VIOLACIONES PROCESALES. SI CON MOTIVO DE UNA VIOLACIÓN FORMAL ANALIZADA DE OFICIO EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL CONCEDE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, EN OBSERVANCIA A LA GARANTÍA DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, PUEDE EXAMINAR LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE ALEGUEN AQUÉLLAS, O SE ADVIERTAN DE OFICIO, SI EL AMPARO SE PROMOVIÓ POR EL TRABAJADOR Y NO HA PRECLUIDO EL DERECHO PARA ELLO.
AMPARO DIRECTO 917/2013 (CUADERNO AUXILIAR 784/2013). 15 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: YAIR MENDIOLA DEL ÁNGEL, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: JULIO HUMBERTO TAPIA ESTRADA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En el presente caso se estima fundada la violación procesal hecha valer por la parte quejosa, en tanto que este Tribunal Colegiado advierte la actualización de una violación de carácter formal en el dictado del laudo reclamado que, como se verá más adelante, ameritan la concesión del amparo.
No obstante, en atención a que en los conceptos de violación primero al tercero el instituto quejoso invoca diversas violaciones de índole procesal consistentes en el a) Falta de competencia; b) Desechamiento de las pruebas confesional y declaración de parte; c) Improcedencia de la vía; y, d) Ausencia de periodo de alegatos; considerando la teoría de los conceptos de violación, por cuestión de técnica jurídica, se procederá en principio al análisis de éstas; luego, se abordarán los aspectos de carácter formal y, finalmente, de proceder, se examinarán las violaciones de fondo plateadas en los conceptos de violación.
Tal forma de proceder encuentra sustento, por identidad de razón al caso, en la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, que lleva por rubro y texto los siguientes:
"AMPARO. DISTINCIÓN Y PRELACIÓN EN EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES QUE LEGALMENTE SE PUEDEN ADUCIR EN ÉL, DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. De acuerdo a la naturaleza de las violaciones que pueden aducirse en el juicio de amparo en contra de actos de autoridad jurisdiccional o derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, la técnica que rige para el juicio de garantías ha motivado una clasificación tripartita de ellas, como son las procesales, formales y de fondo. Las violaciones procesales son aquellas en las que se plantean transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos de esa índole o bien que se hubieren cometido durante la sustanciación del procedimiento generador de los actos reclamados, con infracción a las normas que regulan la actuación de los sujetos de la relación jurídico-procesal, que son, el juzgador, las partes y los terceros auxiliares en su caso. Por su parte, las violaciones de índole formal son aquellas que se cometen al momento de pronunciarse la resolución o acto reclamado, que no atañen directamente al estudio realizado en ella sobre las cuestiones sustanciales o de fondo, ni tampoco a los presupuestos procesales o infracciones cometidas durante el desarrollo del procedimiento relativo, sino que se refieren a vicios concernientes al continente de dicha resolución, o a omisiones o incongruencias cometidas en la misma. Así, en los conceptos de violación formales, vinculados con la resolución reclamada, considerada como un acto jurídico, pueden plantearse omisiones consistentes en falta absoluta de fundamentación o motivación del acto reclamado, o bien, abstenciones de carácter parcial cometidas en el propio acto, al momento de su dictado, como pueden ser la falta de examen de uno o varios puntos litigiosos, la falta de valoración de una o varias pruebas o la falta de examen de uno o varios agravios, aspectos éstos que se traducen en una falta de congruencia que generalmente deriva en una falta de motivación del acto de autoridad en el aspecto omitido. Finalmente, los conceptos de violación vinculados con el fondo de la cuestión debatida son aquellos mediante los cuales se combaten las consideraciones del acto reclamado relacionadas directamente con los aspectos sustanciales, objeto y materia de la controversia, ya sea que se refieran al aspecto fáctico que subyace en el asunto o bien al derecho aplicado y a su interpelación. La distinción entre los diferentes tipos de violaciones enumeradas, resultan de singular trascendencia, pues en el caso de que en determinado asunto se aduzcan infracciones de las tres clases, o a dos de ellas, el estudio a realizarse debe respetar un orden y prelación lógicos, dado que de resultar fundadas las primeras, esa circunstancia impide el análisis de las restantes; o bien, si sólo se alegan cuestiones formales y de fondo, la procedencia de los conceptos de violación que se hagan valer en el amparo atinentes a aquéllas, excluyen el estudio de estas últimas."(16)
A manera de referencia, se realizará una reseña de los antecedentes relevantes que informa el acto reclamado a saber:
I. **********, mediante proveído de seis de octubre de dos mil diez,(17) demandó al **********, de quien reclamó las prestaciones siguientes:
• "A) Que mi fecha de ingreso al **********, como lo es el día 1 de marzo de 1982 al día 30 de agosto de 2010, he generado una antigüedad de 27 años y 12 quincenas en lugar de los 22 años, 1 quincena y 8 días como la demandada indebidamente lo consigna en mis nóminas de pago, por lo que existe un periodo pendiente de reconocer de 5 años, 10 quincenas y 7 días, mismo que se demanda mediante la presente, más la que se continúe generando con posterioridad al día 1 de septiembre de 2010, la antigüedad que se reclama de igual forma deberá ser para los efectos del régimen de jubilaciones y pensiones inmerso al contrato colectivo del trabajo conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 20 de dicho régimen.
• "B) El pago de las diferencias que por consecuencia se generen, por concepto ‘22’ ayuda de renta, cláusula 63 bis, inciso c), del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social vigente, así como para los efectos del régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo conforme a lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 20 de dicho régimen, y de conformidad con lo que establece esta misma cláusula, percibo la cantidad de $********** por este concepto por quincena y si éste lo multiplicamos por 130 quincenas (que es la antigüedad reclamada) que se me adeudan por dicha cláusula, el instituto demandado me deberá de cubrir la cantidad de $**********, estas prestaciones se deberán de cubrir en base a mi categoría de médico familiar 80, pues es la que ostento en la fecha en que formulo esta demanda y en base al salario que se encuentra vigente del pago, por lo que deberá dejarse a incidente de liquidación para cuantificar los incrementos salariales que se lleguen a dar, por revisiones salariales o contractuales.
• "C) Considerando que la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo antes citada establece que los trabajadores deberán invariablemente de disfrutar de dos periodos de vacaciones anuales, es de entenderse que por cada año se tendrá derecho al pago de 20 días fraccionado en dos periodos, por lo que si al suscrito se me adeudan de reconocer 5 años, 10 quincenas y 7 días de antigüedad, reclamo el pago de 10 periodos vacacionales ordinarios, los que suman 100 días de vacaciones.
• "Dicha cláusula establece que se cubrirían por el concepto de actividades culturales y recreativas 31 días de salario en la quincena previa a la iniciación del periodo vacacional por cada año de labores, por lo que si se encuentra pendiente de reconocerme 5 años, 10 quincenas y 7 días, ello me da derecho al pago por este concepto en la cantidad de 155 días, los cuales reclamo.
• "De igual forma la cláusula 47 en mención, establece que cuando el trabajador tenga mas de 20 años de antigüedad, se le otorgará un periodo extra de vacaciones de 10 días hábiles por año y recibir 30 días de salario por el concepto de actividades culturales y recreativas en la quincena previa a su disfrute, por lo tanto tengo derecho a que se me cubra este concepto ya que a la fecha cuento con mas de 20 años de antigüedad, adeudándome por los periodos extraordinarios 50 días de vacaciones y por el concepto de actividades culturales y recreativas 150 días, dando un total de 455 días que se me deberán pagar por los conceptos de vacaciones ordinarios y extraordinarios y de actividades culturales y recreativas, por lo que considerando que el salario que reclamó deberán considerarse con los siguientes conceptos, 02 sueldo tabular, concepto 11 ayuda de renta, concepto 13 sobre sueldo a médicos cláusula 86 a), 20 ayuda de renta; 22 ayuda de renta por antigüedad; concepto 62 ayuda para libros 32 estímulos de asistencia; 33 estímulos por puntualidad; 49 aguinaldo; 50 ayuda para despensa y 55 fondo de ahorro, conceptos que contempla el contrato colectivo de trabajo en relación con la cláusula 93 del mismo pacto contractual por lo que actualmente percibo la cantidad de $********** como salario mensual integrado.
• "Por lo que en consecuencia el salario diario integrado con el cual el instituto demandado me deberá de pagar los salarios que reclamó será del orden de $********** pesos diarios, los que multiplicados por 455 nos da la cantidad de $**********, que es la que el instituto me deberá de cubrir por vacaciones de los periodos ordinarios, de vacaciones de los periodos extraordinarios y por el concepto de actividades culturales y recreativas a que alude la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo.
• "Así mismo se reclama el pago de la prima vacacional a que alude la precitada cláusula considerando que es del ********** me adeuda la cantidad de $**********, por lo que sumadas las prestaciones que establece la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo, el instituto deberá de cubrirme la cantidad de $**********, estas prestaciones se deberán de cubrir en base a mi categoría de médico familiar 80, pues es la que ostento a la fecha y en base al salario que se encuentra vigente del pago, por lo que deberá dejarse a incidente de liquidación para cuantificar los incrementos salariales que se lleguen a dar, por revisiones salariales o contractuales."
II. Mediante diligencia de diez de noviembre de dos mil diez,(18) la Junta ordenó la radicación de la demanda y señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia trifásica.
III. Por proveído de ocho de marzo de dos mil once,(19) se llevó a cabo la mencionada audiencia, en donde se tuvo a las partes inconformes con todo arreglo, en la etapa de demanda y excepciones, la parte actora ratificó su demanda, y la parte demandada dio contestación a la demanda, además de que ambas hicieron uso de su derecho de réplica y contrarréplica, así mismo, ambas partes ofrecieron las pruebas que mejor les convenían.
IV. Posteriormente, seguido el proceso en todos sus términos el diecisiete de mayo de dos mil trece,(20) la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el respectivo laudo, que en sus puntos resolutivos refirió:
• "Primero. La actora **********, acreditó sus acciones, el ********** no acreditó sus excepciones y defensas.
• "Segundo. Se condena al **********, al reconocimiento de que la actora **********, ha generado al servicio del mismo una antigüedad efectiva laborada de 27 años y 12 quincenas, al 30 de agosto de 2010, a partir de su fecha de ingreso, 1 de marzo de 1982, debiendo agregarle a su antigüedad actual 5 años, 10 quincenas y 7 días, más la que se siga generando durante la secuela del procedimiento, así como al pago de la cantidad de $**********, por conceptos de diferencias que reclama el actor y sin que cause impuesto sobre la renta de conformidad con la cláusula 63 bis del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el IMSS y el SNTSS, y al pago de $**********, por concepto de 10 periodos vacacionales ordinarios y 31 días de salario por concepto de 48, 5.0 periodos vacacionales extraordinarios de 10 días y 30 días de salario por cada periodo extraordinario, de conformidad con la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el IMSS y el SNTSS; todo ello en términos de la última considerativa de esta resolución.
• "Tercero. Se concede a la parte demandada, el término de setenta y dos horas para que dé cumplimiento en forma voluntaria en lo que así corresponde conforme a lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo."
La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio.
Es inoperante el primer concepto de violación expuesto por el instituto peticionario de tutela constitucional en que refiere que la autoridad responsable resultó incompetente para conocer del procedimiento laboral, ya que el actor en el juicio natural tiene la categoría de médico familiar 80 adscrito a la Jefatura de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar **********, en **********, Tamaulipas, y de acuerdo con el artículo 700(21) de la Ley Federal del Trabajo, la competencia por territorio le corresponde a la Junta Especial Número 39 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas.
El argumento anterior deviene inoperante, porque tal cuestionamiento es novedoso debido a que no se introdujo en el procedimiento laboral, no obstante que existía la obligación de plantearlo vía incidental o excepción, y contra lo ahí resuelto, en el caso de que le fuera desfavorable, procedía el amparo indirecto.
Cierto, no es válido que en amparo directo se traten de introducir cuestiones novedosas cuando existen medios de impugnación que necesariamente deben hacerse valer ante la potestad común (incidente o excepciones), puesto que sólo de esa manera se cumplirá con el ejercicio de acción, ya que, de no ser así, el órgano de control constitucional conocería de primera mano cuestiones que no le corresponden de acuerdo con las reglas competenciales y prácticamente se convertiría en un órgano común.
En efecto, de acuerdo a los principios esenciales que incluso rigen en el actual juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad, implica que las violaciones, ya sean formales o procesales deberán prepararse a través de los medios ordinarios de defensa que establezca la ley respectiva, toda vez que de no ser así, el cuestionamiento que se proponga no podrá analizarse al tener la característica de novedoso.
Lo anterior se apoya en la jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE. Cuando en el juicio ordinario no se hizo valer la incompetencia de la autoridad responsable, es improcedente que en el amparo directo en revisión se introduzca como novedoso tal planteamiento, ni aun en el supuesto de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, vía excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución que considera infundada dicha excepción es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resolución no se combate a través del amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."(22)
Cabe agregar además, que la incompetencia no puede ser motivo de análisis en el amparo directo, pues contra las decisiones respectivas, debe promoverse el juicio de amparo biinstancial, tal como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 156/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN. Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 19/99, de rubro: ‘COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.’, para sustentar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la referida ley, dicho juicio procede, excepcionalmente y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha o estima infundada la excepción de incompetencia en el juicio laboral, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada dicha defensa, deberá reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."(23)
Sin que resulte favorable a los intereses del impetrante de garantías la tesis de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA LABORAL. LA OPTATIVIDAD DEL ACTOR DE ELEGIR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, NO ES EXCLUSIVA DE LA PARTE OBRERA (INTERPRETACIÓN LITERAL DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 700 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).",(24) pues el tema consiste en que la responsable no debe atender en forma prioritaria para fijar la competencia al lugar elegido por el actor para presentar la demanda, sino que debe analizar de oficio su competencia; sin embargo, ese criterio no menciona que proceda analizar en amparo directo la incompetencia por territorio, si previamente el demandado no la hizo valer.
Por otra parte, la tesis titulada: "COMPETENCIA DEL JUZGADOR. DEBE CONSIDERARSE COMO UN PRESUPUESTO PROCESAL AÚN CUANDO NO SE CONTEMPLE EXPRESAMENTE COMO TAL EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ATENTO A SU NATURALEZA JURÍDICA",(25) no resulta aplicable, pues se refiere a la materia civil, además que tampoco analiza el supuesto particular en que el instituto quejoso no introdujo tal cuestión en el procedimiento laboral, no obstante que existía la obligación de plantearlo vía incidental o excepción.
Además, es fundado pero inoperante el segundo concepto de violación formulado por el instituto peticionario de tutela constitucional, en el que refiere que el acto reclamado es violatorio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales; lo anterior, en virtud que el procedimiento natural se sustanció en una vía incorrecta, ya que no se llevó a cabo con las formalidades esenciales en los plazos y términos que fija la ley.
Refiere que la Ley Federal del Trabajo, prevé dos tipos de procedimientos, el ordinario y el especial, con cargas procesales, plazos, términos y sustanciación distintos; luego, indica, tratándose de conflictos relativos al reconocimiento de antigüedad prevista en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, deben tramitarse según lo previsto en el capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo, que establece las disposiciones a las que deben sujetarse los procedimientos especiales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a su artículo 892, que establece expresamente que las disposiciones de dicho capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación del precepto citado de la Ley Federal del Trabajo.
En virtud de lo anterior, considera que, al haberse tramitado en una vía incorrecta el conflicto de reconocimiento de antigüedad en su contra, la Junta responsable soslayó las formalidades esenciales del procedimiento, al no administrar justicia en los plazos y términos que le impone la ley, lo que por sí solo causa agravio y amerita concederle la protección constitucional.
Indica, que basta la simple lectura del auto de radicación y las posteriores actuaciones de la Junta, para advertir con meridiana claridad que el procedimiento que se sustanció en el juicio natural fue el ordinario y no el especial, ya que en el auto de radicación se ordenó el emplazamiento respectivo con fundamento en los artículos 870, 871 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, en lugar de haberlo radicado conforme a los numerales 892 a 899 del mencionado ordenamiento legal.
De ahí que agrega, el solo hecho de que se haya tramitado un procedimiento en la vía incorrecta, aun con sus similitudes en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al quejoso y, por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al controvertir la referida garantía constitucional que rige el sistema jurídico del proceso, ya que estima que la Junta responsable no administró justicia en los términos y plazos establecidos en la ley, lo que afectó las defensas del quejoso y la infracción trascendió al resultado del fallo.
Es fundado pero inoperante el concepto de violación.
Al respecto, debe decirse que las violaciones procesales en materia laboral, son impugnables vía concepto de violación, a través del amparo directo que se promueva contra el laudo del juicio respectivo; siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a),(26) constitucional y 171(27) de la Ley de Amparo.
En la especie, la violación procesal descrita no reúne los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 171 y 172 de la Ley de Amparo, pues no afectan las defensas del hoy quejoso ni trascienden al resultado del fallo definitivo.
Ello es así, porque si bien del laudo que constituye el acto reclamado se advierte que la responsable condenó al **********, hoy quejoso, al reconocimiento de la antigüedad del trabajador actor, en ningún momento la violación procesal aducida afectó las defensas del instituto quejoso, y mucho menos trascendió al resultado del fallo; pues como se puede advertir de las constancias que integran el procedimiento de origen, el peticionario de amparo tuvo oportunidad de comparecer a la audiencia prevista por el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, en la que tuvo acceso a la etapa de demanda y excepciones, en la que formuló contestación a la demanda instaurada en su contra y opuso las excepciones que estimó oportunas.
Asimismo, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de ocho de marzo de dos mil once,(28) la Junta admitió las pruebas ofrecidas por el quejoso con excepción de la confesional y declaración de parte del actor.
También, se aprecia en el laudo impugnado, que la Junta responsable analizó y valoró las diversas pruebas ofrecidas por la inconforme, consistentes en las cláusulas 30, 47, 53, 63 bis, 98, 107 y 108 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el instituto quejoso, inspección a la cédula de datos computarizada que se emite en el sistema IMSS-SIAP, denominada cambios masivos tabla migrada (tabla maestro de empleados), reverso del tarjetón del trabajador activo, las hojas de nómina de la primera quincena de enero de dos mil tres y primera quincena de agosto de dos mil diez, hojas 5 y 6 del manual de procedimientos para el tramite y operación para la conservación de derechos y reconocimiento de tiempo de servicios.
En consecuencia, la violación procesal cometida por no haberse seguido el procedimiento especial, sino el ordinario, en el caso, no repercutió en la fijación de la carga procesal ni redujo los derechos de defensa de las partes; pues la Junta responsable tuvo al demandado, aquí quejoso, compareciendo a juicio, contestando la demanda y oponiendo excepciones, así como por ofreciendo las pruebas de su intención, las que fueron admitidas, desahogadas y valoradas al momento de dictar el laudo impugnado, de ahí que de manera alguna se afectaron las defensas de la inconforme de mérito.
Luego, si la violación procesal de que se trata no originó una afectación a las defensas del quejoso ni trascendió al resultado del fallo definitivo emitido en la controversia laboral que se examina, debe concluirse que no es procedente reponer el procedimiento para el efecto de que se tramite por la vía especial; máxime, si se considera que los procedimientos ordinario y especial son esencialmente iguales, con la diferencia de que el segundo de los nombrados, por su naturaleza sumaria, conlleva una mayor concentración, como se aprecia de los artículos 892 a 899 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo estriba en dar mayor celeridad al juicio, pues de la literalidad de esos preceptos se desprende que son en menor número las etapas procesales a diferencia del procedimiento ordinario; de ahí que si el instituto quejoso tuvo oportunidad de defender sus intereses en cada etapa procesal del procedimiento de origen, con entera independencia del tipo de procedimiento, se reitera, no existe afectación a las defensas del quejoso que pudieran trascender al resultado del fallo definitivo; por tanto, de ordenarse la reposición del procedimiento, lejos de obtener un beneficio, se atentaría contra el principio de prontitud de justicia a que alude el artículo 17 constitucional.
Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que comparte este órgano colegiado, que dice:
"PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, COMPARECENCIA A LOS. La tramitación de los procedimientos especiales se rige por las disposiciones contenidas en los artículos 892 a 899 de la Ley Federal del Trabajo, precepto este último que remite a las reglas del juicio ordinario en lo que sean aplicables. Atento a lo anterior, aun cuando el artículo 895 solamente dispone que la Junta procurará avenir a las partes de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876, lo que implica que a la etapa conciliatoria de la audiencia inicial deben éstas comparecer personalmente, sin abogados patronos, asesores o apoderados, dejando de precisar aquel artículo la forma de comparecer en la siguiente etapa en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, es indudable que en esta hipótesis esa comparecencia debe ser también en forma personal en términos de la fracción VI del citado artículo 876, que establece que de no haber comparecido las partes a la conciliación se les tendrá por inconformes y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones, ya que ninguna razón de carácter lógico o legal existe para estimar lo contrario supuesto que los procedimientos ordinarios y especial son esencialmente iguales, con la salvedad relativa a la mayor concentración del segundo, además de que la aplicación de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 876 encuentra apoyo en lo preceptuado por el artículo 899 de la ley en consulta."(29)
Debe aclararse que este Tribunal Colegiado no desconoce las consideraciones que sobre el tema emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 410/2010, en la que abordó dos temas torales; primero, dilucidó el tema relativo a cuál es el procedimiento que se debe tramitar tratándose de reclamos vinculados con el reconocimiento de antigüedad; segundo, determinó que en el caso en que un juicio laboral se tramite a través de una vía que no resulta ser la correcta, se actualizará una violación procesal que afecta a las partes en sus defensas y trasciende al resultado del fallo. A continuación se citan las consideraciones torales de dicha ejecutoria:
Con relación al tipo de procedimiento que debe tramitarse cuando el reclamo contenido en la demanda laboral tiene como finalidad el reconocimiento de antigüedad.
a) Estableció que con relación a la antigüedad laboral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había distinguido la existencia de dos clases de antigüedad, la de empresa o general y la de categoría, mismas que podía reconocerse en el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo;(30) en la inteligencia de que por antigüedad genérica o de empresa, debía entenderse la que se adquiere desde el primer día de servicios, entre sus efectos está, el que en su oportunidad, y conforme a la contratación colectiva respectiva, se le otorgue una jubilación al trabajador o se pague la prima de antigüedad; asimismo, que el beneficio principal de la antigüedad de categoría o en una profesión u oficio, se traducía en la inclusión del trabajador en las correspondientes listas escalafonarias, que servían de base para la obtención de ascensos dentro de una determinada categoría;
b) Luego, señaló que con relación al procedimiento que debía seguirse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje para determinar la antigüedad de los trabajadores, el artículo 892(31) del mismo ordenamiento legal, ubicado en el capítulo XVIII, que prevé los Procedimientos Especiales, establecía con toda claridad, que el procedimiento especial ahí previsto regía la tramitación de los conflictos que se suscitaran con motivo de la aplicación del indicado artículo 158, del cual derivaba el derecho de los trabajadores a que se les reconociera la antigüedad tanto general o de empresa como de categoría y, además, establecía como supuesto para su tramitación, todos aquellos conflictos que tuvieran por objeto el cobro de prestaciones que no excedan de tres meses de salario, lo que acontecía en el caso del reconocimiento de antigüedad al no representar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24846-2d86bc03/violaciones-procesales-si-con-motivo-de-una-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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