedan ser recurridas a través de los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución respectiva; lo anterior según lo sostuvo la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.): "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO."(6)

42. Por lo que, el tribunal colegiado declaró infundado el recurso de reclamación.

43. Las anteriores consideraciones apuntadas dieron lugar a la tesis aislada que a continuación se cita:

NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE IMPONE UNA MULTA A LA AUTORIDAD POR INCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA A LA PERSONA FÍSICA TITULAR DEL ENTE PÚBLICO RESPONSABLE. Acorde con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades surten efectos desde el momento en que se practican. Por tanto, la notificación del acuerdo dictado por un Juez de Distrito en que impone una multa a la autoridad por incumplimiento a la sentencia de amparo, surte efectos desde que se efectúa a la persona física titular del ente público responsable, sin que pase inadvertido que el recurso de queja contra esa determinación lo puede interponer dicha persona física, al ser ésta quien tiene legitimación para impugnar la multa que se originó con motivo de su cargo público y del ejercicio de sus funciones públicas, por lo cual no cambia su calidad en el juicio de amparo, esto es, de autoridad responsable. Refuerza lo anterior, el hecho de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), de título y subtítulo: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que no existe impedimento para que las multas impuestas en los juicios de amparo a un servidor público en su carácter de autoridad responsable, puedan recurrirse por medio de los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución respectiva, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, que rige la representación de las autoridades responsables.(7)

44. SEXTO.—Vigencia de los criterios contendientes.

45. En el caso, se estima que los criterios contendientes continúan vigentes, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante oficio 13603/2023 rindió informe en el sentido de que el criterio sostenido en los recursos de queja 195/2016, 196/2016, 219/2016, 233/2016 y 234/2016 subsiste.

46. Y por su parte, mediante oficio 13763/2023 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de reclamación 28/2017 se encuentra vigente.

47. Por lo que, ante la vigencia de los criterios en contienda, procede a analizarse lo relativo a la existencia de la contradicción.

48. SÉPTIMO.—Existencia de la contradicción.

49. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

50. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

51. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.(8)

52. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32933-6211b038/notificacion-del-auto-por-el-que-se-impone · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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