RECURSO DE QUEJA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. RECURSO DE QUEJA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO VIOLA EL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 166/2024. GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V. 24 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 166/2024, interpuesto por Grupo Comercial Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 983/2023.
El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1 a 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vulnera los derechos de igualdad y de tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Primera resolución determinante. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, determinó dos créditos a Grupo Comercial Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, por incumplir sus obligaciones fiscales en el ejercicio de dos mil once.(1)
2. Recurso de revocación y primera sentencia en juicio de nulidad. En contra de la determinación anterior, la contribuyente interpuso recurso de revocación ante la autoridad fiscal, el cual fue resuelto el treinta de enero de dos mil diecisiete en el sentido de confirmar la resolución determinante. Inconforme, la empresa promovió juicio contencioso administrativo, cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
3. Primer juicio de amparo directo. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora promovió demanda de amparo directo, la cual fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que la registró con el expediente 160/2018 y, en sesión de siete de febrero de dos mil diecinueve, otorgó el amparo para efecto de que la Sala responsable analizara con libertad de jurisdicción diversos conceptos de violación cuyo estudio omitió en la sentencia reclamada.
4. Segunda sentencia en juicio de nulidad. En cumplimiento a la determinación anterior, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que nuevamente reconoció la validez de las resoluciones impugnada y recurrida.
5. Segundo juicio de amparo directo. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que la registró con el expediente 304/2019 y, en sesión de dos de febrero de dos mil veintiuno, concedió el amparo sobre la base de que la autoridad determinante del crédito fiscal fundamentó de forma insuficiente su competencia material.
6. Los efectos del amparo fueron para que la sala administrativa dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara una nueva en la que declarara la nulidad lisa y llana de la resolución determinante.
7. Tercera sentencia en juicio de nulidad. En cumplimiento a la citada ejecutoria, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia en la que declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y recurrida.(2)
8. Segunda resolución determinante. El seis de julio de dos mil veintidós, la Administración de Fiscalización a Grupos de Sociedades "3", de la Administración Central de Fiscalización a Grupos de Sociedades, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, determinó nuevamente dos créditos a la actora por incumplir sus obligaciones fiscales en el ejercicio de dos mil once.(3)
9. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós la actora interpuso recurso de queja ante la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Alegó que la segunda resolución determinante se emitió en contravención a lo dispuesto por el artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(4) porque le fue notificada una vez que se actualizó la caducidad prevista en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por lo que procedía que se dejara sin efectos.
10. El trece de abril de dos mil veintitrés, la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró improcedente la queja interpuesta por la actora, sobre la base de que dentro de las hipótesis de procedencia del citado recurso, previstas en el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(5) no está la posibilidad de recurrir la resolución emitida y notificada después de caducadas las facultades de la autoridad administrativa.
11. La Sala precisó que el nuevo crédito controvertido no se emitió en términos del artículo 57, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(6) sino del inciso a) de dicho precepto, hipótesis que no está contenida en los supuestos de procedencia de la instancia de queja; finalmente, previno a la promovente para que, en su caso, presentara demanda de nulidad contra la nueva resolución determinante.
12. Demanda de amparo indirecto. El seis de junio de dos mil veintitrés la actora, por conducto de su representante legal, presentó demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
Autoridades responsables
• El Congreso de la Unión.
• El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
• La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Actos reclamados
• Del Congreso de la Unión se reclama la discusión, aprobación y expedición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en específico, el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, con motivo de su primer acto de aplicación.
• Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la iniciativa y promulgación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en específico, el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, con motivo de su primer acto de aplicación.
• De la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se reclama la resolución de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el expediente queja por preclusión número [...] en que se aplicó la norma reclamada.
13. La quejosa moral señaló como derechos humanos vulnerados los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal e hizo valer un concepto de violación en que, en síntesis, alegó:
• Es inconstitucional el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a la luz de los derechos fundamentales de igualdad y de tutela jurisdiccional efectiva, al no considerar la procedencia de la queja contra resoluciones definitivas emitidas y notificadas después de caducadas las facultades de la autoridad administrativa para dictar una nueva resolución, en contravención a lo establecido en el artículo 57, fracción I, inciso a), de esa ley.
• En términos del artículo 58 citado, numerales 1 a 4, la instancia de queja procede: I) cuando la resolución repita indebidamente la resolución anulada o se incurra en exceso o en defecto; II) cuando la resolución definitiva sea emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; III) cuando la autoridad omita dar cumplimiento al fallo; o IV) cuando no dé cumplimiento a la suspensión.
• Existen otros actos que, al igual que los descritos, conllevan el incumplimiento de una sentencia definitiva y, por ende, en aras de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones, tal como lo mandatan los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberían admitir igualmente en su contra la instancia de queja.
• Uno de ellos tiene lugar en los casos en que la sentencia declaró la nulidad de la resolución impugnada por vicios de incompetencia y la autoridad pretende iniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución, a pesar de que caducaron sus facultades, en flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• De conformidad con el precepto en cita, las autoridades demandadas, y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que, en los casos en que la sentencia declare la nulidad –inclusive en forma lisa y llana– y ésta se funde en vicios de incompetencia, a saber, en la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia que declaró la nulidad, siempre que no hayan caducado sus facultades, aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana; lo que, en sentido contrario, debe interpretarse en el sentido de que existirá violación a la sentencia cuando dicho acto se emita cuando hubieran caducado las facultades a la autoridad, en términos de la legislación aplicable.
• La posibilidad de alegar preclusión por la violación al artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no está prevista expresamente como causal de procedencia de la queja en el artículo 58, fracción II, inciso a), de la ley, dado que la única hipótesis referida a la preclusión es a la que se alude en el numeral 2, que tiene lugar cuando la resolución definitiva es emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre que se trate de un procedimiento oficioso.
• De ahí que la norma vulnere el derecho de igualdad, en la medida que el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece una diferenciación legislativa sin justificación constitucional dado que, por una parte, admite la procedencia de queja contra resoluciones que violen lo establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la ley y, por la otra, no admite la citada instancia contra resoluciones que violen lo establecido en los artículos 57, fracción I, inciso a). Lo anterior, no obstante que, en términos del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las autoridades demandadas están obligadas a cumplir las sentencias respetando lo establecido tanto en el inciso a), como en el b), de su fracción I, dependiendo del vicio que motivó la nulidad; y que la instancia de queja, regulada en el artículo 58 de esa ley, tiene por objeto asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal. Por lo que la instancia de queja debería ser procedente tanto en uno como en otro caso, dado que tienen como común denominador el que la autoridad no cumplió con la sentencia a pesar de encontrarse obligada.
• También la norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. De conformidad con el artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo cual, en los casos en que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en vicios de incompetencia, a saber, en la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades, aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana, lo que, en sentido contrario, debe interpretarse en el sentido de que existirá violación a la sentencia cuando dicho acto se emita cuando ya hubieran caducado las facultades a la autoridad. Entonces, la legislación positiva debería prever la interposición de un medio de defensa ordinario en contra de la resolución que se emita en contravención de la citada norma, esto es, una instancia que permita ejecutar la sentencia violada, pues sólo así se lograría una tutela judicial efectiva.
• Por lo anterior, se solicita a conceder el amparo y protección de la justicia federal, otorgamiento que deberá hacerse extensivo al acto de aplicación, a saber, a la resolución por la que se determinó calificar como improcedente la instancia de queja formulada por la quejosa.
• Contrario a lo determinado en la resolución reclamada, la Sala administrativa, en ejercicio de un control difuso de constitucionalidad, debió inaplicar el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para efecto de considerar procedente el recurso de queja interpuesto por la actora.
• La declaratoria de inconstitucionalidad de la norma y de su acto de aplicación deberá ser para el efecto de extender el ámbito de aplicación de la norma al caso que nos ocupa, en el cual se sostiene una violación al artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues sólo así podrá repararse la violación a tales derechos.
14. Admisión y trámite. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se registró con el número de expediente 983/2023 y se admitió a trámite.
15. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que negó el amparo. Las consideraciones que sustentan dicha determinación son, en esencia, las siguientes:
• Es inoperante el único concepto de violación hecho valer por la quejosa, porque lo que en realidad alega es una posible omisión legislativa del artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al sostener que éste no prevé la procedencia del recurso de queja contra otros actos que también constituyan incumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en específico, para alegar la preclusión por la violación al artículo 57, fracción I, inciso a) de la misma ley.
• El razonamiento hecho valer por la quejosa no se trata de un planteamiento de inconstitucionalidad; en primer lugar, porque no se tiene un referente normativo que pueda confrontarse con el orden constitucional, pues únicamente se tiene lo que, según la parte quejosa, debió decir la norma, pero esa proposición, por más lógica o razonable que parezca, en realidad no es parte de la norma. En segundo lugar, porque lo que verdaderamente está proponiendo es que existe una laguna en la ley, tema que no corresponde al rubro de inconstitucionalidad de las leyes, sino al de legalidad, pues será la autoridad aplicadora la que deberá decidir el modo de colmar esa laguna legislativa.
• Conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el presente juicio de amparo se analice la inconstitucionalidad de una omisión legislativa es necesario que exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido, y que esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Sin embargo, la parte quejosa no indica cuál es el mandato constitucional que establece con toda claridad el deber de legislar en el sentido que pretende, al no hacerlo así, lo procedente es declarar la inoperancia del concepto de violación.
• Además, la quejosa hace depender la inconstitucionalidad del artículo reclamado de circunstancias individuales y, por ende, deben ser declarados inoperantes los argumentos que expone en vía de conceptos de violación.
• También es inoperante el razonamiento hecho valer contra la resolución reclamada, ya que se sustenta en que ésta fue fundada en una norma inconstitucional, circunstancia que no quedó demostrada.
16. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión. En su primer (y único) agravio alega:
• El juez de distrito no debió declarar inoperante el único concepto de violación dado que no se pretendió reclamar una omisión legislativa, tampoco se hicieron valer argumentos dependientes de una situación particular. Lo que se alegó fue la inconstitucionalidad del artículo 58, fracción II, inciso a), en lo general, así como su numeral 2, en específico, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo porque vulnera los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva, en tanto no establece, como hipótesis para la procedencia de la queja en juicio contencioso administrativo, los casos en que la autoridad dicte resolución en contravención al artículo 57, fracción I, inciso a), de dicha ley.
• No era aplicable la doctrina de las omisiones legislativas, sino que debió analizarse de fondo la violación al derecho de igualdad que se hizo valer, conforme con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CX/2010, de rubro: "IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA SI SE ADVIERTE QUE LA NORMA GENERA UN TRATO DESIGUAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA."(7)
• De los argumentos hechos valer en la demanda de amparo no se advierte que la quejosa haya cuestionado una omisión legislativa, sino –reitera la recurrente– la vulneración a los derechos de igualdad y tutela judicial efectiva por parte de la norma reclamada.
• Contrario a lo afirmado por el juez, la quejosa expresó planteamientos de inconstitucionalidad de la norma reclamada, precisamente relativos a que ésta vulnera los multicitados derechos de igualdad y tutela judicial efectiva. De ahí que no sea verídico el postulado del juez, en el sentido de que la promovente se limitó a señalar "lo que debió decir la norma."
• Tampoco es correcto que el juez de distrito afirme que "lo que verdaderamente se está proponiendo es que existe una laguna en la ley", dado que ello no es verdad, además de que resulta incongruente con el propio fallo ya que, conforme con lo determinado en la tesis aislada 1a. XIX/2018 (10a.), de rubro: "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS.",(8) una laguna normativa no es lo mismo que una omisión legislativa. Por ende, la sentencia recurrida es ilegal, pues en una parte califica el concepto de violación como inoperante por supuestamente impugnar una omisión legislativa, mientras que en otra parte dicha calificación obedece a que la quejosa, supuestamente, controvierte una laguna normativa. • Al margen de lo anterior, lo cierto es que la quejosa no reclamó una laguna normativa, pues no se dolió de que el legislador no reguló su supuesto de hecho específico, sino de que la norma reclamada es inconstitucional por la diferencia de trato y la restricción injustificada al derecho de acceso a la justicia que provoca, al no establecer como hipótesis para la procedencia de la queja los casos en que la autoridad dicte resolución en contravención al artículo 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• El juez de distrito se equivoca al afirmar que la quejosa hizo depender la inconstitucionalidad del artículo reclamado de circunstancias particulares, pues la norma reclamada se cuestionó a partir de sus características, es decir, de su contenido intrínseco, en razón del trato que genera a cualquiera de los destinatarios que se encuentren en la misma situación que la quejosa.
• Al haberse demostrado que el planteamiento contra la norma reclamada no era inoperante, por congruencia, tampoco debía calificarse de esta forma el razonamiento dirigido a controvertir su primer acto de aplicación.
17. Trámite del recurso de revisión. El medio de impugnación fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se registró con el número de expediente 490/2023 y se admitió a trámite.
18. Resolución del Tribunal Colegiado. Agotados los trámites conducentes, en sesión de seis de febrero de dos mil veinticuatro el órgano colegiado dictó sentencia en la que reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocuparse del planteamiento de constitucionalidad respecto del artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
19. Trámite ante la Suprema Corte. El siete de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta asumió competencia originaria para conocer del recurso, registrándolo bajo el número de expediente 166/2024; turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y ordenó su radicación en la Segunda Sala.
20. Avocamiento. Mediante acuerdo cinco de abril de dos mil veinticuatro el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
21. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
II. COMPETENCIA
22. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 81, fracción I, inciso e),(10) y 83 de la Ley de Amparo;(11) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(12) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(13) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés modificado el diez de abril del mismo año; por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa interpuesto contra una sentencia dictada por un juez de distrito en la que subsiste el problema de constitucionalidad de una ley federal,(14) siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. OPORTUNIDAD
24. Resulta innecesario el pronunciamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la oportunidad de los medios de impugnación, toda vez que dicho presupuesto procesal ya fue materia de estudio por el tribunal colegiado del conocimiento.(15)
IV. LEGITIMACIÓN
25. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, toda vez que lo hace valer la representante legal de la parte quejosa, carácter que le fue reconocido en el juicio de amparo indirecto 983/2023, en acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés.
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. PROCEDENCIA
27. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte considera que el recurso de revisión es procedente, de conformidad con lo ordenado en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ya que se interpone contra una sentencia dictada en audiencia constitucional.
28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
29. No existen causas de improcedencia pendientes de estudio, ni se advierte de oficio alguna diversa a las ya analizadas por el juez de distrito, sin que pase inadvertido que, en su informe justificado, la Cámara Senadores hizo valer lo siguiente:
"[...] la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito, no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en este Cuerpo Colegiado no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera de derechos del amparista [...]."
30. Sin embargo, se estima innecesaria la devolución del asunto al tribunal colegiado para el estudio específico de dicha causal, toda vez que ello a nada práctico conduciría y sólo retrasaría la resolución del caso, máxime que resulta evidente que: I) no es viable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; y II) el perjuicio que genere o no la expedición de la norma impugnada corresponde al estudio de fondo del asunto.(16)
31. Con lo anterior, no se advierte diversa causal de improcedencia, pendiente de estudio o identificada de oficio, que obstaculice la procedencia del juicio de amparo.
32. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
VII. ESTUDIO DE FONDO
33. Para dar solución a los agravios hechos valer por la recurrente conviene precisar que, como se expuso párrafos atrás, la quejosa reclamó el artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula los casos en que procede el recurso de queja en sede contenciosa administrativa.
34. La inconformidad de la promovente radica en que dicha norma no prevé la posibilidad de recurrir –mediante queja– la resolución emitida y notificada después de caducadas las facultades de la autoridad administrativa, cuando previamente se declaró la nulidad de una resolución anterior por vicios en la competencia de la autoridad que la emitió.
35. En su demanda de amparo, la quejosa alegó que la citada norma vulnera el derecho de igualdad porque, además de los supuestos de procedencia previstos en la norma controvertida, existen otros actos que conllevan un incumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como cuando se declara la nulidad por vicios de competencia y la autoridad pretende iniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución a pesar de que caducaron sus facultades.
36. En específico, adujo que la norma genera un trato diferenciado injustificado porque, en su numeral 2, permite la procedencia del recurso de queja contra resoluciones que se emitan después de caducadas las facultades de la autoridad administrativa, cuando se trata de resoluciones dictadas en contravención al artículo 57, fracción I, inciso b), de la citada ley (nulidad por vicios formales o del procedimiento), pero excluye de ese supuesto a las resoluciones que violen lo establecido en el inciso a) de dicho artículo (nulidad por vicios de competencia).
37. También expuso que el artículo controvertido es contrario al derecho de tutela judicial efectiva porque impide acudir ante un medio de defensa ordinario contra la resolución que vulnere la sentencia de nulidad dictada previamente.
38. En la sentencia recurrida, el juez de distrito calificó como inoperantes los anteriores argumentos al considerar que lo que "en realidad" reclamó la quejosa fue una "omisión legislativa del artículo 58, fracción II, inciso a), numerales 1, 2, 3 y 4, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al sostener que éste no prevé la procedencia del recurso de queja contra otros actos que también constituyen incumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en específico, para alegar la preclusión por la violación al artículo 57, fracción I, inciso a), de la misma ley."
39. Planteamiento que –dijo el juez– no es de inconstitucionalidad de leyes porque no se tiene un referente normativo que pueda confrontarse con el orden constitucional, aunado a que lo que verdaderamente propuso la quejosa es que existe una laguna en la ley, tópico que no es de constitucionalidad.
40. El juzgador añadió a la calificativa de inoperancia el hecho de que, a su consideración, la promovente hizo depender su agravio de circunsta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32744-0c8c9a5a/recurso-de-queja-el-articulo-58-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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