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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ALLEGARSE DE MANERA OFICIOSA DE PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA EL RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO Y ES OMISO EN OFRECER LA PRUEBA PERICIAL DE MEDIO AMBIENTE LABORAL, A FIN DE RESOLVER CONFORME AL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL DE LOS HECHOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 758/2022. · Registro digital (IUS): 31206
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-01-27
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, Pág.6159.

AMPARO DIRECTO 758/2022. 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: DAMIANA SUSANA DÍAZ OLIVA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Conceptos de violación.

18. El quejoso hizo valer los siguientes conceptos de violación:

18.1 "El laudo que se impugna, causa conceptos de violación (sic), porque no se encuentra debidamente fundado ni motivado, mucho menos es dictado a verdad sabida y buena fe guardada, lo que hace incongruente y contradictorio el laudo porque no guarda una relación entre lo que se analiza y lo que se resuelve, y está en contra de lo señalado por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. (los copia)

18.2 "Al violar la autoridad responsable dichos preceptos legales, ataca las garantías de seguridad y legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y, por ende, también lo dispuesto por el artículo 17 del mismo ordenamiento.

18.3 "Primero. Causa agravios la absolución de todas las prestaciones demandadas que realiza la autoridad responsable, en su resolutivo segundo y su considerando IV, por lo siguiente: del estudio escueto que realiza, sólo manifiesta que absuelve de las prestaciones sin realizar una valoración de las pruebas, en especial de la prueba pericial médica ofertada por la parte actora y la prueba pericial del perito médico tercero en discordia, ya que de la simple lectura del laudo se denota la deficiencia de estudio, puesto que se concreta a manifestar que el peritaje emitido por la parte actora (sic) y el peritaje emitido por el perito médico tercero en discordia, no anexan los estudios que se le practicaron al actor, por lo que no se concede valor probatorio a las periciales, destacando que si la autoridad responsable tiene duda, debió haber solicitado a los peritos médicos los estudios practicados al actor, con fundamento en el artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo para allegarse de todos los elementos para poder tener mayor certeza jurídica, y su omisión de requerir todo el material probatorio causa violaciones en perjuicio de mi representado, aunado a que no tomó en consideración que de la simple lectura de los dictámenes se desprende qué tipo de estudios y valoraciones se le practicaron al quejoso llegaron (sic) a la conclusión de que mi representado padece de los padecimientos señalados, tanto del perito médico tercero en discordia, como el perito médico de partes (sic).

18.4 "Cabe destacar que la autoridad responsable debió requerir a las partes, tanto perito médico de partes (sic) como perito médico tercero en discordia, ya que cuentan con dicha información, estudios, valoraciones, etcétera; toda la documentación para poder allegarse de todos los elementos que le sean necesarios para poder resolver de mejor manera, de conformidad con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y tampoco actuó conforme lo establece el artículo 873 de la ley laboral y, por tanto, una violación en contra de los derechos humanos de mi mandante; ya que se cuentan con todos los elementos para allegarse de todas las pruebas que juzgue convenientes, y para dictaminar de forma justa y correcta, de tal manera, la omisión en que cae la autoridad responsable, le causa violaciones de imposible reparación al quejoso, por lo que se solicita atentamente a esta autoridad se sirva otorgar el amparo y justicia federal. Y de igual manera incurre en responsabilidad la autoridad responsable, al no realizar una valoración correcta de las periciales técnicas, ya que de las mismas se desprende, claramente, la actividad del quejoso por periodos largos y constantes, que le han producido enfermedades de trabajo y, sobre todo, la pericial médica relacionada con la pericial técnica del medio ambiente, misma que establece que estuvo en un ambiente laboral con ruido de 80 decibeles y, tomando en consideración que fue de forma constante; cabe la presunción de que el actor por los años de servicio que fueron un aproximando de más de 42 años, le acarreo enfermedades del orden profesional, como es el padecimiento del oído y pulmones que describe el perito médico tercero en discordia y el perito de la parte actora. Y, por ende, le produjo una incapacidad permanente, con relación de causa-efecto, con el ambiente laboral, por los años de servicio en la empresa **********.

18.5 "Segundo: Causa agravios a mi mandante la falta de valoración de las pruebas ofrecidas por el accionante, en su apartado V, en sus incisos a), b) y c), toda vez que de los mismos se desprende la empresa donde laboró el actor por más de 42 años, las categorías de **********, **********, ********** y **********, por lo que existe la presunción a favor de mi representado, si el instituto demandado, no objetó de forma específica ninguna documental, lo que trae como consecuencia que reconoce las actividades desempeñadas por mi representado y, por lo tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no desvirtúo con ningún medio de defensa lo señalado, por lo que debió controvertir todo acontecimiento y, al no realizarlo, se tiene la presunción de los hechos narrados en el escrito de demanda, por lo que se solicita sea considerado por esta H. Autoridad.

18.6 "Y en ese orden, tampoco valoró de forma exhaustiva el peritaje técnico del medio ambiente (sic) robustece claramente el dictamen médico y que la autoridad responsable, debió valorar al momento de resolver, aunado a que el actor tiene una vida laboral y, por el tiempo de exposición, es claro que le ha repercutido en su salud, al realizar por más de 42 años continuos la misma actividad.

18.7 "Resulta inverosímil que la autoridad responsable emita un laudo incongruente, sin apego a los principios generales de derecho y sin justicia y equidad, y sin apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en su sentido proteccionista del trabajador, y mucho menos que no haya realizado el estudio que le correspondía a cada probanza.

18.8 "Señala la responsable que el que afirma está obligado a probar, olvidando la autoridad que entonces debió considerar el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que señala que a falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.

18.9 "Por lo que respecta a las periciales técnicas, se desprende de las mismas que el actor se encontró sujeto a agentes contaminantes por periodos prolongados de exposición de forma reiterada y, por ende, es evidente que se generarían enfermedades del orden profesional de las que ahora adolece mi representado y que han sido diagnosticadas por los peritos médicos, tanto el perito médico de la parte actora, así como el perito médico tercero en discordia. Además, realizando un estudio a las periciales técnicas, pueden evidenciarse los conocimientos de los peritos en el área del medio ambiente ya que existe la presunción de que son perito y doctor en su materia y pueden determinar el medio ambiente laboral de cada una de las empresas, así como las actividades que realizó el accionante, aunado a que con las documentales exhibidas en juicio se acreditan los lugares donde prestó sus servicios el actor, e incluso se desprenden los domicilios en donde existían las empresas, motivo por el que se solicita se aplique la presunción a favor de mi representado, ya que de no ser así el quejoso tendría que acreditar hechos desconocidos y acontecimientos a futuro de permanencia incierta, infringiendo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo respecto al sentido proteccionista del trabajador, además no puede pasar desapercibido todo el tiempo laborado por el actor, y que es un aproximado de más de 42 años ininterrumpidos y por el simple tiempo de exposición, así como al estar expuesto a polvos, como su actividad de estar flexionándose de forma continua y a los diversos agentes contaminantes, agentes físicos que le van a generar detrimentos en su salud, por lo que se solicita sea valorada conforme a derecho, la pericial ofrecida por el perito de la parte actora, como el perito tercero en discordia, ya que los mismos concuerdan en sus conclusiones.

18.10 "La carga de la prueba en el presente juicio es acreditar las enfermedades de que es portador el actor, así como la profesionalidad de las mismas y, en ese orden, la prueba reina para la procedencia o improcedencia de las acciones intentadas por el actor, es la prueba pericial médica la responsable (sic) señala del dictamen de la parte actora al mismo se le niega pleno valor probatorio porque no aporta elementos de convicción y se le resta veracidad. Ahora bien, se hace notar a esta H. Autoridad que del estudio pormenorizado que se realiza a la pericial médica ofrecida por el perito médico de la parte actora se desprenden los lugares y las actividades que realizó mi representado cuando laboró para las diversas empresas con las categorías de secretaria, obrera, supervisora de ventas, etcétera. Señala el perito que durante el tiempo en que prestó sus servicios estuvo expuesta a respirar polvos de todo tipo, y agentes contaminantes de todo tipo, y expuesta a permanecer por periodos prolongados y extremos de pie. De la pericial en comento se desprenden todos los agentes físicos, químicos, contaminantes de su medio ambiente laboral, sus factores mecánico-sociales y ergonómicos y los estudios médicos que se le practicaron a la actora.

18.11 "Asimismo, se hace valer la siguiente tesis jurisprudencial 2a./J. 29/98, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL, LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.’. La prueba pericial médica es la idónea para determinar, tanto si el origen de una enfermedad es de carácter profesional, como el grado de incapacidad que le provoque al trabajador. En atención a ello si se trata de una enfermedad cuya profesionalidad se presume, o sea de aquellas enumeradas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.

18.12 "Por lo expuesto, atentamente pido se sirva esta H. Autoridad, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a mi representado, por ser violatorios de hechos realizados por la responsable y ello trae como consecuencia violaciones a los derechos humanos de mi poderdante." (fojas 5 a 8 del cuaderno de amparo)

SEXTO.—Estudio. El análisis de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:

1. Violaciones procesales.

a) Cotejo de la prueba documental.

19. En parte del segundo concepto de violación, el quejoso aduce que las documentales que exhibió en el juicio acreditan los lugares en los que prestó servicios, actualizándose la presunción a su favor; de lo contrario, tendría que probar hechos desconocidos y futuros de permanencia incierta, infringiendo la ley laboral, soslayando que trabajó por más de cuarenta y dos años.

20. Asimismo, indica que la autoridad omitió valorar las documentales que ofreció en el punto V, incisos a), b), c) y d), de los que se desprende que laboró por más de cuarenta y dos (42) años en las categorías de **********, **********, ********** y **********, por lo que existe presunción a su favor, ya que el instituto demandado no las objetó de manera específica, lo que significa que reconoce las actividades desempeñadas y que no las desvirtuó.

21. La anterior manifestación es fundada, suplida en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser la parte trabajadora la que acude al presente juicio de amparo.

22. Este tribunal advierte que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia, en relación con el derecho a la seguridad social, en perjuicio del trabajador quejoso.

23. En efecto, el derecho humano a la seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

24. Por su parte, el numeral 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José–, hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), estableciendo lo siguiente:

"Capítulo III

"Derechos económicos, sociales y culturales.

"Artículo 26. Desarrollo progresivo

"Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados."

25. Con respecto al derecho a la seguridad social, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", consagra en su artículo 9 lo siguiente:

"Artículo 9. Derecho a la seguridad social.

"1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

"2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto."

26. Por ende, para este órgano jurisdiccional no resulta suficiente la creación de instituciones encargadas de proporcionar y regular el derecho a la seguridad social, sino que también deben establecerse mecanismos sencillos y eficientes, que permitan garantizar el acceso efectivo a este derecho, de conformidad con los artículos 1o. y 17 constitucionales.

27. En ese sentido, todas las autoridades y tribunales deben procurar evitar que los trámites administrativos que al efecto dispongan las leyes secundarias, se conviertan en verdaderos obstáculos que dificulten estructuralmente que las personas puedan disfrutar íntegramente del derecho a la seguridad social.

28. Sobre esas premisas se considera que para garantizar el derecho a la seguridad social del quejoso, es insuficiente que éste sea derechohabiente del organismo de salud, o que tenga libre acceso a los Tribunales Laborales para exponer las controversias que se susciten, puesto que, además, tanto las autoridades administrativas como jurisdiccionales deben evitar imponer trabas y promover la garantía de este derecho humano, sin que lo anterior se traduzca en la supresión de los elementos de verificación respecto de los requisitos que la legislación secundaria contempla para poder disfrutar de tales beneficios.

29. En los conflictos individuales de seguridad social, que se resuelven ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, relativos a riesgos de trabajo –ya sea por accidente o enfermedad profesional–, es cierto que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que el asegurado aporte un principio de prueba sobre su causalidad con las actividades específicas desarrolladas, o con el medio ambiente en que el trabajador laboró, condicionante que rige tanto para las enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar contempladas en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, como para las que no se actualiza tal presunción, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos supuestos servirá para determinar si se acredita el nexo causal.

30. En el caso, se aprecia que el accionante manifestó que presentaba los padecimientos denominados:

1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que le condiciona una hipoacusia bilateral,

2. Síndrome doloroso lumbar crónico mecanopostural,

3. Enfermedades broncopulmonares, y

4. Callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica.

31. Patologías que indicó eran del orden profesional y tenían relación de causa-efecto con su ambiente laboral, y le generaban una incapacidad parcial permanente del 75 % (setenta y cinco por ciento), por lo que solicitó el pago de la pensión por incapacidad permanente. (foja 1)

32. En los hechos, relató que ingresó a laborar en **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual cambió de razón social varias veces, teniendo las siguientes categorías: (foja 2)

Primer puesto: **********.

Duración: seis meses.

Actividades: Se encargaba de alimentar el horno con barras de zinc y, al realizar dicha actividad, se producían humos extremos, calor intenso, además de que separaba el zinc del plomo dentro de los hornos.

Segundo puesto: **********, y pasó por las etapas de ********** y **********.

Duración: siete años.

Actividades: no las señaló.

Tercer puesto: **********.

Duración: diez años.

Actividades: no menciona.

Cuarto puesto: **********, en sus distintas categorías A, B, H, G y E. (sic)

Duración: quince años.

Actividades: no señala.

Quinto puesto: **********.

Duración: cuatro años.

Actividades: supervisar en todo el departamento de fundición.

33. Indicó que en la empresa se producía zinc, óxido, cloruro de zinc, y que estuvo expuesto a respirar por periodos prolongados plomo y zinc, a inhalación de polvos; que en la extracción se generaba calor extremo, cambios de temperatura y ruido intenso que interrumpía la comunicación normal, provocado por las máquinas.

34. Que trabajó cuarenta y dos (42) años.

35. En atención a la acción ejercitada, invariablemente debió demostrar que tuvo esas categorías, que desempeñó las actividades que adujo a lo largo de su vida laboral, o bien, el medio ambiente al que afirmó estuvo expuesto y, al efecto, las probanzas tendientes a su comprobación, no resultan idóneas para ese propósito.

36. En efecto, para acreditar sus afirmaciones, el actor, ahora quejoso, ofreció en el apartado V de sus pruebas las siguientes: (fojas 6 y7)

"V. Las documentales consistentes en:

"a) Un aviso de modificación de salario de fecha 1 de abril de 1982, prueba que se ofrece para acreditar que la parte actora laboró para la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la categoría de **********.

"b) Un aviso de modificación de salario de fecha 1 de abril de 1990, prueba que se ofrece para acreditar que laboró para la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la categoría de **********. "c) Un aviso de modificación de salario de fecha 3 de agosto de 1992, prueba que se ofrece para acreditar que laboró para la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la categoría de **********.

"d) Un aviso de modificación de salario de fecha 9 de febrero de 1998, prueba que se ofrece para acreditar que laboró para la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con la categoría de **********."

37. En audiencia de catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), previo a ratificar su demanda, ofreció como medio de perfeccionamiento de las documentales en cuestión, el cotejo, a practicarse en la Subdelegación Tlalnepantla, anexo al Hospital General de Zona Gustavo Baz, Departamento de afiliación y vigencia. (foja 52 vuelta)

38. Dichas pruebas fueron objetadas en términos generales por el demandado, como se observa de la siguiente transcripción: (foja 52 vuelta)

"Por ser el momento procesal oportuno procedo a objetar las pruebas ofrecidas por mi contraparte en términos generales, en cuanto alcance y valor probatorio que a las mismas se les pretende atribuir, por no ser los medios idóneos para acreditar los extremos de su acción y, por lo que hace a la prueba marcada bajo el numeral IV."

39. La Junta, en la audiencia citada (14 de marzo de 2017), admitió la prueba de referencia en los términos siguientes:

"De la parte actora: se admiten todas y cada una de sus pruebas ... por lo que hace a la documental marcada con el numeral V, consistente las documentales (sic) y que obran en autos, se aceptan y a la misma se le dará el valor probatorio que corresponda al momento de dictar resolución."

40. Lo anterior pone de relieve que la autoridad omitió proveer sobre el medio de perfeccionamiento propuesto por el oferente, consistente en el cotejo con su original, pues nada adujo al respecto. (fojas 52 y 53)

41. Ello constituye una infracción a las reglas del procedimiento, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 202/2004-SS, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2005, en la que estableció que cuando en un juicio laboral se ofrezca como prueba una documental en copia simple o fotostática, respecto de la cual se solicite su compulsa o cotejo con su original, indicando el lugar en donde ésta se encuentre, la Junta del conocimiento debe ordenar su perfeccionamiento, con independencia de que la contraparte la objete o no, pues en esas condiciones es claro que la intención del oferente es lograr el perfeccionamiento de la prueba, en principio, para que alcance un mayor valor probatorio y, además, para desvirtuar la objeción que, en su caso, haga valer la contraparte.

42. La tesis de jurisprudencia a que se ha hecho mención, aparece publicada con el número de identificación 2a./J. 44/2005, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 734, con número de registro digital: 178744, de rubro y texto:

"DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA. EL OFRECIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO REQUIERE QUE SEA OBJETADO PARA QUE LA JUNTA LO MANDE PERFECCIONAR. Cuando se ofrece como prueba un documento privado en copia simple o fotostática y se solicita, además, su compulsa o cotejo con el original ‘para el caso de objeción’, señalando el lugar en que se encuentre, en términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, no es necesario que dicho documento sea efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o cotejo propuesto, porque ello implicaría desvirtuar el propósito perseguido por el oferente consistente en mejorar el valor probatorio del documento para salvar la objeción que pudiere hacerse, además de que sería ilógico que el perfeccionamiento dependiera de la voluntad de su contraparte, esto es, de que decida o no objetarlo, máxime que la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de perfeccionar ese tipo de documentos sin la condición de la objeción aludida, como se desprende de su artículo 807, de manera que debe considerarse que el perfeccionamiento ofrecido para el caso de objeción no está condicionado a que aquélla exista."

43. Lo anterior cobra especial relevancia, porque el cotejo propuesto por el actor está dirigido a mejorar el alcance probatorio de las copias fotostáticas de los avisos de modificación de salario descritos, donde consta el nombre de la empresa para la cual laboró, así como los puestos que ocupó, por lo que es claro que, con la citada omisión, violentó las leyes esenciales del procedimiento, en franca oposición a lo dispuesto en el diverso 798 de la Ley Federal del Trabajo.

44. De ahí la importancia de reparar la infracción procesal destacada, a fin de que la autoridad del trabajo ordene el desahogo del cotejo de las documentales ofrecidas por la parte actora en el apartado V, incisos a), b), c) y d) de sus pruebas, inherentes a los avisos de modificación de salario. Máxime que la violación al procedimiento trascendió al laudo, toda vez que ésta no estuvo en posibilidad de demostrar la empresa y puestos en los que se desempeñó, elementos constitutivos de la acción ejercitada, consistente en el pago de la pensión por incapacidad reclamada, tan es así que la autoridad absolvió de dicha pretensión.

a) Categorías y funciones desempeñadas por en los diversos puestos que ocupó en la empresa.

45. Siguiendo con el estudio que nos ocupa, se observa que la Junta emitió laudo absolutorio, pues impuso a la parte actora la carga de la prueba, la cual dijo que no satisfizo.

46. Sobre este tópico, este tribunal constitucional considera que la tradición civilista "el que afirma está obligado a probar" en el terreno de las cargas probatorias no es trasladable en automático a la materia de trabajo, a partir de la incorporación legal del modelo dinámico de la prueba, como lo sostiene el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenido en la tesis aislada III.3o.T.9 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1326, con número de registro digital: 2002715, de rubro y texto:

"CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. ESTÁ PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CONSISTE EN DISPENSAR DEL DÉBITO PROBATORIO DEL DESPIDO AL TRABAJADOR Y TRASLADARLO AL PATRÓN (REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE ENERO DE 1980). Conforme al artículo 784, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador queda eximido de probar el despido, cuando entre otras causas, exista controversia sobre haberle dado aviso el patrón por escrito, de la fecha y causa de la separación. Así, la norma traslada al patrón el débito de probar el hecho de haber despedido al operario por causa justificada; medida implementada en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, cuyas razones, según el proceso legislativo, fueron: a) una referencia expresa a modificar el parámetro tradicional de distribución de la carga de la prueba dentro del juicio laboral, al cuestionar el principio inherente a que quien afirma debe probar los hechos constitutivos de su acción, porque aplicado rígidamente –en forma absoluta, sin consideración de las dificultades objetivas–, limita la actividad del tribunal de juzgar conforme a una idea clara y completa de los hechos; b) la necesidad de distinguir que el deber de probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo, no siempre coinciden y, con frecuencia, es la contraparte o terceros ajenos al juicio quienes disponen de más elementos que el actor para comprobar lo que éste afirma; c) exigencia de una modalidad participativa y de colaboración de todos aquellos que intervienen en el juicio, para lograr el esclarecimiento de la verdad y para aportar todos los elementos que faciliten la labor de juzgar; y, d) el sentido optativo de la carga probatoria, contenido en la iniciativa de la citada reforma, se sustituyó por la de un imperativo y así afianzar el equilibrio material de las partes, fincándola al patrón, a quien se consideró en mejor posibilidad de cumplirla. Luego, el fin de la reforma fue atemperar las consecuencias desfavorables para el conocimiento de la verdad y la impartición de justicia obrera, del principio de derecho común indicado, flexibilizándolo en procesos de contenido social, al obligar a la parte que podría tener mayor capacidad de aportar las pruebas, a su exhibición, con la presunción de certeza de los hechos narrados por el trabajador en caso de contumacia (salvo prueba en contrario), así que es un deber contribuir al conocimiento de la verdad, cooperando con la exhibición de las pruebas en los supuestos descritos en la norma para la efectiva impartición de justicia, en atención al desequilibrio entre los factores de la producción que atiende la referida reforma. En este contexto, en la doctrina procesal también es conocida como ‘carga dinámica de la prueba’, según la cual debe aportarla quien esté en mejor posición y condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de mejor oportunidad, en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente a situaciones de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente resulta necesario atender. Es un medio excepcional que desplaza el débito respecto a situaciones concretas y no de forma total, flexibilizando la rigidez de las reglas generales, pues no las desecha sino las complementa o perfecciona. Finalmente, atiende a criterios de disponibilidad (situación de cercanía, acceso o contacto con el medio o fuente de la prueba) y de facilidad (mayor economía, rapidez o seguridad para aportarla), más allá de la situación de actor o demandado, ante la dificultad de su acceso a la prueba, que podría implicar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31206-b3edcdb5/conflicto-individual-de-seguridad-social-el-organo-jurisdiccional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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