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Modo: Corpus Pro

DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2011. · Registro digital (IUS): 23405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTA
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 866.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de esta Sala.

Lo anterior conforme al texto vigente antes del cuatro de octubre de dos mil once, fecha en que entró en vigor el decreto mediante el cual se reformó el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el anterior texto de la fracción XIII del mencionado artículo 107 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito y, al efecto, debe precisarse que al presente asunto aplica el texto anterior del mencionado precepto, ya que la denuncia data del treinta y uno de agosto del presente año, esto es, previamente a la entrada en vigor de la reforma constitucional.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el señor Ministro Juan N. Silva Meza, presidente de este Alto Tribunal, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales.

Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Registro: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, Materia: Común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Registro: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009, Materia: Común, tesis P. XLVII/2009, página 67)

CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes en los amparos en revisión mencionados en los resultandos de esta resolución.

A fin de comprender las consideraciones atinentes al caso conviene poner de manifiesto que en el juicio de amparo del que conoció en revisión el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la parte quejosa demandó del jefe del Gobierno del Distrito Federal, del procurador fiscal del Distrito Federal y del tesorero del Distrito Federal la omisión de dar cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas dictadas en los ********** y **********, resueltas en forma favorable por la Primera y Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, respectivamente, así como la omisión de dar cumplimiento a las resoluciones recaídas en los ********** y ********** (concernientes a esos propios juicios) resueltas por el Tribunal Superior de Justicia, declarándolas fundadas.

Ahora bien, en la resolución emitida por ese Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el **********, en el **********, sostuvo, en las partes que interesan, lo siguiente:

"SÉPTIMO. En sus agravios la quejosa recurrente aduce que no se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículos (sic) 73, fracción XVIII, 74, fracción IV, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley Amparo, que citó la Juez de amparo para sobreseer en el juicio de garantías, ya que en el juicio de garantías no se reclamó un acto legítimo, pues lo que se reclamó es que las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo no han cumplido con las sentencias ejecutoriadas dictadas por la Primera Sala, Segunda y la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, habiendo agotado la quejosa la última instancia en los citados procedimientos, ello es así, ya que se dictó resolución en las Salas que conocieron de la primera instancia, se tramitó el recurso de apelación ante la Sala Superior, las autoridades responsables intentaron los recursos contenciosos administrativos ante un Tribunal Colegiado, mismos que también fueron resueltos de forma favorable a los intereses de la quejosa y, posteriormente, una vez que las sentencias causaron ejecutoria e interpuso el recurso de queja por incumplimiento de las sentencias ante las Salas que conocieron de la primera instancia, ya que las autoridades demandadas han incumplido las sentencias de mérito.

"El acto reclamado ante la Juez de amparo, sustancialmente, se hizo consistir en el incumplimiento de las resoluciones ejecutoriadas dictadas en el juicio ********** (sic) por la Primera y Segunda Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, así como los ********** y ********** éstas resueltas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

"Ahora bien, la sentencia recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones: (resulta innecesaria su transcripción)

"De los antecedentes ya relatados, se llega al convencimiento de que los agravios son fundados en atención a las siguientes consideraciones:

"En efecto, la Juez de amparo para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo se apoyó en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo.

"En el caso de que se trata, resulta inaplicable la fracción IV del artículo 114 del ordenamiento legal de la materia, supuesto que ésta refiere (sic) que para hacer procedente el amparo, se requiere que el promovente del juicio de garantías demuestre la existencia del acto que vaya a tener consecuencias de imposible reparación. Se dice que un acto es de imposible reparación cuando, de llegar a consumarse, no sería factible restituir el derecho infringido con motivo de la emisión del acto reclamado.

"Lo antedicho, pone de manifiesto que la hipótesis a que se refiere esa fracción se refiere a actos procesales, que causen al agraviado un perjuicio no reparable en la sentencia definitiva.

"En el caso que se analiza el acto reclamado no se encuentra en ese supuesto, cuenta habida de que la ahora recurrente reclamó el incumplimiento a las multicitadas sentencias, lo que indica que no se está frente actos de procedimiento a que se refiere la fracción mencionada, supuesto que se dictó sentencia y se agotaron los recursos en sede administrativa para el cumplimento de esas sentencias (sic).

"Además, la resolución reclamada tiene carácter de definitiva y, por tanto, posee la fuerza de cosa juzgada, crea una obligación a cargo del órgano administrativo demandado la que es correlativa del derecho del particular afectado y no puede negarse que cuando se desobedece, o se deja de cumplir el fallo de un tribunal, como en el presente asunto, se incurre en una violación de garantías, puesto que se priva al ciudadano del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley, por ende, el incumplimiento de las sentencias que pronunció el Tribunal de lo Contencioso Administrativo da lugar a la promoción del juicio de amparo, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En consecuencia, al resultar fundado el agravio, y no actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y XIII, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y, en términos del artículo 91, fracción III, de la ley de la materia, al no advertirse alguna diversa causal de improcedencia que deba hacerse valer de oficio, lo pertinente es hacer el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados.

"...

"NOVENO. La quejosa aduce sustancialmente, en el único concepto de violación, que se violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que el jefe de Gobierno, el procurador fiscal y el tesorero, todos del Distrito Federal, no han dado cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no obstante que se han agotado todos los medios de defensa ordinarios previstos en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que se está violando en perjuicio del hoy quejoso la garantía de legalidad.

"Es fundado el concepto de violación, en atención a las siguientes consideraciones:

"El artículo 83 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dispone que la actora podrá promover el recurso de queja por incumplimiento de sentencia, del que se dará vista a la autoridad responsable por el término de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cumplido el término de cinco días la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia, de no ser así, la requerirá de nueva cuenta, para que cumpla en un término de otros cinco días previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, si la autoridad persistiera en su actitud la Sala Superior resolverá, a instancia de la Sala respectiva, solicitará del jefe del Distrito Federal, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable para que dé cumplimiento a la resolución.

"Ahora bien, de la demanda de garantías aparece que la quejosa manifestó que la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dictó sentencia en el ********** el **********, mismo que quedó firme; contra el incumplimiento de la sentencia, el **********, interpuso recurso de queja y el **********, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dictó la resolución correspondiente y que, no obstante lo antedicho, la autoridad demandada no ha dado cumplimiento a la sentencia de referencia.

"Por otra parte, también refiere la quejosa que **********, promovió juicio de nulidad al que le correspondió el número ********** éste se tramitó ante la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se dictó sentencia el **********; que las autoridades al omitir dar cumplimiento a la sentencia la quejosa interpuso el recurso de queja al que le correspondió el número **********, el ********** la Sala Superior dictó sentencia, sin a que a la fecha la autoridad haya dado cumplimiento.

"En el juicio de garantías, aparece (foja 605), el auto de **********, por el que se impuso al tesorero y al procurador fiscal, ambos del Distrito Federal, la primera multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en cantidad líquida de **********, y se les requirió de nueva cuenta para que dieran cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala el día **********.

"Por auto de cuatro de enero del dos mil uno, se remitieron los autos a la Sala Superior a fin de que resolviera lo conducente, dada la reiterada omisión de la autoridad demandada a dar cumplimiento a la resolución dictada por esa Sala; al mismo tiempo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de dieciocho de septiembre del dos mil.

"Mediante oficios ********** y ********** suscritos por el subprocurador de lo Contencioso, manifestó (resulta innecesaria su transcripción), mismos oficios que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil uno se acordó que se remitieran a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal (foja 616).

"Por auto de seis de abril de dos mil uno, la Sala de referencia, en relación con los oficios ********** y **********, tuvo por desahogada la vista ordenada en proveídos de ********** y veintiocho de febrero de dos mil uno (foja 624).

"Posteriormente, el **********, se dictó sentencia en el ********** interpuesto por incumplimiento a la ejecutoria de **********; así como la que se emitió el ********** (sic) el **********.

"Ahora bien, el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo dispone: (Resulta innecesaria su transcripción)

"Del precepto acabado de transcribir se aprecia que él hace referencia a actos de ejecución de sentencia e interpretando esta fracción, se concluye que son actos dictados después de concluido el juicio, los emitidos con posterioridad a que la sentencia ha causado estado, por lo que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución.

"Del juicio de amparo aparece que el acto reclamado se hizo consistir en el incumplimiento de las sentencias dictadas en beneficio de la parte quejosa, es decir, en la abstención de las autoridades demandadas para acatar una sentencia ejecutoriada, respecto de la cual la quejosa agotó el último recurso que señala el artículo 83 de la Ley de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, esto es, el recurso de queja e, incluso, se impuso multa a las autoridades por su desacato; sin embargo, insisten en la abstención de dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en los **********, incurriendo con ello en una transgresión a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en perjuicio de la persona moral solicitante de garantías, ya que se le priva de un derecho que surge de las sentencias declaradas firmes.

"Consecuentemente, procede declarar fundado el único concepto de violación, en virtud de que la quejosa acudió al juicio de amparo al haber agotado el recurso de queja previsto en el artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, para el cumplimiento de una sentencia, y las autoridades han sido omisas en acatar el fallo a pesar de la multa que se les impuso, sin que exista causa o motivo legal que justifique su actitud contumaz, por lo que privan de un derecho que fue obtenido por aquéllas mediante sentencia ejecutoriada; por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables den cumplimiento a las sentencias de referencia, a la mayor brevedad."

Respecto del juicio de amparo del que conoció en revisión el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, conviene señalar que la parte quejosa reclamó, entre otros actos, la omisión del secretario de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco de cumplir con la sentencia de **********, dictada en el **********, del índice de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco.

Ahora bien, en la resolución emitida por dicho Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al dictar resolución el **********, en el **********, determinó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Estudio oficioso de una causa de improcedencia diversa, por lo que ve al secretario de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco.

"Con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se estudiará de manera oficiosa una causa de improcedencia diversa a la analizada por el Juez de Distrito, por lo que ve exclusivamente a la omisión reclamada al secretario de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, pues las cuestiones de procedencia del juicio de garantías son del orden público en términos del último párrafo del artículo 73 de la referida legislación, aun en la segunda instancia.

"Es aplicable a la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (resulta innecesario transcribir su texto)

"Así, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 11 de la Ley de Amparo, por lo que ve al secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en virtud de que no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en función a la omisión que la quejosa le reclama. Tales dispositivos legales señalan: (resulta innecesaria su transcripción)

"De conformidad con los anteriores preceptos, el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente hablando, el juicio constitucional es improcedente.

"Por tanto, esta consideración supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional.

"Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del ‘uso de la fuerza pública’, como requisito sine qua non.

"Al respecto, para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación (sic), cuyos rubro y texto señalan:

"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’ (resulta innecesario transcribir su texto)

"De lo anterior, se sigue que autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

"Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.

"De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.

"La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

"En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.

"Así que, en términos de lo que importa al juicio de garantías, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.

"De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:

"1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

"2) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.

"3) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.

"4) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.

"Lo anterior, acorde al texto del criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CCIV/2001, de rubro y texto siguientes:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ (resulta innecesario transcribir su texto)

"En la especie, del contenido íntegro de la demanda de garantías, se desprende que la quejosa reclamó del secretario de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de **********, dictada en el ********** del índice de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, específicamente, el hecho de no entregar a la actora el numerario equivalente a los días de salario que dejó de percibir desde que fue destituida de su cargo hasta que fue reinstalada.

"Ahora bien, de la copia certificada de la referida sentencia ordinaria, que está integrada al juicio de amparo que se revisa, se destaca lo siguiente (fojas 54 a 63): (resulta innecesaria su transcripción).

"Conforme a lo anterior, se adquiere convicción de que la orden de entregar a la actora los emolumentos que dejó de percibir con motivo de la separación que sufrió en el encargo público que desempeñaba, fue dada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, con motivo de la declaratoria de nulidad de aquel acto administrativo.

"Así, la referida orden estuvo dirigida a las dependencias que fungieron co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23405-b93cb1c0/dependencias-publicas-y-sus-auxiliares-demandadas-ante-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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