RIESGOS DE TRABAJO. INDEMNIZACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LA FALTA INEXCUSABLE DE LA PARTE PATRONAL. EL ARTÍCULO 490 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO CONTRAVIENE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3388/2023. PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos:
Un trabajador de Pemex Transformación Industrial reclamó de dicha empresa el reconocimiento de diversas enfermedades de trabajo, la indemnización derivada del riesgo de trabajo que sufrió y el pago de la indemnización adicional prevista en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo de la industria petrolera atribuible a la falta inexcusable del patrón.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del conocimiento, condenó a la patronal al pago de las prestaciones reclamadas al considerar que se acreditó la falta inexcusable del patrón que derivó en los padecimientos de trabajo sufridos por el actor.
Inconforme, la empresa promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento le concedió el amparo al considerar que no se actualizó la falta inexcusable de Pemex Transformación Industrial. De ahí que ordenó dejar insubsistente el laudo reclamado y dictar una nueva resolución en la que se absuelva a la demandada de pagar la indemnización adicional.
Inconforme, la persona trabajadora (tercero interesada en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto) interpuso recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3388/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con Residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio de amparo directo 643/2022.
El problema que la Segunda Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es contrario a los derechos a la seguridad jurídica y seguridad social.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio laboral: Un trabajador de Pemex Transformación Industrial, reclamó de dicha empresa las prestaciones siguientes:
a. El reconocimiento de que el trabajador laboró en lugares insalubres y derivado de ello, la aceptación y reconocimiento de que todos los padecimientos que se determinen en los peritajes médicos le generan una disminución orgánico funcional derivada de las condiciones en las que laboraba.
b. El reconocimiento de la existencia de riesgos de trabajo que el trabajador sufriera durante la prestación de su servicio personal subordinado a la patronal. Así como las secuelas posteriores que agraven su estado de salud.
c. Que las enfermedades que padece son consideradas riesgos de trabajo de conformidad con la cláusula 125 del contrato colectivo análoga a la cláusula 113 del contrato colectivo vigente.
d. La evaluación y calificación del grado de incapacidad parcial y permanente derivada de los riesgos de trabajo, la cual deberá determinarse mediante peritajes.
e. El reconocimiento del incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo señalado en los incisos a), e) y f) de la cláusula 103 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige a la industria petrolera respecto de la omisión de someter al trabajador a exámenes médicos periódicos para preservar su salud, por lo que se violó en su perjuicio el derecho de protección a la salud. Como consecuencia, el incremento de la indemnización en un 40 % (cuarenta por ciento), en términos de lo previsto en la diversa cláusula 128 del mencionado pacto colectivo, en relación con el citado precepto legal.
f. El reconocimiento y pago de la jubilación por riesgo profesional en el porcentaje correspondiente al cien por ciento en virtud de que se encuentra en una disminución orgánico funcional del cien por ciento. Aduce que el hecho de que el trabajador ya está percibiendo una pensión por vejez, no hace improcedente el otorgamiento y pago de la jubilación por enfermedad profesional.
g. El pago de las prestaciones previstas en la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo en virtud de que la pensión que reclamó es resultado de riesgos profesionales.
2. Trámite del Juicio Laboral: Conoció del asunto la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Coatzacoalcos Veracruz que radicó la demanda con el número 1387/2017, señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de ley.
3. Laudo. Seguida la secuela procesal, la Junta del conocimiento dictó laudo en el que consideró que la parte actora acreditó parcialmente sus acciones y PEMEX sus excepciones. Condenó a la empresa al reconocimiento de diversas enfermedades de trabajo y grados de incapacidad, así como al pago de indemnización por riesgo de trabajo, en términos de la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo de PEMEX, en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo debido a que consideró que el patrón cometió faltas inexcusables que incidieron en las enfermedades de trabajo que padece el actor. En lo conducente, desarrolló las consideraciones siguientes:
a) El actor fundó su pretensión en la omisión de la patronal de someterlo a los exámenes médicos periódicos tendentes a la preservación y conservación de su salud personal, dado que las categorías que ocupó encuadran en aquellas a que se refieren los incisos a), e) y f) de la cláusula 103 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Pemex por sí y en representación de sus organismos subsidiarios y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
b) La demandada se excepcionó en el sentido de que siempre se practicaron los estudios médicos correspondientes y que en sus instalaciones siempre se observan las Normas Oficiales Mexicanas respecto a la seguridad e integridad física de los trabajadores, por lo cual no se dan los supuestos del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a que, el actor durante su vida laboral jamás refirió ser portador de ningún padecimiento y tampoco solicitó a la representación sindical la revisión de su salud.
c) El caso encuadra en los supuestos del artículo 490, fracciones I, III y V de la Ley Federal del Trabajo, porque la demandada jamás colmó su débito procesal para demostrar sus afirmaciones respecto a que al actor siempre se le han hecho los estudios médicos correspondientes en términos de la cláusula 103 del pacto colectivo de trabajo ni tampoco demostró que cumple con las disposiciones en materia de seguridad previstas en las Normas Oficiales Mexicanas.
d) Consecuentemente, estimó procedente condenar al pago del incremento en la indemnización en un equivalente al 40 % (cuarenta por ciento), en términos de lo previsto en la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo, en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo.
4. Juicio de amparo directo: Inconforme con esa determinación, Pemex Transformación Industrial promovió juicio de amparo directo. En lo que interesa la empresa quejosa argumenta que la responsable la condenó indebidamente al pago del cuarenta por ciento adicional sobre la indemnización por supuesta falta inexcusable, dado que el trabajador no señaló ninguna de las causas previstas en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo para que la junta aplicara dicha condena y que además la autoridad laboral determinó indebidamente que le corresponde la carga probatoria a la empresa demandada.
5. Amparo adhesivo: Por su parte el trabajador, promovió juicio de amparo adhesivo.
6. Sentencia del Tribunal Colegiado. Conoció de la demanda de amparo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que lo admitió a trámite y lo registró bajo el expediente de juicio de amparo directo 643/2022. Seguida la secuela procesal, dictó resolución en la que estimó el argumento de Pemex Transformación Industrial como fundado(1) y debido a ello concedió el amparo. Lo anterior, en esencia bajo las consideraciones siguientes:
a. Tratándose de las acciones derivadas de enfermedad profesional corresponde al actor demostrar su padecimiento, en tanto que en los casos en que Pemex o sus organismos subsidiarios sean la parte patronal, les corresponde a estos últimos probar las actividades específicas o medio ambiente en el que el trabajador presta o prestó sus servicios, para así encontrar el nexo causal entre los padecimientos y las actividades que las originaron, pudiendo darse el caso de que al no corresponder las enfermedades con las actividades acreditadas por la patronal, se determine que estas no son de índole profesional.
b. Sin embargo, la presunción que impera en esos casos no tiene el alcance de demostrar que los padecimientos del trabajador derivan de una falta inexcusable del patrón, pues se refiere estrictamente a las actividades prestadas por el obrero y las condiciones en que estas se llevaron a cabo.
c. Sin embargo, el aumento de la indemnización por falta inexcusable del patrón constituye un aspecto que debe ser demostrado en juicio, en tanto implica una sanción por negligencia patronal. Por tanto, no puede sustentarse en una simple presunción.
d. El artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo prevé distintas hipótesis que actualizan la causa inexcusable de la patronal, de las cuales, la junta del conocimiento estimó se incumplieron las fracciones I, III y IV, porque la parte trabajadora manifestó que no se practicaron exámenes médicos periódicos de carácter preventivo, ni se adoptaron medidas de prevención, a lo que la patronal contestó que observó las medidas previstas en las Normas Oficiales Mexicanas. La junta del conocimiento consideró que la parte patronal tenía la carga de demostrar su excepción y al no hacerlo se actualizaron los supuestos del precepto legal citado.
e. Determinación que es equivocada porque tratándose de indemnizaciones adicionales existe una carga probatoria compartida donde el actor debe demostrar la existencia de recomendaciones de alguna comisión de seguridad e higiene, así como la negativa de brindarse servicio y atención médica pactada en el contrato colectivo de trabajo, una vez demostrado ello, el patrón debe probar que adoptó y cumplió con las disposiciones solicitadas por el obrero.
f. De las constancias del juicio, particularmente de las pruebas presentadas por la parte actora, no se advierte que éste haya demostrado la existencia de determinadas disposiciones en materia de salubridad o las recomendaciones de la Comisión de Seguridad e Higiene, así como tampoco haber solicitado la atención médica especificada en la cláusula 103 del pacto contractual.
g. En tal virtud, se estima que no se actualiza la causa inexcusable del patrón prevista en las fracciones I, III y IV del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, en razón que el trabajador no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, para que posteriormente, el patrón acreditara que adoptó las medidas suficientes para la prevención de los riesgos de trabajo.
h. De ahí que el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo a efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se dicte uno nuevo en el que se reiteren los aspectos ajenos a la concesión y se absuelva a la demandada del pago de porcentaje adicional al que fue condenada en términos de lo previsto en las fracciones, I, III y IV del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo.
i. En tanto, el Tribunal Colegiado negó el amparo adhesivo promovido por el trabajador (tercero interesado).
7. Recurso de revisión. Inconforme, el tercero interesado (parte actora en el juicio de origen) promovió recurso de revisión en el que adujo en esencia:
a. Se reclama la inconstitucionalidad del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo por contravenir los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, seguridad social, protección de la salud personal, reparación integral del daño y justa indemnización, responsabilidad constitucional de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores.
b. En la sentencia que se combate subsistió el estudio de un tema propiamente constitucional como lo es la regularidad constitucional del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que cuando se reclame el incremento del cuarenta por ciento de la indemnización en los casos en que el riesgo de trabajo sea originado por la falta inexcusable del patrón, corresponde al trabajador acreditar que se ubica en el supuesto de aplicación y colmar la carga de la prueba. Determinación que es contraria a los artículos 4, 14, 16, 17 y 123, apartado "A", fracciones XIV y XXIX, de la Constitución Federal.
c. El Tribunal Colegiado interpretó el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo de forma implícita, restrictiva y además errónea, para concluir que el trabajador no acreditó que en el riesgo de trabajo determinado se haya actualizado también la falta inexcusable del patrón y determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para efecto de que se dicte una nueva resolución en la que se absuelva a la empresa de pagar la indemnización adicional.
d. El artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo no determina claramente a quién corresponde la carga de la prueba, cuando se reclama el incremento del cuarenta por ciento de la indemnización en los casos en que el riesgo de trabajo sea originado por la falta inexcusable del patrón, lo que genera inseguridad jurídica a las partes, sobre todo a la parte trabajadora.
e. Dicha omisión legislativa impacta en el ejercicio de los derechos de legalidad, seguridad jurídica, seguridad social, protección a la salud personal, reparación integral del daño y justa indemnización.
f. Mas aún, el precepto reclamado es contrario al artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XXIX de la Constitución, en el que se consagra el derecho a la seguridad social de los trabajadores particulares, señalando que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión.
g. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 147/2011 (9a.) cuando se reclama el reconocimiento de una enfermedad profesional corresponde a Pemex probar las actividades específicas o medio ambiente de trabajo en el que el trabajador prestó sus servicios. Por tanto, también le corresponde la carga de la prueba cuando la reclamación se apoya en el artículo 490 de la ley laboral.
h. Bajo ningún supuesto se puede estimar que la carga de la prueba corresponde al trabajador, bajo la consideración de que se reclama una prestación extralegal, pues el hecho de que la cláusula 128 del Contrato Colectivo de Trabajo prevea una prestación superior a la que se establece en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, no conlleva a considerar que la carga de la prueba corresponde al trabajador, pues se trata de una prestación que tiene origen en la ley y sus alcances son superados en el Contrato Colectivo de Trabajo.
i. El Tribunal Colegiado de Circuito le impuso una carga probatoria que no le corresponde, eximiendo a las demandadas de la misma y bajo ese aspecto procesal absolvió a la demandada de la prestación reclamada. Ello, puesto que no se analizó adecuadamente la litis fijada en el juicio de origen, ya que de haber ocurrido lo anterior, se llegaría a la conclusión de que corresponde a la demandada la carga de probar las actividades y condiciones ambientales en las que el trabajador prestó sus servicios, tampoco acreditó que cumple con todas las disposiciones legales reglamentarias y las contenidas en las demás normas oficiales mexicanas de seguridad social y medio ambiente de trabajo.
j. Es desproporcional en perjuicio del trabajador, la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito de que le corresponde acreditar la omisión del patrón de realizar los exámenes médicos previstos en la cláusula 103 del contrato colectivo de trabajo.
k. El Tribunal Colegiado de Circuito indebidamente suplió la deficiencia de la queja en favor de la patronal, lo que trajo como consecuencia la denegación de la prestación reclamada. Ello en virtud de que la patronal solo se limitó a plantear generalidades que debieron haber sido declaradas inoperantes.
8. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal formó el expediente relativo al presente asunto, lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek y ordenó su remisión a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
9. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos al Ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
10. La Segunda es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, así como en los Puntos Segundo, fracción III, inciso b) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, competencia de la Segunda Sala.
11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos.
II. OPORTUNIDAD
12. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada al recurrente el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el diecisiete de mayo de dicha anualidad. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del dieciocho de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho por ser sábados y domingos, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
13. Por lo tanto, si el escrito de recurso de revisión se presentó ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos.
III. LEGITIMACIÓN
15. Esta Suprema Corte considera que Wilber Alcaraz Domínguez, apoderado legal del tercero interesado cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que dicho carácter se les reconoció en el juicio de amparo directo 643/2022.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos.
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
17. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:
18. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Puntos Segundo, fracción III, inciso b) y Tercero del Acuerdo General Número 1/2023 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) vigente a la fecha de interposición del presente recurso. 19. De la lectura de los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones en juicios de amparo directo que emitan los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones:
a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes;
b) Cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o
c) Cuando el tribunal colegiado de circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.
20. Los anteriores requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, constitucional.
21. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
22. Cabe destacar que de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año se advierte que la intención del legislador al prever como requisito un "interés excepcional" en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecerlo como tribunal constitucional.
23. Bajo este entendido y en vista de los antecedentes y los documentos contenidos en el expediente del presente asunto, se advierte que en el caso se acredita el primer requisito de procedencia, toda vez que el quejoso plantea la inconstitucionalidad del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, pues aduce que es contrario a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, seguridad social, protección a la salud, reparación integral del daño y justa indemnización, en virtud de que, en los casos en que se reclama el incremento en la indemnización del cuarenta por ciento, derivado de la falta inexcusable del patrón en los riesgos de trabajo, no determina a quien corresponde la carga de la prueba.
24. Del análisis del expediente laboral se aprecia que, al dictar el laudo reclamado, la junta del conocimiento estimó que la parte patronal tenía la carga de demostrar la excepción que opuso, en el sentido de que observó todas las medidas previstas en las Normas Oficiales Mexicanas y que, al no hacerlo, se actualizaron los supuestos del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, lo cierto es que tal aplicación no generó prejuicio alguno a la parte trabajadora, sino hasta la sentencia de amparo.
25. En la sentencia de amparo el Tribunal Colegiado del conocimiento únicamente se pronunció sobre cuestiones de legalidad, en el tema versado en que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, prevé diversos supuestos en relación con enfermedades de trabajo que actualizan el pago de una indemnización adicional, como consecuencia de la causa inexcusable del patrón y que para su procedencia, existe una carga probatoria compartida donde el actor debe demostrar la existencia de recomendaciones de alguna comisión de seguridad e higiene, así como la negativa de brindar servicio y atención médica pactada en el contrato colectivo de trabajo. Una vez demostrado ello, el patrón debe demostrar que adoptó y cumplió con las disposiciones solicitadas por el obrero.
26. De esta manera, no puede soslayarse que en la sentencia de amparo se aplicó por primera vez, en prejuicio del trabajador, el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo respecto del cual el recurrente argumento que dicho precepto no determina a quién corresponde la carga de la prueba cuando se reclama el incremento de la indemnización en los casos en que el riesgo de trabajo sea originado por falta inexcusable del patrón, lo que genera inseguridad jurídica a las partes, sobre todo a la parte trabajadora.
27. Por lo tanto, se actualiza el primer requisito relativo a la existencia de un tema de constitucionalidad.
28. Similares consideraciones se desarrollaron al resolver los amparos directos en revisión 3416/2019 y 3703/2019.(3)
29. Estas consideraciones son obligatorias al haber sido aprobadas por unanimidad de cuatro votos.
V. ESTUDIO DE FONDO
V.I. Carga probatoria
30. La cuestión constitucional que debe resolver esta Suprema Corte consiste en determinar si el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es contrario al derecho a la seguridad jurídica en virtud de que no determina a quien corresponde la carga de la prueba cuando se reclama el incremento de la indemnización en los casos en que el riesgo de trabajo sea originado por falta inexcusable del patrón.
31. Aduce que el citado precepto legal impacta en el ejercicio de sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, seguridad social, protección a la salud personal, reparación integral del daño y justa indemnización, porque de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución, los empresarios son responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que los trabajadores sufren en ejercicio o con motivo de su trabajo, aunado a que, de conformidad con la jurisprudencia 2a/J. 147/2011(9a) esta Segunda Sala determinó que corresponde a Petróleos Mexicanos la carga de la prueba en relación con las actividades y medio ambiente de trabajo en el que el trabajador prestó sus servicios. Por tanto, también le corresponde la carga de la prueba cuando se reclama la indemnización a que se refiere el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo.
32. De esta forma, los agravios planteados por el recurrente parten de las premisas siguientes: a) que esta Segunda Sala ha establecido que la carga de la prueba en relación con las actividades y medio ambiente de trabajo corresponden a la parte patronal y por tanto, también le debe corresponder la carga probatoria en relación con las causas de falta inexcusable de la parte patronal y b) que al no señalar a quién corresponde la carga probatoria en relación con las mencionadas causas, el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es contrario al derecho a la seguridad jurídica.
33. Por tanto, a efecto de analizar los agravios planteados, es necesario destacar, en primer lugar, la doctrina desarrollada por este Alto Tribunal en relación con la distribución de la carga probatoria tratándose de riesgos de trabajo.
34. Al resolver la contradicción de tesis 209/2005-SS,(4) esta Segunda Sala consideró que cuando se reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de una enfermedad profesional:
1) Para establecer el origen profesional de una enfermedad es indispensable la comprobación de las actividades o el tipo de industria o zona donde se labora, que en su caso conforman los antecedentes laborales expresados por el trabajador en los hechos de su demanda como fundamento de su acción, puesto que se trata del presupuesto requerido para establecer si existe una relación causal directa con la categoría o actividad específica desarrollada por el asegurado, o bien, si la que existe es una relación causal indirecta pero producida por el medio ambiente en que estuvo obligado a laborar.
2) Tratándose de una enfermedad de las consignadas en la tabla a que se contrae el artículo 513 de la ley laboral, la presunción legal opera siempre que estén probados los hechos de la demanda en lo concerniente a las actividades específicas desempeñadas o al medio ambiente laboral determinante; por mayoría de razón esa comprobación será necesaria respecto de enfermedades que por no estar incluidas en dicha tabla no se actualiza tal presunción legal, dado que en ambos casos debe quedar acreditado el nexo causal a fin de poder establecer el origen profesional de la enfermedad de que se trate.
3) Si bien es cierto que la obligación de probar las condiciones básicas de la relación laboral generalmente recae en el patrón, en atención a que dispone de mejores elementos para hacerlo, también lo es que dicho principio es inaplicable cuando se trata de la institución de seguridad social que se subroga a las obligaciones del patrón en materia de riesgos de trabajo, ya que no se le puede exigir que cuente con los documentos inherentes a las condiciones que rigieron la relación de trabajo en las diferentes épocas en que estuvo activo el asegurado, entre ellos el de las actividades que efectivamente desarrolló en su vida laboral o el medio en que se vio obligado a desempeñar sus servicios, puesto que como institución aseguradora sólo cuenta con la información unilateral y aislada que le proporciona el patrón al inscribir a sus trabajadores.
4) Por cuanto hace al reconocimiento profesional de una enfermedad, legalmente, no puede exigirse al instituto demandado que aporte los elementos de prueba relacionados con los hechos fundatorios de la referida acción demandada, ya que no se trata de hechos respecto de los que por disposición de la ley que rige dicho instituto, tiene la obligación de poseer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32361-e0aa1f5b/riesgos-de-trabajo-indemnizacion-adicional-derivada-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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