ENFERMEDAD PROFESIONAL. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ENCUENTRAN FACULTADAS PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y LAS DILIGENCIAS NECESARIAS, SIEMPRE QUE EN LOS AUTOS ESTÉN DEMOSTRADOS LOS HECHOS ESENCIALES EN QUE SE DESARROLLÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 32/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DEL MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. DISIDENTE: MAGISTRADO JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. SECRETARIA: ADRIANA MARÍA MINERVA FLORES VARGAS.
II. COMPETENCIA
11. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4 y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el juicio de amparo directo número 386/2021, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
14. En su sentencia, ese órgano jurisdiccional declaró infundados los conceptos de violación que fueron expuestos por la parte quejosa, porque consideró que:
a) Le correspondía al actor la carga de la prueba para acreditar los elementos de su acción.
b) No es suficiente que el trabajador actor acredite que presenta las enfermedades, sino que también debe demostrar la actividad específica que desarrolló, o el medio ambiente laboral, para determinar el nexo causal y la presunción legal de su origen; es decir que las enfermedades fueron provocadas precisamente como consecuencia de las actividades que desempeñó.
c) La obligación de la Junta de Conciliación y Arbitraje contenida en la primera parte del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo no conlleva trasladar la carga al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque como institución pública que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo, entre ellas, las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a prestar sus servicios, porque ese instituto, sólo lleva un registro de nombre, fecha y salario, pero sin información detallada de la empresa, por lo que no se le puede exigir que cuente con documentos idóneos para demostrar los hechos de que se trata, si conforme a la ley que lo rige no tiene obligación de poseerlos y, es el trabajador quien conoció ampliamente las actividades que desarrolló, así como las condiciones ambientales que imperaron en el centro de trabajo.
d) Si la carga procesal era del actor, la Junta del conocimiento no puede solicitar esas pruebas en forma oficiosa.
e) La Junta responsable describió las conclusiones contenidas en las pruebas periciales médicas rendidas por las partes y el perito tercero en discordia también citó y valoró la documental de la demandada consistente en la hoja de certificación de derechos, por lo que concluyó que la responsable sí describió y estableció el alcance demostrativo de cada una de las pruebas ofrecidas por las partes.
f) No obra en los autos del juicio laboral, elemento alguno de prueba que justifique las actividades y medio ambiente laboral, porque el actor no ofreció el informe de la patronal ni prueba pericial en medio ambiente y ni siquiera obra medio de convicción alguno, en el sentido que haya realizado las actividades que afirmó.
g) No se advierte que el quejoso hubiere interpuesto juicio de amparo directo previo al que se resolvió en la propia sentencia y que le fuera favorable.
h) La Junta atendió a cada una de las prestaciones que fueron demandadas y del mismo modo atendió al reclamo de pensión de invalidez que demandó y respecto a la cual absolvió, porque consideró que no se allegaron medios suficientes para acreditar ese estado, por lo que concluyó que sí se respetó el principio de congruencia.
i) En relación a los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción del tribunal al que auxilió, ese Tribunal Colegiado refirió que se tuvieron por contestados con los razonamientos de la propia sentencia.
15. Y, para arribar a esas conclusiones, ese tribunal se apoyó en lo siguiente:
"... 20. OCTAVO.—Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula el peticionario del amparo serán analizados algunos en forma conjunta atendiendo a la vinculación que guardan los temas que abordan, por técnica jurídica y por así autorizarlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.
"21. De inicio, este Pleno considera ineficaz el planteamiento en el que el peticionario alega que fue incorrecto que la Junta responsable no ordenara el desahogo de la prueba pericial en medio ambiente laboral, toda vez que considera que se trata de un medio de convicción que es esencial para determinar una enfermedad laboral, que debió ordenarse su desahogo en forma oficiosa.
"22. El quejoso ofreció las pruebas presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones así como pericial médica en materia de salud en el trabajo.
"23. La parte demandada por su parte ofreció la confesional a cargo de la actora, la documental consistente en hoja de certificación de vigencia de derechos, la inspección judicial en el departamento de pensiones, la pericial médica, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.
"24. Llegado el momento procesal, en el laudo reclamado, la Junta responsable resolvió lo siguiente:
"25. ‘Sin que la parte actora demuestre con prueba alguna los hechos que afirma de las actividades y medio ambiente, ni de la categoría que refiere ni la relación laboral con Ferrocarriles Nacionales de México, como elementos que muestren el nexo causal con los padecimientos determinados por los peritos médicos del actor y tercero en discordia, ni los peritos médicos indican que se hayan constituido o la forma y elementos por los que constataron las actividades o el medio ambiente laboral del actor, y al carecer de elementos para estar en posibilidad de establecer causa-efecto daño sobre el origen profesional de las enfermedades diagnosticadas, sin que consten pruebas del trabajo ordinario desempeñado por el actor, se estiman improcedente las prestaciones relativas a enfermedades y secuelas del orden profesional, circunstancias por las que, se estima que lo procedente es absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social, del otorgamiento a favor del actor de una pensión por incapacidad parcial permanente, incrementos y aplicación del artículo 493 de la ley laboral, que reclama bajo el inciso c) de su demanda ...’
"26. Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que la parte quejosa soslaya que en el caso le corresponde la carga probatoria de acreditar los elementos de su acción, de ahí que sus conceptos de violación resulten infundados.
"27. En efecto, para condenar al pago de la pensión por enfermedad profesional debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos a las actividades y al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya que si no están comprobadas no podrá desprenderse la presunción legal, pues no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
"28. Por lo que no es suficiente que exista un peritaje médico, y que la conclusión allí contenida actualice la hipótesis normativa del padecimiento respectivo, sino que el actor tiene la carga de comprobar no sólo la enfermedad, sino también que la actividad específica que desarrolló o el respectivo medio ambiente bajo el cual laboró, fueron la causa que originó el padecimiento, pues sólo si demuestra estos hechos podrá determinarse el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada.
"29. Pero en el caso, la parte actora solicitó una pensión por incapacidad parcial permanente, por lo que tenía la carga de demostrar, no sólo sus padecimientos sino también, que esas enfermedades fueron provocadas precisamente por las actividades que desempeñó y/o el ambiente laboral en que desarrolló sus labores.
"30. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró en la ejecutoria que diera lugar a la jurisprudencia 2a./J. 3/2006, que la carga de la prueba de los hechos de la demanda fundatorios de la acción de reconocimiento profesional de una enfermedad corresponde al asegurado, sin que la obligación de la Junta, contenida en la primera parte del artículo 784 de la ley citada, conlleve trasladar dicha carga al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que como institución aseguradora, que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo, entre ellos el de las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a prestar sus servicios, porque ese instituto sólo lleva un registro de nombre, puesto y salario, sin tener mayor información detallada de la empresa, lo que por sí mismo sería insuficiente para sostener, válidamente, que tiene mejores elementos que el trabajador para demostrar esos hechos, ya que dicha institución sólo cuenta con documentos oficiales que contienen las manifestaciones producidas por el patrón que, en su caso, prueban que se hicieron en la forma asentada en el documento relativo, pero no su veracidad, como deriva del artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo.
"31. En ese sentido, es evidente que al referido instituto no puede exigírsele que cuente con documentos idóneos para demostrar los hechos de que se trata, si conforme a la ley que lo rige no está obligado a poseerlos, y es el trabajador el que conoció ampliamente las actividades que desarrolló y las condiciones ambientales que imperaron en determinados momentos que considera le provocaron las afectaciones en su salud.
"32. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 92/2006 que dice lo siguiente:
"33. ‘ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ORIGEN Y, EN SU CASO, EL RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, ES INDISPENSABLE COMPROBAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE RELACIONAN CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESARROLLADA O CON EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE DE LAS QUE ESTÁN O NO PREVISTAS COMO DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, sostuvo que para determinar la profesionalidad de una enfermedad debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya que si no están comprobados no podrá desprenderse la presunción legal, pues no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende que pueda establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su causalidad con las actividades laborales o con el medio ambiente en el que se presta el servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige, ya sea que se trate de enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de las que no se actualiza tal presunción legal, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos casos servirá para establecer el nexo causal. En ese sentido, se concluye que para calificar el origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que tanto el padecimiento como la actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla a que se contrae el citado precepto legal, ni es válido sostener que el dictamen pericial médico por sí solo pueda conducir a aquella calificación por actualizarse la presunción legal, sin necesidad de comprobar que se desarrolló la actividad específica o el medio ambiente señalados en la demanda laboral, ya que se requiere, necesariamente, de la comprobación de dos hechos: de la existencia del padecimiento, por lo general diagnosticado en el dictamen pericial médico, y de que la actividad específica que se desarrolló o el respectivo medio ambiente esté identificado, pues sólo si se conocen estos hechos podrá determinarse el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada.’(1)
"34. Así como el criterio jurisprudencial 2a./J. 93/2006, que indica:
"35. ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE AL ASEGURADO LA CARGA DE PROBAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE SU ACCIÓN EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLÓ O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS, PERO LA JUNTA PUEDE RELEVARLO DE ESA CARGA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró; condicionante que rige tanto para las enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, como para las que no se actualiza tal presunción, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos supuestos servirá para determinar si se acredita el señalado nexo causal. Bajo este contexto, la carga de la prueba de los hechos de la demanda fundatorios de la acción de reconocimiento profesional de una enfermedad corresponde al asegurado, sin que la obligación de la Junta, contenida en la primera parte del artículo 784 de la ley citada, conlleve trasladar dicha carga al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que como institución aseguradora que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, no cuenta con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo, que en ocasiones se remontan a las diferentes épocas en que estuvo activo, entre ellos el de las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio ambiente en que se vio obligado a prestar sus servicios, sino en todo caso con la información unilateral y aislada que le proporciona el patrón al inscribir a sus trabajadores y darlos de alta, de baja o al modificar su salario, lo que por sí mismo sería insuficiente para sostener, válidamente, que tiene mejores elementos que el trabajador para demostrar hechos respecto de los que sólo cuenta con documentos oficiales que contienen las manifestaciones producidas por el patrón que, en su caso, prueban que se hicieron en la forma asentada en el documento relativo, pero no su veracidad, como deriva del artículo 812 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, es evidente que al referido instituto no puede exigírsele que cuente con documentos idóneos para demostrar los hechos de que se trata si conforme a la ley que lo rige no está obligado a poseerlos, sin que ello impida que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al analizar el caso concreto, de estimar que por otros medios está en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos de la demanda, relativos a las actividades o el medio ambiente en que se prestaron los servicios, exima al asegurado de la carga probatoria y los recabe oficiosamente de quien los tenga en su poder, en uso de la obligación que le impone la primera parte del mencionado artículo 784, de donde se infiere la intención del legislador de alentar el sistema participativo en el proceso laboral a fin de que terceros ajenos al juicio, incluidas las autoridades, aporten los elementos de prueba de que disponen por estar obligados por la ley a conservarlos, a efecto de lograr el real esclarecimiento de los hechos.’(2)
"36. De ahí que si la carga procesal era del actor, la Junta no puede solicitar esa prueba faltante en forma oficiosa, y no resultan aplicables la diversa jurisprudencia 2a./J. 94/2008, también de la Segunda Sala, ni la jurisprudencia VII.2o.T. J/26 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son:
"37. ‘JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA FACULTAD QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 782 Y 886 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO LA DEBE EJERCER DE MANERA RACIONAL Y PRUDENTE, POR LO QUE SÓLO DEBE ORDENAR DE OFICIO LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS CUANDO REALMENTE SEAN CONVENIENTES PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD MATERIAL BUSCADA. El precepto 782 citado concede a la Junta de Conciliación y Arbitraje la facultad de ordenar de oficio, con citación de las partes, durante la secuela del proceso la práctica de las diligencias convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y el artículo 886 otorga a sus miembros la misma facultad, la cual debe ejercer dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes de aquel en el cual hubieren recibido el proyecto de laudo; tal facultad no debe ejercerse indiscriminadamente, sino en forma racional y prudente, limitada a las diligencias necesarias para el esclarecimiento de la verdad material de los hechos relativos, en los casos en los cuales la Junta indicada o sus miembros consideren que requieren de mayores elementos de convicción que les permita resolver la litis sometida a su potestad, de una manera fundada y motivada. Por tanto, cuando en un juicio con base en un riesgo de trabajo se demande la indemnización o la jubilación y esté acreditada la existencia de aquél, así como que es la causa que afectó la salud del trabajador y éste por una mala o negligente asesoría, omita ofrecer la prueba pericial médica, con citación de las partes, deberá ordenar de oficio la práctica de esa diligencia por ser la conveniente para el esclarecimiento de la verdad material de los hechos puestos a su conocimiento. En su caso, los miembros de ésta dentro del plazo mencionado podrán solicitar la práctica de ese medio de convicción, pues sólo así se evita que por una falla de técnica jurídica el trabajador pierda sus derechos adquiridos y se imparta justicia a quien tiene derecho a ella, con apego a la ley.’(3) "38. ‘PRUEBA PERICIAL EN MEDIO AMBIENTE OFRECIDA PARA DEMOSTRAR UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO NO PUEDA DESAHOGARSE EN LA FUENTE DE TRABAJO (PORQUE CERRÓ O POR ALGÚN IMPEDIMENTO SIMILAR), LAS JUNTAS DEBEN ORDENAR LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 93/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE AL ASEGURADO LA CARGA DE PROBAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE SU ACCIÓN EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE DESARROLLÓ O AL MEDIO AMBIENTE EN QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS, PERO LA JUNTA PUEDE RELEVARLO DE ESA CARGA.», tratándose de enfermedades del orden profesional, las Juntas pueden ordenar, de oficio, el desahogo de la prueba pericial, para que se dictamine el medio ambiente en que el actor desarrolló sus actividades laborales, con la finalidad de lograr el esclarecimiento de la verdad de los hechos, de conformidad con el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, que les da facultad para ordenar, con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzguen convenientes, a fin de buscar la verdad material del caso concreto. Ahora bien, cuando en un juicio se ofrece la prueba pericial en medio ambiente para demostrar el nexo de causalidad entre los padecimientos y las actividades desempeñadas por el trabajador, no se requiere necesariamente que dicha experticia deba desahogarse en el centro de trabajo en el cual laboró, cuando consta en el expediente que éste cerró, o bien, por algún otro impedimento similar, no imputable a aquél, las Juntas deben ordenar la práctica de las diligencias que consideren pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, como puede ser, a manera de ejemplo (y no limitativo), recabar las características que tenía el lugar de trabajo del actor, recrear las condiciones en que éste desempeñaba sus funciones, solicitar información a una diversa empresa que se dedique a actividades similares a las que se aduzcan en autos, etcétera; todo ello, para desentrañar los hechos en que se funda el reclamo, pues así lo permite la ley aludida en sus artículos 782 citado y 784. No estimarlo así, es decir, vedar la posibilidad de recrear en condiciones similares el medio ambiente laboral ante el hecho cierto de que la patronal cerró sus instalaciones, o algún otro impedimento similar, se generaría un estado de indefensión para el trabajador, sobre quien recae la carga de la prueba, por una circunstancia que no le es atribuible, cuanto más, si la patronal subrogó sus obligaciones en materia de seguridad social, al dar de alta a su trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; entonces, tal eventualidad debe superarse con medidas como las mencionadas a manera de ejemplo, en aras de buscar la verdad material en el caso.’(4)
"39. Lo anterior, pues la jurisprudencia 2a./J. 94/2008, parte de la premisa de que la Junta podría ordenar una prueba faltante, siempre y cuando en el expediente ya estuviera acreditado el riesgo de trabajo y se demande la indemnización o la jubilación, y también que fue la causa que afectó la salud del trabajador y que éste por una mala o negligente asesoría, omita ofrecer la prueba pericial médica, pero en el caso, el actor sí ofreció la pericial médica (incluso obran también la pericial del instituto y la del perito tercero en discordia) pero soslayó ofrecer en forma oportuna los medios de convicción para acreditar los elementos de su acción como pudieran ser la pericial de medio ambiente laboral, por lo que no está demostrado que se trate de un riesgo de trabajo y que haya sido causado por el medio laboral para que la Junta en forma oficiosa proceda a ordenar la pericial que dictamine el estado de salud actual del accionante.
"40. Por otra parte, tampoco aplica al caso la jurisprudencia VII.2o.T. J/26 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, toda vez que ese criterio se refiere a que la Junta deberá sustituir la carga procesal del actor y ordenar en forma oficiosa otras pruebas, cuando las que ofreció, sean correctas pero no resulten efectivas, por causas no imputables al trabajador, por ejemplo, cuando ofrece el informe de actividades desarrolladas, o la pericial de medio ambiente, pero no se logró su desahogo porque el centro laboral hubiera cerrado, en cuyo caso, la Junta deberá ordenar de oficio que se desahoguen otro tipo de pruebas de las que se pueda obtener la información necesaria para resolver la controversia.
"41. Sin embargo, en el caso, el centro laboral del quejoso no ha cerrado sus instalaciones, por lo que los peritos (en caso de que los hubiera ofrecido oportunamente) sí estaban en posibilidad de acudir a ese centro de trabajo, y se pudo requerir a la patronal para que informaran cuáles eran las actividades que se han venido desarrollando en el puesto que tenía el quejoso.
"42. Máxime que en este asunto existió una omisión de la parte actora de ofrecer esa prueba técnica en medio ambiente, por lo que en el particular la Junta no podría ordenar el desahogo oficioso de pruebas no ofrecidas sin trastocar el principio de equidad procesal en el juicio. De ahí lo infundado de su planteamiento ..."
16. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los autos del juicio de amparo 91/2021, determinó que:
a) Primeramente debía analizarse la violación procesal que se formula y en suplencia de la queja resultaba procedente conceder el amparo solicitado.
b) Determinó que el actor demandó el otorgamiento de una pensión de incapacidad parcial y permanente por el accidente de trabajo que sufrió el ********** y las enfermedades adquiridas con motivo de sus funciones y medio ambiente laboral. En tanto que, la Junta responsable, en el laudo reclamado consideró que no quedó debidamente acreditado porque los dictámenes ofrecidos son insuficientes en sí mismos para acreditar que tales padecimientos son del orden profesional, toda vez que el actor no acreditó su categoría, actividades y medio ambiente laboral en el que prestó sus servicios.
c) Igualmente consideró que si bien era al actor a quien le correspondía la carga de la prueba, ésta no se podía trasladar al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque aunque se subrogó al patrón original, no cuenta con los elementos inherentes a las condiciones que rigen la relación de trabajo.
d) También sostuvo ese Tribunal Colegiado que, la Junta debió ordenar que se recabaran las pruebas tendentes a acreditar las actividades laborales del actor, aun y cuando a ese trabajador le correspondía la carga de la prueba toda vez que la Junta, por otros medios, estaba en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos de la demanda e incluso, debió ordenar la práctica de las diligencias correspondientes para mejor proveer, porque la Junta debió cumplir con el correcto desahogo de las pruebas, pues de lo contrario, se carecería de los elementos necesarios para tomar una decisión fundada y motivada.
e) También estimó que era procedente conceder el amparo solicitado, supliendo la deficiencia de la queja, derivado de la existencia de una violación formal que el actor no hizo valer, porque advirtió que el laudo reclamado carece de la firma de todos los integrantes de la Junta, lo cual genera su nulidad.
f) El mencionado Tribunal Colegiado, concedió la protección constitucional para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado; repusiera el procedimiento y requiriera a la patronal demandada para que informara si el actor ocupa u ocupó el puesto de **********, en su caso el tiempo que lo desempeñó, las actividades que desarrolló y el medio ambiente laboral en que se vio obligado a desempeñarse; y del mismo modo, requiriera al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le informara los puestos con los que el actor fue dado de alta en el régimen obligatorio, por la empresa demandada; y ordenara el desahogo de las pruebas de inspección ocular y pericial en medio ambiente quedando constreñida a ordenar el desahogo de las diligencias que considerara necesarias.
17. Y para así determinarlo, ese órgano colegiado se apoyó en las siguientes consideraciones:
"... SEXTO.—Estudio del asunto.
"Inicialmente, es conveniente precisar que este órgano jurisdiccional analizará la violación procesal que hace valer la parte quejosa en sus conceptos de violación, así como la formal advertida por este tribunal oficiosamente (falta de validez del laudo reclamado por no encontrarse firmado por la representante de los patrones de la Junta responsable), en estricto acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 58/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 814, del Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro digital: 2006744, que dice:
"‘VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171, 172, 174 y 182 de la Ley de Amparo, se advierte la obligación de las partes, al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, de hacer valer en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, todas aquellas violaciones procesales que estimen se cometieron, precisando la forma en que trascendieron al resultado de la resolución,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31420-7413250b/enfermedad-profesional-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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