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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU INTERPOSICIÓN ES OPTATIVA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2019. · Registro digital (IUS): 29856
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Pág. 4446.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL VIGÉSIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DIECISÉIS DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, EMMA GASPAR SANTANA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO Y ROSA GONZÁLEZ VALDÉS. DISIDENTES: ÓSCAR PALOMO CARRASCO, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y JORGE HIGUERA CORONA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA. ENCARGADO DEL ENGROSE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIA: ELIZABETH TREJO GALÁN.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día ocho de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio sin número, presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Magistrada presidenta del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por dicho tribunal, al resolver el recurso de queja Q.A. 79/2019, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en la misma Materia y circunscripción territorial en la ejecutoria que dilucidó el amparo en revisión R.A. 364/2015, de la cual derivó la tesis aislada I.1o.A.32 K «(10a.)», publicada el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis «a las 10:15 horas», en la página dos mil cincuenta y uno del Libro 27, Tomo III, «febrero de 2016» de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, «con número de registro digital: 2011042» correspondiente al mes de febrero de dos mil dieciséis, de rubro (sic): "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO."; en la cual medularmente se estableció que, en tratándose del cumplimiento de sentencias en el juicio contencioso administrativo, es optativo para la parte actora hacer valer la queja regulada en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo.

SEGUNDO.—Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, la cual registró con el número PC01.I.A.17/2019.C; asimismo, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados involucrados la remisión del archivo digital de las resoluciones que se estimaron contradictorias e informaran si los criterios sustentados materia de la contradicción de tesis en cuestión, se encuentran aún vigentes o, en su caso, si habían sido superados o abandonados.

TERCERO.—En auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, una vez recibidos los informes respectivos, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al encontrarse integrado el expediente, en términos de los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 –quarter– 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo turnó a la Magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Pleno de Circuito de la Materia y Circuito de referencia, para la formulación del proyecto respectivo.

CUARTO.—Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al encontrarse integrado el expediente, en términos de los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 –quarter– 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo turnó al Magistrado Hugo Guzmán López, integrante del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Pleno de Circuito de la Materia y Circuito de referencia, para la formulación del proyecto respectivo, toda vez que así se ordenó en sesión de veintinueve de octubre pasado, al no haber obtenido mayoría el proyecto.

QUINTO.—Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte la presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó returnar el asunto al Magistrado Salvador Mondragón Reyes, integrante del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEXTO.—Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, la presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito acordó dejar sin efectos el returno efectuado al Magistrado Salvador Mondragón Reyes el cuatro de febrero del año en curso y returnarlo al Magistrado Jesús Alfredo Silva García, integrante del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SÉPTIMO.—En sesión de ocho de diciembre de dos mil veinte, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito acordó que el Magistrado Juan Carlos Cruz Razo, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuera el encargado del engrose de la presente ejecutoria.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 45 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante Acuerdo General 52/2015, publicado en el citado medio de difusión oficial el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que los órganos colegiados contendientes son tribunales con competencia en Materia Administrativa del Primer Circuito, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la determinación dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis en la contradicción de tesis 301/2016.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien resolvió el recurso de queja Q.A.-79/2019, en la que se estableció uno de los criterios contendientes; por tanto, el mencionado órgano de control de la constitucionalidad está legitimado para formular dicha denuncia.

TERCERO.—Argumentación de las sentencias. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.

1. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve el recurso de queja Q.A.- 79/2019, sostuvo las consideraciones siguientes:

"Cuarto.—Estudio. Con el propósito de resolver los planteamientos propuestos, es conveniente informar los antecedentes relevantes del asunto, así como las consideraciones en que se sustenta el auto recurrido.—De las constancias que integran el recurso de queja se desprende que el inconforme promovió juicio de amparo en contra de la omisión del subdelegado de prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de cumplir la sentencia definitiva dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de anulación **********, en que declaró la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito que presentó ante dicha autoridad, por el que solicitó el ajuste a su cuota diaria de pensión.—En el auto recurrido, la juzgadora desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que se actualizó, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sobre la base de que, en contra de la omisión reprochada, procede el recurso de queja establecido en el diverso 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, al no haber agotado ese medio de defensa, la vía extraordinaria resultó improcedente.—En contra de esa determinación, en el primer agravio, el recurrente asevera que agotó el procedimiento a que se refiere el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que, a petición del promovente, la Sala requirió a la autoridad demandada, y a su superior jerárquico, el cumplimiento de la sentencia definitiva y, ante la omisión en que incurrieron, les impuso diversas multas, informó lo sucedido a la Contraloría del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.—Sostiene que lo anterior es así, puesto que, en cada requerimiento a las obligadas, medió solicitud del inconforme, por lo que, con independencia de que no haya interpuesto el recurso de queja previsto en la fracción II del precepto mencionado, para lograr el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de anulación **********, hizo valer uno de los procedimientos establecidos con ese propósito (fracción I); de ahí que no esté ajustado a derecho el desechamiento de la demanda de amparo.—Agrega que, de resultar obligatorio para el recurrente tener que agotar los dos procedimientos regulados en las fracciones I y II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contravendría su derecho de acceso a la justicia, pues la demandada se ha abstenido de acatar la sentencia, a pesar de los requerimientos del tribunal de anulación federal, sin que la interposición del recurso de queja garantice la plena ejecución de aquella resolución, máxime que el inconforme tiene la calidad de pensionado y es un adulto mayor que debe tener una especial protección por parte del Estado.—En el segundo agravio, el inconforme sostiene esencialmente que, contrario a lo determinado por el a quo, la interposición del recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es optativo, ya que su contenido hace referencia a la expresión podrá, por lo que no se le puede constreñir a hacer valer ese medio de defensa, previo a promover el juicio de amparo.—De los planteamientos sintetizados se advierte que la problemática consiste en determinar si el inconforme está obligado a agotar el citado recurso de queja, previo a promover el juicio de amparo, a partir de que refiere que hizo valer el procedimiento contenido en la fracción I del propio precepto, aunado a que la interposición del citado recurso es optativa, al establecerse de ese modo en dicho ordenamiento.—Con ese propósito, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé: ‘Artículo 58.’ (se transcribe).—Del precepto reproducido se advierte la existencia de dos procedimientos distintos para lograr el pleno cumplimiento de una resolución que ha causado estado, ya sea que el tribunal actúe de oficio, o bien, a petición de parte.—En el primer supuesto, el operador jurídico, oficiosamente, emitirá diversos requerimientos a la demandada, y a su superior jerárquico, para lograr el cumplimiento de la sentencia, en que, concluido el plazo previsto para tal efecto, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, lo que puede dar lugar a la imposición de diversas multas y culminar con la vista al contralor para la investigación de los hechos.—En el segundo procedimiento, el afectado podrá interponer recurso de queja, por escrito, al que acompañará la resolución que lo motivó, en caso de que cuente con ella, y se pedirá a la autoridad, a quien se atribuya el incumplimiento, el informe correspondiente, a efecto de que el juzgador esté en aptitud de determinar lo conducente.—En el caso, ante la contumacia del subdelegado de prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, del instituto demandado, de acatar la sentencia definitiva dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, el quejoso asevera que combatió dicho incumplimiento a través del procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues elevó diversas solicitudes para que el citado órgano jurisdiccional requiriera a las obligadas.—El argumento así propuesto se debe desestimar, ya que, como se explicó, el procedimiento a que se refiere el supuesto previsto en la citada fracción es de ejercicio oficioso por parte del tribunal de anulación federal, es decir, esa norma permite que el órgano jurisdiccional determine si lleva a cabo sus atribuciones para lograr el cumplimiento forzoso de su resolución; de ahí que no sea necesario el impulso procesal del afectado, al tratarse de una facultad exclusiva del juzgador.—Consecuentemente, es inviable concluir que el promovente observó el principio de definitividad, porque hizo valer lo establecido en la fracción I del artículo 58, pues, como quedó demostrado, en ese supuesto normativo no tiene intervención el interesado, al ser de ejercicio oficioso por parte del tribunal; de ahí la ineficacia del planteamiento propuesto.—En relación a la aseveración atinente a que el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de interposición optativa para el inconforme, ya que dicho precepto establece expresamente que el afectado podrá hacer valer ese medio ordinario de defensa, por lo que no era necesario que lo agotara previo a promover el juicio de amparo; es conviene informar el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 61.’ (se transcribe).—El precepto reproducido establece el principio de definitividad, al prever la improcedencia del juicio de amparo respecto de actos administrativos contra los que los ordenamientos que los rijan concedan algún recurso ordinario previo para su modificación, revocación o nulificación, y aun cuando el citado principio no es absoluto, por las excepciones previstas al efecto, se instituye como regla general.—A la par de lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 89/2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió, entre otros aspectos, que la expresión poder, o su conjugación podrá, utilizada en diversas legislaciones, hace referencia a una permisión a quien no esté de acuerdo con una resolución, para la oportunidad de hacer valer un medio de defensa, por lo que si no se presenta tal inconformidad, en los plazos legales previstos para tal efecto, se entenderá como aceptado o consentido de manera tácita.—Explicó que, con ello, el legislador acató el imperativo constitucional del derecho de audiencia al establecer para el afectado la posibilidad de solicitar ante la autoridad superior de la responsable, la revisión de dicha resolución, por lo que será optativo para el gobernado recurrir o no esa resolución, en este último caso, traería consigo el consentimiento tácito.—Destacó que el hecho de que en los ordenamientos se empleé el vocablo podrán, para hacer referencia a la interposición de un recurso ordinario de impugnación, no implica que sea optativo, alternativo u opcional para el interesado hacer valer o no el recurso, previamente a acudir al juicio de amparo, pues la propia Ley de Amparo establece la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa, que no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que eso atañe a la importancia y función de la promoción de la vía extraordinaria.—Bajo ese contexto, concluyó que, para la procedencia del juicio de amparo, deberá intentarse de manera previa el recurso o medio de defensa por virtud del que puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de autoridad, sin que ello deba entenderse de manera contraria o diferente por la interpretación de un diverso término gramatical en sentido equívoco al verdadero origen y ejercicio de la Ley de Amparo, salvo las excepciones establecidas.—Esas consideraciones quedaron reflejadas en la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, página 355, que establece: ‘RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO «PODRÁ» EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).—Aun cuando el criterio anterior se definió en relación con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo abrogada, es aplicable al asunto, ya que su contenido fue retomando (sic), en términos similares, en el diverso 61, fracción XX, de la legislación vigente.—En virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que el vocablo podrán, previsto en diversas legislaciones, no implica que sea optativo o alternativo para el interesado agotar o no los recursos ordinarios, previo a acudir al juicio de amparo, sino que esa opción es respecto a la decisión que eventualmente asuman los afectados de recurrir o no las resoluciones correspondientes, pues si no presentan tal inconformidad se entenderán consentidas tácitamente, máxime que la propia Ley de Amparo establece la obligación de hacer valer los medios ordinarios de defensa.—Consecuentemente, siguiendo esas consideraciones, la expresión podrá prevista en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo debe entenderse como la posibilidad que tiene el inconforme, si así lo decide, de interponer el recurso de queja contra el incumplimiento del fallo definitivo, mas no, como lo pretende el quejoso, de elegir entre el citado medio de defensa o la vía extraordinaria.—Lo anterior, ya que, como se adelantó, salvo los casos de excepción, sólo se puede acudir al juicio extraordinario cuando se hayan agotado de manera previa los recursos ordinarios por los que se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados.—Por tanto, mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un medio ordinario de defensa, pueda decidir sobre el acto que afecta al particular, el juicio de amparo será improcedente.—Bajo ese contexto se concluye que, como determinó el a quo, contra la omisión reprochada del subdelegado de prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acatar la sentencia dictada en el juicio de anulación **********, el inconforme debió interponer recurso de queja previsto en el precepto mencionado, previo a acudir al juicio de amparo, ya que no es optativo para el recurrente en relación con el medio extraordinario de defensa; de ahí que se haya actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como determinó el a quo.—Finalmente, los planteamientos en el sentido de que el quejoso es un pensionado y adulto mayor que pertenece a un grupo vulnerable que merece una protección especial, por sí sola, resulta insuficiente para desvirtuar la conclusión alcanzada, si se considera que, en el caso, está involucrado un principio que rige al juicio de amparo, que obliga a agotar las jurisdicciones y competencias ordinarias, que no puede supeditarse a la condición particular del quejoso.—En mérito de las explicaciones que anteceden, al no haber prosperado los argumentos del inconforme, lo que se impone conforme a derecho es declarar infundado el recurso de quejan (sic).—QUINTO. Denuncia de contradicción de tesis. El criterio de esta resolución relativo a la obligación de interponer recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previo a acudir al juicio de amparo, es opuesto al criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, reflejado en la tesis aislada I.1o.A.32 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo III, Décima Época, página 2051, que establece: ‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).—Por tanto, es viable realizar la denuncia de contradicción al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que defina el criterio que habrá de prevalecer en asuntos futuros."

2. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de ocho de octubre de dos mil quince el amparo en revisión R.A.- 364/2015, expuso:

"Cuarto.—Para tener un panorama claro sobre la litis en este medio (sic) defensa, es necesario puntualizar que, tal como fue precisada la materia de controversia por el Juez de Distrito, la demandante impugnó la falta de cumplimiento de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil catorce, emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio contencioso administrativo 14295/13-17-09-5.—En ese medio de defensa, la gobernada demandó la nulidad del oficio **********, de once de abril de dos mil trece, mediante el que la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado resolvió desfavorablemente sobre la petición elevada por la primera para que fuera ajustada su pensión conforme a la constancia de evolución salarial que exhibió, al considerar que el monto de la cuota que percibe es correcto.—En el considerando tercero de la sentencia sujeta a revisión, el juzgador sostuvo que no es cierta la omisión reclamada de, entre otros, el director general y el titular de la Dirección (sic) Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que, además de que el primero negó su existencia y la quejosa no ofreció pruebas de lo contrario, de autos se desprende que es la jefa del departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal del citado organismo descentralizado a quien corresponde el cumplimiento del fallo pronunciado en el juicio anulatorio.—En contra de esa decisión, en la parte final de sus agravios, expone que el resolutor debió tomar en cuenta que tales autoridades, superiores jerárquicos de la demandada en el procedimiento natural, no rindieron sus informes justificados, además de que su actuación respecto de sus subordinados debe ser conforme al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.—Para dar solución a ese argumento, conviene tomar en cuenta el contenido del artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo: ‘Artículo 117.’ (se transcribe).—De acuerdo con la norma de referencia, en la parte destacada, la falta de presentación del informe justificado genera una presunción en contra de la autoridad responsable, en el sentido de que es cierto el acto que de ella reprocha la parte quejosa.—No obstante, el propio precepto indica que es factible desvirtuar ese elemento de prueba, a partir de otros medios de convicción en contrario.—Esa disposición es congruente con la naturaleza de las presunciones que, al constituir una suposición que se deduce de hechos u omisiones comprobadas, dejarán de ser aptas para crear convicción en el tribunal si éste cuenta con elementos adicionales de descargo (salvo los casos en que la ley no permita su valoración), como indica el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo: ‘Artículo 191.’ (se transcribe).—La explicación que antecede obedece a que, si bien es verdad que los funcionario a quienes se atribuyó el carácter de superiores jerárquicos de la jefa del departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado omitieron rendir sus informes justificados, el Juez de Distrito consideró que la presunción de existencia de los actos reclamados quedaba desvirtuada con las constancias que integran el expediente del juicio de nulidad.—Esa decisión debe ser entendida en el contexto en que el funcionario judicial precisó la materia del juicio, en el considerando segundo del fallo recurrido: (se transcribe).—Como se advierte, la decisión cuestionada parte de la base de que, al haberse reclamado la falta de cumplimiento de una sentencia, era necesario verificar a quién corresponde llevarlo a cabo; de ahí que se tuviera por cierta la omisión sólo con relación a la autoridad demandada en el juicio de nulidad.—No pasa inadvertido que la promovente hace depender su alegato del contenido del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, atendiendo a la causa de pedir que se desprende de los agravios, en concatenación con los hechos expresados en la demanda de amparo, este tribunal considera que su inconformidad deriva de que, de acuerdo con dicha norma, los superiores jerárquicos de la parte demandada en el juicio de nulidad pueden ser requeridos para que la obliguen a acatar la sentencia (facultad que en el caso ejerció la Sala del conocimiento). Sin embargo, conviene reiterar que sólo se tuvo como acto reclamado el incumplimiento del fallo, lo cual no fue controvertido por la quejosa, por lo que es correcta la afirmación del juzgador, en el sentido de que las obligaciones que impone dicha resolución (que se traducen en efectuar el ajuste a la pensión de la derechohabiente y pagar cantidades aún indeterminadas) sólo están directamente a cargo de quien fungió como parte demandada en el medio de defensa ordinario, esto es, la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.—Ello, con independencia del deber que tienen las autoridades de constreñir a sus subalternos a respetar las decisiones jurisdiccionales, ya que, como se dijo, ese aspecto no fue considerado materia del litigio en la primera instancia de este juicio, lo cual quedó firme ante su falta de impugnación.—En ese contexto, el agravio analizado es infundado.—En diverso apartado de la sentencia combatida, el Juez estudió la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.—Expuso que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula un procedimiento para lograr la ejecución de las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivado de que ese órgano está dotado de autonomía para hacer efectivas sus determinaciones.—Indicó que, para ese efecto, la ley dispone la existencia de una queja por incumplimiento, que configura la jurisdicción ordinaria que debe agotar la demandante y, al no haberlo hecho, el juicio de amparo es improcedente.—Apoyó su criterio en la tesis aislada II.2o.T.Aux.30 A (sic) (se citan datos de localización), de rubro: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe).—Destaca que, según el primer párrafo de ese precepto, el trámite para hacer cumplir las resoluciones del tribunal ‘puede ser de oficio o a petición de parte’.—Con relación a lo expuesto, conviene aclarar que las reglas del juicio de amparo no imponen formalidades respecto de la estructura de los agravios, ya que el inconforme sólo debe brindar los elementos suficientes para advertir por qué, en su opinión, la decisión que cuestiona le causa un perjuicio injustificado.—Cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 69/2000, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, visible en el Seman

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29856-d7b1822a/recurso-de-queja-previsto-en-la-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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