TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CALIDAD DEBE COMPROBARSE LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA ATRIBUYA A UN CARGO O FUNCIÓN ESE CARÁCTER.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EN APOYO DEL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS. 26 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS ARROYO ALCÁNTAR, JOSÉ MORALES CONTRERAS, GERARDO DÁVILA GAONA, BERNARDINO CARMONA LEÓN Y FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. PONENTE: JOSÉ MORALES CONTRERAS. SECRETARIOS: LEYDY LEYVA RAMÍREZ, RAÚL GONZÁLEZ LÓPEZ Y VIRGINIA PÉREZ PACHECO.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.-El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y 41, Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 14, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.
8. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló **********, a quien se le reconoció el carácter de autorizado de la quejosa en el juicio de amparo directo 304/2014, por lo que está facultado para promoverla en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227 de la Ley de Amparo.
9. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que los denunciantes estiman divergentes.
10. Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el amparo directo laboral 304/2014, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:
Amparo directo laboral 304/2014:
"SÉPTIMO. Los conceptos de violación son en una parte inoperantes, en otra infundados, en una más fundados pero inoperantes y, el último de ellos fundado.
"En principio, cabe señalar que el presente asunto se estudiará de estricto derecho, debido a que quien lo promueve es la parte patronal, supuesto en el que no procede suplir la deficiencia de la queja.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 42/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, sigue vigente, ya que no se antepone a la mencionada ley.
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.-El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador «con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI», lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de ‘tercero extraño a juicio’, hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora.’ (Novena Época. Registro digital: 197696. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, septiembre de 1997, materia laboral, Tesis: 2a./J. 42/97, página 305)
"En la parte inicial del primer concepto de violación, el quejoso alega que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como de los artículos 88 de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y 842 de la Ley Federal del Trabajo.
"Lo anterior es así, aduce, pues la autoridad responsable no advirtió que el trabajador fue omiso en aportar elementos esenciales para la procedencia de la acción, pues del artículo 82 de la Ley 51 del Estado, se desprenden los requisitos que debe contener la demanda que se formule ante el tribunal del trabajo, resaltando el precisado en la fracción IV, la cual prevé que el demandado debe hacer una relación de hechos en los que funde su acción, los cuales desde luego deben ser claros y precisos, ya que ello permitirá, por un lado, a la parte demandada el defenderse adecuadamente y, por otro, a la autoridad resolver el conflicto de manera congruente a lo discutido por las partes.
"Agrega, en el caso, la responsable pasó por alto el hecho de que la acción de cumplimiento de contrato individual de trabajo no fue planteada adecuadamente, pues no se aportaron sus elementos necesarios para establecer su procedencia; ello es así, aduce, ya que de los hechos de la demanda, resalta lo relativo a su última categoría, salario y circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos del despido, los que son incongruentes, y no obstante ello, se impone condena al reo del juicio natural.
"Luego, alega, si en la demanda del juicio de marras, el trabajador no reveló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos, es claro que incumplió con lo expresado en la fracción IV del artículo 82 de la Ley 51 del Estado; sin que sea óbice, el que no se opusiera al contestar la demanda, excepción propiamente denominada sobre el tema en específico, como lo sería la oscuridad de la demanda o alguna semejante, ya que el tribunal responsable se encuentra constreñido al estudio congruente y exhaustivo de la acción por virtud de que su estudio es oficioso, por tratarse de presupuesto procesal.
"El anterior motivo de disenso es inoperante, como en seguida se verá.
"Merece ese calificativo, puesto que no se afectan las defensas del ahora quejoso, pues éste siempre estuvo, dentro del procedimiento y en el momento oportuno, en posibilidad de oponer la excepción o defensa de obscuridad de la demanda, para que a su vez la autoridad responsable la estudiara en el laudo que emitiera; pero, el ayuntamiento demandado -contrario a lo que afirma-, en ningún momento opuso excepción alguna al respecto; por tanto, resulta inoperante lo que ahora en amparo directo hace valer, respecto a la omisión de la responsable de requerir al trabajador para que subsanara las deficientes que supuestamente existían en el escrito inicial de demanda.
"Resulta aplicable al argumento anterior, la jurisprudencia 2a./J. 34/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMADA EN AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE INOPERANTE LA QUE ALEGA EL PATRÓN EN VIRTUD DE LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE SUBSANE LAS DEFICIENCIAS DE SU DEMANDA.-Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de requerir al trabajador para que subsane las deficiencias de su demanda es una violación análoga a las descritas en las diversas fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, reuniendo así las características esenciales que determinan los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo y, en esa medida, únicamente puede repararse mediante la reposición del procedimiento respectivo; también lo es que dicha violación sólo puede afectar procesalmente al propio trabajador a quien está dirigida la tutela que en su favor prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues cualquier resultado adverso al patrón demandado, derivado de la imprecisión de la demanda, necesariamente sería consecuencia del incorrecto estudio de la litis o del indebido análisis de las defensas opuestas, es decir, de la incongruencia del propio laudo, pero no de la omisión de la Junta de prevenir al trabajador para que aclare o perfeccione su demanda. En esa virtud, cuando esa violación procesal es alegada en el amparo directo por el patrón, debe declararse inoperante, sin que proceda la reposición del procedimiento, ya que no puede sostenerse que se afecten sus defensas, pues siempre estuvo, dentro del procedimiento y en el momento oportuno, en posibilidad de oponer la excepción o defensa de oscuridad de la demanda, la cual tendría que ser objeto de estudio, por virtud de la congruencia en el laudo que se emita y, en consecuencia, la omisión de la autoridad responsable, al no procurar la aclaración de la demanda no podría trascender al resultado del fallo en detrimento del demandado bajo el argumento de que no pudo defenderse adecuadamente en el caso.’ (Novena Época. Registro digital: 172845. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, marzo de 2007, materia laboral, Tesis: 2a./J. 34/2007, página 669)
"En la parte final del primer concepto de violación, el peticionario de amparo aduce que al contestar la demanda sí opuso excepción al respecto -de oscuridad de la demanda-, bajo el apartado número 5, la cual sin razón jurídica, aduce, se dejó de analizar.
"Lo anterior es infundado, pues de un análisis del escrito mediante el cual el Ayuntamiento demandado dio contestación a la demanda incoada en su contra, se aprecia que no opuso excepción alguna respecto a la supuesta oscuridad de la demanda, pues incluso, las únicas excepciones y defensas que opuso, son las siguientes:
"‘1. LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO del actor, en razón de que no fue despedido sino que abandonó el empleo y su inasistencia al trabajo es que había fenecido los efectos del nombramiento que le fue otorgado al cumplirse el periodo lectivo del cabildo por el que le asignó la relación laboral.
"‘2. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE EMPLEADO DE CONFIANZA, que se hace consistir que por la naturaleza y función de su nombramiento como DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, hace que encuadre como empleado de confianza en términos del artículo 5o., fracción II, inciso L, de la ley burocrática federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el artículo 4 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos y del Estado de Guerrero número 248. Y la tesis de jurisprudencia cuyos rubros son los siguientes:
"‘«LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.»
"‘«TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.»
"‘3. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, por abandono del empleo.
"‘4. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE INSUFICIENCIA DE PRUEBAS INADECUADAS E INIDÓNEAS, FALSEDAD DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE SUS PRETENSIONES Y POR ENDE LA DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Por falta de motivos o causas válidas y carentes de fundamento. Dada la naturaleza del nombramiento de empleado de confianza, no le asiste protección alguna de los estatutos laborales aplicables y supletorios.
"‘5. LA GENÉRICA, consistente en la norma jurídica que autoriza al tribunal invocar los hechos probados que se desprenden de la contestación de la demanda, en las excepciones y defensas, aun cuando no se exprese correctamente su nombre bastando que determine con claridad el hecho que consiste la defensa que se hace valer.’(1)
"De la transcripción anterior, se aprecia que, contrario a lo manifestado por el quejoso, en ningún momento opuso la excepción de oscuridad de la demanda, por ende, la autoridad responsable no estaba obligada a estudiar una excepción no opuesta, de ahí lo infundado de la última parte del primer concepto de violación.
"En la parte inicial del segundo concepto de violación, el inconforme arguye que el tribunal responsable omitió estudiar la excepción marcada con el número 2, planteada en el escrito de contestación de demanda, intitulada ‘excepción de empleado de confianza’, la cual quedó acreditada en los autos del expediente, a través de la prueba instrumental de actuaciones.
"Agrega, conforme al artículo 6o. de la Ley Número 51 del Estado de Guerrero, los trabajadores de confianza al servicio de los Municipios del Estado, carecen de estabilidad en el empleo, teniendo sólo derecho a disfrutar de los medios de protección al salario.
"Aduce, en el caso, el quejoso al dar contestación a la demanda se defendió con el argumento de que el actor del juicio se desempeñó como trabajador de confianza, es decir, como director de Planeación y Presupuesto, oponiendo la excepción correspondiente; sin embargo, en el laudo reclamado, ni siquiera se tomó en cuenta ese argumento.
"Finaliza, de los autos del juicio natural, fue aportado por el propio tercero interesado el nombramiento de director de Planeación y Presupuesto, fechado el tres de febrero de dos mil once, que le fue otorgado por el entonces presidente municipal; con la documental en cuestión, aduce, se demuestra que el actor a partir de esa fecha, ocupó el puesto de director de Planeación y Presupuesto dentro del Ayuntamiento demandado, cuyas funciones, durante la vigencia del mismo, fueron generales y permanentes, que le otorgaron representatividad y poder de mando frente a sus subordinados, pues éstas son inmanentes a su cargo, por lo que conforme al artículo 6o. de la Ley 51 del Estado, carece de estabilidad en el empleo.
"El resumido concepto de violación es fundado, pero a la vez inoperante, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
"En efecto, el Ayuntamiento demandado, al dar contestación a la demanda, argumentó falta de acción y derecho del actor para reclamar el cumplimiento del contrato de trabajo, en virtud, dijo, que desempeñaba un trabajo de confianza, oponiendo la excepción respectiva en los siguientes términos:
‘2. SE OPONE LA EXCEPCIÓN DE EMPLEADO DE CONFIANZA, que se hace consistir que por la naturaleza y función de su nombramiento como DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, hace que encuadre como empleado de confianza en términos del artículo 5o., fracción II, inciso L, de la ley burocrática federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el artículo 4 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Y las tesis de jurisprudencia cuyos rubros son los siguientes:
"‘«LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA NO ESTÁN PROTEGIDOS POR EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.»
"‘«TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.»’(2)
"Ahora bien, la autoridad responsable omitió analizar dicha excepción al pronunciar el laudo reclamado, pues incluso al distribuir las cargas probatorias, lo hizo únicamente respecto a que al demandado le correspondía acreditar que el actor dejó de presentarse a laborar, como lo alegó al contestar la demanda, pero no en cuanto a que éste era empleado de confianza.
"De acuerdo con el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo(3) las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben dictar los laudos resolviendo en su integridad las cuestiones planteadas en la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio, de ahí que es su obligación examinar no solamente la acción sino también las excepciones; por tanto, al no hacerlo así la responsable, infringió el citado artículo en perjuicio del quejoso. De ahí lo fundado del concepto de violación en estudio.
"No obstante lo anterior, dicho motivo de disenso se torna inoperante, en virtud que a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable analice la excepción de empleado de confianza que omitió, en virtud que con ello el peticionario de amparo no cambiaría el sentido del fallo.
"Lo anterior es así, pues en primer término, en autos no se encuentran acreditadas las actividades y funciones de confianza que argumenta el ayuntamiento demandado ostentaba el accionante, pues, incluso, se aprecia que el ahora quejoso no aportó ningún medio de prueba al juicio, ya que por acuerdo de uno de julio de dos mil trece,(4) la autoridad responsable con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, desechó las pruebas de la parte demandada, por ser ofrecidas de manera extemporánea.
"Sin que pase inadvertido lo alegado por el quejoso, en el sentido de que el carácter de trabajador de confianza del accionante se acredita con la prueba documental ofrecida por el propio actor, consistente en el nombramiento de director de Planeación y Presupuesto; sin embargo, ello es insuficiente para demostrar tal hecho, pues no debe perderse de vista que si bien el actor ofreció dicho nombramiento, también argumentó que sus actividades no eran propias de su categoría, pues consistían en ‘acarreo de material a diversas obras que realiza el Municipio, en una camioneta **********, propiedad de los demandados, llevar oficios a la ciudad de Chilpancingo de los Bravo a diversas dependencias, sacar copias de planos, en ocasiones de chofer de personal del H. Ayuntamiento, para trasladarlos a diversos lugares dentro y fuera del Municipio, llevar y entregar paquetería dentro del Municipio y fuera, entre otras actividades que no eran propias de mi categoría.’
"Cabe decir, que lo argumentado por el trabajador en su escrito inicial de demanda, en cuanto a las actividades que desempeñaba, no fue desvirtuado con ningún medio de prueba por el demandado aquí quejoso, por lo que, en el caso, tampoco existe la indebida valoración de la instrumental de actuaciones que alega.
"En efecto, no obstante la categoría que tenga un trabajador, para acreditar la calidad de confianza, depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas, independientemente de la denominación que se le dé en el nombramiento respectivo.
"Para justificar esta afirmación, conviene partir de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2a./J. 160/2004), conforme a la cual, la calidad de confianza de un trabajador es excepcional respecto de la regla general de los trabajadores que se consideran de base, de ahí que para estimar que un trabajador es de confianza no basta que así aparezca en algún nombramiento, puesto que no debe perderse de vista que resulta necesario comprobar que efectivamente desempeñara dichas funciones de representación y, que las mismas, efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
"Ese criterio fue sustentado también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (P./J. 36/2006), al sostener que cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, debe atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo. La Corte argumentó que si bien la índole de las atribuciones desarrolladas debe ser congruente con el nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera el cargo para desempeñar funciones que no son propias de un trabajador de confianza.
"En resumen, de acuerdo con las múltiples jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si un trabajador es o no de confianza, debe atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.
"Las jurisprudencias mencionadas son las siguientes:
"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.-De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que «la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza», se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.’ (Localización: Novena Época. Registro digital: 175735. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 2006, materia laboral, Tesis: P./J. 36/2006, página 10)
"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.-La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando.’ (Localización: Novena Época. Registro digital: 180045. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, noviembre de 2004, materia laboral, Tesis: 2a./J. 160/2004, página 123)
"Por tanto, debido a las consideraciones anteriores, el concepto de violación en estudio resulta fundado, pero a la vez inoperante. Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.’ (Séptima Época. Registro digital: 917642. Instancia: Tercera Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común. Tesis 108, página 85)
"Asimismo, es aplicable, y se comparte, la siguiente jurisprudencia:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO.-Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.», cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25931-291cf621/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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