INDEMNIZACIÓN POR ENFERMEDADES DEL ORDEN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE DESEMPEÑÓ EL ACTOR RECAE EN LA PARAESTATAL DEMANDADA, CON INDEPENDENCIA DE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, AMBOS CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 25 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: OCTAVIO RAMOS RAMOS. SECRETARIO: RUBÉN ÁVILA MÉNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, por haberla formulado el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios contendientes. A continuación, se destacan las consideraciones de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.
Primer criterio. Juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, del índice del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.
El referido órgano jurisdiccional, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad de votos el aludido juicio de amparo uniinstancial, promovido por **********, por conducto de su apoderado legal, en contra del laudo de quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral **********, del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; en el cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, al declarar fundados los conceptos de violación consistentes en que al tenor de lo previsto en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que transcurre un año, después de terminada la relación de trabajo, en el caso, con motivo de la liquidación de un trabajador, se actualiza un estado de excepción a la obligación de la patronal de conservar la documentación que por disposición legal le imponen los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en tal supuesto corresponde al operario la carga probatoria al respecto.
Al efecto, se transcribe la parte conducente de la referida ejecutoria:
"... efectivamente contra lo resuelto por la Junta, la carga de acreditar los elementos de la acción, como son las actividades y medio ambiente laboral, corresponden al trabajador.
"Lo anterior es así, pues si bien de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubor (sic): ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS.’ para calificar el origen profesional de una enfermedad es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o el medio ambiente en que se laboró, pues es la comprobación de tales hechos lo que permite acreditar, en su caso, la existencia del nexo causal, el cual, al demostrarse, daría lugar al otorgamiento de la indemnización por riesgo de trabajo que se demande.
"Asimismo, cuando los contratos colectivos de trabajo contienen criterios ocupacionales, esto es, de categoría y funciones de cada puesto, atendiendo a los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo debe considerarse como una carga procesal de la empresa patronal, pues por disposición expresa de la ley tiene la obligación de soportar la carga de la prueba, entre otras, cuando exista controversia en relación con el contrato de trabajo y, por otro lado, está obligada a conservar y exhibir en juicio los documentos relativos a las relaciones de trabajo; sin embargo, esa obligación se extingue una vez que ha transcurrido el término que para cada caso establece el citado artículo (sic) 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, que al efecto dicen:
"‘Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
"I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable;
"II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios;
"III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
"IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y
"V. Los demás que señalen las leyes.
"Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.’
"‘Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario.’
"Por consiguiente, si la acción de reconocimiento de riesgo de trabajo y la consecuente indemnización por enfermedad profesional entablada contra Petróleos (sic) y Pemex Petroquímica se hizo valer después de transcurrido el término establecido en el aludido artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, ello hace patente que la carga procesal no corresponde a la paraestatal sino al operario.
"En el caso, el actor es un trabajador que fue liquidado el catorce de mayo de mil novecientos noventa y dos, tal y como lo señala la demandada al contestar el hecho uno de la demanda (ver foja 43 del expediente laboral) cuestión que quedó demostrada con el convenio de liquidación de la data referida, del que se advierte que la paraestatal Petróleos Mexicanos liquidó al actor aquí tercero interesado (ver fojas 109 a 110), además de que el propio actor en su escrito de demanda confiesa que tiene la calidad de trabajador liquidado.
"El aludido trabajador presentó su demanda laboral el veintiocho de mayo de dos mil doce, esto es, pasado más de un año después de terminada la relación laboral con las paraestatales demandadas, situación que hace patente que la parte patronal para el cual el operario prestó sus servicios y cuyo medio ambiente laboral, a decir del actor aquí tercero interesado, resultó generador de los padecimientos diagnosticados, quedó relevado de la carga procesal de la exhibición de los documentos que acrediten las actividades desempeñadas y el medio ambiente en el que se desarrolló la relación laboral, ello, por haber concluido el término para su conservación y exhibición en juicio y, por tanto, se actualiza un estado de excepción, correspondiéndole en este caso la carga de la prueba al operario para probar los hechos de su demanda en lo relativo a las actividades desempeñadas cuando estuvo al servicio de las demandadas y medio ambiente en el que se desarrolló la relación laboral. ..."
Segundo criterio. Juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.
En sesión de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el referido órgano federal resolvió, por unanimidad el juicio de amparo directo en materia de trabajo ********** promovido por **********, determinando concederle el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, dejara insubsistente el laudo reclamado [dictado el siete de febrero de dos mil dieciocho en el juicio laboral **********] y en su lugar, dictara otro en el cual estableciera que la carga de probar las actividades desarrolladas por la actora y el medio ambiente en que laboró corresponde a la paraestatal demandada y no ésta.
Determinación que implicó distinguir la subsistencia de la carga probatoria de la obligación de conservar la documentación relativa a las actividades desarrolladas por la actora; esto es, no desconoció la obligación de la patronal de conservar la documentación relacionada con la operaria hasta un año después de concluida la relación de trabajo; sin embargo, el principio que sustenta la carga probatoria no deja de ser eficaz sólo porque la trabajadora se encuentre jubilada, máxime que las condiciones ambientales y actividades de la trabajadora pueden ser demostradas con cualquiera de los medios de prueba reconocidos.
La mencionada ejecutoria, en lo conducente, cuenta con las consideraciones siguientes:
"... también es necesario destacar que la responsable arrojó de manera indebida la carga probatoria a la actor (sic) de acreditar las actividades o medio ambiente laboral para efectos de considerar como profesionales las enfermedades mencionadas, con lo cual se apartó de lo que al respecto establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto son:
"‘Novena Época
"‘Registro digital: 160860
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Libro I, Tomo 2, octubre de 2011
"‘Materia laboral
"‘Tesis: 2a./J. 147/2011 (9a.)
"‘Página: 1212
"‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. CUANDO SE DEMANDA A PETRÓLEOS MEXICANOS EL RECONOCIMIENTO DE SU ORIGEN, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE PROBAR LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS O MEDIO AMBIENTE EN QUE EL TRABAJADOR PRESTA O PRESTÓ SUS SERVICIOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para calificar el origen profesional de una enfermedad, es requisito indispensable que se compruebe su causalidad con las actividades específicas desarrolladas o con el medio ambiente en que se laboró, pues es la comprobación de esos hechos la que permite acreditar el señalado nexo causal. Por otra parte, las cláusulas 103 y 113 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Pemex y su sindicato, establecen el procedimiento específico para el reclamo de las prestaciones surgidas con motivo de un padecimiento del orden profesional, que obliga a la empresa a emitir un pronunciamiento respecto de los criterios ocupacionales y de seguridad e higiene del solicitante. Bajo este contexto, corresponde a Pemex la carga de probar los hechos que pueden dar lugar al reconocimiento profesional de una enfermedad en términos de los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si no exhibe en juicio los documentos en los que se consignen las actividades y condiciones ambientales en las que el operario presta o prestó sus servicios, se actualiza la presunción de ser ciertos los hechos afirmados en la demanda, en relación con los documentos cuya exhibición se omitió, salvo prueba en contrario.’
"En este aspecto, cabe mencionar que aun cuando la parte actora se encuentra disfrutando de la jubilación, corresponde a la patronal la carga demostrativa sobre las actividades y condiciones ambientales en que el operario prestó sus servicios, ya que se trata de aspectos derivados del contrato de trabajo, respecto al cual en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo corresponde al patrón la carga probatoria en caso de controversia.
"Lo anterior, porque debe distinguirse la subsistencia de la carga probatoria de la obligación de conservar la documentación relativa a las actividades desarrolladas por el actor, pues no se desconoce que sobre esto último el diverso artículo 804 establece que la patronal está obligada a conservar la documentación ahí descrita hasta un año después de concluida la relación de trabajo.
"Sin embargo, se insiste, el principio que sustenta la carga probatoria no deja de ser eficaz sólo porque el trabajador se encuentre jubilado, atento a que si bien en tal supuesto, dejó de existir la relación laboral entre las partes, lo cierto es que siguen relacionadas a la luz de un diverso nexo jurídico nacido, precisamente, de la jubilación, máxime que las condiciones ambientales y actividades del trabajador pueden ser demostradas no sólo documentalmente, sino a través de cualquiera de los medios de prueba reconocidos por el código obrero.
"Así se desprende de la siguiente jurisprudencia:
"‘Novena Época
"‘Registro digital: 185352
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XVI, diciembre de 2002
"‘Materia: laboral
"‘Tesis: 2a./J. 127/2002
"‘Página: 245
"‘PENSIÓN JUBILATORIA. CUANDO EL TRABAJADOR DEMANDA SU RECTIFICACIÓN, CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE PROBAR EL MONTO DEL SALARIO BASE, AUNQUE HAYA TRANSCURRIDO EL TIEMPO EN QUE ESTÁ OBLIGADO LEGALMENTE A CONSERVAR Y EXHIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que tiene la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador y que, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia, entre otros hechos, sobre el monto y pago de salarios. Por su parte, el artículo 804 del mismo ordenamiento establece que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio determinados documentos, con algunos de los cuales se puede comprobar el monto y pago del salario, y, en su última parte, especifica que el patrón debe conservar dichos documentos durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Aunque ambos preceptos están relacionados entre sí, no cabe admitir que pasado el tiempo establecido en la última parte del artículo 804, quede sin eficacia el principio procesal establecido en el diverso 784, básico en derecho laboral, de que corresponde al patrón, en todo caso, la carga de probar el monto y pago del salario, en virtud de que estos extremos puede acreditarlos no sólo con los documentos aludidos, sino con cualquiera de los elementos probatorios que relaciona el artículo 776 de la mencionada ley. Por tanto, cuando el trabajador, en su carácter de jubilado, demanda la rectificación de su pensión y alega que no es acorde con el monto de su último salario, corresponde al patrón la carga de probar éste, aunque haya transcurrido el tiempo que el artículo 804 obliga a conservar los documentos que señala, máxime si se toma en consideración que si bien entre patrón y jubilado ya no existe la relación laboral, siguen relacionados jurídicamente por el nexo propio de la jubilación, de modo que aun cuando aquél ya no tenga obligación de conservar los documentos relativos al salario, resulta de su interés y beneficio hacerlo para poder acreditar, en todo momento, que realizó el cómputo de la pensión conforme a derecho.’
"Congruente con lo expuesto, la carga probatoria no sólo recae sobre la parte patronal sino que subsiste, con independencia de que haya transcurrido más de un año entre la fecha en que concluyó la relación de trabajo con motivo de la jubilación del actor (dos de junio de dos mil nueve) y la fecha de presentación de la demanda laboral (siete de mayo de dos mil dieciséis), en virtud de que el mencionado débito procesal no desaparece con el paso del tiempo; por lo contrario, es la obligación de conservar documentos relativos a las condiciones de trabajo, también impuesta por la ley a la demandada, la que en su caso puede extinguirse después de un año, sin que esto último le releve de aquella carga, pues las actividades del actor y el medio ambiente en que prestó sus servicios puede acreditarse por cualquier otro medio de los reconocidos por la ley y no exclusivamente a través de la documental. ..."
CUARTO.—Causal de inexistencia de contradicción de criterios. Del informe rendido el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, actualmente, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, manifestó que no existe contradicción de criterios, toda vez que los juicios de origen derivan de una calidad de trabajador distinta, dado que en uno se trata de un trabajador liquidado al momento de presentación de su demanda laboral, y en el otro de un trabajador con el carácter de jubilado.
Sin embargo, resulta intrascendente para la materia de análisis la diferencia entre la calidad de trabajadores (liquidado y jubilado), en razón de que en ambos casos se extinguió la relación de trabajo, por un lado, la parte actora que fue liquidada trata de demostrar que los padecimientos profesionales de los que se duele son derivados del desgaste físico consecuencia de las actividades que desarrolló durante la relación de trabajo y el medio ambiente laboral hasta antes de la terminación de la relación de trabajo por liquidación.
Por su parte, la jubilación corresponde al reconocimiento del desgaste orgánico que incuestionablemente sufre todo trabajador, en cuanto ser humano, por razones de orden fisiológico, a lo largo de un tiempo mínimo de servicios acumulado durante su vida económicamente productiva, de manera que las contraprestaciones que se otorgan las partes no son ya el intercambio de fuerza de trabajo por salarios, sino que se sustituyen por la pensión que paga el patrón, por lo que si un trabajador fue liquidado, mediante convenio, o jubilado –formas de extinción de la relación de trabajo– no se podría justificar la pérdida de un derecho tutelado por los artículos 33 y 99 de la Ley Federal del Trabajo,(2) preceptos que permiten justificar que el derecho que reclama el trabajador le reviste las características de irrenunciable, inalienable e imprescriptible, por el simple hecho de haber prestado sus servicios durante algún tiempo a la patronal y formado parte del Contrato Colectivo de Trabajo.
Siendo que en el convenio el trabajador se dio por pagado de múltiples prestaciones derivadas de la relación laboral que en esta forma concluye, mas no del menoscabo orgánico que se busca resarcir mediante el pago de una indemnización o pensión jubilatoria por incapacidad.
Por tanto, el convenio de liquidación al igual que la jubilación, si bien por naturaleza son formas de conclusión o extinción de la relación de trabajo, lo cierto es que dichas circunstancias no son obstáculo para solicitar el reconocimiento de que los padecimientos sufridos por el operario son derivados de las actividades que realizó para la demandada o el medio ambiente laboral mientras duró la relación de trabajo.
Así, es dable llegar a la conclusión de que la calidad del trabajador –liquidado o jubilado– al momento del reclamo no adquiere trascendencia para el estudio de la contradicción de criterios denunciada, toda vez que en ambos casos se busca una prestación compensatoria ante el esfuerzo físico –gasto de energía– y la prolongada actividad que durante el transcurso de la relación laboral produjo el trabajo, lo que implica que ese reconocimiento se trate de un derecho adquirido, de manera que en nada influye para resolver a quién corresponde la carga probatoria a efecto de acreditar las actividades y medio ambiente en que el operario se desarrolló durante la relación de trabajo.
Razonamiento que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 17/97, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, con número de registro digital: 198735, Novena Época, página 308, de rubro y contenido siguientes:
"JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA.—Esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que con motivo de la jubilación, la relación de trabajo termina y se inicia otra en que las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el patrón otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que incuestionablemente sufre todo trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad; de tal manera que si un trabajador que reúne los requisitos contractualmente establecidos para merecer su pensión, se separa del servicio, con motivo de un convenio de liquidación celebrado con la empresa, aunque esto constituye otra forma de terminación de la relación de trabajo, no autoriza a desconocer el derecho adquirido que se generó durante el desarrollo de la relación laboral."
QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
De manera que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones sean exactamente iguales, toda vez que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico a resolver, esto es, debe tratarse de aspectos secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En ese sentido, para tener por configurada la contradicción de tesis, es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos, respecto de un tema similar, sea discordante esencialmente.
Lo anterior atento a la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, con número de registro digital: 164120, página 7, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Por ello, resulta indispensable tomar en cuenta los elementos esenciales de las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a fin de establecer si la contradicción de criterios existe o no.
En efecto, el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo directo en materia de trabajo ********** de su índice ponderó –en esencia– que el operario, en su calidad de liquidado reclamó el reconocimiento y pago de indemnización por incapacidad por riesgos de trabajo pasado más de un año de terminada la relación laboral con las paraestatales demandadas, situación que en su apreciación hizo patente que la parte patronal quedó relevada de la carga procesal consistente en la exhibición de documentos que acrediten las actividades desempeñadas por el operario durante la relación de trabajo, así como el medio ambiente laboral, en razón de haber concluido el término para la conservación y exhibición de documentos en juicio, de acuerdo con el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, se actualizó un estado de excepción, correspondiéndole a la parte trabajadora la carga de la prueba para acreditar los hechos de su demanda, en lo relativo a las actividades desempeñadas y medio ambiente en que se desarrolló la relación laboral.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el juicio de amparo directo en materia de trabajo **********, esencialmente consideró que la carga demostrativa sobre las actividades y condiciones ambientales en las que el operario prestó sus servicios, y que reclamó en su calidad de jubilado, corresponde al patrón al tratarse de aspectos derivados del contrato colectivo de trabajo, en términos del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo; distinguiendo la subsistencia de la carga probatoria, de la obligación de la patronal de conservar la documentación relativa a las actividades desarrolladas por el actor, toda vez que dicha fatiga procesal no se extingue con el paso del tiempo ni con la obligación a la patronal de conservar documentos hasta por un año después de que se extinga la relación laboral, en términos del diverso precepto 804 de la citada legislación.
Acorde a lo expuesto, mientras el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, concluyó que la carga de la prueba corresponde al operario cuando solicita el reconocimiento de padecimientos del orden profesional en razón de que tal reclamo se realizó un año después de que se extinga la relación laboral, en el cual la patronal tiene obligación de conservar la documentación relativa, en términos del artículo 804 de la ley de la materia; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en la misma ciudad, sostuvo que con independencia de la obligación de conservar la documentación que contempla el referido artículo, debe distinguirse la subsistencia de la carga probatoria, de la obligación de conservar la documentación relativa a las actividades desarrolladas por el actor; esto es, el principio que sustenta la carga probatoria no deja de ser eficaz sólo porque el trabajador se encuentre jubilado, máxime si las condiciones ambientales y actividades del trabajador pueden ser demostradas con cualquiera de los medios de prueba reconocidos.
Argumentos de los cuales se desprende la existencia de la contradicción de criterios denunciada.
Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, con núm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29003-e411a304/indemnizacion-por-enfermedades-del-orden-profesional-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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