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RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 25123
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-07-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 637.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MORALES CONTRERAS, FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA Y JORGE CARREÓN HURTADO. DISIDENTE: MARTINIANO BAUTISTA ESPINOSA. PONENTE: JOSÉ MORALES CONTRERAS. SECRETARIOS: HIRAM ROMÁN MOJICA Y GRICELDA GUADALUPE SÁNCHEZ GUZMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 14, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa, que corresponde al Pleno del Vigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver la improcedencia en revisión administrativa número 99/2013.

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estima divergentes.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el nueve de mayo de dos mil trece, la improcedencia en revisión administrativa número 99/2013, consideró, en lo que interesa:

"QUINTO. Previo a dar respuesta a los motivos de agravio vertidos por el recurrente, resulta oportuno tener presente que para desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías, el Juez de Distrito estimó que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que no se agotó el principio de definitividad, pues en contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil doce, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por el que se consideró que la sentencia se encontraba cumplida y ordenó el archivo del expediente **********, procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

"Lo anterior, en base a que el procedimiento tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se compone de dos instancias, la primera, seguida ante las Salas Regionales, y la segunda, a través de los recursos respectivos, ante la Sala Superior, de conformidad con los artículos 4, 5, 21, fracción IV, 22, fracciones V, VI y VII, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 23, 166, 168, 173, 174, 175, 176 y 178 a 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ambos del Estado de Guerrero.

"Además, que los artículos 166, 168, fracción II, 175, 176 y 177 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero prevén, como medio de impugnación que pueden hacer valer las partes con la finalidad de subsanar determinados actos, el recurso de reclamación que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 175 citado, procede contra acuerdos de trámite dictados por el Magistrado de la Sala Regional, y para apoyar sus consideraciones citó las tesis de rubros: ‘RECURSOS ORDINARIOS.’ y ‘RECLAMACIÓN. EL ACUERDO QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DE DICHO RECURSO, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 168, FRACCIÓN II Y 175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.’

"Asimismo, el Juez Federal estableció que la intelección de los preceptos citados en párrafos anteriores, obedece a un criterio amplio y garantista, ya que, de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la parte que obtuvo sentencia favorable para declarar la nulidad del acto que impugnó, y que, posteriormente, ante una nueva determinación, se declarara que la resolución ha sido cumplida y se ordenara su archivo; lo que, sin lugar a dudas, debe sujetarse al examen de una instancia superior que verifique su legalidad a efecto de respetar la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional.

"En contra de las consideraciones anteriores, el recurrente expresa como agravios los siguientes.

"a) Que le causa agravio la resolución recurrida, toda vez que no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el Juez de Distrito interpreta incorrectamente el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, no cobra aplicación el principio de definitividad, porque en términos del artículo 141 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia no son recurribles.

"b) Que la resolución es incongruente, porque exige que se agoten recursos ordinarios que no están previstos en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que la reclamación, revisión y queja no son idóneos para combatir el auto de autoridad reclamado, en razón de que el recurso de reclamación procede en contra de los acuerdos de trámite, pero el acto que reclama no puede considerarse de esa naturaleza, porque debe estimarse que es un auto, toda vez que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia, pone fin arbitrariamente a la etapa de ejecución y lo deja en estado de indefensión, en términos de lo que señala el artículo 141 del código en cita, por lo que resulta violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República.

"c) Que tampoco puede considerarse que procede el recurso de queja, ya que éste prospera contra actos de las autoridades y organismos demandados por el exceso o defecto en la ejecución de la sentencia, así como por el exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión del acto reclamado; y respecto del recurso de revisión estableció que tampoco es idóneo por obvias razones; además, que la orden de archivar el expediente automáticamente cierra el procedimiento de ejecución, por tanto, no podría interponerse algún recurso.

"d) Que es falso que el acto reclamado tenga el carácter de un acuerdo de trámite, y que, si bien es cierto que el actuario se lo notifica como un acuerdo, en realidad se trata de un auto, porque se está resolviendo un punto dentro del proceso y ese punto consiste en tener por cumplida una sentencia, en consecuencia, es improcedente tanto el recurso de reclamación como el de revisión, entonces lo que procede es el juicio de garantías.

"e) El hecho de que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos prevea los recursos de queja, revisión y reclamación, no implica que por ello deba considerarse que se está frente a un motivo claro e indudable de improcedencia del juicio que amerite el desechamiento de la demanda, toda vez que antes se tiene que prejuzgar sobre su procedencia e idoneidad, y que si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el recurso en virtud del cual pudo ser modificado, revocado, o nulificado dicho acto, y no lo agotó antes de acudir al juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento.

"A efecto de apoyar sus planteamientos, citó las tesis de rubros: ‘DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE TENGA POR OBJETO MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO NO SIGNIFICA QUE SE ESTÉ FRENTE A UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.’ y ‘DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS.’

"f) Por último, dice que en el supuesto de que se estimara que es procedente el recurso de reclamación, se iría en contra de los principios de celeridad y los generales de derecho, ya que, de agotarse dicho medio ordinario de defensa, en caso de no resultarle favorable, tendría que acudir al amparo indirecto, el cual, de ser negado, obligaría a interponer recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, lo cual constituye una cuarta instancia tan sólo para estudiar un auto que manda archivar el asunto, lo que resulta violatorio del artículo 17 constitucional.

"Las indicadas manifestaciones, se estiman esencialmente fundadas por las razones que enseguida se exponen:

"Efectivamente, contra el acuerdo que declaró cumplida la sentencia ejecutoriada en el juicio contencioso administrativo, no procede recurso ordinario alguno, por no constituir el acto reclamado un acuerdo de mero trámite impugnable mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; menos aún, el de queja que establece el artículo 173 del aludido cuerpo normativo.

"El medio de impugnación indicado, en primer lugar, relativo a la reclamación, no es el idóneo para combatir la determinación adoptada por el Magistrado resolutor, de la Sala Regional del tribunal responsable, relativa a la declaración que da por debidamente cumplido un fallo pronunciado en uno de sus procedimientos puesto que, se estima, conlleva un pronunciamiento atinente al fondo de la cuestión debatida, lo cual, por sí mismo, destruye la calidad de un simple ‘acuerdo de mero trámite’.

"Ello se estima así, puesto que el indicado artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero establece que: ‘El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente del tribunal o por el Magistrado de Sala Regional.’; por tanto, sin duda alguna, en términos de lo que establece el diverso artículo 23 de la propia codificación, el acto reclamado debe considerarse con características propias de ‘auto’, puesto que se está resolviendo una cuestión toral del proceso.

"Para mayor ilustración, se tiene a la vista la literalidad del aludido numeral:

"‘Artículo 23. Las resoluciones que dicte el tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal.’

"Razón por la cual, evidentemente que, se insiste, en contra de la determinación que tiene por debidamente cumplida una sentencia, no procede el recurso de reclamación previsto en el aludido artículo 175 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

"Derivado de los aludidos razonamientos, se concluye en no compartir el criterio invocado por el resolutor a quo, plasmado en la tesis que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2333 del Tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que dice:

"‘RECLAMACIÓN. EL ACUERDO QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DE DICHO RECURSO, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 168, FRACCIÓN II Y 175 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. El acuerdo emitido por el Magistrado de una Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero que tiene por cumplida una sentencia definitiva y ordena el archivo del expediente relativo, encuadra en el supuesto de una determinación de trámite conforme al artículo 23 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y, por tanto, es impugnable a través del recurso de reclamación previsto en los diversos numerales 168, fracción II y 175 de la mencionada legislación estatal; de ahí que para cumplir con el principio de definitividad establecido en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a la vía constitucional debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, sin que para ello resulte óbice lo dispuesto en el diverso precepto 141 del señalado ordenamiento local, en el sentido de que los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia no son recurribles, pues no fue dictado para lograr el cumplimiento de ésta, sino para concluir con esa etapa, ya que a criterio de la indicada Sala, el fallo se encuentra debidamente cumplido.’

"Ello es así, puesto que en dicho criterio, a consideración de este órgano resolutor, se efectuó una equívoca inferencia, ya que, además de lo expuesto en párrafos precedentes, debe destacarse que, de una correcta interpretación efectuada a la literalidad prevista en los artículos 168, fracción II y 175 del plurireferido cuerpo normativo adjetivo, el acuerdo emitido por el Magistrado de una Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que tiene por cumplida una sentencia definitiva y ordena el archivo del expediente relativo, no encuadra en el supuesto de una determinación de trámite conforme a lo previsto en el artículo 23 de la indicada codificación y, por ende, no es impugnable a través del recurso de reclamación.

"En términos de lo dispuesto por el artículo 136 de la aludida codificación adjetiva, y que más adelante se abundará en su análisis, corresponde a la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, requerir a las autoridades demandadas el debido cumplimiento a las sentencias que se emitan en los procesos ante ella instaurados; incluso, en caso de incumplimiento tiene, la facultad coactiva de imponer multas por desacato.

"En el criterio que se indica, el Tribunal Colegiado homólogo a éste que resuelve, refiere que, previo a la presentación de la demanda de garantías, el proveído de que se trata es impugnable a través del recurso de reclamación previsto en los diversos numerales 168, fracción II y 175 de la mencionada legislación estatal; es decir, se debe cumplir con el principio de definitividad establecido en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, antes de acudir a la vía constitucional.

"Asimismo, se indica en la citada tesis que no es relevante lo dispuesto en el diverso precepto 141 del señalado ordenamiento local, en el sentido de que los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia no son recurribles, pues no fue dictado para lograr el cumplimiento de ésta, sino para concluir con esa etapa, ya que, a criterio de la indicada Sala, el fallo se encuentra debidamente cumplido; sin embargo, por lógica jurídica, se estima que si se concluyó una etapa con la declaratoria de cumplimiento, pues definitivamente se resuelve un punto dentro del proceso, es decir, se trata de un auto cuyo contenido jurídico sustancial no puede estimarse de mero trámite y, por ende, el recurso de reclamación es improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 141 de la codificación en cita, que indica: ‘Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles.’, asimismo, se considera que la expresión ‘dentro del procedimiento’, no es ajena a la determinación final que toma el órgano jurisdiccional y determina el debido cumplimiento de la sentencia; por el contrario, es el punto medular que, en todo caso, puede deparar perjuicios de manera trascendente en el gobernado en caso de la indebida apreciación que pudiere adoptarse en dicho momento procesal, suscitado, dicho sea de paso, fuera de juicio.

"Por otra parte, también es improcedente el recurso de queja contra la determinación que declara cumplida una sentencia, puesto que el artículo 173 de la precitada codificación establece:

"‘Artículo 173. El recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades y organismos demandados por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión del acto reclamado así como por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia del tribunal que haya declarado fundada la pretensión del actor. Este recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que conozca o hubiere conocido del procedimiento, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación por la cual se da a conocer a los particulares la resolución que emita la autoridad demandada, en relación con el cumplimiento tanto de la suspensión del acto impugnado, como de la sentencia definitiva que se hubiese dictado, o bien, contado a partir del momento en que el actor tenga conocimiento de los hechos en que se sustente el recurso.’

"De la recta interpretación del precepto legal transcrito, se puede obtener que procede el recurso de queja, contra aquellos actos que emitan las autoridades y organismos demandados en juicio contencioso administrativo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia; hipótesis en la que no se ubica el acto reclamado en el juicio de amparo, pues no tiene esas características, al haberse declarado cumplida la sentencia definitiva, determinación que tiene como efecto dar por concluido el juicio, lo que significa que el recurso ordinario no procede contra esos actos.

"Es decir, la declaración de tener por cumplida la sentencia definitiva en el proveído reclamado, constituye una determinación que da por terminado el juicio, en términos de lo que impone el artículo 136 de la codificación en cita, mismo que a la letra, indica:

"‘Artículo 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente.

"‘...

"‘La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia.’

"El precepto legal impone la obligación a la Sala Regional de resolver si la autoridad cumplió en sus términos la sentencia, determinación que pone fin al juicio; por ello, el proveído que declaró cumplida la sentencia definitiva emitida en el juicio contencioso administrativo, sólo puede ser impugnado a través del juicio biinstancial, al no existir medio ordinario que pueda modificarlo o revocarlo, en términos de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo.

"Similar criterio, en relación con el tema relativo al referido medio de impugnación denominado queja, contenido en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sostuvo este órgano colegiado, al resolver, en sesión de veinticinco de junio de dos mil nueve, el amparo en revisión administrativa número 31/2009.

"En esa tesitura, es inconcuso que no existen elementos suficientemente aptos para demostrar en forma manifiesta e indudable que el reclamo de la parte quejosa sea improcedente por la razón que destaca el juzgador a quo, por lo que se hace necesario ordenar al Juez a quo deje insubsistente el acuerdo recurrido y, en caso de no encontrar un motivo diverso de improcedencia, admita la demanda de garantías, hecho lo cual, continúe con el procedimiento, sin que obste lo anterior para que una vez rendidos los informes y desahogadas las pruebas respectivas, se pueda declarar la improcedencia en el juicio, en caso de existir elementos para ello.

"En tales condiciones, al resultar esencialmente fundados los agravios hechos valer, lo procedente es revocar el acuerdo sujeto a revisión."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, al resolver el amparo en revisión administrativa número 362/2009, el ocho de marzo de dos mil diez, sostuvo, en lo conducente:

"CUARTO. Es innecesario el estudio del agravio único que expresa el recurrente **********, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte de oficio, que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de garantías no analizada por el Juez de Distrito en la sentencia sujeta a revisión; la que se estudia de manera preferente y en esta instancia constitucional, en cumplimiento al principio de oficiosidad, previsto en el artículo 73, parte última, en relación con el numeral 91, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, conforme al cual, por tratarse de una cuestión de orden público, las causales de improcedencia deben estudiarse de manera preferente por parte del órgano judicial que conoce del juicio de garantías, en cualquiera de sus instancias, lo aleguen o no las partes.

"Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, de la literalidad siguiente:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’

"En el caso, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, es el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil nueve, por medio del cual la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tuvo por cumplida la sentencia definitiva dictada el veintitrés de mayo de dos mil siete y ordenó el archivo, depuración y destrucción del expediente número **********.

"Este Tribunal Colegiado estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que textualmente dice:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.

"‘Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ...’

"Con base en esa disposición, el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"Al respecto, conviene apuntar que el procedimiento contencioso administrativo, tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se compone de dos instancias, la primera, seguida ante las Salas Regionales y, la segunda, a través de los recursos respectivos, ante la Sala Superior, como claramente así se deduce de los artículos 4, 5, 21, fracción IV, 22, fracciones V, VI y VII, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 23, 166, 168, 173, 174, 175, 176 y 178 a 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ambos del Estado de Guerrero.

"Efectivamente, los preceptos 4, 5, 21, fracción IV, 22, fracciones V, VI y VII, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194, a la letra dicen:

"‘Artículo 4. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.’

"‘Artículo 5. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se integrará por una Sala Superior, ocho Salas Regionales Unitarias y dos Magistrados supernumerarios, éstos y las Salas Regionales podrán aumentarse cuando el servicio lo requiera a juicio de la Sala Superior.’

"‘Artículo 21. El Pleno de la Sala Superior tiene las facultades siguientes:

"‘...

"‘IV. Conocer de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales y de los acuerdos de trámite dictado por la Sala Superior; ...’

"‘Artículo 22. El Pleno de la Sala Superior tiene las facultades siguientes:

"‘...

"‘V. Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales y del recurso de reclamación en contra de acuerdos de trámite dictados por el presidente;

"‘VI. Resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales;

"‘VII. Resolver el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Sala.’

"‘Artículo 26. Las Salas Regionales estarán integradas por un Magistrado y por los secretarios, asesores comisionados y personal administrativo que requieran las necesidades del servicio.’

"‘Artículo 29. Las Salas Regionales del tribunal tienen competencia para conocer y resolver:

"‘I. De los procedimientos contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal;

"‘II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días;

"‘III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes;

"‘IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad;

"‘V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular;

"‘VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados;

"‘VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten;

"‘VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala;

"‘IX. De las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25123-a0b561df/recurso-de-reclamacion-previsto-en-el-articulo-175 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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