INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 223/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO ESPECIALIZADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios provenientes de un Pleno de Circuito Especializado y un Tribunal Colegiado, de distintos Circuitos sobre asuntos de la materia administrativa.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 549/2015
1. Una derechohabiente promovió juicio de amparo contra el subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien le reclamó la retención y/o descuentos realizados con posterioridad al otorgamiento de su pensión de viudez de la cual era titular, a través del concepto 48 compatibilidad de pensión, así como la aplicación de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la ley del referido instituto vigente, declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Del asunto conoció el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien lo registró bajo el expediente 1141/2015 y, seguida la secuela procesal correspondiente, dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil quince en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no agotarse el principio de definitividad.
3. La parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo registró bajo el expediente RA. 549/2015.
4. En sesión de once de mayo de dos mil dieciséis, dicho Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia, en la que revocó el fallo y concedió el amparo solicitado, con base en las consideraciones que se sintetizan a continuación.
En primer término, el tribunal destacó que el Juez de Distrito incorrectamente fijó los actos reclamados, al precisar que consistía "en la orden verbal de diecinueve de junio de dos mil quince por virtud de la cual la autoridad responsable le realiza la retención o descuentos realizados, respecto de la pensión de viudez con número ********** ...", pues la quejosa no había impugnado orden verbal alguna, ni se realizaron los descuentos a los montos impugnados en esa fecha.
En ese sentido, señaló que el acto reclamado que se le atribuyó al subdelegado de Prestaciones de la Delegación de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistía en los descuentos realizados con posterioridad a que fuera otorgada la pensión de viudez **********, de la cual la quejosa era titular a partir del nueve de diciembre de dos mil siete por el concepto "48 compatibilidad de pensión."
Revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, al estimar que el caso concreto se encontraba excepcionado del agotamiento del principio de definitividad, pues de los comprobantes de pago exhibidos por la quejosa, se advertía que los descuentos reclamados carecían de fundamentación.
En cuanto al estudio de fondo consideró, esencialmente, fundado el concepto de violación relativo a que los descuentos efectuados a la pensión de viudez, se realizaron con base en la aplicación de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que establecen la compatibilidad de la pensión de viudez y jubilación con un monto máximo equivalente a diez veces el salario mínimo, los cuales fueron declarados inconstitucionales por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarlos contrarios al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional.
Al respecto, precisó que esta Segunda Sala concluyó que la pensión de viudez y la jubilación no eran excluyentes entre sí, al originarse por diversos motivos y atender a distintas finalidades, lo cual se corroboraba del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)." y la tesis aislada 2a. CXII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL."
Precisó que a la quejosa se le otorgó la pensión por jubilación a partir del uno de junio de mil novecientos noventa y cinco y la de viudez, a partir de nueve de diciembre de dos mil siete, y se limitó el monto de la suma de éstas, por exceder de la cuota máxima pensionaria a que se referían los artículos 51 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada.
Así, definió que los descuentos reclamados a la pensión de viudez de la quejosa eran inconstitucionales, al derivar de la aplicación de preceptos normativos, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por tanto, concedió el amparo para los siguientes efectos:
a) Se restituyan a la quejosa los montos que le han sido descontados con motivo del concepto 048, relativo a la "compatibilidad de pensión", realizados con motivo de la aplicación de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que hace a aquellos anteriores a la publicación de la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), siempre que no se haya actualizado su prescripción; y,
b) Cese en el presente y futuro cualquier tipo de descuento o retención que tenga como fundamentos las normas inconstitucionales referidas.
Asimismo, destacó que no compartía la jurisprudencia PC. IX.C.A J/1 A (10a.), del Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, de título y subtítulo: "ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", por las razones que a continuación se transcriben:
Ello es así, porque atendiendo a que el derecho fundamental en juego es el de seguridad social, a la imprescriptibilidad de los derechos a la jubilación, a la pensión y para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos (con las limitantes jurisprudenciales que ha establecido la superioridad) y conforme a una interpretación a la luz de los principios constitucionales de administración de justicia pronta y completa, así como de supremacía constitucional, se estima que, ante la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los preceptos en que se fundamentan los descuentos, es factible que los efectos del fallo protector, por una parte, se hagan extensivos a aquellos anteriores al acto de aplicación que en específico se haya combatido (con las limitantes jurisprudenciales que ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se verá más adelante) y, por otra, que se imponga la no aplicación a futuro de los numerales, pues no se puede soslayar que se trata de actos que también son inconstitucionales y que, siendo oportuna la presentación de la demanda por lo que hace a los mismos, deben quedar insubsistentes y que la finalidad última es que prevalezca lo dispuesto en la Ley Fundamental, aunado a que obligar a los gobernados a promover un juicio de amparo en contra de cada uno de los descuentos que se les hayan efectuado, redunda en un obstáculo injustificado al acceso a la justicia y al goce de los derechos que les corresponden, quedando sometidos a sus posibilidades materiales y jurídicas no obstante que ya promovieron oportunamente un juicio constitucional y obtuvieron una ejecutoria que les concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión e, inclusive, podría llegar a entorpecer indebidamente el accionar de los tribunales, los cuales se verían obligados a ocuparse de un número considerable de asuntos en que se controviertan tales descuentos, no obstante que, se insiste, la inconstitucionalidad de los preceptos en que se fundamentan, deriva de un pronunciamiento de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la República y el gobernado ya la hizo valer en un juicio de amparo.
II. Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2015
La contradicción de tesis se originó con motivo de la promoción de juicios de amparo indirecto, donde se señaló como acto reclamado el indebido descuento a las pensiones que por jubilación y por vejez se otorgan a las partes quejosas, con fundamento en la aplicación del artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El punto de contradicción en esos asuntos, consistió en definir si los efectos de la concesión del amparo, respecto del referido acto reclamado debían limitarse al acto de aplicación señalado en la demanda de amparo o si, por el contrario, dichos efectos debían ampliarse a los actos anteriores donde se hubiere aplicado dicho precepto legal, así como al futuro.
Al respecto, determinó que debía prevalecer como jurisprudencia la siguiente:
"ISSSTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Cuando se impugna un ulterior acto de aplicación del artículo indicado, por virtud del cual se disminuye el monto de alguna de las pensiones que por jubilación o viudez percibe el quejoso, la protección constitucional que se otorgue con base en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo declaró inconstitucional, debe ser para el efecto de que a aquél se le reintegre únicamente el descuento realizado indebidamente con motivo del acto de aplicación combatido, sin que pueda ordenarse respecto de descuentos efectuados con anterioridad, toda vez que fue consentida la norma declarada inconstitucional, al no haberla impugnado oportunamente, sin que pueda desincorporarse en lo futuro su aplicación, pues ello deberá atacarse en cada caso concreto."(2)
Las consideraciones plasmadas por el Pleno de Circuito contendiente que dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia transcrita fueron, en esencia, las que a continuación se sintetizan.
La conclusión abordada por el Pleno de Circuito, partió del estudio de lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, donde se contemplan las reglas que rigen los efectos del amparo, los cuales tratándose de actos positivos, deben restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
Sostuvo que el hecho de que en un juicio de amparo, donde se reclame la aplicación de una norma declarada inconstitucional, se acotan los efectos a partir del acto señalado en ésta, respeta los principios de exhaustividad y congruencia que rigen las sentencias de amparo, pues a partir de éstos, se colige que el fallo debe atender únicamente a la litis de amparo sin omitir nada, ni añadir cuestiones que no se hicieron valer en la demanda correspondiente.
Añadió que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuando se reclama un acto de carácter positivo, los alcances de la protección constitucional, consistían en la restitución de las cosas al estado en que se encontraban a partir de la violación, lo cual debía entenderse desde el acto de aplicación señalado en la demanda de amparo.
Refirió que resultaba incorrecta la precisión de los efectos del amparo concedido contra la aplicación del numeral 51, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de Nación, extendidos a partir del primer acto de aplicación, con independencia de la fecha del acto de aplicación reclamado en la demanda de amparo.
Destacó que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes había resuelto que tratándose del amparo contra normas generales, los efectos del fallo protector actuaban hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio de amparo, así como los futuros, en el caso concreto, no se combatía una norma general, sino un acto emitido en aplicación de un precepto declarado como inconstitucional.
Precisó que los efectos restitutorios a los que se refería el artículo 77 de la Ley de Amparo no debían entenderse como retroactivos, pues los últimos implicaban conceder la prerrogativa constitucional, respecto de actos distintos a la motivación de la demanda de amparo, lo que resulta contrario al esquema legal que rige dicho juicio, por lo que cuando se impugna un acto de aplicación de una norma declarada inconstitucional, únicamente podían otorgarse efectos presentes.
Asimismo, consideró que, estimar lo contrario, constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, generando estado de indefensión para las autoridades responsables al no otorgarles intervención como parte procesal, respecto de dichos actos, así como inseguridad jurídica derivada de la extensión de los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacía el pasado.
Por otro lado, determinó que tampoco era factible otorgar efectos futuros en esos casos concretos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los asuntos donde se impugnaba la negativa de devolución de aportaciones fundada en el artículo octavo transitorio del Decreto de reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, fijó criterio obligatorio en el sentido de que la concesión del amparo no podía tener como efecto, invalidar perjuicios diversos a los ocasionados por aplicaciones diversas al acto reclamado, ni evitar que en lo futuro se aplicara de nueva cuenta la ley al quejoso por haber sido consentida por no impugnarse desde el primer acto de aplicación.
Atento a lo anterior, sostuvo que si bien en amplísima suplencia de la queja, los efectos del juicio de amparo podrían extenderse al futuro, evitando que los jubilados se encuentren obligados a promover dicho medio de impugnación cada que se realicen los descuentos mensuales, dicho Pleno de Circuito no estaba facultado para inaplicar los criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a los efectos de los actos ulteriores de aplicación de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia.
Además, añadió que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la suplencia de la deficiencia de la queja no llega al extremo de modificar el régimen establecido en la Constitución y en la Ley de Amparo, lo cual se reflejaba en las tesis 1a. XVII/2007 y 1a. CCXXIV/2015 (10a.) de rubro, título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD."(3) y "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO."(4)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. A fin de verificar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno, surgido por el sistema de reiteración, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
Conforme al criterio anterior, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
En efecto, ambos órganos jurisdiccionales, atendieron a la misma cuestión jurídica, respecto de juicios de amparo donde se señaló como acto reclamado el indebido descuento mensual a las pensiones por jubilación y vejez, con fundamento en la aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito a concedió el amparo, respecto de los montos que le fueron descontados a la pensión de viudez, en aplicación de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que hacía a los descuentos presentes y pasados, siempre que no se hubiere actualizado su prescripción, así como los futuros.
Arribó a dicha conclusión tomando como base la imprescriptibilidad de los derechos para reclamar los incrementos y diferencias de las pensiones, así como el principio de supremacía constitucional, para determinar que ante la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los preceptos en que se fundamentaban los descuentos, era factible que los efectos del fallo se hicieran extensivos a aquellos anteriores al acto de aplicación que en específico se hubiera combatido, así como la imposición de la no aplicación a futuro de esas disposiciones normativas.
Indicó que ello atendía a que no podía obligarse a los gobernados a promover un juicio de amparo contra cada descuento efectuado a su pensión, porque su derecho de acceso a la justicia quedaba sometido a sus posibilidades materiales y jurídicas.
En contraste, al resolver la contradicción de tesis 4/2015, el Pleno Especializado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, determinó que no era factible que en los casos donde se señalara como acto reclamado el indebido descuento a las pensiones de jubilación y vejez otorgadas a los quejosos, con fundamento en la aplicación del artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se extendieran los efectos de la concesión, respecto de actos de aplicación pasados y futuros que no fueron impugnados en el escrito de la demanda de amparo, pues de conformidad con los principios de exhaustividad y congruencia, las resoluciones debían ceñirse únicamente a lo fijado en la litis constitucional, sin poder comprender otras.
Asimismo, destacó que si bien cuando se trataba del juicio de amparo donde se impugnaran normas generales, los efectos alcanzaban al primer acto de aplicación y se extendían al futuro, lo cierto era que, en el caso a estudio, en los juicios de amparo no se reclamó como acto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, sino un acto emitido en aplicación de un precepto declarado inconstitucional, por lo que los efectos debían limitarse a invalidar el acto señalado como reclamado.
Además, sustentó su determinación en que, al resolver los asuntos donde se reclamaba la negativa de devolución de aportaciones al Instituto de Fondo de Vivienda de los Trabajadores, esta Segunda Sala consideró que los efectos del amparo no podían alcanzar al primer acto de aplicación, porque al no impugnarse este último, se había consentido la norma.
Así, del análisis comparativo de las resoluciones reseñadas, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los órganos involucrados se basaron en los mismos supuestos, a saber:
a) Se determinó el alcance de los efectos de la concesión de la protección constitucional, respecto de juicios de amparo donde se señaló como acto reclamado el indebido descuento mensual a las pensiones de jubilación y vejez otorgadas a los quejosos, con fundamento en la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada.
b) En ambos supuestos el acto impugnado consistió en un ulterior acto de aplicación, es decir, no se reclamó la norma general señalada con motivo de su primer acto de aplicación.
c) Existe jurisprudencia de esta Segunda Sala que declara inconstitucional el artículo 51, segundo párrafo, de la ley mencionada.
Sin embargo, sostuvieron conclusiones diferentes.
Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que los efectos del amparo en ese caso debían ser para que cesaran los descuentos de la pensión hacia el futuro y se restituyeran las cantidades indebidamente descontadas con motivo del acto de aplicación, precisando que dichos efectos debían ser extensivos en cuanto a los descuentos anteriores, siempre y cuando no hubieren prescrito. En cambio, el Pleno de Circuito resolvió que los alcances de la concesión debían impactar únicamente al acto de aplicación.
Entonces, es posible concluir que en el caso existe contradicción de tesis y que el punto en controversia girará en torno a determinar si en los juicios de amparo indirecto en los que se impugne la aplicación del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y no se señale esa norma general como acto reclamado, los efectos de la concesión del amparo deben limitarse al acto de aplicación, o también implican la restitución por actos anteriores al reclamado y la vinculación de la autoridad en la futura desaplicación de dicho precepto legal.
QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
Según quedó precisado, en los juicios de amparo de los que surgió esta contradicción, se impugnaron los descuentos efectuados a las pensiones de viudez y jubilación con motivo del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, pero no se señaló dicho precepto como acto reclamado, sino que se cuestionó el acto de la autoridad administrativa, al haberse fundado en esa disposición, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para una mayor comprensión del asunto, es preciso mencionar que, al fallar el amparo en revisión 639/2011, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil once, esta Segunda Sala determinó que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada,(6) transgredía los principios de previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebasara diez veces el salario mínimo, previsto como cuota máxima de cotización, por tres razones principales.
1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora.
2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez, protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro.
3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación, se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.
De dicho asunto surgió por reiteración la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."(7)
Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 277/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, esta Segunda Sala estudió el tema de la aplicación de dicha jurisprudencia, tratándose de la devolución de descuentos efectuados por la autoridad administrativa, en relación con el monto de una pensión de viudez, acontecidos con anterioridad a la fecha de publicación de la citada jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación.
En dicho asunto se definió que la jurisprudencia en mención, generaba el derecho a solicitar la devolución de las retenciones respectivas, con fundamento en el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, en los términos siguientes:
1) A partir de que la jurisprudencia es legalmente obligatoria. Al ser este momento en el cual se reconoce el derecho a su devolución, por haberse desvirtuado la presunción de constitucionalidad que dicha norma gozaba en razón de la legitimidad de los órganos que la emitieron; y,
2) Con anterioridad a su publicación, siempre que no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. Atendiendo a que el derecho fundamental en juego es el de seguridad social y que el derecho en controversia es distinto a la materia propiamente fiscal.
Con motivo de esa resolución, se emitió la jurisprudencia 2a./J. 3/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.)."(8)
En relación con el tópico en análisis, es oportuno citar también los siguientes criterios de esta Segunda Sala.
"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 248 de la ley relativa vigente) es imprescriptible el derecho a la jubilación y a la pensión, dado que su función esencial es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios. En esa virtud, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. Bajo este tenor, tal d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27148-d2ade6e1/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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