ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia laboral en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tener en cuenta las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió, por unanimidad de votos en cuanto al sentido, el amparo directo ********** en los siguientes términos:
"Son esencialmente fundados los conceptos de violación, aunque para ello sea necesario suplir la queja en uno de ellos, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser el trabajador quien solicita la protección constitucional ... Ahora bien, es preciso advertir, en principio, que sobre el tema que nos ocupa, relativo a la carga probatoria respecto de la profesionalidad de las enfermedades de trabajo que alega el trabajador, este Tribunal Colegiado ha sostenido en diversas ejecutorias lo siguiente: 1) Que aun cuando es cierto que la obligación de probar las condiciones básicas de la relación laboral recae en el patrón, en atención a que dispone de mejores elementos para hacerlo, como lo estipula el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que tratándose de empresas como la demandada, que tiene celebrado contrato colectivo de trabajo, no es posible que queden establecidas en éste las actividades que cada uno de los trabajadores deba desarrollar, ni es obligación legal hacerlo, por lo que es evidente que respecto a dicho aspecto no se puede imponer la carga probatoria a la patronal para exhibir los documentos que las contengan; 2) Que en el contrato colectivo de trabajo no existe obligación de estipular el servicio o servicios que debe prestar el trabajador, ya que comprende un sinnúmero de trabajadores, mientras que el contrato individual se refiere a un trabajador en específico, siendo factible, por tanto, que en éste se establezcan una a una las actividades que deberá desarrollar, lo que no sucede cuando existe contratación colectiva, razón por la que respecto a dicha situación no se pueda imponer la carga probatoria a la patronal para exhibir los documentos que contengan las actividades desarrolladas por el trabajador; y, 3) Que en cuanto al reconocimiento del vértigo como enfermedad de trabajo, para calificar el origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que los padecimientos y la actividad estén comprendidos en la ley obrera (artículo 513) o en una cláusula del contrato (113), pues debe probarse por parte del actor, ya que si no están comprobadas, no podrá desprenderse la presunción legal, es decir, no puede llegarse al vínculo causal. Lo anterior fue sostenido, entre otros, en el amparo directo laboral número 123/2007, promovido por Aurelio Solís Bazán. El criterio sustentado en la ejecutoria pronunciada en el citado juicio de garantías del índice de este tribunal contendió en la contradicción de tesis 148/2008-SS, con otros que se estimaron divergentes contenidos en diversas ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito. El criterio que sostuvo el citado Primer Tribunal Colegiado aparece en la jurisprudencia que puede ser localizada bajo el número de registro y datos siguientes: Núm. registro: 171748. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, agosto de 2007, tesis XIX.1o. J/5, página 1306, de rubro y texto siguientes: ‘INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. AUN CUANDO CORRESPONDE AL TRABAJADOR DEMOSTRAR QUE SU ESTADO PATOLÓGICO DERIVA DE SU AMBIENTE LABORAL, SI EL PATRÓN NO EXHIBE SUS CONDICIONES DE TRABAJO PARA VALORAR SI LA CAUSA ORIGINARIA DEL PADECIMIENTO TIENE NEXO CON EL LUGAR O ACTIVIDADES DE SU EMPLEO, OPERA A FAVOR DEL TRABAJADOR LA PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS QUE SOBRE TALES CONDICIONES DESCRIBE EN SU DEMANDA.’ (se transcribe). Por ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inexistente la contradicción de criterios entre lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito y lo que sostuvo este tribunal, en virtud de que, respecto al tema precisado en el inciso 1) anterior, el examen realizado por dichos órganos al sustentar su respectivo criterio, no partió de los mismos elementos, pues mientras que el primero hizo su análisis sin considerar como referencia la existencia de un contrato colectivo de trabajo; el segundo distinguió entre un contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo; respecto al tema señalado en el inciso 2), el Alto Tribunal no advirtió consideraciones antagónicas, y en relación con el tema identificado con el inciso 3), la Segunda Sala estimó improcedente la denuncia de contradicción, en virtud de que con fecha veinte de febrero de dos mil ocho, la propia Sala declaró la inexistencia de la diversa contradicción de tesis 265/2007-SS, planteada en los mismos términos y respecto de las mismas resoluciones que las abordadas en la contradicción de tesis 148/2008-SS. Bien, precisado lo anterior, es menester dejar establecido que una nueva reflexión sobre el tema a estudio conduce a este Tribunal Colegiado a compartir, en esencia, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, contenido en la jurisprudencia invocada con antelación, en cuanto a que existe una carga compartida en materia de riesgos de trabajo respecto a los hechos constitutivos de la acción, siendo a cargo del patrón la de acreditar las condiciones laborales, dadas las siguientes consideraciones: En el criterio que venía sustentando este tribunal, el análisis partió básicamente de la distinta naturaleza existente entre el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo, habiéndose considerado que en tratándose de empresas que tienen celebrado contrato colectivo -como era el caso-, no es posible que en éste queden establecidas las actividades que cada uno de los trabajadores debe desarrollar, ni es obligación legal hacerlo, ya que no le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que regulan las relaciones individuales de trabajo, sino lo dispuesto por los artículos 390 y 391 de la propia ley, en las que no se contempla esta obligación, de lo que se concluía que a este respecto no se le podía imponer al patrón la carga probatoria para exhibir los documentos que contuvieran las citadas condiciones de trabajo. De ese análisis y de la consideración que se hizo en el sentido de que las normas aplicables a los contratos individuales de trabajo no regulan la celebración de los contratos colectivos, se arribó a la conclusión de que no se puede exigir al patrón que soporte la carga de la prueba en términos de lo dispuesto por el artículo 804 de la ley de la materia, respecto a la exhibición en juicio de documentos que no tienen obligación de conservar con características que no le son propias. Sin embargo, del contenido de los artículos 386, 390 y 391 de la Ley Federal del Trabajo, se puede considerar que las convenciones contenidas en un contrato colectivo de trabajo, por su propia y especial naturaleza, constituyen una convención en la que en forma general o especial las partes contratantes: empresa y sindicato fijan las bases de las condiciones generales de trabajo, que vinculadas a las establecidas en los contratos individuales de la misma índole, regulan las relaciones laborales existentes entre las partes. Los dispositivos de ley que se invocan son del texto siguiente: ‘Artículo 386.’ (se transcribe). ‘Artículo 390.’ (se transcribe). ‘Artículo 391.’ (se transcribe). De las disposiciones legales pretranscritas, se advierte que los pactos colectivos de trabajo tienen por objeto establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos (386). El artículo 390 obliga a las partes a celebrar el contrato colectivo por escrito, bajo pena de nulidad; mientras que el 391 enumera las disposiciones mínimas exigibles que debe contener un contrato de esta naturaleza, en el que además de establecer aquellas atinentes a determinadas condiciones laborales, tales como las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, y el monto de los salarios, se incluyen otras que, por su naturaleza, sólo pueden ser propias de un contrato colectivo, tales como las empresas y establecimientos que abarque el citado contrato, o las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo con la ley. Sobre la naturaleza que se atribuye al contrato colectivo de trabajo, el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Editorial Porrúa, segunda edición, México, 1987, página 695, señala: ‘La doctrina ha definido al contrato colectivo de trabajo como el convenio de condiciones de trabajo que reglamentan la categoría profesional a través de la fijación de normas relacionadas con los contratos individuales de igual índole; se les considera el pacto que fija las bases para el desarrollo de toda actividad productiva con la finalidad de elevar el nivel de vida de los trabajadores mediante la regulación de las relaciones laborales en el sentido más favorable a las necesidades del obrero.’. En el caso a estudio, la parte actora exhibió copia de las cláusulas 1, 2, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 152, 153, 154, 182 y 183 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus organismos subsidiarios, por una parte, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, documental que al no ser objetada por la contraria se tuvo por admitida (fojas 51 a 66 del expediente laboral). Del contenido de la cláusula 1, inciso I, de dicho contrato, se corrobora el carácter general de dicho acuerdo, pues se pone de manifiesto que éste se constriñe a establecer las condiciones generales y especiales bajo las que se presta el servicio en la empresa y sus subsidiarias: ‘I. Contrato. El presente instrumento celebrado entre el patrón y el sindicato, que establece las condiciones generales y especiales bajo las que se presta el trabajo en Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.’. Por su especial naturaleza y finalidad, también es fácil advertir que en este tipo de pactos colectivos resultaría prácticamente imposible o difícilmente realizable establecer condiciones de trabajo relativas a cada operario, en forma particular, por ejemplo, aquellas sobre el servicio o servicios que cada uno deba prestar, o los lugares específicos donde deba prestarse el trabajo. No obstante, lo anterior no significa que este tipo de cuestiones específicas relativas a las condiciones individuales de trabajo, que efectivamente no son exigibles en un contrato colectivo, no deban ser reguladas en forma particular, o que en su indefinición puedan quedar sujetas a la voluntad de alguna de las partes, sólo porque exista un contrato colectivo de trabajo al que no le es legalmente exigible su especificación, menos aún cuando la determinación del servicio o servicios que el trabajador debe prestar, o el lugar o lugares donde deberá prestar el trabajo, constituyen parte fundamental de las condiciones de trabajo que necesariamente deben ser fijadas con total certeza y transparencia, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas protectoras del trabajo. En relación con el tema, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que por regla general las n
rmas de trabajo deben interpretarse atendiendo a la finalidad de esta rama del derecho, y en caso de duda, por la falta de claridad en dichas normas, debe estarse a lo más favorable al trabajador; pero que esa regla general admite excepciones, como el caso de la interpretación de las cláusulas de los contratos colectivos que contienen prestaciones a favor de los trabajadores que exceden las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, pues en este caso son de interpretación estricta. La jurisprudencia en cita es la número 2a./J. 128/2010, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia Laboral, página 190, que establece: ‘CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA.’ (se transcribe). De dicha jurisprudencia se puede desprender, a contrario sensu, respecto a los casos de excepción, que las estipulaciones del contrato colectivo de trabajo que establezcan prestaciones o condiciones de trabajo que no excedan las establecidas en la ley de la materia, éstas pueden ser interpretadas en forma extensiva, o bien estarse a lo más favorable al trabajador; por ende, la existencia de un contrato colectivo de trabajo en el que se omita el señalamiento de determinadas condiciones laborales, no puede resultar en la evasión o elusión del cumplimiento de las normas protectoras del trabajo por parte del patrón, sino que en todo caso tal falta de señalamiento implicará la necesidad de acudir a aquellas normas consagradas en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo o en cualquier otra fuente del derecho laboral legalmente aceptada, que colme esa falta de determinación contractual, si el propio pacto colectivo no da la pauta general para ello. Lo anterior nos lleva a su vez a afirmar que si bien el artículo 390 de la Ley Federal del Trabajo no establece como requisito que en la celebración del pacto colectivo se incluya estipulación sobre el servicio o servicios que deban prestarse, ni el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, porque dicha exigencia sería de imposible o de difícil cumplimiento, dada la naturaleza colectiva del citado acuerdo de voluntades -que se limita a establecer las condiciones generales y las especiales bajo las que se presta el trabajo en la empresa demandada, tal y como lo precisa la cláusula 1, inciso I, del citado contrato-, no menos cierto es que las condiciones de trabajo en las que debe prestar sus servicios un trabajador, en forma individualizada, corresponden al ámbito de sus derechos constitucionales, los cuales se rigen por los principios que se derivan de los artículos 5o. y 123 de la Carta Magna, y que se consagran en los artículos 3o., 5o., 17, 18 y 31 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que el trabajo es un derecho, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel socioeconómico decoroso para el trabajador y su familia; que las disposiciones de la ley laboral son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo; señalando que en todos estos casos -de renuncia-, se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas (o aquellas que impidan el ejercicio de los derechos del trabajador); que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración las finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. de la ley, prevaleciendo, en caso de duda, la interpretación más favorable al trabajador; y que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o. de la propia ley, se tomarán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social derivados del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; y el principio de que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Los dispositivos de ley que se invocan, textualmente establecen: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). De todo lo anterior se sigue, además, que para que exista certeza en la aplicación de las normas protectoras del trabajo, es menester lógico y natural que las condiciones de trabajo en las que los trabajadores prestan sus servicios, queden particularizadas en términos escritos, de modo tal que permitan su comprobación y verificación, pues sólo de esta manera el patrón podrá demostrar, en su beneficio, el cumplimiento de dichas normas. Así, el propio patrón se constituye en parte interesada en la producción y preservación de la memoria documental que consigne las condiciones de trabajo en las que cada trabajador presta sus servicios, pues sólo de esa manera podrá cumplir con las normas de trabajo a las que se encuentra jurídicamente vinculado, si no en términos del pacto colectivo de trabajo, sí respecto de las relaciones individuales de trabajo convenidas. Para ello, es necesario armonizar, en una interpretación sistemática, lo dispuesto por las disposiciones legales antes invocadas que tienden a la protección del trabajo, con las diversas contenidas en los artículos 804 y 805, en correlación con los artículos 24, 25, fracciones III y IV, y 26 de la invocada Ley Federal del Trabajo. Sobre el particular, se cita el criterio del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, contenido en la jurisprudencia de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1503, Materia Laboral, que establece: ‘CONDICIONES DE TRABAJO. SI EN EL CONTRATO COLECTIVO NO SE EXIGE LA PRECISIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES Y LUGARES EN QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO, CONFORME A UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 24 Y 804, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES OBLIGACIÓN DEL PATRÓN REALIZAR DE MANERA ESCRITA CONTRATOS INDIVIDUALES O ALGÚN OTRO DOCUMENTO DONDE SE INDIQUEN, CONSERVARLOS Y EXHIBIRLOS, SO PENA DE HACER EFECTIVA LA SANCIÓN DE PRESUNCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 805 DEL MISMO ORDENAMIENTO.’ (se transcribe). Independientemente de lo anterior, la elaboración y conservación de material documental en el que se haga constar las condiciones laborales de los trabajadores, constituye un principio organizacional y de administración de los recursos humanos de una empresa, sin el cual no es posible el normal desarrollo de la misma, razón ésta que hace impensable que una empresa como la demandada, no cuente con ese control documental. En el caso a estudio, el actor no ofreció como prueba el contenido íntegro del contrato colectivo de trabajo, para poder determinar si existe alguna cláusula en la que se defina algún lineamiento general del cual se pueda advertir la obligación expresa de la empresa para documentar por escrito las condiciones generales del trabajo a desempeñar por cada trabajador, razón por la cual este tribunal no puede pronunciarse con mayores elementos y poder afirmar que el propio pacto colectivo establece el marco genérico conforme al cual la demandada se encuentra constreñida a elaborar dichos documentos. Sin embargo, es el caso que a su escrito de demanda el actor acompañó tres documentales consistentes en ‘tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado’, mismas que ofreció en el inciso I, subincisos a), b) y c), de su escrito de ofrecimiento de pruebas, las que al no haber sido objetadas por la contraria se tuvieron por admitidas. En ellas aparece, entre otras cosas, que son documentos expedidos por la demandada, Pemex Exploración y Producción, en los que se consigna el nombre del trabajador, la fecha de contratación, los datos de identificación de la plaza, salario diario, categoría, centro de trabajo, departamento, lugar donde el trabajador debe laborar, etcétera. Luego, si en el caso existen motivos amparados en la ley para estimar que independientemente de la existencia o no de contrato colectivo entre una empresa y su sindicato, es ineludible que la empresa lleve registro documental de las condiciones de trabajo que en forma individual presta cada uno de los trabajadores sindicalizados, y que en el caso esta afirmación se corrobora con las documentales exhibidas por el actor con su demanda laboral, consistentes en las tarjetas de trabajo para puesto sindicalizado, entonces resulta concluyente que en la especie a la demandada sí le es aplicable lo dispuesto por los artículos 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, de modo tal que si no exhibe en juicio los documentos en los que se consignen las condiciones de trabajo en las que un operario en particular presta sus servicios, se establecerá la presunción de ser ciertos los hechos afirmados en la demanda, en relación con los documentos cuya exhibición fue omitida, salvo prueba en contrario. Ahora, si bien corresponde en principio al actor la carga de la prueba para demostrar que es portador de un estado patológico consecuencia de la acción continua en el ambiente, lugar o actividades a que estuvo sujeto en el desempeño de sus funciones, como presupuestos de la acción, también es claro que de la interpretación de los artículos 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, en correlación con los diversos 3o., 5o., 17, 18, 25, fracciones III y IV, 26 y 31, se advierte que la Junta debe eximir al trabajador de probar las condiciones de trabajo, y arrojar la carga de la prueba respecto de éstas al patrón, por ser quien está obligado a conservar los documentos donde se precisan estas circunstancias, y que resultan imprescindibles para valorar la etiología de los padecimientos. Bajo este enfoque, resultan fundados los motivos de disenso que hace valer el quejoso para establecer que, contrario a lo estimado por la Junta Federal, correspondía a la patronal la carga de la prueba para demostrar las condiciones de trabajo a que estaba sujeto en su relación laboral con la demandada, por ser quien posee la documentación inherente a tal hecho, en particular, aquellas que demostraran el medio ambiente laboral en el que el impetrante desarrolló sus labores. Es así, porque como ya quedó establecido con antelación, la existencia de un contrato colectivo que rige las relaciones de trabajo entre la demandada y su sindicato, no es obstáculo para que la patronal cumpla con las normas protectoras del trabajo, entre las que se encuentra la documentación escrita de las condiciones de trabajo en las que el trabajador debe desempeñar sus labores, precisando con la mayor precisión posible estas circunstancias, así como el lugar o lugares donde habrá de laborar. Por otra parte, en suplencia de la queja conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, dado que en el caso subsiste la carga de la prueba para que el actor acredite el hecho constitutivo de su acción, consistente en que es portador de un estado patológico que por su etiología pudiera ser calificado como profesional, cabe destacar que se aprecia que la Junta responsable al pronunciar el laudo reclamado, sostuvo lo siguiente: ‘En relación a la prueba pericial médica desahogada en autos a cargo de los peritos designados por cada una de las partes y tercero en discordia, si bien es cierto que el perito del actor y tercero en discordia señalan en sus dictámenes que el actor padece afectaciones auditivas y de columna vertebral, señalan un grado de incapacidad, y además que estos padecimientos son a consecuencia del ambiente laboral en que se desempeñó el actor y el perito de la parte demandada, señala que el actor es portador de una lumbalgia mecanopostural intermitente asociada a proceso estructural congénito y presencia de probable proceso herniario del disco L5-S1 y que dicha lumbalgia es de índole ordinario, y no presenta afectación del aparato auditivo a consecuencia del trabajo realizado al servicio de la demandada; como se advierte claramente de estos dictámenes periciales tampoco arrojan beneficio alguno a la parte actora, toda vez que de acuerdo al desahogo de estas probanzas no se encuentra acreditado la relación causal, es decir, que la afectación que dicen que el actor padece lo haya adquirido a consecuencia de un ambiente laboral en el cual haya existido ambiente ruidoso, toda vez que esto no se encuentra acreditado con ninguna de sus pruebas y las cuales fueron analizadas con anterioridad.’. Como se ve, la razón que sostuvo en esta parte del laudo la autoridad responsable para negar valor probatorio a las periciales desahogadas en el juicio laboral, no puede constituir un argumento válido y suficiente que justifique la ineficacia probatoria de las periciales en comento, pues la desestimación que hizo de las mismas tuvo como fundamento que no quedó acreditado el origen profesional de las enfermedades que se diagnosticaron en el actor; más, en lo conducente, no puede soslayarse que en la presente ejecutoria ha quedado determinado que la Junta responsable hizo una incorrecta fijación de la carga probatoria en cuanto a la profesionalidad u origen de los alegados padecimientos ..."
(No se transcriben las consideraciones de los amparos directos ********** y **********, al ser esencialmente iguales a las acabadas de transcribir).
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito resolvió por unanimidad de votos el amparo directo **********, en los siguientes términos:
"En principio, debe señalarse que corresponde a la parte actora la carga de la prueba respecto a las actividades o al medio ambiente al cual se dijo estar sometido. Para efecto de hacer evidente lo anterior, y toda vez que en la materia laboral existe un régimen especial respecto de las cargas probatorias, es conveniente transcribir el contenido de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo que, textualmente, señalan: ‘Artículo 784.’ (se transcribe). ‘Artículo 804.’ (se transcribe). ‘Artículo 805.’ (se transcribe). Como se advierte de los preceptos antes transcritos, en materia de trabajo existe una especial tutela a favor de los trabajadores, toda vez que se les otorga un trato especial respecto de la carga de la prueba, eximiéndoseles de probar ciertos hechos o actos y revertiendo la misma a la parte patronal, aun cuando con ello se trate de demostrar afirmaciones o pretensiones del trabajador. Lo anterior se justifica en vías de lograr un mayor equilibrio entre las partes, otorgando una mayor protección a quien carece de elementos para acreditar sus hechos, revertiendo tal obligación a quien se encuentra en posibilidad de aportarlos, a fin de lograr esclarecer los hechos controvertidos. Tales consideraciones, se corroboran con lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a. LX/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 300, que a la letra dice: ‘CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe). Como se advierte de lo antes señalado, en materia laboral no es posible aplicar de manera rígida las cargas probatorias, ni en contra del que afirma, ni del que niega, sino que en cada caso particular, dependiendo del hecho a probar, así como de la posibilidad de presentar los medios probatorios, se establecerá la misma. En efecto, se eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando existan otros medios para llegar al conocimiento de los hechos, aun cuando con tal reversión corresponda a la parte demandada demostrar las afirmaciones o pretensiones del actor trabajador; sin embargo, ello sólo ocurrirá cuando la parte patronal tenga al alcance tales elementos probatorios, caso contrario, operará el principio de ‘quien afirma, está obligado a probar’. Ahora bien, en el caso a estudio la parte actora, aquí quejosa, demandó de Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, entre otras prestaciones, el reconocimiento de que las enfermedades que dice presenta, son de origen profesional, señalando para ello los siguientes hechos: ‘III. El actor ha desempeñado para los demandados labores en jornadas de turno, tanto como trabajador transitorio como de planta por más de 15 años, y en el caso que las actividades que ha desempeñad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23153-26cf20a0/enfermedad-profesional-cuando-se-demanda-a-petroleos-mexicanos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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