RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 306/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de febrero de dos mil veintidós.
VISTO para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la denuncia de contradicción de tesis. Por escrito recibido el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno mediante correo electrónico en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala, en observancia a lo resuelto por esta última en la resolución dictada en la diversa contradicción de tesis 126/2021,(1) denunció la posible oposición entre el criterio sustentado, por una parte, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –al resolver el recurso de queja 403/2019–; y, por otra, por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito –al resolver la contradicción de tesis 17/2019–.
2. SEGUNDO.—Recepción. En proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de tesis con el número 306/2021, y admitió a trámite la denuncia relativa; solicitó por conducto del MINTERSCJN a la presidencia de los órganos colegiados de circuito contendientes la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de la resolución dictada en el asunto de su índice, así como el informe sobre si el criterio sustentado en cada uno de dichos asuntos se encuentra vigente.
3. Asimismo, turnó los autos para estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán en virtud de que el problema jurídico materia de la oposición de criterio se encuentra estrechamente relacionado con el de diversa contradicción de tesis 126/2021 –de la que el citado Ministro fue ponente–; y, en ese tenor, dado que el tema a dilucidar se refiere a la materia administrativa, consideró competente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
4. TERCERO.—Avocamiento, trámite y envío a ponencia. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su presidenta quien, además, requirió nuevamente al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito la versión digitalizada de la resolución en contienda por él dictada, así como el informe sobre la vigencia del criterio en ella sustentado.
5. Asimismo, por auto de diez de enero de dos mil veintidós, tuvo por presentados los informes en cuanto a que los criterios sostenidos en los fallos en contienda se encuentran vigentes y por presentadas las constancias requeridas para la integración del asunto; por lo que dispuso que pasaran los autos a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con la fracción II del primero transitorio(2) de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno –toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I, de este último ordenamiento legal–; así como con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por un Tribunal Colegiado y un Pleno de diferentes circuitos, en asuntos especializados en materia administrativa, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la denunciante es la Ministra presidenta de la Segunda Sala en observancia a lo resuelto por esta última en la resolución dictada en la diversa contradicción de tesis 126/2021.
8. TERCERO.—Criterios contendientes. En el escrito de denuncia se anuncia que el posible problema jurídico a resolver se ciñe a determinar si, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de estar en condiciones de reclamar la omisión de dar cumplimiento a una sentencia que declara la nulidad en un juicio fallado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, los órganos colegiados contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se relatan a continuación:
I. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 403/2019, mediante resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.
a. Un particular acudió al juicio administrativo a impugnar la boleta de infracción de tránsito con número de folio 6047842, que contiene una multa equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización ($42,245.00 cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), impuesta por un oficial de la Policía Federal; juicio que se sustanció bajo el número de expediente 2567/19-07-03-8 del índice de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fallado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve mediante sentencia en la que se declaró la nulidad de la infracción de tránsito impugnada.
b. El dos de octubre de dos mil diecinueve, el particular promovió el juicio de amparo 2140/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en contra del acto reclamado del oficial de la Policía Federal consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad; sobre lo cual el Juez determinó desechar la demanda por considerar la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XX (indebidamente citada como XVIII), de la Ley de Amparo, porque, previamente a la promoción del juicio constitucional, el quejoso debió interponer el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de una sentencia de nulidad previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
c. Contra el auto de desechamiento descrito en el inciso que antecede, la parte quejosa interpuso el recurso de queja, que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente en el sentido de declararlo infundado, con base en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
• Se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque, antes de acudir al juicio de amparo, "el quejoso debió agotar el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de combatir la omisión que reprocha a la autoridad", pues a través de ese medio de defensa es posible requerir a las autoridades vinculadas con la sentencia "a dar cabal cumplimiento al fallo anulatorio pronunciado en el juicio contencioso administrativo".
• El citado recurso de queja no resulta ineficaz para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad, toda vez que resulta innecesario que en el texto normativo se prevea alguna sanción para la actitud en el supuesto de que la autoridad demandada tampoco dé cumplimiento a la eventual resolución que se dicte en la queja.
• Sobre todo porque el propio artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que cuando la autoridad demandada no cumpla una sentencia de nulidad y, más aún, la resolución que se dicte en la queja por omisión, se le impondrá una multa entre trescientas y mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, bajo el apercibimiento incluso, de que de mantener su actitud renuente, se le aplicarán nuevas multas; además de que también se informará, en su caso, a su superior jerárquico.
II. Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2019, mediante fallo de ocho de diciembre de dos mil veinte.
a. Por oficio presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la Magistrada presidenta del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sostenido por dicho órgano colegiado –al resolver el recurso de queja QA. 79/2019–, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión RA. 364/2015; asuntos que derivaron de juicios de amparo en los que se reclamó la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, y se analizó si contra ellos debió interponerse previamente el recurso de queja establecido en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
b. La indicada denuncia se registró bajo el expediente número PC01.I.A.17/2019.C, y fue fallada por el Pleno de Circuito contendiente en el sentido de que "el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es optativo para el gobernado antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de que se cuente con un recurso efectivo como prevé el artículo 17 constitucional", conforme a las consideraciones torales siguientes:
• El artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo lleva a la falsa idea de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene un procedimiento eficaz para hacer cumplir sus sentencias, lo que vincula a la parte actora en un juicio administrativo a acudir al recurso de queja ahí previsto antes de acudir al juicio de amparo indirecto.
• Sin embargo, el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias, pues sólo prevé la imposición de las multas y la vista a los superiores jerárquicos y a la contraloría interna de la dependencia correspondiente, siendo que frecuentemente las autoridades administrativas son omisas en acatar dichos fallos, pues no existen verdaderas formas coercitivas para hacerlos cumplir.
• Además, la Ley de Amparo nos lleva a un escenario duplicado, ya que los gobernados se ven obligados a acudir, primero, a un procedimiento de ejecución ineficaz en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, después, deben comparecer ante el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo indirecto.
• El juicio de amparo tiene medios más eficaces, dado que puede llegarse incluso a la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado.
• El recurso de queja previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no satisface los principios contenidos en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque no constituye un medio de defensa que permita que la sentencia de nulidad sea acatada.
• Obligar a un gobernado a agotar ineludiblemente el apuntado recurso de queja antes de acudir al juicio de amparo indirecto, constituye una revictimización del actor, pues primero fue afectado por un acto de autoridad ilegal que lo obligó a acudir al juicio administrativo federal, y aun teniendo una sentencia estimatoria, sigue siendo víctima de las ilegalidades de las autoridades por la contumacia en acatar la sentencia de nulidad.
• Resolución que dio lugar a la tesis jurisprudencial PC.I.A. J/168 A (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."(3)
9. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una oposición de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4) y a la tesis P. XLVII/2009, también del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(5)
10. Conforme a estos criterios, para que exista la contradicción de tesis, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan satisfecho los extremos siguientes:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
11. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
12. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(6)
13. Ahora, de los antecedentes y consideraciones descritos en el considerando que antecede, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sostenidos por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.
14. Ciertamente, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió su criterio en un recurso de queja promovido contra el desechamiento de una demanda de amparo, en la que se señaló como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento a una sentencia que declaró la nulidad de una multa de tránsito; sobre lo cual consideró que, como lo había determinado el Juez de Distrito, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, establece el recurso de queja por omisión en la ejecución de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que obligaba al quejoso, previamente a promover el juicio de amparo, a agotar ese medio de defensa.
15. En cambio, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver una contradicción de tesis derivada de asuntos en los que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la omisión de dar cumplimiento a una sentencia de nulidad, sostuvo que los particulares no están obligados, antes de promover el juicio de amparo, a interponer el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias y, en cambio, el juicio de amparo tiene medios más eficaces, ya que puede llegarse, incluso, a la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado.
16. Así, se satisfacen las condicionantes para la existencia de la contradicción de tesis, habida cuenta de que:
A. En los fallos dictados por dichos órganos contendientes se abordó el mismo punto jurídico, a saber, si, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesario agotar el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
B. Los órganos contendientes adoptaron posiciones opuestas, dado que el Tribunal Colegiado de Circuito en contienda sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se acuda a ese medio de defensa ordinario, mientras que el Pleno de Circuito sostuvo que se trata de una instancia optativa, por lo que el gobernado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional.
17. Sin que sea óbice el hecho de que el Pleno de Circuito en contienda, al emitir su fallo, haya hecho un pronunciamiento general en cuanto a la totalidad de los supuestos de procedencia del recurso de queja que regula la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues lo que subyace es que analizó posturas adoptadas en juicios de amparo en los que se reclamó una omisión de incumplimiento –a la que corresponde la queja prevista específicamente en el inciso a), numeral 3, de la citada porción normativa–, lo que revela un punto de choque en ese aspecto, toda vez que fue la hipótesis específica abordada también por el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente y, por ende, respecto de la cual existe un pronunciamiento divergente.
18. Por tanto, sobre la base del estudio de la misma cuestión jurídica y a partir de lo aquí relatado, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema, se reitera, es determinar si, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es necesario agotar el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
19. QUINTO.—Estudio de fondo. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se desarrolla.
20. El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte
"II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México; y,
"III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."
21. Precepto constitucional que se encuentra reiterado –casi en idénticos términos– en el artículo 1o. de la Ley de Amparo,(7) en cuanto indica que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando violen esos derechos humanos.
22. Así, se aprecia que el juicio de amparo es el procedimiento jurisdiccional en virtud del cual los gobernados están en aptitud de exigir la restitución de sus derechos humanos cuando sean transgredidos por actos de las autoridades o de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad a partir de funciones que estén determinadas por una norma general; lo que revela que, por virtud de ese juicio, el particular puede exponer las violaciones que considere fueron cometidas contra sus derechos fundamentales –ya sea de manera directa o a través de la restricción de la soberanía de las entidades federativas, o de la invasión de la esfera de competencia de la autoridad federal–.
23. Cabe destacar que el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna(8) establece una de las bases de procedencia del juicio de amparo indirecto, en la medida que consagra lo que doctrinariamente se conoce como el principio de definitividad, al señalar que si bien el juicio constitucional procede en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas, una condición indispensable para la procedencia del amparo es que aquéllos ocasionen al gobernado un agravio que no se pueda reparar a través de algún medio de defensa legal, es decir, que en principio será obligatorio agotar cualquier instancia ordinaria a través de la cual se pueda reparar el agravio, dotando así a este juicio de un carácter evidentemente excepcional o extraordinario.
24. Mientras que la Ley de Amparo en concordancia con el Texto Constitucional, refleja este carácter extraordinario del juicio en diversos preceptos, entre los que adquiere relevancia su artículo 61, fracción XX, que establece que es improcedente "... contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley."
25. Como se ve, la Carta Magna y la Ley de Amparo establecen que el gobernado estará exento de observar el mencionado principio de definitividad cuando en el medio de defensa o recurso ordinario de que se trate no se prevea la suspensión del acto reclamado (o se contemple sin los mismos alcances, con mayores requisitos o plazos que los que al efecto contempla la Ley de Amparo); así como cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
26. Y, en ese tenor, estos parámetros propios del principio de definitividad no pueden alterarse ni aplicarse de manera diversa a lo establecido por el legislador o de manera inconsistente con la naturaleza del juicio de amparo, desde luego, a partir de su carácter extraordinario.
27. Ahora, sobre estos medios de defensa ordinarios, no debe soslayarse que deben ser apreciados al tenor del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Fundamental que dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; de lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Siendo que ese derecho fundamental, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de esta Segunda Sala, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."(9)
28. Principios que operan y, por ende, son exigibles durante todas las etapas que integran el juicio, esto es, tanto en la contenciosa (que abarca la instrucción y el dictado de la resolución o sentencia respectiva), como en la posterior identificada con la materialización de la indicada resolución o sentencia (que abarca el procedimiento para cumplirla).
29. Y, en ese tenor, es evidente que el derecho de acceso a la justicia se integra también con la concreción del derecho decidido en el fallo respectivo, pues de nada sirve una sentencia incluso favorable a las pretensiones de un gobernado si no logra integrarse a su situación, lo que evidencia la relevancia del antepenúltimo párrafo del propio artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone que "... las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones".
30. En esa virtud, un juicio ordinario debe ser apreciado en su conjunto abarcando no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federales y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones.
31. Ahora, dada la litis a resolver, debe destacarse que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna(10) contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente:
"Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:
"I. La Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.
"Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30496-562be35f/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-58 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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