PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. DEBE SEGUIRSE PARA SUSTANCIAR LAS DEMANDAS CON RECLAMOS MIXTOS QUE CONTIENEN PRESTACIONES, INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, EXIGIBLES EN LA VÍA ORDINARIA Y EN LA ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, DÉCIMO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO. 20 DE MARZO DE 2019. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes a distinto Circuito.(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, es decir, uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron los criterios discrepantes.
TERCERO.—Antecedentes. Con el propósito de facilitar la resolución del presente asunto, es menester señalar los principales antecedentes que rigen los asuntos de los que derivan los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis:
A) Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT-226/2010.
I. Antecedentes
En dos mil nueve, una persona promovió juicio laboral en el que reclamó el reconocimiento de que es pensionista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de la muerte de su esposo; que éste le prestó servicios a la Universidad Nacional Autónoma de México, también demandada, con la categoría y salario que mencionó; el reconocimiento de que era beneficiaria de los derechos de su difunto esposo; así como el otorgamiento de la pensión de viudez y demás prestaciones inherentes, que también demandó del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Bancomer, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, hizo valer que ella había prestado servicios a la universidad mencionada a partir de la fecha que indicó, con el salario y la categoría que citó al efecto, por lo que reclamó otras prestaciones que se le adeudaban en su calidad de trabajadora.
Durante el procedimiento, la Junta mandó aclarar la demanda, en virtud de que en el mismo escrito inicial la actora reclamó prestaciones reguladas bajo los procedimientos especiales en su carácter de beneficiaria, y prestaciones por su propio derecho como trabajadora de la universidad, que deben decidirse en el procedimiento ordinario.
En respuesta, la parte actora solicitó que se regularizara el procedimiento y que se llevara éste en la vía ordinaria, en virtud de que efectivamente estaba demandando prestaciones como beneficiaria de un trabajador, y otras prestaciones por su propio derecho como trabajadora, que superan los tres meses de salario.
La Junta determinó dejar a salvo sus derechos por lo que hace a las prestaciones que reclamó la actora como trabajadora de la universidad, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimara convenientes, toda vez que dichas prestaciones se regulan dentro de los procedimientos que se denominan ordinarios.
Contra la omisión de la autoridad responsable de sustanciar el procedimiento laboral en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo de prevención, la actora promovió el juicio de amparo indirecto 948/2010, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.
En ese juicio de amparo, el Juez de Distrito emitió sentencia en la que concedió el amparo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje, en lo subsecuente, provea lo necesario, y tome las medidas necesarias para evitar mayores dilaciones en la prosecución del procedimiento.
La trabajadora interpuso el recurso de revisión que se radicó con el número RT. 226/2010, en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
En sesión de catorce de octubre de dos mil diez, el Tribunal Colegiado de Circuito emitió ejecutoria en la que modificó la sentencia recurrida y amplió los efectos de la concesión del amparo.
II. Consideraciones. El Tribunal Colegiado de Circuito sustentó su fallo en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Por una parte, el tribunal declaró infundados los agravios en los que se impugnaron los acuerdos emitidos por la Junta, en razón de su fundamentación y motivación, así como la omisión de imponer una multa a la Junta.
Asimismo, dejó firme la concesión del amparo respecto a la omisión atribuida a la Junta, pero estudió los conceptos de violación omitidos por el Juez Federal, en los cuales se impugnó el acuerdo por medio del cual, la Junta requirió a la actora para que aclarara su demanda, y posteriormente, decidió aceptar únicamente la demanda entablada por la actora, en su calidad de beneficiaria, y dejó a salvo sus derechos en relación con las prestaciones demandadas como trabajadora.
El tribunal sostuvo que aun cuando el primer grupo de prestaciones se trata de acciones cuyo procedimiento es de los previstos como especiales en la Ley Federal del Trabajo; mientras que el segundo grupo de pretensiones se ubica dentro de los procedimientos ordinarios, ello no es razón para que se diera trámite únicamente a la parte de la demanda en que se reclamaron derechos laborales como beneficiaria del de cujus.
Los procedimientos especiales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje se encuentran regulados en el título catorce, capítulo XVIII, de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, por instrucción expresa del artículo 899, comprendido en ese capítulo, se deben observar las disposiciones del capítulo XII, "De las pruebas"; por otro lado, los procedimientos ordinarios aparecen reglamentados en el diverso capítulo XVII, de la misma legislación, que comprenden los preceptos del 885 al 889. De la hermenéutica jurídica de esos ordenamientos, se obtiene que aun cuando dentro de una demanda laboral se reclamen, en un grupo, prestaciones referentes a una acción cuyo procedimiento es de los previstos como especiales en la Ley Federal del Trabajo; mientras que en otro, se trate de pretensiones que se ubican dentro de los procedimientos ordinarios, no es razón para que se dé trámite únicamente a una parte de la demanda y respecto de la otra se dejen a salvo los derechos de la actora, en virtud de que la demanda laboral constituye un todo que debe analizarse en su integridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio; por ende, ambos tipos de prestaciones se deben dilucidar dentro de un juicio ordinario en el que se deben cumplir, desde luego, las formalidades establecidas en el capítulo XVII de la ley de la materia. De lo contrario, se podría hacer nugatorio el derecho de la parte obrera a que no se resolviera alguna de sus pretensiones, al tornarse inoportuna la nueva demanda que intentara por aquéllas por las que no se diera entrada a la demanda inicial, todo por darle preferencia a formulismos procesales, lo cual pondría en peligro el beneficio proteccionista de la parte trabajadora que establece el artículo 18 de la legislación en consulta.
Consecuentemente, si en el acuerdo impugnado, la Junta aceptó dar trámite únicamente a una parte de las prestaciones reclamadas en la demanda laboral, dejando a salvo los derechos de la ahora recurrente, en relación con las restantes prestaciones, con esa determinación violó garantías, por lo que ello motivó que el tribunal ampliara los efectos de la concesión del amparo otorgado por el Juez de Distrito.
Por tal razón, el Tribunal Colegiado de Circuito modificó la sentencia recurrida y concedió el amparo para el efecto de que la Junta dejara insubsistente el acuerdo impugnado, y en su lugar emitiera otro en el que considerara que aun cuando se reclamaron, en un grupo, prestaciones referentes a una acción cuyo procedimiento es de los previstos como especiales en la Ley Federal del Trabajo; mientras que en otro, se trató de pretensiones que se ubican dentro de los procedimientos ordinarios, ambos tipos de prestaciones se deben dilucidar dentro de un juicio ordinario en el que se deben cumplir, desde luego, las formalidades establecidas en el capítulo XVII de la ley de la materia; asimismo, para que en lo subsecuente, proveyera lo necesario y tomara las medidas necesarias para evitar mayores dilaciones en la prosecución del procedimiento, y hecho que fuera, emitiera la resolución que en derecho correspondiera.
De esa resolución derivó la tesis aislada I.13o.T.297 L, cuyo contenido es el siguiente:
"DEMANDA LABORAL. CUANDO EN ELLA SE RECLAMAN DIVERSAS PRESTACIONES, DE LAS CUALES ALGUNAS DEBAN SUSTANCIARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Y OTRAS A TRAVÉS DEL ESPECIAL, LA JUNTA DEBE OBSERVAR LAS REGLAS DEL PRIMERO Y ANALIZAR AQUÉLLA EN SU INTEGRIDAD, A EFECTO DE DILUCIDAR LAS VERDADERAS PRETENSIONES RECLAMADAS. De los artículos que integran el capítulo XVII del título catorce de la Ley Federal del Trabajo, así como del numeral 899 del mismo ordenamiento, se advierte que aun cuando dentro de una demanda laboral se reclaman diversas prestaciones, de las cuales algunas deban sustanciarse conforme al procedimiento ordinario, y otras a través del especial, ello no es razón para que se dé trámite únicamente a una parte de la demanda y respecto de la otra se dejen a salvo los derechos de la actora, en virtud de que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad, a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio; por ende, ambos tipos de prestaciones deben dilucidarse conforme a las reglas del procedimiento ordinario, en el que se cumplan las formalidades establecidas en el citado capítulo XVII, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho de la parte obrera a que se resolviera alguna de sus pretensiones, al tornarse inoportuna la nueva demanda que intentara por las que no se diera entrada a la inicial, todo por darle preferencia a formulismos procesales, lo cual pondría en peligro el beneficio proteccionista de la parte trabajadora que establece el artículo 18 de la legislación en consulta."(2)
B) Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 212/2017.
I. Antecedentes
1. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil quince, ante la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una persona física, por conducto de sus apoderadas legales, promovió juicio laboral en contra de su empleadora (persona moral), y del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la persona moral le reclamó el pago de la indemnización constitucional, vacaciones, aguinaldo, tiempo extraordinario, prima de antigüedad, salarios caídos, entre otras. Al Instituto Mexicano del Seguro Social la inscripción retroactiva ante dicho instituto, el reconocimiento de las semanas de cotización tomando como base el salario de mil doscientos treinta y dos pesos, el reconocimiento de riesgos de trabajo, así como el otorgamiento de la pensión de incapacidad parcial.
2. La Junta admitió la demanda bajo el expediente 1128/2015, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.
Dicha audiencia se llevó a cabo el dieciséis de octubre de dos mil quince, no llegando a ningún acuerdo conciliatorio por las partes, pasando a la etapa de demanda y excepciones, en donde la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda.
El diecisiete de noviembre de dos mil quince, se tuvo por celebrada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; posteriormente, en audiencia de diez de diciembre siguiente, se pronunció la Junta responsable sobre la admisión de pruebas, no admitiendo diversas pruebas.
La persona moral demandada promovió juicio de amparo indirecto que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el expediente 145/2016, resolviendo en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.
3. La Junta dictó laudo el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el sentido de condenar a la persona moral al pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, entre otras. Por otro lado, absolvió al co-demandado Instituto Mexicano del Seguro Social de todas las prestaciones reclamadas por el actor.
4. La demandada promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito bajo el expediente 212/2017.
El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el órgano colegiado dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo a la persona moral quejosa.
II. Consideraciones. Tal decisión la sustentó en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
El Tribunal Colegiado de Circuito advirtió una violación al procedimiento, en atención a que para la tramitación del procedimiento laboral debió considerarse que se reclamaron prestaciones de seguridad social contempladas en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, la Junta responsable no tramitó el juicio laboral de origen, en términos de las disposiciones que regulan los procedimientos especiales.
El legislador reguló un procedimiento ordinario, en el cual se pueden desahogar pretensiones de cualquier naturaleza, y la complementó con otras vías especiales, que pueden ser más eficientes o adecuadas para cierto tipo de pretensiones.
Las vías especiales tienen objetos específicos y determinados, ad hoc a dichas pretensiones, quedando su uso limitado al objeto que marca la ley. Son procedimientos más rápidos y simplificados que el juicio ordinario.
En la medida en que el legislador, en uso de su libertad configurativa, establezca vías especiales consideradas idóneas para hacer valer ciertas pretensiones, los gobernados deben hacer uso de esas vías, pues al hacer lo contrario carecería de sentido la atribución que la Constitución Federal le concede al legislador.
Dichas consideraciones forman parte de lo razonado por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3385/2014.
Como en el juicio de origen existieron diversos reclamos tanto a la parte patronal como al Instituto Mexicano del Seguro Social, el tribunal sostuvo que los reclamos dirigidos al instituto demandado fueron independientes de aquellos hechos valer en contra de la parte patronal.
En ese sentido, sostuvo que bastó con que existieran tales reclamos al instituto para establecer que la vía a sustanciar en el procedimiento sea la "especial" al ser ésta la privilegiada e idónea legalmente establecida para dilucidar los "conflictos individuales de seguridad social".
El Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que debe privilegiarse la vía especial sobre la ordinaria, no obstante la existencia de reclamos de índole o naturaleza mixta.
Por lo anterior, la tramitación del juicio laboral en la vía incorrecta constituyó una violación procesal que afectó las defensas de las partes en conflicto por igual, trascendiendo al resultado del fallo; produciendo que el laudo fuera nulo.
Asimismo, precisó que no puede considerarse que la preservación del juicio tramitado por una vía incorrecta, tenga jerarquía superior a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna, a efecto de no retardar la impartición de justicia a que alude el artículo 17 constitucional, en la medida que no es dable preservar un procedimiento inválido, al no haberse sustanciado conforme a la ley.
De ese asunto derivó la tesis III.3o.T.44 L (10a.), con el siguiente contenido:
"PROCEDENCIA DE LA VÍA EN MATERIA LABORAL. EN RECLAMOS MIXTOS DONDE UNO DE LOS CODEMANDADOS SEA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL QUE SE LE DEMANDAN PRESTACIONES ESPECÍFICAS E INDEPENDIENTES DE LAS QUE SE RECLAMAN AL PATRÓN, LA VÍA A SUSTANCIAR EN EL PROCEDIMIENTO ES LA ‘ESPECIAL’, POR SER LA PRIVILEGIADA E IDÓNEA PARA DILUCIDAR LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL, SIN QUE SEA FACTIBLE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. En materia laboral existen dos vías por las cuales los actores pueden ejercer su acción, esto es, la ordinaria y la especial, reguladas en los artículos 870 y 892 de la Ley Federal del Trabajo. Así, en los supuestos en los que se reclame tanto el pago de prestaciones relativas a la seguridad social, como las derivadas de una relación laboral, que puedan instarse en ambas vías, respectivamente –en vinculación directa con la demandada en cada caso–, y se advierta que el procedimiento se sustanció en la vía incorrecta, esa circunstancia, por sí misma, causa agravio a las partes y, por ende, contraviene el derecho de seguridad jurídica, el cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será resuelta sólo mediante procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues en ese tipo de controversias debe asegurarse siempre que la vía elegida por el actor sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso, al dictarse la sentencia definitiva, pues la relevancia de la debida sustanciación radica, esencialmente, en que dependiendo del tipo de procedimiento puede ser distinta la fijación de la carga procesal y las pruebas que pueden rendirse, lo que determina que si una acción se sustancia en una vía que no es la idónea, provoca reducción a los derechos adjetivos y, particularmente, de defensa de las partes. En ese sentido, el legislador implementó las vías judiciales privilegiadas, las cuales son entendidas como procesos con una tramitación especial frente al juicio ordinario, establecidas para conocer de pretensiones que tienen objetos específicos y determinados, ad hoc a éstas; así, al constituir las vías privilegiadas procedimientos más rápidos y simplificados que el juicio ordinario, éstas deben considerarse idóneas para reclamar cierto tipo de prestaciones, en razón de la reducción del tiempo en que deben ser sustanciados y concluidos, lo cual permite obtener una resolución final en un lapso menor, en atención a la garantía de justicia pronta y expedita pues, en caso contrario, carecería de sentido la atribución que la Carta Magna concede al legislador, encaminada a regular y establecer las características de los procesos judiciales. Así, en los casos en los que existan reclamos mixtos, donde uno de los codemandados sea el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que se demandan prestaciones específicas e independientes de aquellas que se reclaman al patrón, la vía a sustanciar en el procedimiento es la ‘especial’ por ser la privilegiada e idónea para dilucidar los ‘conflictos individuales de seguridad social’, sin que sea factible dividir la continencia de la causa, pues debe privilegiarse la vía especial sobre la ordinaria."(3)
C) Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 14/2018.
I. Antecedentes
1. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil catorce, ante la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, una persona física demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del fideicomiso y del sindicato al que pertenece, las siguientes prestaciones:
1. Indemnización constitucional;
2. Salarios caídos;
3. Prima de antigüedad;
4. Tiempo extraordinario, porque su jornada de trabajo rebasa la legal;
5. Vacaciones y prima vacacional; y,
6. Aguinaldo;
De la Junta solicitó expresamente:
A) Reconocimiento de una incapacidad permanente parcial o total a su favor, derivada de la enfermedad de trabajo que padece y sus secuelas; y,
B) Reconocimiento de los diagnósticos que presenta que mencionó en su demanda, padecimientos que le confieren una incapacidad permanente total.
Del Instituto Mexicano del Seguro Social reclamó:
1. Reconocimiento de una incapacidad permanente total con motivo de las enfermedades de trabajo mencionadas en su demanda;
2. Pensión por incapacidad permanente total;
3. Cantidad por concepto de aguinaldo en términos de la Ley del Seguro Social; y,
4. Prestaciones en especie.
2. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, admitió la demanda, bajo el expediente 309/2014, ordenó emplazar a la parte demandada, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; asimismo, requirió a la parte actora para que aclarara y precisara su escrito inicial de demanda, de acuerdo con lo señalado en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo; y por escrito de veintiuno de mayo de dos mil catorce, el actor desahogó tal requerimiento.
3. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Junta se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto y ordenó remitir la demanda a la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz.
4. La Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, por medio de auto de doce de junio de dos mil quince, aceptó tácitamente la competencia propuesta y registró el asunto bajo el expediente 119/2015; asimismo, previno a la actora para que en el término de tres días señalara perito médico de su parte, a efecto de dar trámite a la demanda laboral.
El diecisiete de junio, la parte actora desahogó la prevención y solicitó que la Junta designara perito médico, dado que no estaba en posibilidad de cubrir sus honorarios. El treinta de junio, la Junta tuvo por cumplida tal prevención y, como consecuencia, citó a la audiencia de ley, pero omitió pronunciarse sobre el nombramiento del perito médico solicitado por la actora.
5. El ocho de diciembre de dos mil quince, se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin la asistencia de la actora.
6. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en ella, ante la inasistencia de la parte actora, se tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas.
7. La Junta dictó laudo en el que absolvió a las demandadas.
8. El actor promovió amparo directo, que se radicó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, bajo el número de amparo directo 14/2018.
En sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el órgano colegiado dictó sentencia en la que concedió el amparo.
II. Consideraciones. La decisión se sustentó en las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Previamente al análisis de la violación procesal que consideró fundada, el Tribunal Colegiado de Circuito examinó aspectos del laudo que son independientes de la infracción al procedimiento.
Calificó de ineficaces los argumentos referidos a la falta de notificación personal de la fecha en la que se iba a llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Respecto de las violaciones en el dictado del laudo, no le asistió razón al quejoso en relación con el despido injustificado alegado.
En cambio, consideró parcialmente fundado lo alegado en torno a que la Junta laboral debió examinar, en forma particular, las prestaciones correspondientes al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ya que la Junta supeditó su procedencia a que el trabajador acreditara su antigüedad como empleado de planta temporal o planta permanente. También estableció que la Junta omitió por completo pronunciarse sobre el pago de aguinaldo y horas extras laboradas.
El órgano colegiado estimó fundada la violación procesal relacionada con el reclamo de prestaciones de seguridad social, toda vez que la Junta responsable omitió pronunciarse sobre la petición realizada por el apoderado legal del actor, consistente en que se le nombrara un perito médico por carecer de recursos económicos.
Consideró que no era obstáculo para la conclusión anterior, el hecho de que se le hubiere tenido por perdido al quejoso el derecho de aportar pruebas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, pues la Junta condicionó la admisión de la demanda, al menos en relación con las prestaciones de seguridad social, a que se señalara perito médico, de conformidad con el artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo.
A juicio del Tribunal Colegiado de Circuito, la vía por la cual se tramitó el juicio, en aras al principio de inclusión, concentración y la no división de la continencia de la causa, fue correcta, puesto que no era posible controvertir prestaciones relativas al despido (pago de indemnización constitucional) en la vía especial; mientras que sí se puede resolver un conflicto de seguridad social siguiendo las formalidades del procedimiento ordinario.
Ello, en atención a que las defensas del quejoso no se vieron afectadas, ya que el objetivo del procedimiento especial es la celeridad en la solución del asunto, lo que no podía ya garantizarse dado que se reclamaron prestaciones derivadas de un despido, por lo que si se deben resolver ambas prestaciones en un solo laudo, éste debe tener sustento en un solo procedimiento. Además, el artículo 899 de la ley laboral establece que serán aplicables a los procedimientos especiales los capítulos XII y XVII del procedimiento ordinario.
El procedimiento ordinario es atrayente, porque absorbe las formalidades para tramitar y resolver prestaciones que deben ventilarse en la vía especial, pues surge una excepción a la regla general de la procedencia de la vía que responde a los principios de inclusión, concentración y no división de la continencia de la causa.
Sostuvo que es de mayor entidad que se sigan las formalidades del procedimiento ordinario que las del especial, cuando convergen en una demanda prestaciones exigibles en una y en otra vía, de manera que no puede dividirse la demanda ni puede abstenerse el juzgador del asunto así planteado.
Por lo anterior, compartió la tesis I.13o.T.297 L, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, y no así, el criterio III.3o.T.44 L (10a.), sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por lo que determinó denunciar la posible contradicción de criterios.
Continuando con el estudio de la infracción procesal, el tribunal consideró que en cumplimiento a la prevención hecha por la Junta, el actor solicitó mediante escrito que se le designara perito médico de su parte, por la omisión en que incurrió en el ocurso inicial de demanda, ello equivale a integrar la demanda con el propio escrito aclaratorio; y en ese sentido, equivale a presentar las pruebas o cuando menos su solicitud, desde el propio escrito inicial, ya que no se le dio trámite a la demanda, sino hasta cumplida la prevención. De ahí que no era necesario que el actor se presentara a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para que la Junta laboral procediera a su admisión, pues ya estaba ofrecida; por lo anterior, únicamente debió tener por perdido el derecho de ofrecer otras pruebas que no hubiesen sido ofrecidas previamente.
En este aspecto, citó como aplicable la jurisprudencia 2a./J. 163/2009, de esta Segunda Sala, de rubro: "PRUEBAS PRESENTADAS CON LA DEMANDA LABORAL. DEBEN ADMITIRLAS Y ANALIZARLAS LAS JUNTAS AUN CUANDO EL ACTOR O SU APODERADO NO COMPAREZCAN A LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN."(4)
El tribunal advirtió, además, una diversa violación procesal, consistente en que la Junta responsable no solicitó a dos de las empleadoras para que informaran qué actividades realizó el actor en el desempeño de los puestos en que laboró, así como el medio ambiente al que estuvo expuesto en su realización.
Como consecuencia, concedió el amparo, y entre los efectos, en relación con el reclamo de reconocimiento de enfermedades profesionales y otorgamiento de una pensión por incapacidad permanente parcial reclamada al Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenó que se repusiera el procedimiento, a partir de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, específicamente, en la parte en que proveyó tener por perdido el derecho del actor para ofrecer medios de convicción de su parte, para el único fin de que proveyera sobre la admisión de la prueba pericial médica y nombre perito médico del trabajador, a efecto de determinar los padecimientos que adujo contrajo al servicio de la patronal demandada; y sólo determinara tener por perdido el derecho del actor para ofertar otras probanzas, dada su incomparecencia. En la inteligencia de que, al hacerlo, también diera oportunidad al Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, para que señalara perito médico de su parte, ya que si bien ofreció el mismo, también se desistió dada la incomparecencia del trabajador en las audiencias de ley; sin embargo, al ordenarse la reposición en este aspecto, es evidente que conservó su interés para aportar la prueba de que se trata.
CUARTO.—Inexistencia de la contradicción de tesis. A fin de verificar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno, surgido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28645-92e5d726/procedimiento-ordinario-en-el-juicio-laboral-debe-seguirse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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