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RIESGOS DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 899-E, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (EN SU TEXTO ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012), NO EXIGE COMO REQUISITO DE LOS DICTÁMENES MÉDICOS PARA SU CALIFICACIÓN Y VALUACIÓN UNA DETERMINADA EXTENSIÓN EN LOS RAZONAMIENTOS DEL PERITO PARA JUSTIFICAR EL NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL TRABAJADOR O EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, CON LAS ENFERMEDADES DETECTADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2020. · Registro digital (IUS): 30115
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-09-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 2706.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 25 DE MAYO DE 2021. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARGARITA NAHUATT JAVIER, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ, JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO Y VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS. DISIDENTES: J. MARTÍN RANGEL CERVANTES Y HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ. PONENTE: MARGARITA NAHUATT JAVIER. SECRETARIO: FERNANDO ALFREDO PÉREZ ARCADIA.

Villahermosa, Tabasco, acuerdo del Pleno del Décimo Circuito sin especialización, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS, los autos para resolver la contradicción de tesis 3/2020, entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados de Circuito (sic) del Décimo Circuito, ambos con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz; al resolver, el primero, el juicio de amparo directo 2221/2018, mientras que el segundo los juicios de amparo directo 17/2018 y 435/2019, todos en materia laboral.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 1460 el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, remitió el escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, a través del cual **********, apoderado legal de **********, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por ese Tribunal y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en los juicios de amparo directo 2221/2018, 17/2018 y 435/2019, el primero, del índice del Primer Tribunal Colegiado y, los restantes correspondientes al Segundo Tribunal Colegiado, acompañó copias de la ejecutoria de su índice e informó que el criterio subsiste en el órgano jurisdiccional que preside.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, el entonces presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis; tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria del amparo directo laboral 2221/2018 remitida por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, e informando que subsiste en ese tribunal el criterio materia de la denuncia de contradicción; solicitó al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de aquella residencia, que remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas en los amparos directos laborales 17/2018 y 435/2019 e informara si el criterio que motivó la contradicción está vigente o, en su caso, las causas por las cuales se superaron o abandonaron; ordenó las notificaciones correspondientes; dio vista al Fiscal de la Federación (sic), por conducto del delegado estatal de la Fiscalía General de la República y solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la información relativa para la integración de este asunto.

Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte se recibió oficio del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al que acompañó el informe solicitado.

En proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, informando que el criterio materia de la controversia se encuentra vigente en el citado tribunal. En acuerdo de seis de enero siguiente se tuvo a la funcionaria mencionada remitiendo en formato electrónico copia certificada de las ejecutorias solicitadas, quedando con ello integrado el expediente de contradicción.

TERCERO.—Reserva de turno del asunto. En proveído de seis de enero de dos mil veintiuno, se reservó turnar la presente contradicción de tesis para la formulación del proyecto correspondiente, hasta en tanto el Pleno de este Circuito se encontrara debidamente integrado para el periodo de dos mil veintiuno.

El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la sesión protocolaria en la que el Pleno del Décimo Circuito quedó integrado de la manera siguiente: Magistrado Gustavo Alcaraz Núñez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil, Magistrada Margarita Nahuatt Javier adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal, Magistrado Cuauhtémoc Cárlock Sánchez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Magistrado Horacio Ortiz González adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, todos con sede en Villahermosa, Tabasco; Magistrado J. Martín Rangel Cervantes adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y Magistrado José Luis Gómez Martínez adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, ambos con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

CUARTO.—Turno del asunto. En auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, al quedar conformada formalmente la nueva integración del Pleno de Circuito y electo como su presidente el Magistrado Horacio Ortiz González, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada Margarita Nahuatt Javier, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, el que previa prórroga se presentó a esta sesión.

QUINTO.—Integración del Pleno de Circuito. Mediante oficio 2777 remitido por el Magistrado Alfredo Barrera Flores, presidente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, comunicó que en sesión extraordinaria de dieciséis de abril del año en curso, por unanimidad de votos, se designó al Magistrado Víctor Hugo Velázquez Rosas como integrante de este Pleno de Circuito, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por el periodo de dos mil veintiuno, en sustitución del Magistrado Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, por lo que la nueva integración de este Pleno de Circuito quedó de la siguiente manera: Magistrado Gustavo Alcaraz Núñez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil, Magistrada Margarita Nahuatt Javier adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal, Magistrado Víctor Hugo Velázquez Rosas adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Magistrado Horacio Ortiz González adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, todos con sede en Villahermosa, Tabasco; Magistrado J. Martín Rangel Cervantes adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, y Magistrado José Luis Gómez Martínez adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, ambos con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno sin especialización del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de marzo de dos mil veintiuno; 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los transitorios tercero y quinto del Acuerdo General Número 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases; así como los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 8/2015 relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y 52/2015 que reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Décimo Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por **********, apoderado legal de **********, en los juicios de amparo directo 2221/2018, 17/2018 y 435/2019; el primero, del índice del Primer Tribunal Colegiado y los restantes de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios en contradicción. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados en conflicto.

I. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil nueve, el juicio de amparo directo en materia laboral 2221/2018, determinando por unanimidad de votos, conceder el amparo a la parte quejosa, considerando lo siguiente:

"4. Estudio del concepto de violación fundado.

"Ahora procede el estudio de los motivos de disenso que formulan las patronales quejosas, y que resultan fundados y suficientes para el otorgamiento de la protección constitucional.

"En el inciso c) de la parte introductoria de los conceptos de violación, las quejosas señalan que la Junta debió ponderar que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia de trabajo los dictámenes deben contener un estudio profundo, acucioso, lógico, razonable y objetivo del problema planteado, requisitos que no contiene el dictamen médico del actor y el dictamen rendido por el perito tercero en discordia.

"En el quinto concepto de violación (punto 5), expresan también que con dichos dictámenes médicos no se acredita la relación causa-efecto-trabajo-daño-modo-tiempo-lugar, ni (sic) mecanismo de cómo las supuestas actividades que expresan los peritos de la parte actora y tercero en discordia afectaron su salud.

"Así también en el punto 12 de ese mismo apartado, argumentan que las periciales médicas no contienen los razonamientos para determinar la relación causa-efecto entre la actividad específica desarrollada por el actor y el estado de incapacidad cuya calificación o valuación se determinaron.

"Que por ello, la Junta no resolvió conforme a la lógica y la experiencia judicial, pues condenó con base en unos dictámenes periciales médicos que no reúnen los requisitos previstos en la ley.

"Los anteriores argumentos, analizados en su conjunto, son sustancialmente fundados.

"Ahora bien, cabe precisar que en el presente caso se atiende al principio de mayor beneficio que pueden obtener las quejosas, pues el concepto de violación que se considera fundado es suficiente para conceder la protección constitucional con un espectro más amplio; considerándose innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, ante su incapacidad de extender la tutela de la ejecutoria constitucional.

"En ese orden, del análisis que se realiza a las constancias que conforman el juicio laboral de origen, incluyendo el laudo reclamado, se aprecia que la autoridad responsable analizó los medios probatorios allegados al procedimiento, específicamente los peritajes médicos del actor y del tercero en discordia, con los cuales concluyó que la parte actora presenta los padecimientos consistentes en cortipatía bilateral y espondiloartrosis lumbar que consideró de índole profesional.

"Para ello, se basó en los dictámenes periciales médicos de la parte actora y el tercero en discordia; al respecto hizo un listado de los requisitos que prevé el artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo, que dijo, estaban satisfechos.

"A continuación se insertan en una tabla los extractos respectivos que contienen las valoraciones de las periciales en mención.

Ver tabla

"De lo anterior se advierte, como señalan las quejosas, la potestad responsable soslayó que el experto del actor y el tercero en discordia fueron omisos en dar su opinión en materia de riesgo de trabajo a la luz de lo establecido en el artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo vigente.

"Aquí, cabe decir que aunque las autoridades de trabajo se encuentran facultadas para valorar las pruebas en conciencia y, en el caso de la prueba pericial, gozan de absoluta libertad para valorarla, lo cierto es que aquéllas están obligadas a estudiar cuidadosamente todas las pruebas rendidas en el juicio, expresando claramente los motivos que las lleven a concluir en uno u otro sentido, sin dejar de observar que en relación con la prueba pericial, no rige el principio de mayoría.

"Esto es así, porque el objeto de la prueba no es resolver la cuestión planteada por el número de dictámenes coincidentes en determinado sentido, sino aportar al juzgador elementos auxiliares en alguna rama de la ciencia o arte que sea desconocida para el tribunal de trabajo, que le permitan encontrar la verdad respecto del problema planteado, atendiendo a los fundamentos y motivos expresados en cada dictamen y apreciándolos de acuerdo con la congruencia de su contenido entre las premisas que lo sustentan y las conclusiones a que arriben los peritos, vinculadas a su vez con las demás constancias de autos, lo que, en su caso, habrá de servir de criterio orientador; para lo cual, es indispensable que los dictámenes médicos estén desahogados reuniendo los requisitos que prevé la ley, en específico, el artículo 899-E del código obrero.

"Todo lo anterior, se debe asentar de manera pormenorizada en el laudo correspondiente para la toma de decisión respecto del valor probatorio que a cada uno de los dictámenes le merezca al tribunal del trabajo.

"Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 410, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, página 273, de rubro y texto siguientes:

"‘...’

"Ahora, de la lectura del laudo reclamado, la Junta mencionó que los dictámenes médicos reunían los requisitos de ley, conforme con los datos insertos en la tabla que antecede.

"De lo anterior se advierte que la autoridad laboral, para tener por demostrado que el actor padece las enfermedades profesionales antes señaladas, adujo esencialmente que los peritajes médicos del actor y del tercero en discordia merecían credibilidad, porque los expertos realizaron estudios radiográficos y de audiometría tonal; y que los padecimientos eran profesionales, porque dichos peritos habían identificado la relación causa-efecto entre tales enfermedades y las actividades que el actor realizaba al servicio de la patronal.

"Lo anterior pone de relieve que la autoridad responsable dejó de apreciar que los referidos expertos, al emitir su dictamen, no se constriñeron a lo establecido en el artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo vigente (que constituye la ley aplicable en este asunto), el cual dispone lo siguiente:

"‘Artículo 899-E. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas:

"‘Las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la contestación de la misma, los cuales deberán contar con el registro a que se refiere el artículo 899-F.

"‘En caso de que el actor omita la designación de perito médico o no solicite a la Junta se le designe uno en términos de lo dispuesto por el artículo 824 de esta ley, ésta lo prevendrá para que subsane la omisión en un término de tres días, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se desechará de plano el escrito de demanda.

"‘La prueba pericial se integrará con los peritajes que rindan los peritos de las partes, y con el que rinda el perito que designe la Junta Especial del conocimiento.

"‘La Junta, al designar a los peritos, procurará que los mismos dependan de distinta institución que los designados por las partes, salvo que en el cuerpo de peritos médicos a que se refiere el artículo 899-G de esta ley, no se cuente con alguno que satisfaga esa circunstancia.

"‘Los dictámenes deberán contener:

"‘I. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión de médico de cada uno de los peritos;

"‘II. Datos de identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobó su identidad;

"‘III. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados;

"‘IV. Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación de causa efecto entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o valuación se determine;

"‘V. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los que se hubiera sometido el trabajador; y

"‘VI. En su caso, el porcentaje de valuación, de disminución orgánico funcional, o la determinación del estado de invalidez.

"‘Las partes contarán con un plazo de diez días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia inicial, para que sus peritos acepten y protesten el cargo conferido y expresen a la Junta en forma justificada, los requerimientos necesarios para la emisión del dictamen pericial y, en su caso, para la determinación del nexo causal, tratándose de riesgos de trabajo.

"‘La Junta se hará cargo de la notificación de los peritos que ésta designe y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictámenes periciales y requerirá al trabajador para que se presente a la realización de los estudios médicos o diligencias que requieran los peritos.

"‘Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia inicial, la Junta señalará día y hora para la audiencia en que se recibirán los dictámenes periciales con citación de las partes, con el apercibimiento que de no comparecer, se les tendrá por perdido su derecho para formular repreguntas u observaciones.

"‘Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta a que se refiere el inciso c) (sic) de este artículo, o si abandona los estudios médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés, a efecto de que se decrete la deserción de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo 785 de esta ley.

"‘La Junta deberá aplicar a los peritos las medidas de apremio que establece esta ley, para garantizar la emisión oportuna del dictamen.

"‘Las partes en la audiencia de desahogo de la pericial médica, por sí o a través de un profesionista en medicina, podrán formular las observaciones o preguntas que juzguen convenientes en relación con las consideraciones y conclusiones de la prueba pericial médica.

"‘Los miembros de la Junta podrán formular preguntas al perito o a los peritos que comparezcan a la diligencia.

"‘La Junta determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo señalado en el escrito de demanda, así como el origen profesional del riesgo de trabajo, para calificarlo como tal.

"‘La Junta podrá requerir a las autoridades, instituciones públicas y organismos descentralizados, la información que tengan en su poder y que contribuya al esclarecimiento de los hechos; también podrá solicitar estudios médicos de instituciones de salud públicas o privadas; practicar toda clase de consultas e inspecciones en las empresas o establecimientos en los que el trabajador haya laborado y, de ser necesario, se auxiliará con la opinión de peritos en otras materias.

"‘En la ejecución del laudo las partes podrán convenir las modalidades de su cumplimiento.’"

"De lo transcrito se advierten, en lo que aquí interesa, los requisitos que deben contener los dictámenes rendidos en los procedimientos en que se reclaman prestaciones derivadas de riesgos de trabajo, los cuales son:

"I. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión de médico de cada uno de los peritos;

"II. Datos de identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobó su identidad;

"III. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados;

"IV. Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación de causa efecto entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o valuación se determine;

"V. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los que se hubiera sometido el trabajador; y,

"VI. En su caso, el porcentaje de valuación, de disminución orgánico funcional, o la determinación del estado de invalidez.

"Lo cual, como se vio, no apreció la autoridad responsable, en tanto que los dictámenes en comento no cumplen los requisitos exigidos en la disposición transcrita (artículo 899-E), pues los datos asentados respecto de la fracción cuarta, la alusión genérica a los factores de riesgo que, a decir de los peritos, generaron las enfermedades encontradas en el actor, tampoco satisfacen dicha hipótesis normativa.

"Lo anterior, en tanto que el perito médico del actor, expresó únicamente en la respuesta 2 y en conclusiones, que el actor obtuvo las enfermedades denominadas cortipatía bilateral y espondiloartrosis lumbar por: 1) Exposición a ruido tipo industrial. 2) Exposición a esfuerzos físicos, adopción de posturas forzadas, levantamiento de objetos de diferentes dimensiones y pesos (herramientas y materiales), bipedestación prolongada y trauma repetitivo tanto para columna como para rodillas).

"En tanto que el perito médico tercero en discordia asentó: ‘Traumas acumulativos crónicos de tipo industrial’.

"Lo cual pone de manifiesto que tales opiniones carecen del requisito contenido en la fracción IV del precepto legal citado, pues los expertos debieron relatar los razonamientos para determinar la relación causa-efecto entre las actividades específicas desarrolladas por el accionante y el estado de incapacidad cuya calificación o valuación se determine, con motivo de los padecimientos que fueron dictaminados al trabajador.

"En efecto, tal y como lo expresan las patronales quejosas, los peritos debieron explicar por qué las enfermedades diagnosticadas a la parte actora son consecuencia, directa, inmediata o indirecta a las actividades desarrolladas en cada uno de los puestos de trabajo o, en su defecto, del ambiente en que los desempeñó, así como especificar cuáles de ellas propiciaron en mayor o menor medida, cada uno de los padecimientos dictaminados, o bien, por qué en su conjunto, propiciaron el supuesto riesgo de trabajo que le fue dictaminado al accionante; sin embargo, esos aspectos no los tomó en consideración la Junta responsable y, por ende, su actuar deviene violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"Por ello, es evidente que los dictámenes médicos del actor y del tercero en discordia no tienen la eficacia probatoria determinada en el laudo reclamado, ya que los mismos no permiten demostrar la profesionalidad de las enfermedades diagnosticadas, si omiten una relación directa con las actividades específicas que adujo el actor que llevó a cabo al servicio de las patronales.

"II. Decisión.

"En consecuencia, ante lo fundado de uno de los conceptos de violación hechos valer por las quejosas, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable:

"1. Deje insubsistente el laudo reclamado;

"2. Dicte otro, en el que reste eficacia probatoria a los dictámenes médicos del actor y del tercero en discordia; en consecuencia, determine que con los mismos no se demostró la profesionalidad de las enfermedades consistentes en espondiloartrosis lumbar y cortipatía bilateral; por ende, absuelva de las prestaciones reclamadas consistentes en la indemnización por riesgo de trabajo y demás accesorias. ..."

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió, en sesión de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el juicio de amparo directo en materia de trabajo 17/2018, en el que, por unanimidad de votos, decidió negar el amparo a la parte impetrante, al tenor de las consideraciones, que interesan, siguientes:

"...

"SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, conviene precisar que a este asunto resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, posterior a la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce, si se toma en cuenta que el juicio laboral **********, de donde deriva el laudo reclamado, se tramitó con base en ese ordenamiento, toda vez que la demanda que le dio inicio se presentó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el quince de enero de dos mil quince, según fecha y sello que obran a foja 29 del expediente laboral.

"El estudio de los conceptos de violación de la quejosa se abordarán en orden distinto al planteado, lo que no le genera perjuicio alguno, dado que se les dará contestación en su integridad en términos de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo.

"Omisión del estudio de excepción de prescripción

"En el concepto de violación precisado bajo el inciso a) del escrito de demanda, la quejosa sostiene que la Junta laboral soslayó que al contestar la demanda opuso la excepción de prescripción que limita el término de las prestaciones que pretende el operario en su demanda.

"Lo así expuesto resulta infundado.

"Lo anterior, toda vez que del estudio del laudo reclamado, específicamente en su considerando quinto –fojas 940 y 941 del sumario laboral–, se advierte que, diverso a lo alegado por la quejosa, la Junta laboral sí analizo ese tópico, por lo que precisó ‘Antes de entrar al estudio de fondo del negocio, se procede a resolver la excepción de prescripción la cual promueve la demandada.’, concluyendo que del contenido del artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se reclamaban acciones derivadas de riesgos de trabajo, el término para que operara la prescripción era de dos años y que el mismo corría a partir de que la autoridad de trabajo emitiera la correspondiente resolución; por lo que estimó improcedente la excepción planteada.

"Determinación que se estima ajustada a lo razonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 101/2013, sustentada y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, página 824, materia laboral, Décima Época, registro 2003987, con el rubro:

"‘...’

"Estudio de excepciones y pruebas

"En parte del segundo concepto de violación, manifiesta la quejosa que, la Junta laboral omitió el estudio de todas y cada una de las excepciones y defensas, así como las pruebas ofrecidas, con lo que transgredió en su perjuicio el contenido del artículo 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

"Lo así expuesto es inoperante.

"En efecto, la inoperancia advertida deriva del hecho de que a través de la inconformidad expuesta, la quejosa no precisa las excepciones o pruebas que, según refiere, la Junta responsable dejó de estudiar, lo cual impide a este órgano jurisdiccional estudiar la violación planteada, por tratarse de un argumento genérico.

"Así es, la aquí impetrante, sin exponer cuáles excepciones o pruebas en específico estiman que no fueron atendidas por la responsable, pretenden demostrar que es ilegal el actuar de la Junta laboral, dejando entonces a cargo de este Tribunal Colegiado dilucidar cuáles excepciones o medios de convicción no fueron estudiados, lo cual, desde luego, es inadmisible, toda vez que es a la quejosa a quien corresponde señalar con toda precisión los defectos en los que, a su juicio, incurrió el tribunal obrero al pronunciarse en torno a las omisiones contenidas en el laudo impugnado.

Siendo que en el amparo directo en materia laboral, no puede hacerse oficiosamente un examen general de lo aducido en el fallo reclamado, cuando la quejosa es la parte patronal, en contraste con las constancias que obran en autos, para determinar cuál cuestión se estudió indebidamente por la responsable, sino que, atento al principio de estricto derecho, se requiere que el laudo combatido sea analizado a la luz de los razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben patentizar el error u omisión de la responsable respecto al pronunciamiento efectuado en relación con algún aspecto; de ahí que se califique como inoperante el argumento en estudio.

"Al respecto se cita como apoyo la tesis aislada sin clave de registro, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXII, página 317, de rubro y texto:

"‘...’

"Incorrecto desahogo de las etapas de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución

"Por otro lado, en el tercer concepto de violación, aduce la impetrante que la Junta laboral no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, porque no separó debidamente las etapas de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en términos de lo previsto por los artículos 899 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien la autoridad responsable abrió la etapa de conciliación para que las partes pudieran llegar a un acuerdo conciliatorio –lo que en el caso no aconteció– el actor debió ratificar su demanda, par

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30115-52a68a8b/riesgos-de-trabajo-el-articulo-899-e-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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