AGRAVIOS EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS PLANTEADOS EN RELACIÓN CON EL MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS UNA NOTIFICACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 209/2024. 28 DE OCTUBRE DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y TERESA MÁRQUEZ SÁNCHEZ. DISIDENTE: JULIO CÉSAR ORTIZ MENDOZA. PONENTE: JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. SECRETARIA: SUSANNA AGUILAR.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo directo 209/2024; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO.
Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, ingresado en la plataforma de Juicio en Línea 2.0 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la persona moral **********, a través de representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se precisan:
“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, tiene la calidad de autoridad responsable la H. Tercera Sala Regional de Occidente, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
IV. ACTO RECLAMADO. Lo constituye la sentencia definitiva de fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por los Magistrados que integran la H. Tercera Sala Regional de Occidente, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente **********, de la que se reclaman los resolutivos siguientes:
Es consecuencia de lo anterior, que esta Juzgadora considera que al no lograr la actora demostrar los extremos de su pretensión, ni la ilegalidad de la resolución impugnada, procede reconocer y reconoce su validez. Por lo expuesto y, de conformidad con lo establecido por los artículos 50, 52, fracción I y 58-13, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
I.- La parte actora no probó su acción, en consecuencia;
II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, descrita en el resultando primero de esta sentencia.
III.- NOTIFIQUESE AL TRAVÉS DEL SISTEMA DE JUICIO EN LÍNEA. ...”
Se tuvo como tercero interesado a la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco “1”, Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, quien fue debidamente emplazado; asimismo manifestó que los derechos humanos violados en su perjuicio, son los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresando los conceptos de violación que consideró pertinentes.
SEGUNDO. INFORME JUSTIFICADO.
La Magistrada Instructora de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por oficio **********,(1) de cinco de junio de dos mil veinticuatro, remitió el escrito de demanda y el juicio de nulidad **********, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, donde se recibieron el cinco de junio de dos mil veinticuatro.
TERCERO. SUBSTANCIACIÓN.
Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quedando registrada con el número 209/2024, y en acuerdo de Presidencia de diez de junio de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite y se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló el pedimento **********.
CUARTO. TURNO.
Luego, en auto de doce de julio de dos mil veinticuatro, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO. NUEVA INTEGRACIÓN.
En proveído de siete de febrero de dos mil veinticinco, se hizo saber a las partes el oficio SEADS/4407/2024 signado por el Secretario Técnico de adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se informó que en sesión celebrada el once de diciembre de dos mil veinticuatro el Pleno de dicho Consejo de la Judicatura Federal determinó autorizar a Yuridia Arias Álvarez como Secretaria en funciones de Magistrada, en sustitución del Magistrado Juan José Rosales Sánchez.
Posteriormente, en auto de tres de junio de dos mil veinticinco, se acordó que en oficio SEADS/1232/2025 de nueve de abril de dos mil veinticinco, firmado electrónicamente por Emmanuel González Estrada, Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual comunicó que, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve del mencionado mes y año, se informó la adscripción definitiva del Magistrado Julio César Ortiz Mendoza, en sustitución del Magistrado Oscar Hernández Peraza, con efectos a partir del uno de mayo de la presente anualidad.
Finalmente, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, se acordó que en el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de septiembre del año en curso, por medio del cual el Pleno del referido Órgano de Administración en sesión extraordinaria número 4/2025 celebrada el doce del referido mes de septiembre, acordó la adscripción de la Magistrada Teresa Márquez Sánchez a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en el entendido, que dicha adscripción es con efectos a partir del dieciséis de septiembre del año que transcurre, de conformidad con el Aviso General de fecha quince del multicitado mes de septiembre, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Órgano de Administración Judicial y con el listado que obra en el enlace contenido en dicho Aviso.
En tal virtud, este Tribunal Colegiado está integrado por los Magistrados Jorge Héctor Cortés Ortiz (Presidente y Ponente), Teresa Márquez Sánchez y Julio César Ortiz Mendoza.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. COMPETENCIA.
Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo directo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente;(3) 35, fracción I, inciso b), 36, 37, 210 y 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 33/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y treinta de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, toda vez que se promovió contra una sentencia definitiva dictada por la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, ciudad comprendida dentro del territorio en donde este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción, por razón de la materia.
Además, sobre la competencia y reanudación de labores presenciales de este órgano colegiado es aplicable el “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.”
SEGUNDO. LEGITIMACIÓN.
Es de precisarse que **********, persona que suscribe el escrito por el cual se promovió el presente juicio de amparo directo, cuenta con legitimación para reclamar la resolución dictada en el sumario de origen, toda vez que lo hace en su carácter de representante legal de la persona moral **********, parte actora en el juicio de origen,(4) el cual fue reconocido por la autoridad responsable en el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.(5)
TERCERO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA.
El presente juicio constitucional fue promovido dentro del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente.(6)
En efecto, la notificación electrónica de la resolución reclamada se realizó a la parte quejosa, por boletín procesal el ocho de mayo de dos mil veinticuatro;(7) por tanto, la notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, conforme a lo dispuesto por los artículo s 58-A(8) y 70(9) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, el nueve de mayo siguiente, por lo que el plazo para la interposición de la demanda de amparo, transcurrió del diez al treinta de mayo de dos mil veinticuatro, excluyéndose de dicho cómputo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo del citado año, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la citada Ley de Amparo.
En consecuencia, como la demanda se ingresó ante la plataforma de Juicio en Línea 2.0 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, tal presentación es oportuna.
Lo anterior se sintetiza en el cuadro siguiente:
Ver cuadro
CUARTO. PROCEDENCIA.
El presente juicio de amparo es procedente en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo,(10) ya que se promovió contra la sentencia definitiva de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, emitida por la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del juicio en línea ********** de su índice, en la que resolvió la validez de la resolución impugnada.
QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO.
Por otro lado, debe puntualizarse que es cierto el acto que se reclama a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consistente en la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado la Magistrada instructor de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente, lo que además se corrobora con el examen integral de las actuaciones originales que conforman el expediente relativo al juicio natural, identificado con el número **********, de su índice, mismo que acompañó al citado informe, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°.(11)
SEXTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN.
Se tiene por reproducida la resolución reclamada, de la que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, e igualmente se dan por transcritos los conceptos de violación hechos valer en su contra, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente,(12) que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito.
Además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dárseles respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, vertidos en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010,(13) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas Generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.
Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis XVII.1o.C.T.30 K,(14) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte, que dice:
SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver.
SÉPTIMO. ESTRICTO DERECHO.
Es oportuno precisar en esta ejecutoria, que en el caso concreto opera el principio de estricto derecho porque el asunto versa sobre una cuestión administrativa, lo que pone de manifiesto que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente;(15) por ello es que el análisis de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se realizará, exclusivamente, en función de los argumentos vertidos en el escrito de mérito.
Al respecto, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia identificada como 1a./J. 17/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(16) que dispone:
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado.
OCTAVO. ANTECEDENTES.
Por principio de cuentas, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y de paso sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias que integran el juicio de nulidad **********, del índice de la Tercera Ponencia la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previamente valoradas, cuyo examen revela lo siguiente:
1. La persona moral **********, mediante escrito ingresado en la plataforma de Juicio en Línea 2.0 del Tribunal de Justicia Administrativa, promovió demanda de nulidad contra la resolución contenida en el oficio ********** de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual la Administradora Desconcentrada Jurídica de Jalisco “1”, del Servicio de Administración Tributaria, determinó tener por no interpuesto el recuro de revocación intentado en contra de la determinación emitida en el oficio **********, de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, a través de la cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “1” le determinó un crédito fiscal de ********** (********** pesos ********** moneda nacional), por concepto de multa.
2. El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo requerimiento, admitió a trámite la demanda de nulidad en la vía sumaria en línea, ordenó emplazar a la autoridad demandada.(17)
3. En auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Instructora de la Sala Regional tuvo por contestada la demanda, y ordenó correr traslado con copia de la contestación y sus anexos, para que dentro del término de cinco días formulará la ampliación a su juicio de nulidad.(18)
4. Una vez transcurrido el término otorgado, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, la Magistrada del conocimiento tuvo por precluído el derecho de la actora para apersonarse al juicio a formular ampliación de demanda.
5. Mediante escrito presentado en la plataforma de Juicio en Línea 2.0 del aludido Tribunal, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, la actora **********, amplió su demanda,(19) el cual se tuvo por recibido mediante acuerdo de quince de enero de la presente anualidad, en el que se determinó que había fenecido el término para realizar dicha ampliación.
6. Por diverso escrito presentado por la actora el diez de enero de dos mil veinticuatro, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés.
7. En proveído de dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite el recurso de reclamación y en diverso acuerdo de veintinueve del mismo mes y año, se tuvieron por realizadas las manifestaciones de la autoridad demandada; luego, el uno de marzo de dos mil veinticuatro, la Sala del conocimiento determinó lo siguiente: I. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación planteado por la parte atora, en consecuencia:
II. Se confirma la legalidad del acuerdo de 8 de diciembre de 2023, por el que se sostuvo por no presentada la ampliación de demanda.
III. NOTIFIQUESE AL TRAVÉS DEL SISTEMA DE JUICIO EN LÍNEA.
8. Luego, la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.(20)
La anterior determinación, es la que constituye el acto reprochado en el presente juicio de amparo directo.
NOVENO. ESTUDIO.
Los argumentos hechos valer a manera de conceptos de violación son inoperantes.
En el único de los conceptos de violación (numerado como primero) la persona moral quejosa aduce que se en el juicio contencioso administrativo ocurrió una violación procesal, -debido a que la responsable, durante la sustanciación del juicio de nulidad tuvo por no presentada la ampliación de la demanda, hecho que incidió directamente en el resultado del fallo-.
Manifiesta que ello es así, dado que en el juicio de origen se demandó la nulidad de la resolución del recurso de revocación intentado en contra de un crédito fiscal, respecto del cual manifestó desconocer el requerimiento que realizó la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco “1”, bajo apercibimiento de no cumplir, se desecharía el recurso de revocación.
Arguye que derivado de la carga probatoria impuesta a la autoridad demandada exhibió el oficio y las constancias de notificación mediante las cuales se realizó el requerimiento de personalidad y agravios del recurso de revocación en sede administrativa, respecto de las cuales presentó ampliación de demanda, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.
No obstante, la Sala responsable tuvo por precluído su derecho y por no ampliada la demanda, resolución que fue recurrida mediante recurso de reclamación.
Aduce, que la Sala del conocimiento, en interlocutoria emitida en dicho recurso confirmó la legalidad del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés que tuvo por no presentada la ampliación de la demanda de nulidad, en razón de que su presentación fue extemporánea, con sustento en la jurisprudencia 2a/J.80/2023 (11a.),(21) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Insiste que la interlocutoria del recurso de reclamación -convalidó una violación procesal, consistente en no tener por presentada la ampliación de la demanda- y con ello se le privó de impugnar los documentos aportados por la autoridad demandada, “... impidiendo que se desvirtúe su presunción de legalidad, estribando en que se confirme la legalidad del acto impugnado en el juicio de origen...”.
Agrega la peticionaria que “... resulta ilegal el hecho de que la Sala Responsable haya aplicado un surtimiento de efectos en el juicio en línea distinto al que se prevé para el juicio tradicional, tratándose de las notificaciones efectuadas por el Boletín - de manera genérica-, en razón de que el capítulo del Juicio en Línea de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no contempla el momento en que surten efectos tales notificaciones.
Sigue diciendo la inconforme que, “... el contenido del artículo 58-A de la precitada ley, expreso al señalar que ante situaciones no previstas por el capítulo del Juicio en Línea deberá acudirse a la regulación Tradicional...” la Sala responsable debió tomar el surtimiento de efectos que contempla la regulación tradicional, es decir, las notificaciones efectuadas en el Boletín del Sistema de Justicia en Línea 2.0, surten sus efectos al tercer día hábil siguiente y no al día siguiente.
Son inoperantes los motivos de inconformidad reseñados, en virtud de que la violación que hace valer la parte quejosa referente a que la Magistrada Instructora tuvo por no presentada la ampliación de su demanda de nulidad, al ser extemporánea en razón de que la notificación efectuada mediante Boletín del Sistema de Justicia en Línea 2.0, surtió sus efectos al día hábil siguiente de conformidad con el artículo 70 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, debió combatirla, previamente a través del incidente de nulidad de notificaciones ante la autoridad responsable, lo cual no aconteció en el caso concreto.
Así es, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
(...)
III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;”
Como se ve, en lo que interesa, la norma transcrita establece que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá, entre otros casos, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
Además, que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.
Por su parte, el artículo 171 de la Ley de Amparo, establece:
“Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”
Del numeral antes transcrito, se aprecia que, al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
Aunado a lo anterior, se observa que dicho requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Es importante destacar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 5807/2018, se pronunció respecto de la constituc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33853-3b89b104/agravios-en-amparo-directo-son-inoperantes-los-planteados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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