CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE, EN SU ACTUAR COMO INTEGRANTES DE AQUÉL, IMPUGNAN A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO LA MULTA QUE LES FUE IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL, SÓLO SE REQUIERE LA MANIFESTACIÓN DE QUE SON TITULARES DEL CARGO QUE OSTENTAN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ADRIANA ESCORZA CARRANZA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: EUGENIO REYES CONTRERAS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ Y EMMA GASPAR SANTANA. PONENTE: EUGENIO REYES CONTRERAS. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ÁVALOS CERVANTES.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al día diecinueve de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis 44/2015 PL-Mat. Adva. Primer Cto., entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el catorce de diciembre de dos mil quince, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 166/2015, en sesión de tres de junio de dos mil quince, y el emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la aludida materia y circuito, en el amparo en revisión RA. 172/2015, fallado el diecisiete de julio de la misma anualidad.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Por auto de catorce de diciembre de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 44/2015 y solicitó a los presidentes del Primero y Décimo Tercer Tribunales Colegiados en la materia y circuito referidos, la remisión del archivo digital que contenga las ejecutorias pronunciadas en los expedientes de sus índices a la cuenta de correo electrónico david.caballero.franco@correo.cjf.gob.mx, para la debida integración del expediente, así como el informe sobre si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denuncia la presente contradicción de tesis, de sus índices, respectivamente, se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.-Turno del asunto. Mediante auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Eugenio Reyes Contreras, integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) pues fue formulada por Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presentes las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 166/2015, en sesión de tres de junio de dos mil quince, interpuesto por **********, **********, **********, ********** y ********** ostentándose como integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, en el amparo indirecto 87/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,(3) revocó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, al sostener que no se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por unanimidad de votos, estableció lo siguiente:
"TERCERO.-En la sentencia sujeta a revisión, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.
"Explicó que esa causa de improcedencia se actualiza, porque no quedó acreditado el interés jurídico de los demandantes, dado que en el juicio de origen y en el juicio de amparo omitieron exhibir prueba demostrativa de que a la fecha en que se dictó el acuerdo reclamado tuvieran el cargo de integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Agregó que en el juicio de origen tampoco tienen reconocido ese carácter y que la manifestación que realizaron en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, de que son los integrantes de dicho órgano colegiado es, insuficiente para reconocerles interés, dado que la afectación jurídica que produce a los promoventes el acto reclamado no puede inferirse con base en presunciones, sino que debe quedar fehacientemente demostrada.
"Contra esa decisión, los quejosos argumentan que la calidad de integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se demuestra con la propia demanda de amparo, donde si bien promovieron por propio derecho, indicaron los cargos que tienen en ese órgano colegiado.
"La confrontación entre lo decidido por el Juez de Distrito y lo alegado por los recurrentes pone de manifiesto que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si, en el caso, está o no acreditado el interés jurídico de los quejosos.
"Con el propósito de resolver tal planteamiento, conviene tener en cuenta que el acto reclamado en el juicio de amparo es el acuerdo de **********, dictado por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en autos del juicio de nulidad **********, en que impuso a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal multa de **********, por incumplimiento parcial de la sentencia de anulación de treinta de marzo del dos mil cinco.
"Es criterio reiterado del Alto Tribunal que las multas como la reclamada constituyen sanciones para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que sólo quien encarna la titularidad del órgano al momento de su imposición está legitimada, por derecho propio, para controvertir tales decisiones.
"Si bien existe la regla procesal, establecida jurisprudencialmente por el Alto Tribunal, de que en el juicio de amparo la afectación jurídica que el acto reclamado produce al quejoso debe quedar fehacientemente demostrada y no inferirse con base en presunciones, en el asunto que se resuelve, el perjuicio deriva de la vinculación entre el órgano de gobierno y las personas físicas que lo encarnan.
"Esa particularidad permite establecer que, en el caso, la sola manifestación en la demanda de amparo de que los promoventes tienen el carácter de titulares del órgano de autoridad es suficiente para tener por demostrado el interés jurídico sin necesidad de que exhiban la prueba justificativa de la titularidad de los cargos, es decir, los nombramientos correspondientes, salvo que exista medio de convicción en contrario.
"Tal conclusión encuentra apoyo en el hecho de que, como la usurpación de funciones está prohibida y sancionada en materia penal, no cualquier persona va a ostentarse con el cargo de autoridad sin serlo, y menos si esa ostentación, en lugar de producir un beneficio al promovente, le acarrearía un perjuicio, como en el caso, donde la calidad de integrante del Consejo de Honor y Justicia implica reconocerse como sujeto obligado al pago de una multa que no fue expresamente impuesta a nombre de alguien en particular.
"Como se anunció, la multa fue impuesta a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; de suerte que, como sostuvo el Juez de Distrito, las personas que ocupen esos puestos al momento de su imposición, son los únicos facultados para combatir la decisión por propio derecho.
"De la demanda de amparo se advierte que fue promovida por **********, **********, **********, ********** y **********, quienes lo hicieron por propio derecho e indicaron, sin exhibir su nombramiento, que son los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, precisando sus cargos correspondientes. También se aprecia que la demanda de amparo fue firmada en papel membretado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Por otra parte, la revisión del expediente del juicio de anulación, que obra en un legajo de copias certificadas, pone de manifiesto que no existe prueba demostrativa de que los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hubieran promovido alguna vez por propio derecho en esa instancia, ni medio probatorio alguno que demuestre quiénes han integrado ese cuerpo colegiado.
"Si se tiene en cuenta que el acuerdo en que se impuso la multa reclamada es de nueve de diciembre del dos mil catorce, que la notificación de ese proveído se practicó a los quejosos el siete de enero del dos mil quince (según su propia manifestación vertida en la demanda de amparo) y que la demanda de amparo se promovió el veintiocho siguiente, es decir, dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación, es válido asumir, como sostienen los recurrentes, que a la fecha en que se impuso la multa reclamada eran los propios demandantes quienes integraban el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pues no existe medio de convicción que demuestre u ofrezca indicios de que los titulares de dicho órgano colegiado fueran personas distintas a los promoventes.
"Las explicaciones dadas hasta aquí son suficientes para considerar fundado el agravio planteado, consecuentemente, como no existen causas de improcedencia pendientes de estudio, lo procedente es levantar el sobreseimiento y analizar los conceptos de violación propuestos. ..."
Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de diecisiete de julio de dos mil quince, al conocer del amparo en revisión RA. 172/2015, interpuesto por **********, quienes se ostentan como integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil quince, dictada en el amparo indirecto 178/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,(4) confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, al sostener que sí se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por unanimidad de votos, estableció lo siguiente:
"QUINTO.-En el primer agravio, los recurrentes aducen, esencialmente, que el Juez Federal incumplió las formalidades esenciales del procedimiento, particularmente la establecida en el artículo 114, fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, porque no los requirió para que exhibieran el documento con el que acreditaran su personalidad, ni tampoco señaló que los documentos que presentaron fueran insuficientes para acreditar la titularidad del derecho subjetivo transgredido por la multa decretada en el acuerdo reclamado.
"En el segundo agravio, los recurrentes aducen que resulta indebido que el juzgador federal haya determinado que no tienen la titularidad del derecho para promover el juicio de amparo, pues consideran que se encuentran legitimados para instar la demanda como personas físicas, porque a pesar de que la multa reclamada se impuso al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, su cobro causará un daño patrimonial en los integrantes, como personas físicas, por ser quienes la pagarán con sus propios recursos; de ahí que si con la hoja anexa de firmas demostraron cabalmente que son integrantes de dicha autoridad, debe considerarse que el juzgador se excedió al interpretar la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y no aplicó debidamente el artículo 107, fracción I, constitucional.
"En el tercer agravio, los recurrentes manifiestan que los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, son trabajadores temporales honoríficos, sin retribución económica alguna, de conformidad con los artículos 60 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 54 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que si durante la secuela del juicio de nulidad el referido consejo estuvo representado por diferentes personas físicas y la autoridad responsable no objetó la personalidad de quienes actuaron a nombre de ese cuerpo colegiado, queda descartado que los promoventes no tengan la titularidad del derecho para combatir las violaciones que causa en su patrimonio el acuerdo reclamado.
"Para dar solución a los anteriores planteamientos, debe precisarse que la demanda de amparo la promovió el ‘Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por nuestro propio derecho’ y la firmaron **********, **********, **********, ********** y **********, ostentándose como integrantes de ese consejo.
"En el quinto concepto de violación de la demanda de amparo alegaron que a pesar de que la multa se les impuso en su carácter de Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, su cobro causará un daño en su patrimonio en su carácter de personas físicas, porque su carácter de funcionarios no los exime de ser trabajadores que desempeñan sus funciones y facultades dentro de la administración pública del Distrito Federal.
"De la demanda conoció el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente 178/2015, el que por acuerdo de trece de febrero de dos mil quince, la admitió a trámite indicando que la demanda fue promovida por **********, **********, **********, ********** y **********.
"Al dictar la sentencia recurrida el juzgador federal consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque los quejosos no acreditaron el interés jurídico para reclamar la multa que se impuso en el acuerdo reclamado a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ya que no demostraron que ostentaran el cargo de integrantes del aludido consejo al momento de dictarse el acuerdo controvertido y no se advertía de las constancias del juicio de amparo, ni de las copias certificadas del juicio de nulidad de origen, que los promoventes hayan comparecido con tal carácter.
"Por lo anterior, el juzgador determinó que los demandantes carecían de legitimación para controvertir la multa decretada en el acuerdo reclamado, pues los únicos que tienen el derecho de iniciar el juicio en su contra son las personas que demuestren que ocupan ese cargo y precisó la inexistencia del medio de convicción que genere la certeza de que los quejosos ocupaban el puesto de integrantes del consejo, antes mencionado, al momento de la imposición de la multa, no era subsanable con las manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, formuladas en el escrito de demanda, en el sentido de que promovieron el juicio como integrantes de la referida institución, porque indicó que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente.
"De igual manera, indicó que no pasaba inadvertido que los quejosos manifestaron en el proemio del escrito de demanda, que su personalidad quedó precisada y acreditada; sin embargo, no adjuntaron el documento que lo acreditara, y no existía la obligación legal de recabar los elementos de prueba para acreditar que los quejosos ostentaban el cargo de integrantes del consejo, tantas veces mencionado, porque la carga de acreditar tal situación recaía en los demandantes; máxime que no existía prueba de que la multa se hubiese impuesto a los quejosos, ni tampoco se advertía que la Tesorería del Distrito Federal se las pretendía cobrar.
"De lo antes expuesto, se desprende que los quejosos, ahora recurrentes, promovieron la demanda de amparo, por su propio derecho, en contra de la multa impuesta, en el acuerdo reclamado, al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, ostentándose como integrantes de esa autoridad administrativa.
"En tal virtud, contrario a lo que afirman los recurrentes en el primer agravio, el Juez Federal no se encontraba obligado a requerirlos para que exhibieran el documento con el que acreditaran su personalidad, pues el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, a que hacen referencia, confiere facultades al juzgador de requerir al promovente para que subsane las deficiencias, irregularidades y omisiones de su demanda, entre otros casos, cuando no hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente.
"Sin embargo, los quejosos instaron la demanda de amparo, por su derecho propio, y no así en representación de alguna otra persona física, moral o moral oficial, por lo que no existía ninguna irregularidad en la demanda relacionada con la personalidad de los promoventes.
"Además, la circunstancia de que el juzgador no hubiese señalado que los documentos que presentaron con su demanda fuesen insuficientes para acreditar la titularidad del derecho subjetivo que estimaron transgredido con la emisión de la multa decretada en el acuerdo reclamado, no constituye ninguna violación a las formalidades esenciales del procedimiento, porque el estudio del interés jurídico que se considera afectado con el acto de autoridad es un aspecto que debe examinarse en la sentencia del juicio y corresponde acreditarlo a la parte quejosa, en razón de que: conforme al artículo 107, fracción I, constitucional ‘I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ...’.
"Lo anterior es así, en razón de que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación del interés jurídico de la quejosa, lo cual no se demuestra con la hoja de firmas de la demanda de amparo, como inexactamente lo afirman los recurrentes en el segundo agravio, pues con tal documento únicamente acreditan que fueron ellos los que promovieron la demanda, pero con ese documento no demuestran que eran integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la fecha en que se impuso la multa reclamada a esa autoridad administrativa, no obstante que debieron probarlo, porque, como lo reconocen los recurrentes, el perjuicio provocado por dicha multa repercutirá en el patrimonio de las personas que ocupaban el cargo honorario de integrantes del Consejo de Honor y Justicia, en la fecha de su emisión.
"Por tanto, los quejosos debieron exhibir el documento con el que comprobaran su carácter de integrantes del mencionado Consejo de Honor y Justicia, con independencia de que la autoridad responsable no lo hubiera objetado, como lo indican en el tercer agravio, ya que se trata de un aspecto de procedencia que debe ser examinado, incluso, de oficio y, si bien, de las constancias que integran el juicio de nulidad del que deriva el acto reclamado, se advierte que dicho Consejo de Honor y Justicia ha estado integrado por diversas personas, lo cierto es que no existe ninguna actuación de esa autoridad en la que los quejosos figuren como integrantes de ese cuerpo colegiado en el momento en que se emitió la multa controvertida; razón por la cual, los agravios que proponen los recurrentes resultan infundados.
"En tales condiciones, al resultar infundados los agravios propuestos por los quejosos recurrentes, procede confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. ..."
Las resoluciones que fueron materia de las ejecutorias dictadas tanto en el amparo en revisión RA. 166/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como en el amparo en revisión RA. 172/2015, del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en la materia y circuito referidos, derivan de los juicios de amparo números 87/2015 y 178/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, promovidos, respectivamente, el veintiocho de enero y doce de febrero, ambos de dos mil quince, esto es, conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Procede verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Para que aquélla exista se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos encaminados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como en la diversa tesis P. XLVII/2009, publicada en la página 67 del Tomo XXX, julio de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26328-6c6256a5/consejo-de-honor-y-justicia-de-la-secretaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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